Entrevista a Iván Márquez

ENTREVISTA A IVÁN MÁRQUEZ, DEL SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Las agencias ANNCOL y ABP Noticias presentan a sus lectores la transcripción de las respuestas dadas por el Comandante Iván Márquez, integrante del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, a preguntas planteadas por el Periodista William Parra de TELESUR, sobre diversos temas referidos a la realidad de la confrontación política y social que se desenvuelve en Colombia.

26/07/2008;
-En primer lugar, ¿qué significa la muerte del comandante Manuel Marulanda Vélez y cómo ha sido asimilada por las FARC la desaparición de su líder histórico?
-Significa la ausencia dolorosa de un imprescindible; del constructor del Ejército del Pueblo; del estratega de la Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia; del legendario comandante, artesano de la concepción táctica, operacional y estratégica de las FARC y de la guerra de guerrillas móviles; del conductor político de la insurgencia… Manuel Marulanda Vélez -como en los versos de Neruda- “no ha muerto. Está en medio de la pólvora, de pie, como mecha ardiendo”. Sigue combatiendo desde las montañas rebeldes de la eternidad. Sigue vivo en los fusiles de los guerrilleros farianos, en el Plan Estratégico, en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia y en el anhelo colectivo de Patria Grande y Socialismo, que son una inmensa bandera al viento. Ante nuestro Comandante en Jefe, ante el altar de la patria, hemos jurado vencer, y venceremos.

¿Cómo asimilamos esta ausencia? Reafirmando nuestra determinación de lucha. Estrechando nuestra cohesión. Ratificándonos en nuestros principios. Empuñando con más fuerza el libro y los fusiles del imbatible escudo guerrillero de las FARC.
-Según su punto de vista ¿cuál es el mayor legado que ha dejado Manuel Marulanda Vélez al país?
-Haber sentado las bases para el Nuevo Poder con la construcción de un ejército popular bolivariano, cohesionado en sus estructuras, en torno al Plan Estratégico, irreversible en su propósito de toma del poder para el pueblo. Manuel Marulanda Vélez es ejemplo de convicción, de perseverancia y de lucha inclaudicable. Jamás seremos inferiores a la fe que han depositado los pueblos de Nuestra América en la lucha de resistencia de las FARC. Sus manifestaciones abrumadoras de solidaridad nos hacen exclamar con el Libertador Simón Bolívar que “es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada”.
-¿Nos puede hacer una breve semblanza de Manuel Marulanda Vélez?
-Estoy trabajando una semblanza titulada MANUEL MARULANDA VÉLEZ el héroe insurgente de la Colombia de Bolívar. Por ahora sólo atino responder su requerimiento con los destellantes versos épicos del poeta Luis Vidales: “Canto Colombia a Manuel, el guerrillero/ es éste, América Latina, el que yo canto/ a éste, mundo de hoy, os lo presento/ Manuel es el padre de la selva colombiana/ es el pastor de la paz en el rebaño/ Manuel es hermano de los ríos y del viento/ y allá donde es más libre la montaña/ dulce patria hacia el cielo, allá lo siento/ En su loor la noche iluminada/ suelta su tiroteo de luceros/ Las altas tierras limpias lo vieron colombiano/ y el aire puro le fue dócil a su sueño/ El águila que pasa es un disparo/ cada ave es como un papel que cruza el cielo/ Para hablarle de patria los árboles susurran/ y el mástil de la palma flamea su bandera/ para indicar que pasa el guerrillero/ ¡Un momento! le dice la límpida mañana/ y sobre un risco del ande americano/ le saca una foto espectral de cuerpo entero/ Los árboles son como escuadras de su ejército/ por defensor del pobre, pariente próximo del trigo/ como a éste le sucede: que cuarenta veces lo han dejado muerto/ sólo para quedar cuarenta veces vivo.
-Murió el comandante Marulanda en un mal momento para las FARC; el mes de marzo fue muy duro para la organización insurgente; perdieron no sólo a Raúl Reyes y a Iván Ríos… ¿Qué comentario le merecen las circunstancias que caracterizaron este marzo de trances tan luctuosos?
-Los revolucionarios no escogemos un momento para morir, pero en cualquier lugar donde nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, como dice el Che, siempre que éste, nuestro grito de lucha –y esto lo digo yo- de lucha por la paz con justicia social, de independencia, de Socialismo y Patria Grande, llegue a un oído receptivo. La lucha que libramos es hasta las últimas consecuencias por que “en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera”. Los desenlaces dolorosos son previsibles en una confrontación y mucho más si se enfrenta a un enemigo con un gran poder de fuego, que ha llevado la guerra a la degradación y que tiene todo el respaldo de la tecnología militar de punta y los dólares que le proporciona el gobierno de los Estados Unidos en el marco de su expoliadora estrategia de predominio y subyugación. Pero podemos afirmar que pese al triunfalismo mediático, estamos saliendo de la horrible noche de marzo con nuevas experiencias y con un horizonte claro para continuar la pelea por la paz, la justicia social, la democracia verdadera y la dignidad.
-Para muchos, estos golpes, estas muertes, dejan a las FARC en difícil situación. Hay varios analistas que consideran que esta guerrilla está casi derrotada militarmente. ¿Están en lo cierto?
-No conocen a las FARC. Confunden el deseo con la realidad y se engañan con sus propias fantasías. Las FARC no son un ejército de soldados bisoños. A estas les sucede lo que a Bolívar, que se crecía en medio de la adversidad. Del fin del fin de las FARC están hablando desde el ataque a Marquetalia en mayo de 1964. En 44 años han lanzado todos los planes y operaciones militares para aniquilarlas, y no han podido… Primero, el Plan LASO, sigla en inglés que significa Operación Latinoamericana de Seguridad; el objetivo: impedir el surgimiento de una nueva Cuba en el continente, ese era el propósito de la Operación Marquetalia. Luego desplegaron la operación Sonora que buscaba derrotar militarmente a las FARC en la Cordillera Central, pero no tuvieron en cuenta que enfrentaban a los guerreros de Manuel. Después lanzaron la Operación Centauro o Casa Verde, pero los agresores tuvieron que regresar con el rabo entre las piernas a Tolemaida, donde los esperaban sus mentores e instructores norteamericanos. A estas agresiones le siguieron como oleadas los planes Thanatos, Destructor 1, Destructor 2, el Plan Colombia; y paralelamente a estos desataron el horror del paramilitarismo, criminal estrategia contrainsurgente del Estado que buscaba destruir lo que consideraban bases sociales de la guerrilla a través de las masacres, las fosas comunes y las motosierras.
Y ahora con el Plan Patriota diseñado por los estrategas del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, con el uso de sofisticadas tecnologías militares, con satélites, con aviones y aparatos no tripulados, con un pie de fuerza que sobrepasa los 400 mil efectivos y miles de asesores y mercenarios gringos, con la “ayuda” militar de Washington con decenas de helicópteros y 10 mil millones de dólares en el último período, aspiran en un esfuerzo desesperado a derrotar a la insurgencia y el descontento popular. Ni el fuego, ni las bombas de las operaciones militares de las oligarquías y el imperio, ni las marchas manipuladas lograrán desarticular la resistencia y la lucha por una Colombia Nueva, bolivariana. La lucha armada en Colombia es vigente y tiene lugar porque los problemas políticos, económicos y sociales que la motivaron no han desaparecido.
En 1984, con el Acuerdo de La Uribe, intentamos la lucha por la vía electoral, pero la alternativa política que planteamos, la Unión patriótica, fue barrida a tiros. Cinco mil fueron los muertos por la intransigencia del régimen santanderista que oprime a Colombia. Por eso ahora luchamos clandestinamente a través del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. En las FARC hay gente de principios. Somos indios bravos. No nos seducen con cantos de sirenas. Estamos listos para entrarle al combate, con paso de vencedores, al Ayacucho del siglo XXI, al cual convocamos a todos los pueblos de Nuestra América. Parafraseando a Bolívar: estamos como el sol; brotando rayos por todas partes.
¿Qué nos puede decir de la versión del Presidente Uribe y del ministro de defensa de Colombia Juan Manuel Santos, quienes insisten en que el comandante Marulanda murió no como consecuencia de un paro cardiaco, sino por los intensos bombardeos o por susto?
-Con tal ocurrencia tanto el Presidente Uribe, como el ministro de defensa Santos, están haciendo uso de la más increíble como extraordinaria asnalidad. Sólo a un imbécil le podría caber en la cabeza que el legendario guerrillero que se enfrentó durante 60 años a 17 gobiernos y a todos los estados mayores de las fuerzas armadas oficiales en ese lapso, pudiera morir de susto. Esa pretensión de tontivanos sólo provoca hilaridad e indignación. Como dijo el mismo comandante Manuel: “a uno no lo pueden matar con disparos de palabras”.
-¿Cómo se decidió la designación de Alfonso Cano como comandante máximo de las FARC y qué variaciones implica esta determinación en la conducción de la organización?
-Implica la continuidad de los planes. Y en cuanto a cómo se designó a Alfonso como nuevo comandante de las FARC, debo decir que por unanimidad el 27 de marzo, cuando nos enteramos de la infausta noticia del deceso del Comandante en Jefe. Ese mismo día tomamos la decisión también de posponer esta información hasta el 23 de mayo para hacerlo en el marco del 44 aniversario de las FARC. Todo el Estado Mayor Central, el Secretariado y los combatientes farianos rodean férreamente unidos al comandante Alfonso Cano.
-Muchos críticos y analistas aseguran que con la llegada del comandante Cano se abren nuevas posibilidades para iniciar una negociación; una nueva oportunidad para el intercambio humanitario y la paz. ¿Qué valoración le da a estas afirmaciones?
-Las políticas de las FARC ya están definidas, determinadas por nuestras Conferencias Nacionales y los Plenos del Estado Mayor Central. Hay una línea táctica y estratégica elaborada colectivamente. La paz ha sido siempre nuestro principal objetivo estratégico, y en esto coincidimos con el Libertador para quien “la insurrección se anuncia con el espíritu de paz, se resiste contra el despotismo porque éste destruye la paz, y no toma las armas sino para obligar a sus enemigos a la paz”.
-Los acontecimientos del 2 de julio que desembocaron en la liberación de 15 prisioneros parecieran indicar que los rescates militares son una solución al problema. ¿Que sucedió en las selvas del Guaviare?
En el inesperado rescate de 15 prisioneros de guerra en las selvas del Guaviare, ni Uribe ni Santos, ni los generales Padilla ni Montoya son los héroes que se reclaman. En la pretendida operación sólo colocaron los helicópteros; todo el trabajo fue realizado por dos traidores, quienes a su vez resultaron traicionados por los generales y el gobierno. El suceso fue utilizado a fondo para echarle flores al Presidente, a los militares, a la política de Seguridad Democrática, y sobre todo, para tapar la escandalosa ilegitimidad e ilegalidad del segundo mandato del señor Uribe, surgido del delito de cohecho que favoreció su reelección inmediata. Buscaba el Presidente Uribe disimular su talante de desaforado dictador que ataca con todos los fuegos de su ira los fallos de la Corte que le son adversos. Actuando por fuera de su propio estado de derecho pretende derribar desde el Palacio de Nariño, con poderosas cargas explosivas, la independencia de la Corte. Ya tiene sometida la rama legislativa del poder público; ahora va por la jurisdiccional.
-A propósito de esta liberación del 2 de julio el comandante Fidel Castro ha dicho que las FARC jamás debieron capturar a Ingrid Betancurt y que tampoco debieron tener en las condiciones de la selva en prisión a los soldados y a los civiles que tenían las FARC, y esto lo señala como un acto de crueldad. ¿Qué opina sobre ese argumento del comandante?
-No quisiera exteriorizar sentimientos que provocan este tipo de posiciones. Solamente quiero decir que las FARC están en todo su derecho de buscar por todos los medios la libertad de los combatientes guerrilleros presos tanto en las cárceles del régimen como en las del imperio. Buscamos una salida que ponga término al sufrimiento del cautiverio de los prisioneros de las dos partes contendientes. Hay que pensar también en la crueldad y en las cadenas que soportan los nuestros en las mazmorras del régimen uribista y en las del imperio, que son las mismas que padecen los 5 héroes cubanos y los miles de prisioneros violentados en sus derechos como ocurre en las cárceles de Abu Graih y de Guantánamo. Quiero agregar que en Colombia algunos dirigentes políticos son más militaritas y guerreristas que los propios militares. Muchos de ellos instrumentan y son protagonistas activos de la legislación de guerra y de la represión contra el pueblo de Colombia por cuenta del terrorismo de Estado.
-El presidente Uribe habla de cercos humanitarios sobre los posibles campamentos donde se encuentran los prisioneros de guerra. ¿Qué significado tiene para las FARC este anuncio; continúa la orden de no permitir el rescate a sangre y fuego?
-No existen cercos humanitarios, sino cercos militares. Lo de los cercos humanitarios es un engaño para dar la sensación de un control territorial que nunca ha existido. De por medio lo que existe es una orden infame del Presidente Uribe a sus generales de rescatar a sangre y fuego a los prisioneros, sin que importen las consecuencias. En estas circunstancias, cualquier desenlace fatal será responsabilidad del señor Uribe.
-El gobierno francés ha ofrecido recibir a todos los miembros de las FARC que estén incluidos en el intercambio. ¿Si se concreta el intercambio, estarían las FARC dispuestas a dejar que los guerrilleros liberados, vayan a otro país?
-Ese planteamiento es de por sí una afrenta a la dignidad de los guerrilleros de las FARC. Los verdaderos combatientes no cambian las montañas de la patria ni sus convicciones por un humillante destierro en ultramar.
-Francia asumió el primero de julio la presidencia de la Unión Europea. ¿Por el interés de este país en el intercambio humanitario, las FARC pensarán la posibilidad de buscar el reconocimiento político, el reconocimiento de beligerancia y el retiro de su nombre de la lista de grupos terroristas?
-De hecho somos una fuerza beligerante a la espera de que quienes quieran coadyuvar a la paz de Colombia, hagan ese reconocimiento. Es una condición temporal mientras se resuelve el conflicto de legitimidades. El calificativo de terroristas no es más que una imposición del más grande terrorista que ha tenido la humanidad: el gobierno de los Estados Unidos.
-Los medios hablan profusamente de unas FARC golpeadas política y militarmente, y diezmadas tanto en número de combatientes como en recursos económicos. Expresan los analistas que las FARC pasan por el peor momento de su historia; ¿Qué tan golpeadas están las FARC?
-En realidad lo que les preocupa es un eventual desencadenamiento de la inconformidad social con la existencia de una guerrilla bolivariana como las FARC, que ya ha completado el despliegue estratégico de su fuerza por todo el territorio nacional. Por eso el Plan patriota. Por eso el escalamiento de la intervención militar de los Estados Unidos en Colombia. Por eso la conversión de la base aérea de Tres Esquinas, en base militar estadounidense en la amazonía que codician. Si las FARC estuviesen resquebrajadas no estarían anunciando el traslado de la base de Manta para Colombia. Lo que se está resquebrajando es la podrida institucionalidad colombiana salpicada de sangre y cocaína, narco-paramilitarismo e ilegitimidad.
-¿En los actuales momentos es posible que se pueda llegar a una negociación de paz con el gobierno Uribe?
-Con Uribe la paz no es más que una quimera. La solución política del conflicto sólo es posible con otro gobierno, y mucho más si es el resultado de un Gran Acuerdo Nacional en el que jueguen papel protagónico las fuerzas del cambio y el soberano que es el pueblo. Un nuevo gobierno que haciendo de la paz su objetivo cimero recoja las tropas en sus cuarteles y mande a los gringos para su casa.
-Cuál es la caracterización que las FARC tienen en este momento del gobierno de Uribe y de la situación de la institucionalidad colombiana en medio del aquelarre de la narco-para-política y otros escándalos más como el de la Yidis-política?
-Es un gobierno narco-paramilitar, ilegítimo e ilegal. Sólo lo sostiene el criminal apoyo del gobierno de Washington, el terrorismo de Estado, la manipulación de la opinión a través de campañas mediáticas, las masacres, el despojo de tierras, el desplazamiento forzoso, la motosierra, los fraudes y el cohecho. Estados Unidos necesita un régimen como el de Colombia, para utilizarlo como cabeza de playa para el asalto neoliberal al continente.
-Las FARC han dicho que el gobierno de Uribe Vélez es ilegal e ilegítimo. ¿Por qué entonces se mantiene, según lo difunde la prensa colombiana, en los más altos niveles de popularidad; por qué no cae este gobierno?
-Las encuestas no consultan el 70 por ciento de la población que se debate en la pobreza y en la miseria, ni a los más de 4 millones de desplazados por el terrorismo de Estado. No consultan al 50 por ciento de la población económicamente activa que sufre la angustia cotidiana del desempleo y del subempleo. No consultan a los sindicalistas perseguidos, ni a los indígenas violentados, ni a las negritudes olvidadas, ni a los estudiantes reprimidos. El 80 por ciento de la popularidad de Uribe es una farsa y es el resultado de la más asquerosa manipulación de la opinión.
-¿Qué se puede esperar de la nueva generación de comandantes que ha asumido la conducción de las FARC: una línea militar más dura o por el contrario el arribo a la política total?
-Continuar el camino trazado por el inolvidable Comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, es decir, el de la política total, que es la lucha estratégica por la toma del poder por la vía de las armas y de la insurrección con lo que se llegaría a un gobierno revolucionario, o por la vía de las alianzas políticas hacia la instauración de un gobierno verdaderamente democrático, en consonancia con la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Según los supuestos computadores incautados al comandante Raúl Reyes las FARC han sido financiadas por el gobierno del Presidente Hugo Chávez. ¿Qué hay de cierto en eso?
-Si eso hubiese sido así, ya habríamos tumbado a este gobierno títere de los Estados Unidos. Esa afirmación es un pretexto intervencionista. Lo que debe llamar la atención de Latinoamérica y el mundo son los 10 mil millones de dólares que la Casa Blanca ha aportado al gobierno terrorista de Uribe para masacrar al pueblo, desaparecerlo, despojarlo, desplazarlo… Colombia es el primer receptor de ayuda militar de los Estados Unidos en el hemisferio, y el tercer receptor en el mundo. Claro, el gobierno de Washington apoya de esta manera a su testaferro predilecto en la desestabilización de la región, pensando en la contención de la poderosa fuerza bolivariana que ya se ve venir en el horizonte de este siglo. Un tribunal de los pueblos debe conducir al banquillo de los acusados al imperio rapaz y violento que quiere seguir subyugando a los pueblos.
-¿Financiaron las FARC la campaña presidencial de Rafael Correa en Ecuador? ¿Y con qué?
-Eso es un contrasentido. Son las FARC las que necesitan la acción del internacionalismo solidario de los pueblos del mundo.
¿Con todas las dificultades que se han presentado en torno al tema de la presencia guerrillera como excusa que ha generado la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador ó Colombia y Venezuela, no se plantea la necesidad de un replanteamiento en la persistencia de esta forma de lucha, sobre todo cuando está latente la amenaza de Estados Unidos con el argumento de que actuará contra quienes consideren que apoyan el terrorismo?

