Ex titular de SIEDO desertó de la Marina/Jorge Fernández,
Publicado en Excélsior Pp, 1 de diciembre de 2008;
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Columna Razonez/Jorge Fernández Menéndez
Ramírez Mandujano, desertor de la Marina-Armada
Noé Ramírez Mandujano, el ex subprocurador contra la delincuencia organizada, arraigado desde el 20 de noviembre pasado, acusado de proporcionar información de seguridad al cártel de los Beltrán Leyva, era un desertor de la Marina-Armada de México. Había abandonado sin aviso alguno la institución militar en 1994, luego de haber sido incorporado al área judicial donde permaneció durante cuatro años con categoría de oficial. Fue capitán. Desertó de la institución, lo cual implica un delito que debe ser sancionado por la justicia militar naval y, dos años después, en 1996, reapareció en la PGR, donde hizo una carrera de 14 años hasta su renuncia a la SIEDO el 31 de julio y su posterior detención en noviembre pasado.
¿Cómo puede un hombre que ha desertado de la Armada de México, donde tiene abierto aún un expediente por el delito de deserción, incorporarse a la Procuraduría, hacer carrera en ella y terminar como subsecretario para combatir a la delincuencia organizada? Fue después de la detención, revisando antiguos expedientes en la Secretaría de la Marina, que se tuvo acceso a esa información, que Ramírez Mandujano nunca había incorporado a su currícula. En los hechos, ese delito de deserción lo hubiera inhabilitado para incorporarse a la Procuraduría y muchos más para ser subprocurador de la República. En término de valores, además, no es difícil considerar que quien ha traicionado una vez, lo vuelve a repetir.
¿Por qué pueden ocurrir este tipo de hechos? Sólo hay dos razones posibles: por alguna forma de corrupción en la estructura de la dependencia que permitió que un funcionario durante 14 años realizara carrera en la institución, pero ello puede hacerse realidad porque no contamos, como se reconoció en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del viernes 28 de noviembre, con un sistema de información que pueda cruzar todos los datos de todos los funcionarios, de todos los policías, de todos los delincuentes, de todos los que han sido juzgados o han cometido un delito, para poder saber realmente si pueden o no ocupar una posición pública de responsabilidad en el Estado mexicano, con mayor razón aún en las áreas de seguridad. Noé Ramírez Mandujano, por el tipo de delito cometido y la forma en que lo ocultó todos estos años, evidentemente no hubiera estado habilitado para ello.
La historia se repite una y otra vez. Un ex jefe de policía de una de las ciudades más importantes en el norte del país, participó en un secuestro, fue detenido y procesado por ello unos años antes de asumir esa responsabilidad. Esa ciudad, durante su gestión como jefe de la policía, se convirtió en un refugio del narcotráfico. ¿Nadie pudo investigar antecedentes previamente a encargarle la responsabilidad de la policía local? El esposo de otra importante funcionaria de seguridad, en otro estado, ha sido acusado de relaciones con el narcotráfico y se le acusa de ser el jefe de prensa de uno de los cárteles locales. ¿No invalidaría eso la posibilidad de que ejerza ese cargo? Ahí está el caso de Nahum Acosta, aquel director de giras de la Presidencia de la República durante la administración de Vicente Fox (por cierto, se esté o no de acuerdo con el desempeño del ex presidente, es muy bajo explotar aspectos no verificables de su vida privada con base en documentación que tampoco puede ser convalidada) resultó que no tenía visa de Estados Unidos desde 1996, y no la tenía pues ese país se la había negado porque habían aparecido credenciales de agente migratorio, firmadas por él, para Amado Carrillo, durante su paso por la delegación Torreón del INM. Estados Unidos lo informó luego de que fue detenido, acusado de proporcionar información a los Beltrán Leyva. Posteriormente, Acosta fue declarado inocente porque el juez no aceptó como válidas las grabaciones de las pláticas del ex funcionario con Arturo Beltrán Leyva.
Los ejemplos pueden continuar, pero el de Ramírez Mandujano es quizás el más evidente: no se podrá avanzar seriamente en la lucha contra la delincuencia, sobre todo la organizada, si no existe un sistema, una base de datos, lo suficientemente amplia que obligue a todas las dependencias a entregar toda la información acumulada a lo largo de los años sobre policías, funcionarios, delincuentes, antecedentes penales e incluso, como se ha dicho, propiedad de automóviles o bienes raíces (además de teléfonos, sobre todo celulares, incluida la posibilidad de establecer una eficiente geolocalización de éstos). Ningún Estado puede combatir eficientemente la delincuencia sin esos instrumentos: a partir de la información es como se puede generar inteligencia y ese será el instrumento para poder actuar adecuadamente. Hoy tenemos mucha información en demasiados ámbitos que no es cruzada ni compartida, en ocasiones porque no existen los instrumentos destinados a hacerlo y en otras porque no hay confianza suficiente para ello. Y en esos espacios penetra la corrupción.
Otro ejemplo: en temas de lavado de dinero, durante meses, la información acerca de movimientos sospechosos que se generaba sobre distintas cuentas financieras se entregaba a la SIEDO, que dirigía Ramírez Mandujano. Por las razones que fuera, no había resultados. Desde el 31 de julio pasado, cuando ése y otros funcionarios dejaron la Subprocuraduría, se ha logrado recuperar más de dos mil 200 millones de pesos: simplemente cruzando información y actuando oportunamente.
El secreto está en tener información concentrada, amplia y oportuna. Y las entidades federativas y las instituciones deben estar obligadas a proporcionarla y el Estado a verificar la confianza en todos sus funcionarios. Sólo de esa forma un desertor de las instituciones militares del país no podrá convertirse años después en un altísimo funcionario de seguridad.
