Aquel carpetazo: Proceso

Aquel carpetazo...
ALEJANDRO GUTIéRREZ

Revista Proceso 1671 (www.proceso.com.mx), 16 de noviembre de 2008;
Ante la sospecha de que el desastre aéreo en que murió Ramón Martín Huerta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue un sabotaje del crimen organizado, su hermano José de Jesús Martín Huerta solicitó inútilmente coadyuvar en las investigaciones de la PGR.
Y no sólo fracasó en su intento, sino que recibió "presiones e intimidación" de Luis Felipe Castro Sánchez, secretario particular de su hermano en la Subsecretaría de Gobernación y en la SSP, además de que se le impidió el acceso al expediente y a los peritajes por órdenes del compadre de Ramón, el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Las sospechas de José de Jesús se fortalecieron cuando, el 18 de octubre de ese mismo año, Cabeza de Vaca dio por concluidos los peritajes y reiteró que fue un accidente, la misma versión difundida por el gobierno a las pocas horas de ocurrido el siniestro.
El abogado José Antonio Ortega Sánchez, representante legal de José de Jesús Martín Huerta, refiere lo anterior en entrevista con Proceso y advierte:
"Este antecedente del desafortunado manejo de la crisis provocada por la muerte de Ramón Martín Huerta y sus acompañantes exige llegar a la verdad en las causas del desplome del avión en el que murieron el secretario Juan Camilo Mouriño, el exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, sus colaboradores y algunos ciudadanos."
En la entrevista, realizada el miércoles 5, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Social, recuerda que este semanario (edición 1512) destacó la premura con que el titular de la PGR insistía en que lo ocurrido el 21 de septiembre de 2005 fue "accidente", pese a que aún estaban en curso las investigaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como el hecho de que el caso fue reservado, durante 10 años, por razones de seguridad nacional.
Salvador María Lizana Paulín, entonces presidente del Colegio de Pilotos, advertía que "un dictamen serio" requiere meses de investigación y debe ser resultado de la información y opinión de varios grupos de trabajo, al igual que de peritajes de los motores de la aeronave colapsada, que en ese caso tenían escasas dos semanas de haber sido enviados a Estados Unidos, donde se fabricó el helicóptero.
A las 10:25 horas del 21 de septiembre de 2005, el secretario de la SSP federal abordó en el Campo Marte un helicóptero Bell 412, matrícula XCPF1, de la Policía Federal Preventiva (PFP), para viajar rumbo al penal de La Palma, en un trayecto que duraría 35 o 40 minutos.
Al exgobernador de Guanajuato lo acompañaban el comisionado de la PFP, general Tomás Valencia Ángeles; el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal; cuatro colaboradores más; el piloto Habacuc de León Galicia y el copiloto Rafael Esquivel Arreguín.
La aeronave nunca llegó al penal de máxima seguridad, desde meses atrás convulsionado por los cárteles de la droga, en particular el del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas Guillén. El secretario iba al acto de inicio del funcionamiento de la Fuerza de Seguridad Penitenciaria.
Tras 25 minutos de vuelo, el helicóptero se estrelló en la parte alta del cerro conocido como La Cima, localizado en San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, Estado de México.
Una semana después, el 28 de septiembre, José de Jesús Martín Huerta envió al procurador Cabeza de Vaca un oficio donde le solicitó "en los términos del artículo 20 constitucional la coadyuvancia en la averiguación previa correspondiente".
A las 19:00 horas del día 30, José de Jesús recibió una llamada telefónica de Luis Felipe Castro Sánchez, secretario particular de Ramón Martín Huerta -primero en la Subsecretaría de Gobernación y luego en la SSP-, quien lo estuvo presionando durante 30 minutos para que se desistiera de la coadyuvancia.
"Le dijo, entre otras cosas, que sus abogados manipulaban la información del accidente de Ramón Martín Huerta para presionar otro asunto, y que teníamos malos antecedentes y vinculaciones criminales", relata al reportero Ortega Sánchez.
Luis Felipe Castro le manifestó a José de Jesús "que la coadyuvancia iba a afectar la salud de su madre y la tranquilidad de su familia. Le dijo, además, que el procurador (Cabeza de Vaca) estaba muy molesto con él por haber presentado la coadyuvancia y que (José de Jesús) tenía algunos negocios pendientes por resolver y se podían afectar", prosigue el abogado, y aclara:
"Esa acción del secretario particular de Ramón Martín Huerta fue para presionar, intimidar e impedir que José de Jesús pudiera ejercer un derecho que legalmente le correspondía."
Luego de la muerte de Ramón Martín Huerta, Castro Sánchez ocupó la dirección general de coordinación con instancias del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y durante el gobierno de Felipe Calderón es el titular de la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE. En ambas responsabilidades ha estado bajo las órdenes de Miguel Ángel Yunes, quien fue subsecretario de SSP con Martín Huerta.
"Se ocultó toda la información"
En diciembre de 2005, el abogado José Antonio Ortega y el procurador Daniel Cabeza de Vaca realizaron un encuentro en la oficina que éste tenía en la Procuraduría General de la República (PGR), donde abordaron el tema de la coadyuvancia en la investigación de la tragedia del helicóptero de la PFP.
Ortega le hizo ver al procurador la conveniencia de la coadyuvancia, para "que yo aporte mi opinión, porque tú no conoces el asunto ni lo has leído; a ti te informan (los subalternos), y si el asunto está como tú dices, vas a quedar tranquilo tú y va a quedar tranquilo mi cliente".
-Me parece bien. Yo te tengo toda la confianza. Tu opinión me va a resultar buena. Consulta la averiguación en (la delegación de la PGR de) Toluca; habla con el delegado y él te la va a mostrar toda -le respondió el titular de PGR, según refiere Ortega.
-¿Así de fácil? -preguntó el abogado.
-Así de fácil, sólo avísale a mi secretario particular antes de que vayas a ir, para que te esperen y consultes lo que quieras -respondió el funcionario.
Pero, señala ahora el abogado, "nunca, jamás nos dieron acceso al expediente; nunca recibieron una sola de nuestras llamadas los colaboradores de Cabeza de Vaca. Fue un vil engaño. Fue una medida para distraer y se ocultó toda la información de manera celosa".
Considera que la muerte de Ramón Martín Huerta y sus acompañantes se dio en un contexto de descomposición en los penales federales de máxima seguridad, a causa de la corrupción auspiciada por los líderes del narcotráfico recluidos.
Pero también en medio de una serie de denuncias de colusión con el crimen organizado, como el ofrecimiento que recibieron los cárteles de la droga sobre "la venta de la (plaza) de la comandancia de la PFP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la cantidad de 3.5 millones de dólares", para apoyar sus operaciones delictivas.
El propio Consejo Nacional para la Seguridad Pública y la Justicia Social había presentado a la SSP, en febrero de 2005, una denuncia en el sentido de que una persona que dijo ser "cuñado del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta", ofrecía la plaza de la PFP en el AICM (Proceso 1500).
Una investigación de la dependencia arrojó que dicho personaje no tenía parentesco con el titular de la SSP, pero nunca se actuó contra él aunque se sabía su identidad. Inclusive, las indagaciones revelaron que no sólo se vendía la plaza del AICM (a 5 millones de dólares, no a 3.5, como decía la denuncia), sino que también estaba en "venta" la misma plaza de la comandancia de la PFP en otros aeropuertos de los estados.
El caso pasó a manos de la PGR, indica Ortega, aun cuando nunca se actuó al respecto, y la muerte del titular de la SSP se produjo dos meses después de que se hizo pública la infiltración en los aeropuertos... l