-La lucha armada no está en cuestión. Las causas que la motivaron no se han modificado. Las oligarquías sólo quieren una paz que no toque sus privilegios, que no modifique las injustas estructuras políticas, económicas y sociales que han causado la pobreza pública. La estrategia de dominación de los Estados Unidos ya está trazada y el pretexto es lo de menos. Lo que los gringos quieren es el petróleo de Venezuela, el gas de Bolivia, las riquezas de la Amazonia, y la miseria para nuestros pueblos. Lo que se impone es la articulación de la resistencia a las políticas agresivas del imperio. Quiero recordar que en los fusiles guerrilleros de las FARC resisten los pueblos de Nuestra América. Y en cuanto a la pertinencia de la lucha armada, una reflexión del Libertador: “Aun cuando sean alarmantes las consecuencias de la resistencia al poder, no es menos cierto que existe en la naturaleza del hombre social un derecho inalienable que legitima la insurrección”. Mientras existan las FARC nadie podrá quitarle el fusil al Che.
-¿La Guajira es de Venezuela como dice el Presidente Chávez?
-Sin duda, la Guajira pertenece a la Colombia de Bolívar y del primer precursor de la independencia de Nuestra América, el generalísimo Francisco de Miranda. Nuestro criterio es el mismo expuesto por el libertador a Páez: “Se me olvidó decir a usted que hemos pensado fundir juntas dos o tres mitades de los departamentos de Boyacá, Zulia y Barinas para que no haya más frontera de Venezuela ni de Nueva Granada, porque esta división es la que nos está matando, y por lo mismo debemos destruirla”.
Una reafirmación final: Hemos jurado vencer, y Venceremos.
Fuente: Tomao de la página de CEDEMA.ORG

Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012

DOF: 28/07/2008
DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESúS CALDERóN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 9, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Planeación y 9, 27, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de la Nación;
Que el mismo precepto constitucional establece que habrá un plan nacional de desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal;
Que el 31 de mayo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual contiene los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé como premisa básica para el desarrollo integral del país al desarrollo humano sustentable y orienta la actuación gubernamental en torno a cinco ejes principales: estado de derecho y seguridad, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental, así como democracia efectiva y política exterior responsable;
Que la Ley de Planeación señala que los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan nacional de desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal, y
Que la Secretaría de Gobernación elaboró el Programa Sectorial de Gobernación para el período 2007-2012, siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo sometió a consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, he tenido a bien emitir el siguiente
DECRETO
ARTíCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012.
ARTíCULO SEGUNDO.- El Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 será de observancia obligatoria para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, la obligatoriedad del programa será extensiva a las entidades paraestatales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTíCULO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación y las entidades paraestatales coordinadas por ella, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos programas anuales, mismos que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
ARTíCULO CUARTO.- La Secretaría de Gobernación, con la participación que conforme a sus atribuciones le corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, verificará de manera periódica el avance del Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Asimismo, realizará las acciones necesarias para hacer las correcciones procedentes y, en su caso, modificarlo.
ARTíCULO QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente decreto.
TRANSITORIO
úNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de julio de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.

