¡Ya basta!

Columna Vida nacional/Pablo Hiriart

Publicado en Excelsior (www.http://www.exonline.com.mx), 4 de agosto de 2008
Ya es hora
Con un abrazo para Alejandro y Mati.
Mientras las autoridades no cumplan y hagan cumplir la ley, la delincuencia seguirá ganando terreno.
Son las autoridades federales, las de los estados y las de los municipios, las principales responsables del crecimiento de la delincuencia, con su secuela de crueldad y terror.
Ellas no cumplen con las leyes, se tolera la violencia, se negocia la justicia y se achican ante los fuertes.
¿Qué resultado podemos esperar en materia de justicia, si desde arriba está pervertida por las autoridades encargadas de proveerla e impartirla?
Los diputados y los senadores también son cómplices de la ola de violencia delictiva que aqueja a la población del país.
Para salvaguardar el poder que tienen las burocracias de los partidos políticos, se negaron a apoyar la reelección de legisladores y de presidentes municipales.
Esa es la única forma de que diputados, senadores y alcaldes trabajen para quedar bien con la ciudadanía y no con los poderes que en el interior de sus partidos les van a garantizar la sobrevivencia política cuando concluyan con su cargo.
Los partidos, sus dirigentes, son culpables del deterioro del país porque no quieren que el ciudadano meta las manos en el poder que ellos monopolizan.
Los congresos estatales tienen responsabilidad en la crisis de seguridad y justicia: todavía no aprueban las reformas constitucionales que se hicieron en esa materia.
¿Cómo va a funcionar el sistema de justicia en una ciudad como ésta, si las autoridades están distraídas en gastar tiempo, recursos y capital político en hacer una consulta sobre la reforma petrolera, que no van a decidirla ellas?
El resultado de esta multiplicación de ineptitudes y mezquindades es que vemos a un Estado, en todos sus órdenes, impotente frente a la delincuencia organizada y ante la desorganizada también.
¿Se va a solucionar el problema de la delincuencia criminal con más leyes, más penas y nuevas reformas?
Tal vez ayude un poco, pero será insignificante mientras las autoridades nos muestren todos los días, con su comportamiento, que la ley está hecha para violarla, especialmente cuando lo hacen quienes tienen la decisión de enfrentar al Estado y someterlo con el chantaje de la fuerza.
No va a haber avance real mientras la ley se siga negociando.
Tampoco lo va a haber mientras la ciudadanía no juegue un papel protagónico en la vida pública, de la que está marginada para beneficio de autoridades, partidos y delincuentes.
No habrá avances mientras los medios de comunicación no pongan el acento, todos los días, en el incumplimiento de la ley por parte de las autoridades, en lugar de darle todo el peso al efecto (que sin duda es noticia) de esa falla.
La democracia, sin seguridad pública, personal y patrimonial, carece de sentido.
De nada sirve tener elecciones competidas, un Congreso plural y división de poderes, si el Estado no es capaz de brindar las garantías mínimas de seguridad a la población.
Lo ocurrido con el niño Fernando Martí simboliza el desastre en que se encuentra todo el sistema de justicia en nuestro país.
Esa violencia criminal no afecta únicamente a quienes tienen un patrimonio, sino también a los ciudadanos pobres que son asaltados en el pesero y en la calle.
¿Lo podemos seguir tolerando?
¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite?
El límite ya fue rebasado.
El fracaso ha sido completo. Desde el gobierno federal, los estatales y los de los municipios, todos han sido rebasados y en muchos casos sometidos por la delincuencia.
Las estadísticas con los “éxitos” en la lucha contra el crimen organizado no pueden ocultar la realidad, que es diferente.
La realidad es que secuestradores y narcotraficantes sí disfrutan de las garantías que no tienen los ciudadanos. A ellos no les va a suceder nada.
Esa es la seguridad que garantiza el Estado: la de secuestradores y asaltantes que tienen más de 95% de posibilidades de quedar impunes.
No es un fracaso atribuible únicamente a este gobierno, pero es el que está ahora y tiene la responsabilidad de hacer frente a la situación.
¿Quién manda en el combate contra el crimen y el secuestro?
¿Manda la AFI? ¿Manda la PFP? ¿Manda el Ejército? ¿Mandan las policías de los estados? ¿Mandan las policías municipales?
Es tierra de todos. Y donde mandan todos, no manda nadie.
Es hora de exigir a las autoridades, sin tregua, que garanticen la vida y el patrimonio de la población.
Y es hora de que los ciudadanos asuman su papel en la defensa del país.
No se lo podemos regalar a los criminales ni a los violentos.
Ya basta.