PGR, vigilada por sicario de los Beltrán
La empresa de seguridad de Raúl Villa Ortega, señalado como el autor del multihomicidio de La Marquesa, protegió instalaciones de la dependencia en Edomex, Monterrey y Jalisco
Francisco Gómez, reportero
La empresa de seguridad de Raúl Villa Ortega, señalado como el autor del multihomicidio de La Marquesa, protegió instalaciones de la dependencia en Edomex, Monterrey y Jalisco
Francisco Gómez, reportero
La Procuraduría General de la República (PGR) contrató los servicios de la empresa de seguridad privada de uno de los principales operadores en el estado de México del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Considerado el líder de una célula de sicarios al servicio de esa organización criminal, Raúl Villa Ortega, El R, daba protección a instalaciones de la PGR a través de su empresa de seguridad privada RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional, SA de CV.
El también ex policía en el estado de México y señalado como quien ejecutó directamente a 24 hombres en un paraje de La Marquesa, hizo tal revelación a los agentes federales que lo detuvieron en octubre pasado, junto con el ex comandante de la Policía de Huixquilucan, Antonio Ramírez Cervantes, según informes contenidos en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/-302/2008, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
“Yo no tengo problemas con la policía o la PGR, ya que incluso mi empresa les da seguridad en juzgados y hangares en Monterrey y Jalisco”, confesó este miembro del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, la organización criminal por la que la PGR inició la Operación Limpieza al descubrirse que logró infiltrar la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la Interpol-México y la embajada de Estados Unidos en nuestro país.
De hecho, la empresa ubicada en San Cristóbal, Ecatepec, servía como pantalla para que Villa Ortega operara por toda la entidad mexiquense bajo su aparente condición de empresario de seguridad privada. El R dijo: “Con mi empresa doy seguridad a diversas empresas y a la PGR, en concreto los hangares, juzgados y casas de prevención del delito”.
La compañía de seguridad privada tenía alrededor de 300 hombres, precisó Villa Ortega, quien hace cuatro días fue consignado ante un juez federal del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, por la masacre de 24 personas en La Marquesa. El operador de los Beltrán Leyva declaró que tenía ingresos mensuales de hasta un millón 300 mil pesos por el pago de los servicios de seguridad que brindaba a empresas e instituciones, incluída la PGR.
Las armas encontradas en la camioneta blindada de El R, cuando fue detenido, provenían de Tepito.
“Las compré en 25 mil pesos cada una, tanto la pistola 5.7 como el arma larga calibre 22, pero no sé el nombre de la persona que me las vendió”, dijo.
Dentro de la compañía RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional SA de CV, la cual aparece registrada en documentos oficiales de la Secretaría de Seguridad pública federal (SSP), surgió como socio otro hombre, Alberto Ruiz Díaz, según informes contenidos en el expediente del caso. “Soy socio con Alberto Ruiz Díaz, a quien conocí cuando fui policía de la Agencia de Seguridad Estatal; y cuando hace dos años él quedó desempleado me dijo que era buen negocio una empresa de seguridad y por ello accedí a ponerla en sociedad”, dijo El R.
En mayo, en Guadalajara, Jalisco, una empresa con similitudes en el nombre de la compañía y el apellido del socio de Villa Ortega realizó contrataciones de guardias se seguridad privada. Su publicidad en internet mencionaba a la empresa RAV Corporación Nacional de Alta Seguridad Privada (salvo el cambio de la última palabra de Nacional por Privada, el nombre de la empresa es igual) y quien contrataba era “el comandante Ruiz”.
Informes de la PGR destacan que otro centro de mayor operación de los Beltrán Leyva es Jalisco, donde se contrató a 55 personas como guardias de seguridad, por 4 mil pesos al mes.
Considerado el líder de una célula de sicarios al servicio de esa organización criminal, Raúl Villa Ortega, El R, daba protección a instalaciones de la PGR a través de su empresa de seguridad privada RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional, SA de CV.
El también ex policía en el estado de México y señalado como quien ejecutó directamente a 24 hombres en un paraje de La Marquesa, hizo tal revelación a los agentes federales que lo detuvieron en octubre pasado, junto con el ex comandante de la Policía de Huixquilucan, Antonio Ramírez Cervantes, según informes contenidos en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/-302/2008, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
“Yo no tengo problemas con la policía o la PGR, ya que incluso mi empresa les da seguridad en juzgados y hangares en Monterrey y Jalisco”, confesó este miembro del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, la organización criminal por la que la PGR inició la Operación Limpieza al descubrirse que logró infiltrar la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la Interpol-México y la embajada de Estados Unidos en nuestro país.
De hecho, la empresa ubicada en San Cristóbal, Ecatepec, servía como pantalla para que Villa Ortega operara por toda la entidad mexiquense bajo su aparente condición de empresario de seguridad privada. El R dijo: “Con mi empresa doy seguridad a diversas empresas y a la PGR, en concreto los hangares, juzgados y casas de prevención del delito”.
La compañía de seguridad privada tenía alrededor de 300 hombres, precisó Villa Ortega, quien hace cuatro días fue consignado ante un juez federal del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, por la masacre de 24 personas en La Marquesa. El operador de los Beltrán Leyva declaró que tenía ingresos mensuales de hasta un millón 300 mil pesos por el pago de los servicios de seguridad que brindaba a empresas e instituciones, incluída la PGR.
Las armas encontradas en la camioneta blindada de El R, cuando fue detenido, provenían de Tepito.
“Las compré en 25 mil pesos cada una, tanto la pistola 5.7 como el arma larga calibre 22, pero no sé el nombre de la persona que me las vendió”, dijo.