Programa:
http://diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5054580&fecha=28/07/2008

Las FARC y la paz de Colombia

Las FARC y la paz de Colombia/Marco Palacios, colombiano, investigador del Colmex.
Publicado en Letras Libres (www-letraslibres.com); Julio de 2008;
Son muchos, y muy visibles, los obstáculos que impiden establecer una paz duradera en Colombia: la brutal presencia de grupos paramilitares, el negocio de la cocaína, la subsistencia de una guerrilla golpeada pero no vencida y el autoritarismo de la clase gobernante. Este ensayo revisa el campo de batalla de un país tristemente regido por “el poder que nace del fusil”.
1. Del conflicto colombiano
Las FARC y Colombia interesan crecientemente a la opinión pública mexicana, así sea porque cuatro de los veinticinco muertos en el reciente bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano eran ciudadanos mexicanos, y mexicana una de las dos jóvenes sobrevivientes. Según una reciente encuesta Mitofsky, “los dos únicos países que en este momento tienen una imagen negativa entre los mexicanos son Cuba y Colombia”, y se atribuye el resultado de Colombia al mencionado bombardeo (Boletín semanal, núm. 262, junio de 2008).
Aunque los recientes reveses de las FARC han sido fenomenales, al no disponer del cadáver es imposible la autopsia. Aun así vale preguntarse si las FARC llegaron a su final y si Colombia marcha hacia una paz duradera.
Reconociendo el poder de la inercia, nos aventuramos a decir que puede haber FARC para rato. Qué tanto, dependerá, como en el ajedrez, de los movimientos que hagan los contendientes. Si el gobierno y la guerrilla siguen en lo mismo, en el maximalismo militar, entonces todavía correrá mucha sangre. Pero la solución negociada, que puede ser la más racional, no es nada fácil: está interferida por ideologías, intereses creados en la guerra, oportunismos políticos, pasiones arraigadas y nociones decimonónicas del honor.
Para empezar, cuatro datos. 1. Las FARC están tan lejos de capturar el poder del Estado como hace 44 años, cuando se organizaron en guerrilla móvil para hacer una revolución agraria.
2. Con todo y lo debilitadas, las FARC están igualmente lejos de ser el pequeño grupo de “autodefensas campesinas” que retrocedió en la Operación Marquetalia de 1964. Se dice que hace cuatro años tenían diecisiete mil combatientes y hoy doce mil; este era el pie de fuerza de los insurgentes comunistas en Vietnam del Sur en 1961.
3. El revés militar más serio propinado por las FARC ocurrió en noviembre de 1998, antes del Caguán y del Plan Colombia, con la toma de Mitú. Llevan más de diez años sin asestar los golpes demoledores de 1995-1997.
4. El ejército nacional ha sido reconstruido en un proceso lento desde mediados de la década de 1980 y lleva diez años con la moral alta.
¿Cómo puede soportar un Estado moderno medio siglo de insurgencia armada? ¿Por qué las FARC han crecido tanto? Aparte de otras formaciones guerrilleras, de las cuales sólo permanecen activas las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, desde la década de 1960 pululan organizaciones locales de paramilitares de derecha que tuvieron reconocimiento legal de 1965 a 1989. En la década de 1980 estos grupos, ligados al narcotráfico y operacionalmente aliados de la Fuerza Pública, “copiaron” los esquemas organizacionales de las guerrillas, crecieron vertiginosamente y trataron de maniobrar a escala más nacional que local conforme a principios de contrainsurgencia.
Estas bandas confederadas pactaron con el gobierno de Uribe su desmovilización y, entre 2003 y 2006, negociaron la cuasi impunidad de una Ley de Justicia y Paz. Inclusive se argumenta que la reciente extradición a Estados Unidos de trece capos paramilitares es una forma de evadir los delitos de lesa humanidad que confesaron.
La conexión del narcotráfico con este tipo de organizaciones, a partir de los años ochenta, explica la escalada del conflicto: población desplazada, aumento de asesinatos, masacres, desapariciones, torturas, lesiones personales, secuestros, destrucción de propiedad pública y privada. Desde el punto de vista de los derechos humanos, Colombia ha sido una catástrofe con altibajos. Las FARC no siempre han sido el principal perpetrador, aunque sí el más constante.
Esta violencia no debe confundirse con los homicidios urbanos del periodo, que significaron alrededor del noventa por ciento de las muertes violentas y que comenzaron a ceder hacia 1993 en Bogotá y unos años después en todas las grandes ciudades. En cuanto a muertes violentas, la cuota del conflicto armado colombiano es equiparable a la de los accidentes de tráfico. Pero su capacidad de corromper la democracia electoral y destruir el tejido social ha sido abrumadora. Pensemos en los tres millones de colombianos “desplazados internos”.
2. El hábitat de las FARC
Con medio siglo de existencia, lo indeleble de las FARC es el origen campesino y el agrarismo nutrido en las movilizaciones de las décadas de 1920 y 1930. Es un lugar común decir que las FARC son parte del paisaje de las colonizaciones; y las que nos conciernen resultaron del aumento de población y la concentración de la tierra. Si de moverse como pez en el agua campesina se trata, los estrategas de las FARC encontraron un enorme potencial en colonos pobres de los nueve frentes de frontera interior de la segunda mitad del siglo XX, en los cuales se abrieron a la producción unos cuatro millones de hectáreas.
No en vano la respuesta inicial a la Operación Marquetalia fue el “programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20 de julio de 1964; propuesta elemental y radical, plausible en uno de los países de mayor inequidad en la tenencia de la tierra.
La afinidad de la organización guerrillera y los colonos es verosímil y profunda. Aclaremos: antes de la economía de la coca, el nexo era esporádico y ocurría en territorios dispersos. Pero la trasformación de Colombia, de país de tránsito de estupefacientes a país productor de hoja de coca, y la formación de un amplio campesinado trashumante que tuvo en la coca su segunda oportunidad creó, a partir de la década de 1980 y sobre todo en la siguiente, una de las más sólidas estructuras de oportunidad para el crecimiento de las FARC.
Este proceso no fue ni automático ni sencillo. Las colonizaciones no inventan un orden social nuevo; reproducen el existente pero en un vacío político y de autoridad. En la base emergen antagonismos entre los intereses de los empresarios de frontera y las necesidades de diferentes estratos campesinos. Crear y sostener un orden viable en una frontera hobbesiana no es cosa de aprendices. Las FARC han crecido militarmente y se han devaluado políticamente en el aprendizaje. Aportan al orden social de las zonas de frontera cocalera la organización del mercado, el respeto a reglas básicas de convivencia social jerarquizada y el “poder que nace del fusil”. Es un orden siempre frágil, negociable, tan inestable y precario como el que allí logra construir el Estado nacional. Las políticas de erradicación, financiadas por el Plan Colombia, y en particular las de dispersión aérea de glifosato, dispararon el número de localidades productoras y con ellas el de los frentes de las FARC.
La historia de cómo “administrar” al menor costo político una zona de colonos no se ha escrito y aguarda a los historiadores, porque allí yace otra clave para entender de qué fibras está hecha la organización de Tirofijo.
Entre más administración, menos revolución. Es contradictorio que una guerrilla revolucionaria apuntale un orden clasista agrario y un tipo de economía tan capitalista como el narcotráfico. Cuando tuvieron que operar en una frontera menos reciente y con un potencial de lucha de clases, como en la del Urabá, la lucha de clases degeneró en una guerra contra una organización rival, primero por la supremacía sobre el sindicato de los trabajadores y luego por el control territorial. Entonces, ¿cuál es la identidad revolucionaria de las FARC?
3. Las FARC, comunistas de campamento
Aún no se han precisado del todo las relaciones entre las FARC y el Partido Comunista Colombiano (PCC). ¿Emergieron como su “brazo armado”, conforme al principio leninista de “combinar todas las formas de lucha”? ¿Recibieron la orientación ideológica y política de los países del campo soviético y el paraguas propagandístico del partido, de su pequeña prensa y sus múltiples “frentes” sindicales, estudiantiles, femeninos y de “personalidades democráticas”?
En cualquier caso, el colapso del comunismo soviético las afectó profundamente: las aisló del mundo. La ideología soviética dejó de ser una guía más o menos infalible: ¿sería Gorvachov un agente de la CIA? Ese tipo de paranoias surgió monte adentro precisamente cuando se fortalecía el aparato militar fariano [de las FAR(C), Fuerzas Armadas Revolucionarias (de Colombia)] y se debilitaba más, si cabe, el históricamente débil Partido Comunista. Es más: a la total independencia política y organizacional de las FARC había contribuido la “apertura democrática” del gobierno de Belisario Betancur (1982-86) y los diálogos de paz que llevaron a los Acuerdos de la Uribe del 28 de marzo de 1984 y al consiguiente protagonismo de las FARC, ahora sin la tutela del PCC pero como aliado en la nueva organización que marcaría su ingreso a la vida política legal: la Unión Patriótica (UP).
Desde sus orígenes las FARC cargan con una lista de los muchos enemigos y pocos amigos del PCC. En una izquierda que, quizá por su debilidad política, exagera los gestos ideológicos, es natural que las FARC, al surgir como un subproducto de la Guerra Fría, tuvieran por enemigos a los maoístas de guerra popular y a los maoístas legales; a los foquistas [del “foco guerrillero”], que hicieron la caricatura de las “autodefensas campesinas” a cargo de Régis Debray en Revolución en la revolución.
De allí los enfrentamientos, a veces sangrientos, con el ELN y el Ejército Popular de Liberación y las fuertes descalificaciones a las guerrillas que se avinieron a negociar una salida política, en particular el M-19. El distanciamiento de Cuba, abierto durante la Tricontinental de La Habana en 1967, aumentó con el repudio a la vía insurreccional que hiciera Castro en mayo de 1998 en una reunión de la OMC en Ginebra.
Como las inercias políticas suelen ser poderosas, la única organización de izquierda que hoy quiere prestar sus oficios bona fide para un posible arreglo político con las FARC es el PCC. En la coalición de centroizquierda del Polo Democrático son mayoría, a veces silenciosa, los que resienten el lastre que representan las FARC para el avance de la causa popular y el pretexto que dan al presidente Uribe.
4. Los problemas del crecimiento
