Reportaje de Fabiola Martínez sobre el avión

Indagan presuntas irregularidades en trámites, iniciados en 2003
Gobernación, responsable de validar a pilotos del Learjet 45
■ Para mí fue atentado o falla mecánica por defecto, sotiene denunciante

La Jornada, (www.jornada.unam.mx), 15/11/2008;

Fabiola Martínez /I, reportera
La Secretaría de Gobernación (SG) tenía la responsabilidad de “validar” a la tripulación del Learjet 45 en el que perdieron la vida el titular de esta dependencia, Juan Camilo Mouriño, y ocho personas más. En el órgano de control interno de la dependencia está en curso una investigación sobre el proceso de compra y licitación de servicios para la aeronave, por presuntas irregularidades en los trámites, iniciados en 2003.
De acuerdo con las bases de la licitación para el “Servicio de mantenimiento integral del Learjet 45”, clasificada como SG-N-DA-41/07, de diciembre de 2007 (último mes de la gestión del entonces titular de la SG, Francisco Ramírez Acuña), la empresa responsable tenía la obligación de proporcionar, los 365 días del año, los pilotos para operar el jet, quienes debían contar con liciencia vigente –específicamente para operar una aeronave del modelo referido– expedida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En el documento se precisa: “La convocante de la licitación (Gobernación) será quien valide a la tripulación para cada vuelo”.
Para vuelos programados –añade– “se solicitará (la tripulación) con 24 horas de anticipación y para vuelos urgentes con tres horas”, señala el apartado A1, titulado “Logística de vuelos”, de la licitación pública nacional, con clasificación 00004010-020-07 en Compranet (www.compranet.gob.mx).
Tales eran las condiciones en que debía operar la aeronave en que solía viajar Mouriño, mientras que en tierra era custodiado (en el primer círculo de vigilancia personal) por al menos ocho elementos del Estado Mayor Presidencial.
El Learjet 45, fabricado en Canadá, certificado desde septiembre de 1997 y matriculado para el gobierno mexicano en 2004, tiene una polémica trayectoria de operación; los documentos que muestran su historia se mantuvieron por mucho tiempo en reserva, gracias a la confidencialidad con que opera su comprador, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de Gobernación.
En mayo de 2007, una vez que el Cisen lo “entregó” administrativamente a la SG, fue pilotado por Manuel Estrada, quien renunció a su empleo un mes antes del percance del 4 de noviembre, como informó La Jornada el jueves pasado.
Aunque no se ha informado de manera oficial, fuentes consultadas de la SG afirmaron que Estrada recibió observaciones supuestamente por no cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad de la aeronave en que pereció Mouriño.
Este diario solicitó una posición oficial a la SG respecto de los datos anteriores y de la información que se desprende de la licitación, pero hasta anoche no había respuesta.
En la licitación, iniciada en la primera quincena de 2007, concursaron dos empresas: Servicios Aéreos Estrella SA de CV y Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva SA de CV. Esta última obtuvo el contrato por servicios de mantenimiento integral a la aeronave, por un monto entre 5 millones 460 mil y 13 millones 650 mil pesos, según las cantidades fijadas por Gobernación en la convocatoria. Se desconoce el monto final por el cual se firmó.
La licitación y, en particular, la junta de aclaración de bases estuvieron a cargo de Carlos Juraidini Rumilla, director de adquisiciones, almacenes e inventarios de la SG (entonces y hoy en funciones en esa responsabilidad); Efrén Galindo Amador, subdirector de adquisiciones; Araceli Guevara Sandoval, jefa del departamento de licitaciones de bienes, y Francisco González Muñoz, representante de la dirección general adjunta de recursos materiales y servicios generales. Como observador en el proceso, Gustavo Federico Jordán Ibarra, por el órgano interno de control.
La empresa ganadora aceptó el contrato, en el cual se impone un sinnúmero de actividades y responsabilidades inherentes a la operación del jet: logística de vuelos; tráfico y despacho; administración del mantenimiento de la aeronave; ejecución de mantenimiento de la misma (de línea, preventivo y correctivo) e ingeniería y mantenimiento, entre otros.
El licitante adjudicado –se precisa en el documento en cuestión– se compromete a administrar, controlar y tramitar lo conducente para hacer efectivas las garantías y derechos acreditados y estipulados en la póliza de servicio MSP Gold (maintenance service plan) y MSP, para obtener las partes necesarias para ambos motores y para la unidad de potencia auxiliar de la aeronave ante Honeywell, fabricante de los motores y de la APU.
Agrega que el monto mensual a pagar durante 2008 para la póliza MSP Gold de los motores, MSP de la unidad de potencia auxiliar (APU) y Smart Parts del fuselaje y sistemas de la aeronave se calculará mensualmente conforme a los vuelos programados. De igual forma se estipula el número de servicios de mantenimiento a realizar en cada una de las partes del jet matrícula XC-VMC S/N 028.
Tres días después de la caída del avión el ciudadano José Luis Moya interpuso en el órgano interno de control de la SG una denuncia por diversas irregularidades en el proceso de compra, licitación y servicio de mantenimiento de la aeronave, especialmente por las acciones de quienes integraron el comité de compra, funcionarios del Cisen, en el periodo en que fungió al frente de este organismo de inteligencia civil Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República.
–¿Habría fallas o descuido en materia de seguridad nacional? –se le preguntó a Moya.
–Lo más grave que encontré es que en cualquier reporte de la DGAC y de la SCT, en caso de un accidente aéreo, lo primero que tienes que saber es el historial del avión, y es lo primero que han ocultado. Nunca han querido reconocer ni informar nada acerca de la compra del avión, el costo o las reparaciones que se le hicieron.
“Hay dos teorías que yo tengo presentes: la falla mecánica del avión, por defectuoso, y la otra es el atentado.”