Dentro de la compañía RAV Corporación de Alta Seguridad Nacional SA de CV, la cual aparece registrada en documentos oficiales de la Secretaría de Seguridad pública federal (SSP), surgió como socio otro hombre, Alberto Ruiz Díaz, según informes contenidos en el expediente del caso. “Soy socio con Alberto Ruiz Díaz, a quien conocí cuando fui policía de la Agencia de Seguridad Estatal; y cuando hace dos años él quedó desempleado me dijo que era buen negocio una empresa de seguridad y por ello accedí a ponerla en sociedad”, dijo El R.
En mayo, en Guadalajara, Jalisco, una empresa con similitudes en el nombre de la compañía y el apellido del socio de Villa Ortega realizó contrataciones de guardias se seguridad privada. Su publicidad en internet mencionaba a la empresa RAV Corporación Nacional de Alta Seguridad Privada (salvo el cambio de la última palabra de Nacional por Privada, el nombre de la empresa es igual) y quien contrataba era “el comandante Ruiz”.
Informes de la PGR destacan que otro centro de mayor operación de los Beltrán Leyva es Jalisco, donde se contrató a 55 personas como guardias de seguridad, por 4 mil pesos al mes.
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Limpian’ empresas de protección privada
Nota de Ricardo Gómez
Limpian’ empresas de protección privada
Nota de Ricardo Gómez
El Universal Lunes 01 de diciembre de 2008
En 10 meses el gobierno ejerció acciones contra 156 compañías
En 10 meses, el gobierno federal ejerció acciones contra 156 empresas de seguridad privada, de las cuales 66 fueron suspendidas por no cumplir con la normatividad requerida.
Según una de las 50 respuestas que envió el presidente Felipe Calderón al Senado, como parte del segundo Informe de Gobierno, de septiembre de 2007 a julio de 2008 se practicaron un total de 547 visitas de verificación a empresas de seguridad privada, y como medida de seguridad, además de suspender a 66 consorcios, se amonestó a 88 y dos fueron multadas.
A raíz del incremento de la delincuencia, los servicios de seguridad privada han tenido un realce importante para el combate al crimen organizado.
La pregunta parlamentaria fue formulada por la fracción del PAN en el Senado y cuestionaba cuáles son los resultados del proceso de certificación de las empresas de seguridad privada.
En la segunda pregunta del PAN al Ejecutivo en cuanto a posibles vínculos de esas empresas con la delincuencia organizada, el gobierno federal informó que instancias como la PGR, SSP y Hacienda, tienen mecanismos para investigarlas, pero no ofreció más detalles.
Respondió que la supervisión de las empresas se da a través de la coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de Hacienda, la cual puede presentar denuncias ante la PGR.
En el resto de la respuesta, el gobierno remitió la misma información de la primera pregunta, en cuanto a número de empresas autorizadas, y las sancionadas.
En cuanto a la primera pregunta, se informó además que entre septiembre de 2007 y julio pasado, las autoridades autorizaron la operación de 491 consorcios que se dedican a brindar servicios de seguridad privada, y que operan en dos o más entidades del país.
Al respecto, el Ejecutivo respondió que la dirección de Seguridad Privada es la encargada de validar y autorizar a los prestadores de servicios que han cumplido todos los requisitos que para su legal funcionamiento exige la ley en la materia.
Se informó que para optimizar resultados se han establecido diversos mecanismos para detectar a las empresas que prestan estos servicios en dos o más entidades federativas “sin apegarse al marco legal, derivado de lo cual, entre septiembre de 2007 y julio del 2008 se autorizaron 491 empresas de seguridad privada, que operan en dos o más entidades federativas”.
En 10 meses el gobierno ejerció acciones contra 156 compañías
En 10 meses, el gobierno federal ejerció acciones contra 156 empresas de seguridad privada, de las cuales 66 fueron suspendidas por no cumplir con la normatividad requerida.
Según una de las 50 respuestas que envió el presidente Felipe Calderón al Senado, como parte del segundo Informe de Gobierno, de septiembre de 2007 a julio de 2008 se practicaron un total de 547 visitas de verificación a empresas de seguridad privada, y como medida de seguridad, además de suspender a 66 consorcios, se amonestó a 88 y dos fueron multadas.
A raíz del incremento de la delincuencia, los servicios de seguridad privada han tenido un realce importante para el combate al crimen organizado.
La pregunta parlamentaria fue formulada por la fracción del PAN en el Senado y cuestionaba cuáles son los resultados del proceso de certificación de las empresas de seguridad privada.
En la segunda pregunta del PAN al Ejecutivo en cuanto a posibles vínculos de esas empresas con la delincuencia organizada, el gobierno federal informó que instancias como la PGR, SSP y Hacienda, tienen mecanismos para investigarlas, pero no ofreció más detalles.
Respondió que la supervisión de las empresas se da a través de la coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de Hacienda, la cual puede presentar denuncias ante la PGR.
En el resto de la respuesta, el gobierno remitió la misma información de la primera pregunta, en cuanto a número de empresas autorizadas, y las sancionadas.
En cuanto a la primera pregunta, se informó además que entre septiembre de 2007 y julio pasado, las autoridades autorizaron la operación de 491 consorcios que se dedican a brindar servicios de seguridad privada, y que operan en dos o más entidades del país.
Al respecto, el Ejecutivo respondió que la dirección de Seguridad Privada es la encargada de validar y autorizar a los prestadores de servicios que han cumplido todos los requisitos que para su legal funcionamiento exige la ley en la materia.
Se informó que para optimizar resultados se han establecido diversos mecanismos para detectar a las empresas que prestan estos servicios en dos o más entidades federativas “sin apegarse al marco legal, derivado de lo cual, entre septiembre de 2007 y julio del 2008 se autorizaron 491 empresas de seguridad privada, que operan en dos o más entidades federativas”.
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