Las FARC no han sido una guerrilla a la moda, ni Tirofijo un guerrillero de afiche. Cualquier análisis semiológico posmodernista caería en el vacío. Para los farianos, como para Yves Saint Laurent, las modas pasan cada año, pero el estilo queda. El estilo campesino de las FARC, ajeno a los romanticismos, se mantiene con la tenacidad, la autosuficiencia, el patriarcalismo y el pragmatismo como valores centrales. Por eso no debe extrañar que, entre las nuevas generaciones de la Colombia urbana, los farianos sean vistos con desdén e ironía por su arrogancia y su violencia prolija y sombría.
Si ideología y organización pueden ser nociones aptas para desentrañar el estilo de las FARC, la ideología marxistaleninista se limita aquí a catecismos deterministas y teleológicos. Se expresan en un lenguaje marxista básico que predice el triunfo inevitable de la revolución. Pero lo que importa es la ideología organizacional que brinda a sus miembros herramientas racionales para comportarse dentro de la guerrilla y para analizar concretamente el entorno en que se mueven.
Conviene recordar las fases de la “construcción del socialismo”, según mofa de los comunistas checos. La primera es la de los problemas del crecimiento; la segunda, la del crecimiento de los problemas. Las FARC como guerrilla institucional, al igual que las burocracias del socialismo, sobreaguan en el remolino de las dos fases.
Al finalizar la década de 1970, las tres guerrillas creadas en la década de 1960, el ELN, las FARC y el EPL, no sumaban mil combatientes. Más que en la movilidad constante recetada por el Che, estaban en estado de hibernación. ¿Qué las despertó y puso en movimiento? En el frente político, los “procesos de paz”, la ola de las transiciones a la democracia. En el organizacional, el narcotráfico globalizado.
Veamos primero los problemas del crecimiento.
Los diálogos les dieron personalidad política, tribuna, un discurso de confrontación con el Estado. Con interrupciones, las políticas de diálogo y paz cubrieron de agosto de 1982 a enero de 2002, veinte años que dejaron un saldo de varios miles de guerrilleros desmovilizados y muchos líderes reintegrados a la vida política legal, además de otros asesinados. Sólo quedaron en los teatros de operaciones las FARC y un débil ELN.
Los buenos auspicios de los Acuerdos de la Uribe dieron al traste cuando la organización que les daría sustancia, la up, fue diezmada. Esta es una historia confusa en la que, además de la guerrilla, cruzaron fuego militares, paramilitares y narcotraficantes, y así, en 1990, las FARC tuvieron un nuevo agravio. Incapaces de practicar la autocrítica, al menos en público, jamás repasaron los errores y equívocos que dieron lugar a que se llegara a semejante resultado.
Lo cierto es que no se avinieron a la paz con la nueva Constitución de 1991. Luego, en septiembre de 1998, en entrevista con Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista Argentino, Marulanda comentó sobre las negociaciones con Pastrana: “Nosotros vamos a hacer el acuerdo, pero las armas tienen que ser la garantía de lo que se va a acordar; desde el momento que desaparezcan las armas, puede desaparecer el acuerdo, y ahí ya no hay nada que hacer.”
Según la metáfora maoísta “el poder nace del fusil” y esto debe interpretarse, como lo hace Marulanda, en el sentido de la autosuficiencia. Pero mientras con Mao, conforme a la ortodoxia leninista, el partido asume la conducción de la guerrilla, después de 1982 las FARC, autosuficientes por las armas, crearon su “partido” y los ancilares: las milicias bolivarianas y el “movimiento bolivariano”. Esta militarización rememora el guerrillerismo cubano de los años sesenta.
Adentrados en aquel territorio se toparon con el icono de Bolívar que, junto a Martí, había presidido las deliberaciones de la Tricontinental, para ellos de ingrato recuerdo. En Bolívar encontraron una veta para la “colombianización” de la ideología marxistaleninista. Inventaron, como Chávez, un Bolívar padre del antiimperialismo, traicionado por las clases semifeudales oportunistas y antinacionales que sucumbieron a los privilegios que les garantizaba el Imperio Británico. Bolívar, caraqueño, aristócrata y populista, del que Marx escribiera una que otra verdad, ascendía al altar fariano de Marx y Lenin.
En cuanto al narcotráfico, en un proceso que tomó años, este les multiplicó los recursos financieros para montar la infraestructura armada, negociar lealtades, expandirse territorialmente; para “desdoblar frentes” guerrilleros, como diagnosticó Jacobo Arenas, un cuadro comunista de origen sindical que llegó a ser el principal ideólogo de la organización. Las narrativas sobre cómo se “desdobla” un frente guerrillero refieren algo así como una clonación, inquietante por mecánica y rutinaria.
Pudieron intercambiar la línea de masas por el manejo clientelar de las redes que empiezan con los cultivos ilegales y siguen la cadena de valor de la cocaína, control que requiere el dominio de territorios y sus corredores de conexión. En la economía de la droga, las FARC están más cerca del cocalero que del consumidor gringo o europeo; esto a diferencia de los paramilitares y narcotraficantes, que están más cerca del consumidor que del cultivador. Y las ganancias del negocio crecen a medida que se acorta la distancia con el consumidor. Sin duda que las FARC trafican, pero nunca en la escala de los paramilitares y los narcotraficantes. No han tenido la protección política regional y nacional de estos últimos. No han entendido el asunto de las legitimidades fragmentadas que permiten a narcos y paramilitares legitimarse en unos círculos de poder inaccesibles para la guerrilla.
Si bien no son tan importantes en la economía de las drogas, no habrían podido “desdoblarse” sin esa base. El retroceso abruma. En la década de 1930, los comunistas dirigieron la lucha de clases en las haciendas de café contra el entable clasista cafetalero. En 1995-96 las FARC organizan el movimiento cocalero contra el Estado para apuntalar el entable clasista del narcotráfico.
No son ciertamente las zonas de colonización los puntos para llevar la guerra a las ciudades, según el canon de la guerra popular. Están muy alejadas. Habría que tomarse “el país del medio” y ese país, si alguna vez estuvo en vilo, ahora apoya abrumadoramente al Estado colombiano.
Pasemos al crecimiento de los problemas.
El desdoblamiento de frentes y el reclutamiento sobre la marcha crearon embrollos. Se hizo difícil el manejo de los flujos de información; aumentaron los riesgos de deserciones, de ser penetrados por agentes del Estado, de perder territorios ante organizaciones rivales. Surgieron los “excesos” en los secuestros y asesinatos, en la toma de pueblos sin respeto por los pobladores, gentes de las más pobres y desvalidas del país. Y en los desórdenes de los fuegos cruzados aparecieron agentes de la violencia oportunista que los desfalcaron o los hicieron responsables de actos que jamás perpetraron. Por todo esto pagarían un alto costo político.
Atentos a los árboles, no vieron el bosque y se hicieron impermeables a las nuevas sensibilidades nacionales. Acampados en los años sesenta, creen que “la opinión pública no existe” o que no se han abierto opciones democráticas en el juego político. Están despistados frente a los nuevos criterios de legitimidad política y no entienden que muchas de sus acciones son repudiadas en las ciudades, en las “islas de legitimidad”, contrapuestas a las “zonas de poderes fácticos” que les son tan familiares.
Al abusar con el “negociar en medio de la guerra” socavaron la credibilidad del proceso, en un país que estuvo dispuesto a apoyar su ingreso honorable a la legalidad política, como lo hiciera con el M-19, el EPL y otras organizaciones menores. Al no entender el juego limitado pero favorable que les ofreció Pastrana, al aislarse de las fuerzas políticas nacionales, al creer sus propios cuentos, perdieron la poca legitimidad y aun simpatía urbanas que les restaba.
Pastrana les pagó en especie. Negoció el Plan Colombia con el principio de unir las dos guerras –contra las guerrillas y contra el narcotráfico– y dio pasos acelerados en la modernización de la Fuerza Pública, en particular la aviación.
Luego vino el 11 de septiembre, el inevitable fin de la zona del Caguán y la legitimación definitiva del Plan Colombia como un modelo contrainsurgente. Aunque los flujos de cocaína de Colombia no se abaten, lo que ahora interesa a Washington es la mano dura de Uribe contra las guerrillas, que, se supone, son la base del narcotráfico. La pregunta obvia es por qué, si las FARC se han debilitado tanto, no disminuye el quantum de las exportaciones de cocaína.
En las ciudades el establecimiento se ha ganado las mentes y corazones de las mayorías. Sin embargo, carente de contenido económico y social, el plan militar de Uribe no ha conseguido lo mismo en las localidades que sirven de retaguardia a las FARC. Allí acampan en la línea del muerde y corre.
5. Por la paz
Sobre el deterioro de la democracia, agravado por los escándalos de la parapolítica que tienen en la cárcel a unos treinta congresistas de la bancada uribista, se monta la campaña para el tercer mandato de Uribe. Punto central son las FARC. Bien sea que amanezcan derrotadas, como Sendero Luminoso, posibilidad remota, o que permanezcan en su repliegue profundo, Uribe las usará para cambiar las reglas de juego una vez más, porque la mano dura es necesaria.
Pensar la paz de Colombia lleva a dialogar con las FARC. Decirles que el mundo cambió. Que sin ellas, por ejemplo, sería menos arduo luchar por la reforma agraria. Decirles que apliquen todas las normas del derecho humanitario, construyan una nueva oportunidad y dejen de ser el pretexto de la derecha autoritaria y mesiánica en Colombia y en el mundo.

¿Exterminio medíatico?

¿Exterminio mediático?/Ernesto Villanueva
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No- 1656, 27/07/2008:

A nadie escapa el desencuentro entre W Radio y la periodista Carmen Aristegui que se volvió un asunto de interés público. Se dijo en su oportunidad –sin elementos probatorios, como ya es costumbre– que el hecho de que no se renovara el contrato de trabajo de Aristegui había sido un acto de censura. En realidad lo que ocurrió fue una diferencia de formas de trabajo que terminaba un ciclo entre particulares, donde la libertad de expresión estaba de por medio, pero difícilmente hubiera podido ser invocada legalmente. La prueba palmaria de ello es que hubiera sido prácticamente imposible acreditar en un proceso judicial la existencia de censura; es decir, el acto a través del cual el Estado impide el libre desarrollo de las informaciones y de las ideas, lo cual está claramente prohibido por la Constitución. Me parece que no se integraban los supuestos para ir por buen rumbo a un caso judicial con una sentencia condenatoria para W Radio.