Noé Ramírez Mandujano, el ex subprocurador contra la delincuencia organizada, arraigado desde el 20 de noviembre pasado, acusado de proporcionar información de seguridad al cártel de los Beltrán Leyva, era un desertor de la Marina-Armada de México. Había abandonado sin aviso alguno la institución militar en 1994, luego de haber sido incorporado al área judicial donde permaneció durante cuatro años con categoría de oficial. Fue capitán. Desertó de la institución, lo cual implica un delito que debe ser sancionado por la justicia militar naval y, dos años después, en 1996, reapareció en la PGR, donde hizo una carrera de 14 años hasta su renuncia a la SIEDO el 31 de julio y su posterior detención en noviembre pasado.
¿Cómo puede un hombre que ha desertado de la Armada de México, donde tiene abierto aún un expediente por el delito de deserción, incorporarse a la Procuraduría, hacer carrera en ella y terminar como subsecretario para combatir a la delincuencia organizada? Fue después de la detención, revisando antiguos expedientes en la Secretaría de la Marina, que se tuvo acceso a esa información, que Ramírez Mandujano nunca había incorporado a su currícula. En los hechos, ese delito de deserción lo hubiera inhabilitado para incorporarse a la Procuraduría y muchos más para ser subprocurador de la República. En término de valores, además, no es difícil considerar que quien ha traicionado una vez, lo vuelve a repetir.
¿Por qué pueden ocurrir este tipo de hechos? Sólo hay dos razones posibles: por alguna forma de corrupción en la estructura de la dependencia que permitió que un funcionario durante 14 años realizara carrera en la institución, pero ello puede hacerse realidad porque no contamos, como se reconoció en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del viernes 28 de noviembre, con un sistema de información que pueda cruzar todos los datos de todos los funcionarios, de todos los policías, de todos los delincuentes, de todos los que han sido juzgados o han cometido un delito, para poder saber realmente si pueden o no ocupar una posición pública de responsabilidad en el Estado mexicano, con mayor razón aún en las áreas de seguridad. Noé Ramírez Mandujano, por el tipo de delito cometido y la forma en que lo ocultó todos estos años, evidentemente no hubiera estado habilitado para ello.
La historia se repite una y otra vez. Un ex jefe de policía de una de las ciudades más importantes en el norte del país, participó en un secuestro, fue detenido y procesado por ello unos años antes de asumir esa responsabilidad. Esa ciudad, durante su gestión como jefe de la policía, se convirtió en un refugio del narcotráfico. ¿Nadie pudo investigar antecedentes previamente a encargarle la responsabilidad de la policía local? El esposo de otra importante funcionaria de seguridad, en otro estado, ha sido acusado de relaciones con el narcotráfico y se le acusa de ser el jefe de prensa de uno de los cárteles locales. ¿No invalidaría eso la posibilidad de que ejerza ese cargo? Ahí está el caso de Nahum Acosta, aquel director de giras de la Presidencia de la República durante la administración de Vicente Fox (por cierto, se esté o no de acuerdo con el desempeño del ex presidente, es muy bajo explotar aspectos no verificables de su vida privada con base en documentación que tampoco puede ser convalidada) resultó que no tenía visa de Estados Unidos desde 1996, y no la tenía pues ese país se la había negado porque habían aparecido credenciales de agente migratorio, firmadas por él, para Amado Carrillo, durante su paso por la delegación Torreón del INM. Estados Unidos lo informó luego de que fue detenido, acusado de proporcionar información a los Beltrán Leyva. Posteriormente, Acosta fue declarado inocente porque el juez no aceptó como válidas las grabaciones de las pláticas del ex funcionario con Arturo Beltrán Leyva.
Los ejemplos pueden continuar, pero el de Ramírez Mandujano es quizás el más evidente: no se podrá avanzar seriamente en la lucha contra la delincuencia, sobre todo la organizada, si no existe un sistema, una base de datos, lo suficientemente amplia que obligue a todas las dependencias a entregar toda la información acumulada a lo largo de los años sobre policías, funcionarios, delincuentes, antecedentes penales e incluso, como se ha dicho, propiedad de automóviles o bienes raíces (además de teléfonos, sobre todo celulares, incluida la posibilidad de establecer una eficiente geolocalización de éstos). Ningún Estado puede combatir eficientemente la delincuencia sin esos instrumentos: a partir de la información es como se puede generar inteligencia y ese será el instrumento para poder actuar adecuadamente. Hoy tenemos mucha información en demasiados ámbitos que no es cruzada ni compartida, en ocasiones porque no existen los instrumentos destinados a hacerlo y en otras porque no hay confianza suficiente para ello. Y en esos espacios penetra la corrupción.
Otro ejemplo: en temas de lavado de dinero, durante meses, la información acerca de movimientos sospechosos que se generaba sobre distintas cuentas financieras se entregaba a la SIEDO, que dirigía Ramírez Mandujano. Por las razones que fuera, no había resultados. Desde el 31 de julio pasado, cuando ése y otros funcionarios dejaron la Subprocuraduría, se ha logrado recuperar más de dos mil 200 millones de pesos: simplemente cruzando información y actuando oportunamente.
El secreto está en tener información concentrada, amplia y oportuna. Y las entidades federativas y las instituciones deben estar obligadas a proporcionarla y el Estado a verificar la confianza en todos sus funcionarios. Sólo de esa forma un desertor de las instituciones militares del país no podrá convertirse años después en un altísimo funcionario de seguridad.
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