En los días que han sucedido a la caída del jet en que viajaba Juan Camilo Mouriño el gobierno federal —a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez— ha realizado un esfuerzo de comunicación transparente y oportuno. Se espera lo mismo respecto de las preguntas que surgen hoy, cuando la responsabilidad apunta hacia quienes permitieron a pilotos faltos de experiencia conducir la aeronave del secretario de Gobernación.
La grabación de las conversaciones en la cabina del Learjet 45 entre piloto y copiloto parecen reforzar la hipótesis de que la turbulencia del avión que precedía al jet y la impericia de los tripulantes determinaron el desplome.
Habrá que esperar el resto de las investigaciones —que tardarán meses en concluirse— pero por el momento el gobierno tiene evidencias, más acequibles a la población no especializada, para hacer a un lado versiones de atentados y sabotajes.
Sin embargo, surgen con esas pruebas presuntas deficiencias en el proceso de certificación de piloto y copiloto. Aunque tenían 3 mil 675 y 11 mil 809 horas de vuelo, respectivamente, el primero contaba con sólo 2% del total mínimo para tripular un Learjet 45, mientras el segundo tenía menos del .5% de lo requerido. El mismo audio previo a la tragedia muestra, en palabras del titular de la SCT, “la falta de familiaridad con los instrumentos en cabina, al fallar repetidamente en la introducción de datos en los sistemas electrónicos”.
Se suman a lo anterior posibles errores desde tierra, pues el despachador que hizo el plan de vuelo introdujo datos erróneos a la computadora, mientras que el controlador no advirtió a la tripulación del peligro que representaba la cercanía entre la aeronave del secretario de Gobernación y el Boeing 767 que ocasionó la turbulencia.
Ante esto, y más allá de posibles errores humanos individuales, quedan dudas sobre la responsabilidad gubernamental. ¿Es recomendable dejar que sean empresas las encargadas de la integridad de los altos funcionarios en vuelos oficiales y no personal de seguridad del Estado mexicano? ¿Realizaba el mismo procedimiento el gobierno para todos los vuelos de sus secretarios de Estado?
¿No existen protocolos de seguridad que impidan que varios funcionarios de alto nivel viajen en un mismo vuelo a menos que éste tenga supervisión extraodinaria? Hoy sabemos que Mouriño invitó a formar parte de los pasajeros al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero. Por fortuna, ellos tenían otros planes.
Aun si no hubo anomalías en la licitación para que una empresa diera mantenimiento y pilotos al Learjet 45, ¿el Estado Mayor Presidencial investigó al personal asignado para esas tareas? ¿No está acaso encargado de la seguridad del llamado staff presidencial?
¿Hay responsabilidad en la SCT por permitir que pilotos sin la adecuada certificación vuelen aeronaves que requieren especial adiestramiento? ¿Ejerce controles suficientes para garantizar que eso no vuelva a ocurrir?
Acertadamente, el gobierno federal ha actuado con transparencia y prontitud para difundir los datalles de esta tragedia. Para que continúe con ese camino deberá responder a las preguntas surgidas sobre su propia responsabilidad.
La grabación de las conversaciones en la cabina del Learjet 45 entre piloto y copiloto parecen reforzar la hipótesis de que la turbulencia del avión que precedía al jet y la impericia de los tripulantes determinaron el desplome.
Habrá que esperar el resto de las investigaciones —que tardarán meses en concluirse— pero por el momento el gobierno tiene evidencias, más acequibles a la población no especializada, para hacer a un lado versiones de atentados y sabotajes.
Sin embargo, surgen con esas pruebas presuntas deficiencias en el proceso de certificación de piloto y copiloto. Aunque tenían 3 mil 675 y 11 mil 809 horas de vuelo, respectivamente, el primero contaba con sólo 2% del total mínimo para tripular un Learjet 45, mientras el segundo tenía menos del .5% de lo requerido. El mismo audio previo a la tragedia muestra, en palabras del titular de la SCT, “la falta de familiaridad con los instrumentos en cabina, al fallar repetidamente en la introducción de datos en los sistemas electrónicos”.
Se suman a lo anterior posibles errores desde tierra, pues el despachador que hizo el plan de vuelo introdujo datos erróneos a la computadora, mientras que el controlador no advirtió a la tripulación del peligro que representaba la cercanía entre la aeronave del secretario de Gobernación y el Boeing 767 que ocasionó la turbulencia.
Ante esto, y más allá de posibles errores humanos individuales, quedan dudas sobre la responsabilidad gubernamental. ¿Es recomendable dejar que sean empresas las encargadas de la integridad de los altos funcionarios en vuelos oficiales y no personal de seguridad del Estado mexicano? ¿Realizaba el mismo procedimiento el gobierno para todos los vuelos de sus secretarios de Estado?
¿No existen protocolos de seguridad que impidan que varios funcionarios de alto nivel viajen en un mismo vuelo a menos que éste tenga supervisión extraodinaria? Hoy sabemos que Mouriño invitó a formar parte de los pasajeros al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero. Por fortuna, ellos tenían otros planes.
Aun si no hubo anomalías en la licitación para que una empresa diera mantenimiento y pilotos al Learjet 45, ¿el Estado Mayor Presidencial investigó al personal asignado para esas tareas? ¿No está acaso encargado de la seguridad del llamado staff presidencial?
¿Hay responsabilidad en la SCT por permitir que pilotos sin la adecuada certificación vuelen aeronaves que requieren especial adiestramiento? ¿Ejerce controles suficientes para garantizar que eso no vuelva a ocurrir?
Acertadamente, el gobierno federal ha actuado con transparencia y prontitud para difundir los datalles de esta tragedia. Para que continúe con ese camino deberá responder a las preguntas surgidas sobre su propia responsabilidad.
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