Cabe recordar que en México, hasta ahora, la violación de los derechos fundamentales como la libertad de expresión corre a cargo del Estado y no a cuenta de personas físicas o morales. Acaso por ello Aristegui nunca promovió un juicio para reclamar derechos lesionados. No obstante, acaso sin proponérselo, se convirtió en rehén de los “buenos” que montaron un juicio paralelo en los medios, lo que no requiere satisfacer procedimientos ni aportar pruebas, sólo baterías argumentales. En esa iniciativa metajurídica Aristegui se convirtió en mártir de la libertad de expresión y ganó esa partida. W Radio-Televisa sigue esforzándose por hacer un buen diagnóstico de control de daños para recuperar los niveles de audiencia perdidos.

Esta operación, sin embargo, tuvo un efecto bumerang para la propia Aristegui. Con razón o sin ella, las puertas de la radio comercial se cerraron para la periodista, porque los concesionarios se volvieron explícitos en los márgenes de libertad de expresión que permiten sus políticas editoriales (o sus intereses). Con todo, hay que reconocer un hecho también incuestionable: Carmen Aristegui es una profesional del periodismo que ha logrado un prestigio y niveles de audiencia significativos en la radio mexicana, como sus propios detractores lo han reconocido. Es, pues, un activo periodístico en donde muchos se reflejan y dan por buena la información que reciben a través de su forma de hacer periodismo. Precisamente por ello ha ido adquiriendo sentido una propuesta para que Carmen Aristegui coordine un equipo que permita desde Radio UNAM competir por audiencia en serio y dejar que la radio universitaria sea de autoconsumo. La pertinencia de esta posibilidad ha sido acaso una de las razones para que los “malos” busquen dinamitar la llegada de Carmen. Entre otros dardos, fue conocido un “trascendido” (es decir información que no observa ningún rigor periodístico) del diario Milenio donde presentó a Aristegui como un peligro para las finanzas universitarias (y sobre todo para que Radio UNAM saliera de su marginalidad). Pocos repararon en el desmentido de Sealtiel Alatriste, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, quien puso las cosas en su sitio. A fines de esta semana, la UNAM regresa de su período vacacional y el rector José Narro Robles tiene frente a sí el reto de decidir si apoya la propuesta de impulsar un proyecto de radio autofinanciable, transparente y ético encabezado por Carmen Aristegui, con quien se identifica la inmensa mayoría de los universitarios, o mirar para otro lado en busca de mejores tiempos que no afecten sus eventuales intereses políticos. Veremos qué decide Narro Robles.

Y en el mismo sentido del exterminio mediático, Santiago Creel Miranda, presidente del Senado, a quien he criticado en este espacio por sus incongruencias, ha salido a dar la cara en una espléndida entrevista de Jenaro Villamil donde reconoce expresamente errores políticos del pasado inmediato, certezas legales de sus actos y su compromiso de hacer suyas banderas ciudadanas. Esa reconocible actitud de Creel ha estado rodeada de un fortísimo ataque por parte especialmente de Televisión Azteca y su revista, que con esa conducta muestra un desprecio por los mínimos estándares éticos, donde la vida privada de las personas –incluyendo menores– no importa y el escrutinio público es el pretexto para una campaña de intimidación. Se presenta esta televisora como un poder fáctico que desafía –hasta ahora sin consecuencias– a uno de los representantes de los Poderes del Estado.

Posdata: El investigador del Colegio de México Primitivo Rodríguez (prodriguezo@yahoo.com.mx) ha hecho un interesante y pionero estudio sobre la opacidad en ONG que predican y exigen transparencia pero no practican lo que reclaman.

Esa veta que ha abierto Rodríguez habrá que seguirla con puntualidad.

evillanueva99@yahoo.com

El ninguneo

Creel: el espejo de todos/Javier Sicilia

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No- 1656, 27/07/2008;
No es novedad –lo hacen con frecuencia con los rostros de las víctimas o de los criminales– que una de las compañías del duopolio televisivo haya borrado de la pantalla chica los rasgos de Santiago Creel. La práctica, a pesar del escándalo que generó, es un lugar común del mexicano, que el alzheimer social nos hace olvidar y que la popularidad de Creel –un hombre mediático–vino a recordarnos: el ninguneo.

El Diccionario de la Real Academia le da dos acepciones: 1) no hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración; 2) menospreciar a alguien. Octavio Paz, quien en El laberinto de la soledad popularizó el término, lo definió mejor: “una operación que consiste en hacer a alguien ninguno”, aplanarlo, disimular su existencia, hacerlo fantasmal, desaparecerlo para no enfrentar su presencia o su crítica; una manera simbólica y psíquica de asesinarlo, de prepararlo para su muerte real, de excluirlo del mundo de los vivos, es decir, del mundo que define el poder.
En este sentido, el rostro borrado del senador Creel funciona como un espejo de esa práctica común y terrible del poder en México. En su ausencia de rasgos, en su amputación del rostro, miramos el acto que el poder realiza sobre todos aquellos que le son incómodos, desagradables, extraños: indios –recordemos la forma paradójica en que, a través de la máscara que oculta el rostro, el zapatismo hizo visible al indígena–, disidentes –que el poder iguala bajo el rostro desfigurado de la palabra criminal–, opositores, hombres comunes. Para el poder, ellos no tienen rostro, son una mancha en medio de seres que merecen una presencia, un lugar en el cosmos político; una realidad desagradable que hay que borrar, aplanar, desfigurar hasta volverla ninguno; una evidencia prescindible.
El acto del ninguneo es así un esfuerzo del poder por acabar con cualquier projimidad, con la idea de que, como lo mostró Levinas, existe de un hombre a otro una solidaridad, “una exigencia más antigua que cualquier decisión memorable” de que el prójimo, el otro, antes incluso de ser identificable y cualquiera que sean sus orígenes o sus cualidades, nos hace escuchar en su desnudez sin defensa, en su debilidad absoluta, el mandamiento paulino: “No harás acepción de personas”.
Para el poder, por el contrario, es esa noción de prójimo la que no debe existir. Su debilidad –que lo agrede, que le estorba su “derecho” a apropiarse, a apoderarse, a desplegar su fuerza afirmativa– debe ser borrada para que sólo perviva la elegancia afable y dura, inane y poderosa, deseable –hasta producir frustración y vergüenza entre quienes han sido borrados– del “canal de las estrellas” y de la clase política y empresarial, siempre pulcra y bien alineada, siempre antojable e inaccesible en su poder; siempre llamada a ser servida y nunca cuestionada.
Mientras Creel era fuerte y servía a los intereses del poder, tenía el derecho a existir, a llenar la pantalla chica con su presencia de gentleman, de hombre afable y poderoso; no importaba que su pudrimiento de cristiano oliera peor que las malas hierbas; para el poder era perfume. Cuando volvió a su humanidad, a su integridad de hombre, sus ropas “totalmente Palacio” se volvieron garras; su encantador rostro, una presencia sin rasgos; sus maneras chic –dignas de aparecer en ¡Hola! y en los programas de escándalo mediático del duopolio televisivo–, volutas de humo, memoria enterrada en el periódico de ayer.
El rostro sin rasgos de Creel es el espejo del México negado y desfigurado; el rostro de las mayorías, anonimizado, ninguneado y perseguido por el poder y sus aparatos mediáticos. Borrar y excluir. Este doble acto, en apariencia funcional de la actividad mediática, retira de las personas el misterioso privilegio que les confiere su rostro. Lo que existe a título de realidad única e irremplazable –parafraseo a Alain Finkielkraut– es degradado a rango de ausencia, de ninguno; lo que en su condición de prójimo tiene el poder de avergonzar, de inhibir en otro el impulso asesino y de transformar la espontaneidad humana de ocupar todo en mala conciencia, es convertido en una mancha sin rasgos, en una presencia sin presencia.
Borrados y excluidos, ya sea en una pantalla casera, en la memoria del papeleo burocrático, en la ceguera ideológica que nubla la realidad del prójimo bajo el rostro de la abstracción, los seres humanos pierden a la vez la especificidad y la semejanza que los distingue unos de otros y que los aproxima, que los aprojima. Ni semejantes ni diferentes, se vuelven ninguno, y así se les hace anticipar la identidad radical a la que los reducirá la muerte. Bajo el reino de la administración mediática, el ninguneo –esa práctica mexicana que nos ha perseguido por siglos– ha sabido liberar del trato con los hombres los riesgos de la relación directa y los escrúpulos que pueden nacer de la projimidad, para practicar cómodamente la exclusión y la persecución.
Sólo en un mundo sin rostros, como el que realiza el duopolio televisivo y practica el poder político, el nihilismo, que comienza a acompañar la vida de las mayorías, puede llegar a establecer su ley.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

¡Creel difuminado!

(Santiago Creel ) Difuminado/Jesús Silva-Herzog Márquez
Publicado en Reforma, 28/07/2008;

El contraste de las imágenes condujo a una conclusión inmediata. El noticiero había editado la señal para borrar digitalmente al personaje detestado. En una fotografía aparecía la limpia transmisión del Congreso, captando la plena identidad de todos los participantes en el foro parlamentario. La segunda estampa provenía de un noticiero matutino. Ahí se veían con claridad las facciones de cada uno de los integrantes de la mesa. Todos menos uno. La cara del senador Creel aparecía difuminada. Encima de los hombros, una mancha borrosa de la que era imposible distinguir ojos, nariz, boca. La conclusión unánime fue que la televisora había desvanecido digitalmente al político.

