¿Narcopolítica?

¿Narcopolítica?/Germán Martínez Cázares, presidente del PAN.

El Universal (www.eluniversal.com.mx), 07 de octubre de 2008;
Decapitados, secuestrados, mantas amenazantes, robo de avionetas, penitenciarías desbordadas, un alcalde asesinado, otros más chantajeados, es el panorama desafiante, cada vez con menor disimulo, pintado por esa delincuencia apellidada en la jerga judicial y periodística como “organizada”.
La provocación al Estado y el reto frente a la sociedad cada día es mayor. Los delincuentes blanden sus armas y pretenden debilitar a los gobiernos y amedrentar a las personas. No se van a dejar. No se cruzarán de manos frente a la persecución del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Son capaces de armar y declarar su propia guerra frente a los gobiernos que están cumpliendo con su deber de dar seguridad y combatir la impunidad. Como en aquella crónica periodística de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, en la que los narcotraficantes de Medellín deciden afrontar y dar la cara a campo abierto al gobierno de Colombia.
Esa delincuencia preparada para secuestrar, dispuesta a degollar al adversario y animada a corromper a cualquier gobierno tiene en las próximas elecciones una oportunidad de oro para infiltrarse en los gobiernos.
Un favor en la campaña electoral, una compra a un candidato, serán una inversión pagadera en el futuro gobierno con actitudes permisivas, trámites condescendientes o, francamente, policías cómplices.
Todos los partidos políticos están en riesgo latente de una incursión del narcotráfico en las campañas. Cerrar la puerta al financiamiento ilícito debe ser tarea de todos.
Toda la clase política, sin importar colores partidistas o fronteras de gobierno, debe dar garantía a los ciudadanos de celebrar una contienda electoral tranquila, en paz, pero sobre todo, limpia. Limpia de dinero sucio.
Y eso sólo se logrará con un acto de autoridad del Instituto Federal Electoral para blindar al proceso electoral del crimen organizado. Con una protección y defensa de compromisos específicos y evaluables, como, por ejemplo, inscribir en el IFE un padrón de proveedores de todos los partidos políticos, auditorías y visitas aleatorias de verificación, obligación de candidatos de presentar declaraciones patrimoniales, sometimiento a la fiscalización del IFE de los equipos de campaña, etcétera.
Las medidas deben ser eficientes y urgentes. Ya inició el proceso electoral y no debemos perder más tiempo.
Los jóvenes están frente al abismo de las drogas. Avanza con rienda suelta la cultura del dinero fácil. Cada día es más popular y dramática esa estampa en la que se suele presentar a la ley como un obstáculo salvable para amasar una fortuna. Los cargos públicos electorales no deben exponerse a la subasta del crimen.
Atajarle el paso a la narcopolítica está en nuestras manos. Pero no debe ser concesión gratuita y voluntaria de un partido político; debe ser un acto de autoridad obligatorio para todos.
No hacer nada por blindar las campañas sería abrir la puerta a los maleantes; no la puerta del Estado ni la de los partidos o de los juzgados, sino, literalmente, sería abrir la puerta de nuestras escuelas y domicilios a los que encargan un tiro en la sien y un descabezamiento por unos cuantos pesos.