Iniciativa Mérida

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Publicado en Excelsior, 2/06/2008;

Drogas: el desafío es el consumo interno
El gobierno federal podría estar cometiendo uno de sus más graves errores en la lucha contra el narcotráfico. Las declaraciones del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con respecto a la Iniciativa Mérida, dando a entender que el gobierno mexicano podría rechazarla cuando aún no ha sido siquiera aprobada, seguidas de los comentarios, más delicados aún, del presidente Calderón en la junta con gobernadores fronterizos, incluidos tres estadunidenses, de que la violencia del narcotráfico en México es causada por el consumo de drogas en la Unión Americana, implican un regreso a las viejas posiciones del gobierno, al hacerse víctima ante la incomprensión externa y un fenómeno que está fuera de sus manos controlar, visión que contradice la estrategia y la voluntad mostradas por este gobierno desde el inicio de la administración. Y podría ser una señal, paradójicamente, de que tal vez esté acusando la presión de sectores de la opinión pública y del narcotráfico, para no seguir adelante con la estrategia actual.
Las dos expresiones son desafortunadas, sobre todo porque no son ciertas. No es verdad que la Iniciativa Mérida sea injerencista, entre otras razones porque aún no ha sido aprobada como tal. Y rechazarla desde ahora quedará como un reconocimiento de que la administración federal no está en condiciones de poder responder, como sí puede hacerlo, con respecto a temas como el respeto a los derechos humanos o los avances logrados en ese combate. En otras palabras, se estaría regresando a aquella vieja idea de que podíamos solos con el problema o, peor aún, como lo dijo el presidente Calderón, que sufrimos el acoso del narcotráfico por culpa del consumo en EU. O dicho de otra forma, la viejísima tesis de que nosotros somos el trampolín de las drogas porque ese país es la alberca.
Y lamentablemente no es así: nosotros somos tanto el trampolín como la alberca. No es que Estados Unidos y sus altos grados de consumo no influyan. Por supuesto que lo hacen y desde luego también que ese país tendría que realizar mucho más en el combate a las drogas (son el principal consumidor mundial, aproximadamente la mitad de todo el consumo global), relegado desde 2001 por la guerra contra el terrorismo. Pero plantearlo de esa manera implica desconocer un punto clave en el proceso que estamos viviendo: el consumo interno, en México, de drogas, ha sido y es uno de los detonantes de la violencia que vivimos. Cada día resultan más importantes para el mantenimiento de los grupos del narcotráfico sus redes internas y la venta de producto dentro del país, para poder conservar su capacidad de operación. Contamos, con Ana María Salazar, buena parte de esa historia, en el libro El enemigo en casa, drogas y narcomenudeo en México (Taurus, 2008).
El incremento, casi geométrico, del consumo de drogas en nuestro país, comenzó desde 1994, cuando los cárteles empezaron a cobrar por el traslado de la cocaína en México a sus contrapartes colombianos, parte en dinero, parte en droga, y ese pago en especie se desgranó hacia los operadores de base del narcotráfico. En 2002, los índices de consumo se habían disparado desde la encuesta nacional de drogas de 1999. La de 2005 no sirvió, por fallas en su planteamiento e instrumentación. Este año deberá levantarse la nueva, pero mientras tanto el dato duro es que los Centros de Integración Juvenil han sido rebasados en su capacidad de atención y han surgido centros privados por todo el país. Es tan obvia esta tendencia que uno de los puntos importantes precisamente, de la administración de Calderón, ha sido el programa encabezado por Margarita Zavala, de instalación de centros de rehabilitación en todo México.
Si la edad de iniciación sexual aquí está un poco por encima de los 15 años, la de la iniciación en las drogas se está ubicando entre los 11 y los doce. Y los pacientes de nuevo ingreso en los centros de rehabilitación cada vez más tienen como droga de inicio, no la mariguana, sino la cocaína o el crack. El número de víctimas por el consumo y el de sus efectos derivados en la salud pública, la educación y la seguridad pública, parten de esa base.
El hecho es que en México hay cada vez más drogas y cada vez más los grandes cárteles están dedicados a atender el mercado nacional. El tráfico de drogas, debemos recordarlo, es un negocio transnacional más y uno de los más exitosos: no se pueden desmembrar sus partes y atenderlas exclusivamente por separado, porque se deja de comprender cómo funciona y las medidas que se puedan adoptar resultan insuficientes.
En realidad existen en nuestro país todas las condiciones idóneas para hacer muy lucrativo el negocio del narcomenudeo: hay una oferta muy amplia, precios accesibles (el precio de la cocaína y también su calidad han bajado significativamente en las grandes ciudades), la droga está disponible en todo el país y existe un mercado dispuesto a pagar y consumir el producto. Con el agregado de que en el mismo porcentaje en que aumenta el número de consumidores aumenta también la posibilidad de hacer crecer las redes. El negocio no es demasiado diferente de aquel de las amas de casa y los tupperware. Si a eso sumamos jóvenes con escasas posibilidades de estudio y trabajo, el escenario no puede ser más idóneo.
Con un punto adicional. Esta negativa a ver que somos una nación de consumo y tenemos una generación gravemente amenazada por las drogas debilita el principal argumento que puede existir para profundizar en la lucha contra el narcotráfico. Si la gente cree que ese es un problema de los gringos, puede obviarlo, como lo ha hecho durante años. Si comprende que la mayor parte de las víctimas son nuestros jóvenes, nuestros hijos, lo afrontarán con otra determinación. Continuaremos con el tema.