Mafia en la UdeG

Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán

Publicado en El Universal, 25 de julio de 2008

UdeG: la mafia de los trasplantes
Mientras la “opinocracia” focaliza la reforma petrolera, en Jalisco se vive una peculiar guerra universitaria —por la denuncia de presunto tráfico de trasplantes de órganos—, que puede marcar el fin del poderoso grupo mafioso de Raúl Padilla
El escándalo es de tal magnitud que intervino la Procuraduría estatal
Una historia al estilo de las mafias, pero para éstas también hay un final
Mientras la “opinocracia” focaliza la reforma petrolera, en Jalisco se vive una peculiar guerra universitaria —por la denuncia de presunto tráfico de trasplantes de órganos—, que puede marcar el fin del poderoso grupo mafioso de Raúl Padilla.
En las semanas recientes en la capital de Jalisco no se habla de otra cosa que de la fractura del influyente Grupo Universidad, que enfrenta al actual rector, Carlos Briseño, con el jefe real, todopoderoso y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, a quien se vincula con médicos y políticos dirigentes del PRD local, presuntos responsables de tráfico de órganos humanos para trasplantes.
El escándalo es tal que a demanda del rector de la UdeG intervino la procuraduría estatal, que ordenó arraigos a los presuntos traficantes, mientras que el poderoso jefe político de esa suerte de mafia del Grupo Universidad, Raúl Padilla, echó a caminar todo su poder para impedir que el rector reedite el golpe de mano que en 1989 operó el propio Padilla para hacerse del control de la UdeG, mediante traición.
El asunto no es menor, ya que por su potencial de votos Jalisco resulta estratégico para 2009 y 2012, y porque el control político de la UdeG es clave para cualquier partido político que pretenda el poder. En años recientes el poder universitario fue puesto al servicio del PRD —luego que en décadas estuvo al servicio del PRI—, y los nuevos vientos parecen empujar en dirección del tricolor. ¿Pero qué está pasando en Jalisco, en relación a la UdeG, a las luchas sucesorias? ¿Qué y cómo se da el vínculo político y de poder con el tráfico de órganos para trasplantes en seres humanos?
La historia comienza en abril de 2007, cuando ocupa la rectoría Carlos Briseño —como todo lo que pasa en esa universidad, con el aval de Raúl Padilla—, pero muy pronto es evidente una fractura entre los incondicionales de Padilla y el nuevo rector, al que pretenden convertir en mero títere de la mafia imperante. Así, luego de choques públicos, presiones contra el nuevo rector, de versiones de que Carlos Briseño coqueteaba con el gobierno mexiquense de Enrique Peña, llegó abril de 2008.
Y ante la sorpresa de propios y extraños, los dos capos de la UdeG, Raúl Padilla y su hermano Trinidad —los dos ex rectores—, no acudieron al primer informe de labores de Briseño. Al desaire siguió una guerra sorda que reventó de manera pública los primeros días de junio cuando Carlos Briseño denunció no sólo la presunta malversación de fondos del Conacyt —del anterior rectorado—, sino tráfico de órganos en el Programa de Trasplantes del Hospital Civil, institución que maneja la UdeG.
Son muchas las posibilidades de que las denuncias obedecieran a una reacción política y hasta de supervivencia ante la andanada mafiosa de Raúl Padilla. Sin embargo, “se desgranó la mazorca” ya detonado el escándalo, pues por todas partes aparecieron evidencias que confirmaban que grupos leales a Padilla están implicados en tráfico de órganos para trasplantes en la red hospitalaria que controla la UdeG.
Casualmente las irregularidades empezaron cuando llegó a la rectoría de la UdeG Trinidad Padilla —hermano de Raúl, el capo mayor—, quien designó como responsables de la red de hospitales a Raúl Vargas y Leobardo Alcalá Padilla, quienes a su vez llevaron como director del Programa de Trasplantes a Luis Carlos Rodríguez Sancho. Los tres han sido acusados por tráfico de órganos y el último, en arraigo judicial, reconoció en declaración oficial que sí, que manejaba una cuenta bancaria paralela e individual en la que se depositaban “algunos pagos” por los servicios de trasplantes. Al final, Luis Carlos Rodríguez Sancho logró un amparo y fue liberado.
El escándalo sigue y apenas hace unas horas el grupo de Raúl Padilla pagó un desplegado en todos los medios de Jalisco en que —con el apoyo de universidades— acusa al rector Briseño de usar a la UdeG como trampolín político; “como un instrumento para llegar a la gubernatura de Jalisco”.
En realidad Raúl Padilla parece olvidar su propio pasado. O se muerde la lengua. Y es que muchos recuerdan en Jalisco y Guadalajara la trayectoria política de Padilla: una historia de traición y muerte, al más puro estilo de las mafias sicilianas. Pero también para las mafias hay un día final.

La UdeG

Guerra por la UdeG
Hermenegildo Olguín Reza, reportero.

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No- 1656, 27/07/2008;
Tan insólita como ilustrativa de la descomposición política y social en el estado de Jalisco, que alcanza incluso a la educación superior pública, la disputa por el poder real en la Universidad de Guadalajara entre el actual rector, Carlos Briseño, y el mandamás Raúl Padilla, se convirtió en guerra. Atizado por los excesos de la ultraderecha, así como por los desatinos de la izquierda y del priismo local, el conflicto cobró ya tal dimensión que hasta podría definir las alianzas partidistas en esa entidad rumbo a la elección de gobernador en 2012...
GUADALAJARA, JAL.- El exrector Raúl Padilla y el actual rector, Carlos Briseño, no sólo se enfrentan por el control de la Universidad de Guadalajara (UdeG), sino que desde ahora luchan por la candidatura al gobierno del estado en la elección de 2012.
Así, 19 años después de que llegó a la rectoría de la segunda universidad pública más importante del país y se convirtió en líder del autodenominado Grupo UdeG, Raúl Padilla se encuentra ante el desafío más serio a su poder: Briseño, a quien él impuso en la rectoría, le declaró la guerra.
Lo insólito es que tanto el priista Briseño como el perredista Padilla se han aliado a corrientes opuestas del panismo jalisciense: el actual rector ha hecho pública su alianza con el gobernador, Emilio González Márquez, y Raúl Padilla López busca, más discretamente, un acercamiento con Francisco Ramírez Acuña, quien fuera gobernador y secretario de Gobernación, y que controla al PAN en la entidad.
La confrontación es abierta. Este mes Briseño declaró que reconocía el papel histórico de Padilla, pero que “quien manda aquí (en la UdeG) ahora, soy yo” (Proceso Jalisco 192, 13 julio de 2008).
A su vez, el más reciente golpe del padillismo contra Briseño fue un desplegado difundido en la prensa local el jueves 24 por el Comité de Análisis Social.
El rector general, dice el documento, “ha llegado a concebir a la UdeG no como una institución académica dedicada al cultivo del saber, sino como una plataforma útil para la consecución de sus objetivos personales, como un instrumento para llegar a la gubernatura de Jalisco (...). Ha hecho vulnerable a la universidad al convertirla en objeto de interés de los políticos y partidos, y en moneda de cambio para sus aliados. De esta manera está posibilitando la intervención de actores ajenos al quehacer universitario”.