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Editorial/La Jornada,
Responsabilidad y dudas
Ayer, a diez días del desplome del avión Learjet 45 en el que viajaban el ex titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño; el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y siete personas más, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, afirmó que, según reportes preliminares, el suceso se debió a la turbulencia generada por un avión Boeing 767, de 175 toneladas, que precedía a la aeronave siniestrada, y a la falta de pericia y familiaridad de los tripulantes con el funcionamiento de su instrumental, atribuibles a “presuntas deficiencias en el proceso de certificación y operación” del piloto y el copiloto. Asimismo, el funcionario subrayó, como ha venido haciendo desde el pasado 4 de noviembre, que no hay indicio alguno de sabotaje.
Por su parte, la Procuraduría General de la República aseguró ayer mismo que se investigará al Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, empresa que obtuvo, a finales del año pasado, la licitación convocada por la SG para, entre otras cosas, hacerse cargo del mantenimiento de la aeronave accidentada, tener en regla la documentación técnica legal de ésta y proporcionar la tripulación debidamente capacitada y acreditada.
Los asertos de Luis Téllez resultan sumamente preocupantes porque revelan el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los altos servidores públicos durante sus vuelos, y apuntan a un factor de alarma para la seguridad nacional. No puede entenderse, de entrada, por qué el gobierno federal concesiona a particulares las tareas de transportación aérea del segundo funcionario en importancia del gobierno federal, máxime cuando la circunstancia que se vive en el país –el entorno de alarmante inseguridad, en particular– demandaría, por elementales razones, que la responsabilidad sobre la vida del titular de la SG recayera en personal capacitado, perteneciente al propio aparato estatal e incluso subordinado al mando castrense, como ocurre con el personal del Estado Mayor Presidencial asignado para la protección del propio Mouriño en tierra.
En segundo lugar, al alegar la impericia de los pilotos, el gobierno federal no puede soslayar una responsabilidad de su parte. Es esclarecedor que en las bases de la licitación para el “Servicio de mantenimiento integral de la aeronave Lear Jet 45” haya quedado asentado que “la convocante (en este caso, la SG) será quien valide a la tripulación para cada vuelo”. La pregunta obligada es, entonces, si la dependencia efectuó la validación que tenía el deber de hacer y, en caso afirmativo, si lo hizo con el rigor que sería de esperarse. Adicionalmente, quedan por aclarar las presuntas irregularidades en los trámites de los procesos de compra y licitación de los servicios del avión siniestrado. Una investigación exhaustiva y satisfactoria demanda la atención puntual a tales consideraciones.
En suma, el hecho de que hasta el momento los resultados de las pesquisas permitan descartar la hipótesis de un atentado en contra de alguno de los funcionarios públicos fallecidos no debiera prestarse para que las autoridades abandonen su tarea de esclarecer de manera cabal, puntual y transparente los puntos oscuros que aún persisten en torno a los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre.
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