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez

Excelsior, 29 de mayo de 2008:

Iniciativa Mérida: un triunfo, no una imposición
Estamos, como país, como sociedad, tan agobiados en la agenda coyuntural, encerrados en un discurso tan vacío, que ignoramos los acontecimientos en el mundo, incluso en relación con nuestro país. No nos lleva a la reflexión que, a pocos kilómetros de nuestras aguas territoriales, cuatro empresas, entre ellas Petrobras, hayan encontrado un nuevo yacimiento a nueve mil metros de profundidad, mientras ya están explorando otros, tanto allí como en Cuba. Nosotros seguimos discutiendo la “constitucionalidad” de las reformas petroleras.
Lo mismo sucede con la seguridad, cuando se habla de “replantear la estrategia” (sin decir qué entienden por ello) y, peor aún, al llegar a temas tan concretos como la Iniciativa Mérida. En los últimos días, luego de la aprobación de ésta en el Senado de Estados Unidos, hubo una estampida de declaraciones sobre la “imposición” de ese país en temas de seguridad. Como ya lo hemos señalado aquí, hay quien dijo que ello implicaría hasta la participación de México en la guerra de Irak o quien pidió una comisión legislativa para ver “cómo se iban a utilizar” los recursos de ese programa, sin comprender que, en la Iniciativa Mérida, no está involucrado un solo dólar en efectivo, se trata de un amplio programa de apoyo en equipos y formación profesional. Tampoco es una imposición de Estados Unidos, por el contrario, la propuesta surgió de México y le da forma y contenido a buena parte del esquema de cooperación en seguridad con la Unión Americana. Y, al contrario de lo que se ha dicho en múltiples foros, se trata de un éxito, en muchos ámbitos, que debería ser reconocido como tal.
¿Por qué un éxito? Primero, porque es una propuesta del gobierno mexicano que la Casa Blanca aceptó prácticamente sin regateos. Una propuesta que permite establecer un mecanismo de cooperación abierto, transparente, que, a diferencia, por ejemplo, del Plan Colombia, sólo involucra equipos y formación profesional y no incluye ningún mecanismo operativo extranacional. Un ejemplo: ayer, algunos medios publicaron que EU “impondrá” a México aparatos para la revisión aduanal. No impone nada: es una solicitud mexicana y el tipo de cooperación que se debe buscar, con Estados Unidos y cualquier otro país, en esas condiciones. ¿En qué consiste la “imposición”? En que el Departamento de Estado entregará al gobierno mexicano 68 equipos de escáner para instalarlos en todas las aduanas del país con el fin de detectar drogas, armas y contrabando. Los equipos, los mismos que usa la aduana estadunidense, se entregarán sin costo y con el compromiso del contratista para brindar formación, durante un año, a personal aquí, además de garantizar el servicio a los mismos. México actualmente cuenta con tres equipos de esas características. Tendremos 68 más y serán parte de ese paquete de cooperación. ¿Suena a una imposición? Más aún, en ese contexto, el gobierno de Estados Unidos esta misma semana entregó una lista de dos mil armas compradas en las armerías de la frontera y que presumiblemente ingresaron a México. Con sus registros se puede seguir el tránsito de esas armas y las rutas de aprovisionamiento del narcotráfico. La ATF nunca había hecho algo similar. Y eso es parte de la Iniciativa Mérida.
Un segundo punto. Se realizó un trabajo notable con la Casa Blanca y el Congreso, en plena época electoral. La Casa Blanca no puso reparos en la iniciativa e incluso entregó al Congreso la propuesta que le había hecho llegar el gobierno mexicano. En el Capitolio, cuando fue presentada, se habló de reducirla a 250 millones de dólares y establecer muchas limitaciones, en consonancia con la mala estrategia demócrata de poner condiciones a la relación con países latinoamericanos (por esa razón, el Congreso de EU no ha aprobado, hasta el día de hoy, el Tratado de Libre Comercio con Colombia). Luego del trabajo hecho por México con los equipos de Barack Obama y Hillary Clinton, además de con los principales legisladores de su partido, la propuesta se aprobó con fondos de 400 millones de dólares para 2008 y sin condiciones. Pasó al Senado, donde se volvió a aprobar con el apoyo de los demócratas, aunque se estableció un fondo de 350 millones, con una serie de consideraciones sobre derechos humanos que no tendrían por qué ser rechazadas en nuestro país. Pero allí tampoco se decidía la verdadera ley: ésta debe pasar ahora a un comité de ambas cámaras para establecer el mecanismo y las cantidades definitivas.
En ese contexto, hubo otro hecho que increíblemente pasó desapercibido en México. El viernes 23, en un cambio de 180 grados con respecto a las posiciones públicas que había expresado anteriormente (aunque ya en un par de textos en la campaña en Texas había adelantado algunos de estos puntos), Barack Obama, en un discurso en Miami, expresó su apoyo a la lucha contra el narcotráfico en México, respaldó las acciones del gobierno en ese sentido y dijo que la Iniciativa Mérida debía ir “mucho más allá” en términos de cooperación con nuestro país. En otras palabras, Obama propone ir más allá de lo que aceptó Bush, de lo que se ha aprobado en el Congreso, y le pide a los legisladores de su partido que le den luz verde a la Iniciativa. No recuerdo que ningún funcionario del gobierno federal o dirigente de algún partido haya retomado la declaración de quien probablemente sea el próximo presidente de Estados Unidos.
No nos engañemos: buena parte de todo lo que gira en torno a la Iniciativa Mérida es un éxito político, de seguridad y diplomático para México. Resulta incomprensible, incluso desde ciertos ámbitos federales, que se quiera convertir un triunfo parcial, pero real, en una derrota o una imposición. Ahora bien, si alguien cree que México no debe buscar cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico, que se diga de una vez.