El desplegado lleva la firma de 20 investigadores, entre ellos el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Marco Antonio Cortés, y el hermano del jefe político –y también exrector de la UdeG–, Trinidad Padilla.
Poder y dinero están en juego: la UdeG tiene un presupuesto anual de 7 mil millones de pesos y una matrícula de 195 mil alumnos (117 mil 800 de nivel medio) y es la segunda más importante del país, con 78 licenciaturas y seis carreras de nivel técnico superior, 68 maestrías y 25 doctorados. La casa de estudios tiene una docena de centros universitarios temáticos y regionales, así como 51 preparatorias que se niega a ceder a la Secretaría de Educación Pública.
Raúl Padilla encabeza ese imperio. Sus críticos lo atribuyen a que aun después de terminar su mandato (1989-1995) ha mantenido un control absoluto sobre el Consejo General Universitario (CGU) y los dos rectores posteriores a él, Víctor González Romero y Trinidad Padilla López, su hermano.
También domina los sindicatos de trabajadores administrativos y de académicos, y su influencia es determinante en la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que él fundó.
El exrector preside 12 organismos universitarios, entre ellos la Feria Internacional del Libro (FIL), el Festival de Cine, el Consejo Consultivo de Cultura de la UdeG, el fideicomiso del Centro Cultural Universitario y el Teatro Diana, además de coordinar la cátedra Julio Cortázar. El 12 de julio de 2007 fue nombrado por Briseño presidente del Consejo de Administración del Corporativo de Empresas Universitarias, que incluye hoteles, el auditorio Telmex y la Inmobiliaria Universitaria, entre otros negocios.
En su labor de promoción cultural y comercial, Raúl Padilla López ha sido duramente criticado por su obsesión con el negocio de los espectáculos, particularmente por la feria Zapopum!, que opera con números rojos, así como por promover los antros de Calle 2 en la zona de Los Belenes de Guadalajara.
Por si fuera poco, el exrector es el mandamás en el Partido de la Revolución Democrática en Jalisco, y como tal pone y quita presidentes y candidatos. Además, tiene amarres con algunos sectores del PAN, y con el PRI logró un acuerdo para colocar a su gente en la cartera de Cultura de Puerto Vallarta y varios municipios de la zona metropolitana.
Por su parte, Carlos Briseño es egresado de la Escuela de Economía, exmilitante del Partido Comunista, miembro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) –que presidieron los hermanos Raúl y Trinidad Padilla López– y promotor de Arturo Zamora en su campaña para gobernador en 2006.
A un año de que fue nombrado rector, Briseño ya dio un viraje político y pelea con su exjefe Padilla el presupuesto universitario y enderezó tres denuncias penales en contra de notables padillistas, por lo que enfrenta sus airadas respuestas. Hasta el momento se han publicado casi una decena de desplegados en contra del rector.
Nuevo escenario
Para el investigador del CUCSH, Juan Carlos Cornell, “lo que ahora tenemos son dos proyectos políticos con los objetivos puestos en las elecciones de 2012; uno encabezado por Padilla López y el otro por Briseño. Ambos vislumbraron en el contexto estatal la posibilidad de establecer una candidatura ganadora.
“Carlos Briseño tomó la delantera y se apunta como candidato. En el lado opuesto la meta no pasa necesariamente por la candidatura de Padilla; ésta podría recaer en alguno de sus seguidores o uno de sus aliados más cercanos, pero lo cierto es que Raúl nunca consideró tener como competidor a Briseño, quien había sido su protegido y del que fue el principal promotor para ocupar la rectoría de la universidad.”
–¿Padilla se equivocó al nombrar a Briseño?
–Sólo Raúl sabe si se equivocó o no al promover a Briseño para la rectoría. Lo que parece claro es que Briseño se ha convertido en un fuerte competidor de los beneficios que representa tener el control político de la UdeG, cosa que Padilla tendía a monopolizar. Aunque las relaciones entre ambos se deterioran día con día, es cierto que siguen jugando en el mismo equipo.
“Raúl sabe que no puede remover a Briseño tan fácilmente, y éste sabe que el control político del primero tampoco se desvanecerá fácilmente, así que seguramente encontrarán un modelo de convivencia en el que, si bien ninguno de ellos gana, tampoco pierde”.
Las elecciones de 2009, agrega Cornell, probarán la efectividad de la estrategia de cada uno, ya que ambos intentarán fortalecer alianzas con el PRI, el PRD y otros partidos políticos, “aunque cada uno con sus respectivos candidatos y estrategias.”
Por lo pronto, la alianza del priista Briseño con González Márquez es motivo de críticas en el PAN, como la del coordinador de los diputados de ese partido en el Congreso estatal, Jorge Salinas Osornio, quien es la mano derecha de Ramírez Acuña:
“El gobernador debería reconsiderar su alianza con el rector, cuando todo mundo sabe que el poder político real en la universidad es Raúl Padilla. Aparte de eso, Briseño está más preocupado por donarle una página de internet al cardenal Juan Sandoval que por llevarle computadoras a los chavos que están en preparatorias de las zonas con más alta marginación del estado. Prefiere asistir a torneos de golf que invertir en infraestructura deportiva”.
A su vez, el politólogo y escritor Juan José Doñán señala que por mucho que peleen no les conviene ventilar sus pleitos ante la opinión pública, pero “no hay ni a quién irle: se trata del mismo grupo que ha manejado miles de millones de pesos en las últimas dos décadas, pero no ha sabido convertir a la universidad en una institución académica de excelencia”.
El jefe y el aliado
El 9 de junio de 2006 Emilo González Márquez, entonces candidato puntero en la contienda por la gubernatura, arremetió contra los dirigentes de la UdeG. Los calificó como “una burguesía dorada” que no se interesa por las necesidades académicas de la institución, no transparenta sus gastos y se da el lujo de rechazar a 40 mil aspirantes cada año, mientras se involucra en la grilla electoral.
Entre tanto el Grupo UdeG, en vez de ofrecer su apoyo abierto al candidato del PRD a la gubernatura, Enrique Ibarra Pedroza, se volcó a favor del priista Arturo Zamora, sobre quien ya pesaban señalamientos por su presunta relación con el crimen organizado. E incluso por encima de ello hizo campaña contra Emilio González, acusándolo de ser miembro connotado de la organización de extrema derecha El Yunque.
Precisamente esa circunstancia favoreció a Briseño para llegar a la rectoría, “porque se veía como un político peleonero y bravucón que podría responderle a los yunquistas en caso de que se prolongara el enfrentamiento. Aunque yo no estoy de acuerdo con esa versión, sí la sostenían muchos”, asevera el actual rector del Centro Universitario de Lagos de Moreno, Roberto Castelán Rueda.
El caso es que Briseño tuvo el camino prácticamente despejado cuando su rival más fuerte, Tonatiuh Bravo, fue desplazado de la sucesión universitaria y a cambio se le incluyó en las listas de diputados federales plurinominales del PRD.
Posteriormente aparecieron dos nuevos contendientes en el escenario: el entonces vicerrector Raúl Vargas López y el rector del CUCSH, Juan Manuel Durán Juárez. No persistieron mucho tiempo, pues fueron conminados a renunciar. Reacios y molestos, se retiraron de la contienda y así se dejó entrever que el proceso estaba manipulado. Briseño fue así el candidato único para suceder a Trinidad Padilla López.
Antes de tener asegurada la rectoría, Briseño decía a todos que su líder político era Raúl Padilla y nadie más. Sin embargo, en febrero de 2007, cuando ya había sido nombrado rector general de la UdeG pero aún no tomaba posesión, declaró ante los medios locales que él estaba de acuerdo en que se empezaran a cobrar cuotas a los estudiantes de la UdeG que pudieran pagar.
El gobernador electo Emilio González y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez estuvieron de acuerdo en su propuesta, pero el grupo de Raúl Padilla mostró su asombro porque esa opinión de Briseño contradecía el discurso que él defendió por décadas. Dos meses después, el nuevo rector tuvo que dar marcha atrás.
Con todo, el 5 de marzo de 2007, recién instalado en la Casa Jalisco, Emilio González Márquez recibió ahí al nuevo rector general, Carlos Briseño, al rector saliente, Trinidad Padilla, y al jefe político del Grupo UdeG, Raúl Padilla. Se saludaron efusivamente. Briseño declaró que después de la pelea había llegado el momento de sentarse a platicar.
Desde entonces Briseño dejó de aparecer en los periódicos junto a Padilla, pero sí salía en las fotografías junto al gobernador. En varios actos de inauguración de obra pública González Márquez contó con la presencia de Briseño. En reciprocidad, el gobernador acudió a recorridos de trabajo del rector, en particular a la sierra de Manantlán, donde la UdeG maneja en comodato una zona destinada a estudios de biodiversidad.
La ruptura de hecho fue evidente en el primer informe de labores del rector, el 17 de abril de 2008. Raúl Padilla, su hermano Trinidad, Tonatiuh Bravo y el resto de la plana mayor del padillismo no acudieron al Teatro Diana, donde dicha ceremonia se llevó a cabo con el oropel de las viejas glorias priistas.
En contraste, compartían el presidium el cardenal Juan Sandoval, el gobernador de Puebla, Mario Marín, y la presidenta del PRI, Beatriz Paredes. También asistió González Márquez, quien dijo: “Así sea el rector Briseño miembro connotado de El Yunque, y un servidor miembro de la burguesía dorada de la UdeG, seguiremos trabajando en conjunto por el bien de la universidad y de Jalisco”.
Briseño le correspondió. En abril de 2008 el gobernador anunció que otorgaba un donativo de 90 millones de pesos a la Asociación Pro Construcción del Santuario de los Mártires, una iniciativa del cardenal Juan Sandoval. Mientras arreciaban las críticas al panista González Márquez por darle tal uso al erario, Briseño declaraba: “A mí me parece correcto que se trate de impulsar el turismo religioso en Jalisco. Es más, yo voy a dar un donativo de 10 mil pesos de mi bolsa, y voy a proponerles a mis amigos que también contribuyan a tan noble causa”.
El 2 de julio Briseño le confirmó al reportero Felipe Cobián: “Nosotros dijimos que él era de El Yunque y él dijo que éramos de la ‘burguesía dorada’, pero no podemos pelearnos con la realidad. En el trayecto me he encontrado con un panista que es decente, que no roba como otros” (Proceso Jalisco 192).
Conforme se refuerza esta alianza política, recrudece la disputa interna de la universidad. En la Coordinación de Recursos Humanos –oficina aprobada por el CGU el 29 de marzo de 2007– Briseño colocó a Dolores Rodríguez Díaz, su exsecretaria particular, quien tomó el control de la nómina. Hasta entonces la manejaba Gustavo Cárdenas Coutiño, titular de Finanzas y muy ligado a Padilla. Después de algunos jaloneos públicos, el CGU revirtió esa decisión del rector en febrero pasado y el control de la nómina volvió a la gente de Padilla.
A finales del año pasado el rector propuso un proyecto financiero que no sometió a la revisión de Raúl Padilla. En enero, ya fuera de los límites formales, Briseño tuvo que aceptar la presión del jefe político para ajustar las cuentas, pero en ese contexto el rector señaló que se debe revisar si son pertinentes algunas actividades culturales de la universidad. Y el 26 de mayo se manifestó contra un proyecto padillista, la feria Zapopum!, que la UdeG organiza junto con el ayuntamiento de Zapopan y el empresario Jorge Vergara.
Pero el golpe más espectacular de Briseño fue la divulgación de los negocios irregulares que los padillistas han realizado al amparo del prestigiado programa de trasplantes del Hospital Civil, y que involucran al presidente estatal del PRD, Raúl Vargas López, y a Leobardo Alcalá Padilla.
Ambos fueron directores del hospital entre 1995 y 2005. El doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho, quien llevó a cabo los trasplantes, declaró que ellos estaban enterados del cobro discrecional de entre 500 mil y un millón de pesos en el hospital, que es una institución gubernamental gratuita.
Vargas y Alcalá contestaron el 8 de junio. El primero calificó a Briseño de “megalómano, fatuo y petulante”, y el segundo dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier aclaración.
Por su parte, el rector del CUCSH, Marco Antonio Cortés –afín a Raúl Padilla– convocó hace meses a formar el llamado Comité de Análisis Social, y en un desplegado criticó al gobernador González Márquez por el manejo discrecional del erario. El 9 de julio, la plana mayor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) publicó otro desplegado en el que conmina al rector a no meterse con el Hospital Civil.
El martes 15 se dio a conocer la denuncia penal que la UdeG presentó el 7 de mayo en contra de exdirectivos del CUCS, entre ellos Vargas López, por el desvío de 2.5 millones de pesos. El vicerrector Gabriel Torres Espinosa confirmó el miércoles 16 que también en el CUCSH se extraviaron y luego fueron cobrados dos cheques de un fondo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por 813 mil 570 pesos, debido a lo cual se interpuso ya otra denuncia (averiguación previa 2530).
Actualmente, la disputa entre Briseño y Padilla se centra en el presupuesto ampliado de 2008 para la UdeG.

¿Traición a la Patria?

El caso de La Prensa

PGR en fea encrucijada/

Eduardo Cruz Sánchez

La Prensa (www.laprensa.com.ni), 28/07/2008;
nacionales@laprensa.com.ni
“Intenciones de Ortega son equivocadas”
El jurista Alfonso Dávila Barboza considera que el deseo del presidente Daniel Ortega de que se acuse a LA PRENSA por traición a la Patria no se corresponde con lo que establece el nuevo Código Penal sobre ese tipo de delitos.
El penalista Sergio García Quintero insistió en el paralelismo que existe entre la vida de Jaime Chamorro Cardenal con la vida de su hermano Pedro Joaquín.
“Ambos sufrieron presiones, violencia, problemas con la Dirección General de Ingresos, problemas con el papel y la maquinaria y las prisiones. Sería lamentable que vaya a terminar en la misma forma en que terminó el gran drama de Pedro Joaquín”, expresó García Quintero.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, está en una encrucijada: tiene que cumplir con la voluntad del presidente Daniel Ortega de enjuiciar a LA PRENSA por traición a la Patria, un delito que, a juicio de diversos juristas, es inaplicable a este Diario.
Estrada reconoció haber recibido la orden de Ortega y que en estos momentos se encuentra analizando si publicaciones de LA PRENSA, relacionadas con la visita de miembros de las FARC a Nicaragua, “rozan con el nuevo Código Penal o aspectos legales que pudieran rozar en materia de soberanía y en materia de defensa y en materia de defensa del Derecho Internacional”.
El experto en Derecho Penal, Alfonso Dávila Barboza, manifestó que jurídicamente LA PRENSA no ha atentado contra la seguridad del Estado y el artículo 10 del nuevo Código Penal impide a Estrada hacer una interpretación extensiva de esa ley, para crear un delito inexistente.
Dávila Barboza dijo que la amenaza de Ortega es un perjuicio contra la libertad de expresión y en contra de LA PRENSA en particular.
Aseguró no encontrar ningún aspecto legal que permita enjuiciar a LA PRENSA de atentar contra la soberanía nacional, porque Ortega está confundiendo un reclamo legal contra Colombia con el apoyo que él le brinda a las FARC.
El jurista Sergio García Quintero apuntó por su parte, que desde que el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, Director de LA PRENSA, fue condenado por una inexistente injuria en contra de cinco mujeres de los CPC de Rosario Murillo, esposa de Ortega, advirtió un paralelismo con la vida de su hermano Pedro Joaquín Chamorro, quien fue asesinado por denunciar las actuaciones de la dictadura somocista y sus allegados.
Además, según García Quintero, en las declaraciones de Ortega se ve un odio en contra de todos los medios de comunicación, especialmente contra LA PRENSA.
“Se ve como que hubiera algún problema dentro de su sistema nervioso (de Daniel Ortega), que busca enemistades de personas y organismos internacionales importantes, como la Unión Europea. Maldice la vaca, pero se toma muy contento la leche y estira más la mano para pedir más”, dijo García.
García Quintero indicó que Colombia tiene un diferendo limítrofe con Nicaragua que se está ventilando en el más alto tribunal del mundo y no tiene nada que ver con la conducta asumida por el Gobierno de Ortega en relación con el grupo terrorista de las FARC.
También señaló que Ortega no ha querido suscribir un protocolo de la Corte Penal, con sede en Roma, con el cual se pretende darle persecución en todos los ámbitos a organizaciones o personas vinculadas con el terrorismo, uno de los delitos más graves de la actualidad.
Recuerda somocismo
Dávila Barboza recordó que en 1959, cuando Somoza acusó de traidores de la Patria a 108 personas, entre ellas a Jaime y Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, monseñor González y Robleto calificó como una grosería la acusación y el encarcelamiento.
“Ojalá que ahora el cardenal Obando también se pronuncie”, dijo Dávila.
Agregó que todos los periodistas están amenazados con las actitudes de Ortega.
Para acusar a LA PRENSA de traición a la Patria, Ortega se basó sobre las publicaciones de este Diario con relación a las visitas de las FARC a Nicaragua y manifestó que la información se da cuando “de por medio está un conflicto de orden territorial (con Colombia), de soberanía donde tenemos a favor el fallo de la Corte (Internacional de Justicia de La Haya)”.
Chamorro Cardenal contestó a Ortega que el diferendo con Colombia y su apoyo a una organización terrorista son dos temas diferentes.
“Yo más bien creo que lo que puede perjudicar a Nicaragua en el diferendo legal que tenemos en La Haya es esa amistad con guerrillas terroristas narcotraficantes y que además secuestran gente civil”, expresó Chamorro Cardenal, quien recordó a Ortega que ya en 1959 el dictador Anastasio Somoza Debayle lo acusó por traición a la Patria.

¿Corrupción en el INM?

La PGR y Migración, sospechosas en el caso del plagio de cubanos
Ricardo Ravelo
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx), No- 1656, 27/07/2008;

En el caso de la treintena de cubanos supuestamente secuestrados hace más de un mes en el sureste del país (para aparecer, de pronto, en Hidalgo, Texas), la PGR investiga a funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración, dos de ellos cercanos a la titular de esta dependencia, la panista Cecilia Romero, por su presunta colaboración en el plagio. Documentos y declaraciones obtenidos por Proceso –los cuales presentan versiones contradictorias de los hechos– apuntan también a que integrantes de la AFI podrían estar involucrados en el operativo de “rescate”...
Un mes y medio después de que 33 cubanos fueron detenidos por la Armada de México en aguas del Caribe, frente a la zona hotelera de Cancún, para luego desaparecer camino a Tapachula, las investigaciones de la PGR alcanzan a siete funcionarios de Migración, dos de ellos personajes cercanos a la directora del INM, Cecilia Romero.
Acusados de tráfico de personas y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aparecen, en efecto, Tenorio Villegas y Diteo Domingo Domínguez, delegado y exsubdelegado del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, sospechosos de haber contribuido al “rescate” de los extranjeros indocumentados.
Sin embargo, la historia del secuestro de los 33 cubanos –18 de los cuales llegaron a Estados Unidos– y cuatro centroamericanos ha sufrido varios giros en las versiones oficiales, además de que declaraciones de quienes cruzaron la frontera involucran a la propia PGR, pues señalan que los secuestradores o rescatistas eran miembros de la AFI.

Según el expediente PGR/SIEDO/UEITMIO/031/08, al mismo tiempo que funcionarios del INM hacían los trámites para el registro y traslado de los indocumentados de Chetumal a Tapachula, presuntos agentes de la AFI –o Zetas con uniformes de la policía–, en complicidad con altos mandos del INM, maquinaban el rescate de los cubanos para hacerlos llegar a su destino: Estados Unidos.
Pero lo que era un trámite de rutina empezó a enredarse pronto debido a las órdenes y contraórdenes que surgían de las oficinas de Cecilia Romero.
Hasta el 10 de junio (la detención se había producido el sábado 7), la instrucción era precisa: llevar a los indocumentados a un albergue de Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Horas después, se instruyó a las autoridades regionales del INM en Chetumal que los detenidos tenían que ser conducidos a la base del INM de Tapachula, Chiapas.
Tras varias horas de ajetreo, la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio DAJCHT/474/2008, dispuso que los agentes migratorios Carlos de la Parra Vázquez, Juan Carlos Ortega Abascal, Heyder Ignacio Cetina Lugo, Isaías Alvarado del Ángel y César Augusto Velásquez Pulido se hicieran cargo del traslado de los cubanos y centroamericanos a Tapachula.
Ese mismo día, 10 de junio, cuando todo parecía estar definido, la versión de que los cubanos habían interpuesto un amparo detuvo el viaje, y no fue sino hasta poco después del mediodía del 11 de junio cuando el grupo de ilegales abordó el autobús 7710 de la empresa Autotur que los trasladaría a Tapachula para enfrentar allí el proceso de deportación.
Al frente de la misión iban Carlos Javier de la Parra Vázquez –quien estaba adscrito al Aeropuerto Internacional de Cancún– y seis agentes más de Migración.
Con las autorizaciones del caso, José Luis Tenorio Villegas, jefe del Departamento de Regulación Migratoria y Asuntos Administrativos del INM en Quintana Roo, dio la orden de partir hacia Chiapas.
Pero las declaraciones de Carlos Javier de la Parra Vázquez y otros seis funcionarios del INM que se encuentran bajo arraigo de 90 días en el Distrito Federal –por presunto tráfico de personas y violaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada– arrojan otros datos.
Inicialmente, De la Parra declaró que los agentes migratorios nunca tuvieron apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP), a pesar de que se solicitó su ayuda con anticipación.
Conforme a la averiguación previa PGR/CHIS/OCS/34/2008 –rendida ante las autoridades federales de Ocosingo, Chiapas, horas después de que los extranjeros fueron secuestrados–, De la Parra señaló textualmente:
“Deseo manifestar que solicitamos apoyo de la Policía Federal Preventiva en la ciudad de Chetumal, para que nos acompañara a realizar el traslado de las personas, obteniendo una respuesta negativa, no expresa, sino de facto, ya que nunca se presentó el apoyo…”
En otra declaración, ésta rendida dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/031/08, De la Parra Vázquez expuso que, pese a que no los apoyó la PFP, el viaje era en principio tranquilo; tanto, que cerca de las 16:00 horas “nos detuvimos en un restaurante a pie de carretera en el estado de Campeche”, donde se encontraba un retén militar a unos 30 metros de distancia, lo cual serviría para el propósito de seguridad.
Después de comer en el restaurante y de proporcionar alimentos a los extranjeros en el camión, se disponían a reiniciar el viaje cuando uno de los conductores del autobús le consultó a De la Parra Vázquez –de acuerdo con su testimonio y el de otros que fueron rendidos ante la SIEDO– si era posible tomar una ruta alterna para llegar a Tapachula, ya que, según el chofer, se había enterado de un accidente que podría retrasarlos varias horas.
De la Parra Vázquez autorizó el cambio de ruta, y en su testimonio ministerial expresó: …Se le autorizó esta ruta alterna toda vez que esta autoridad no tenía previamente asignada una ruta en específico y sí una comisión con destino a Tapachula, Chiapas, por lo que al cuestionarles por las características de la ruta y condiciones carreteras, el chofer Javier (García Castillo) nos comentó que eran buenas e inclusive más rápido, tomando entonces esta ruta, de lo cual no fue posible dar aviso (a sus superiores) por inconveniencias en la comunicación, toda vez que en la zona no hay recepción telefónica.
Transcurridas unas cinco horas de viaje por aquella vía alterna –que no se precisa en el expediente–, muy cerca de las 21:00 horas, cuando varios de los pasajeros dormitaban, el autobús se detuvo en el tramo carretero Chankalá-Ocosingo, cerca de Palenque. La razón: la carpeta asfáltica estaba bloqueada con varios troncos.
Entonces empezó la pesadilla. Según narran los agentes de Migración, vieron que de los matorrales salieron “varias personas armadas, quienes amenazaron al conductor para que abriera la puerta del autobús, y enseguida abordaron la unidad tres sujetos encapuchados y armados, obligando a los agentes federales y a los conductores a bajar de la unidad”.
De la Parra Vázquez cuenta cómo vivió ese momento: Nos obligaron a bajar del autobús con la cabeza baja y evitando verlos. Al descender nos cubrieron el rostro de diferentes maneras, llevándonos a la parte trasera del autobús, en donde nos despojaron de los celulares, relojes, anillos, cadenas y dinero.
Luego fuimos obligados a internarnos en la selva siendo conducidos, caminando, unos 10 minutos, y luego nos obligaron a tirarnos al suelo manifestándonos que si nos movíamos nos matarían, por lo que permanecimos custodiados cinco horas, durante las cuales sufrimos de frío y picaduras de insectos.
Tras un silencio prolongado presumimos que dichas personas ya se habían retirado, por lo que comenzamos a incorporarnos lentamente y con temor, descubriendo gratamente que estábamos solos; sin embargo, no dejamos de sentir temor, y nos dirigimos a la carretera guiándonos por el ruido de algún automóvil… Al llegar a la carretera nos percatamos de que no estaban el autobús ni los extranjeros, desconociendo la dirección que hayan tomado.
Sin embargo, mientras que el expediente de la PGR no registra que los siete agentes de Migración hayan mencionado que los secuestradores vestían uniformes de la AFI, los choferes del autobús y los 18 cubanos que declararon en Estados Unidos subrayaron ese hecho.
A solicitud de la SIEDO, los cubanos declararon ante el consulado de McAllen y San Antonio, Texas, y sus testimonios coinciden en que el rapto del 11 de junio fue perpetrado por unas seis personas armadas con carabinas que vestían uniformes de la AFI, quienes les dijeron:
“Ustedes no se preocupen, nosotros venimos a rescatarlos…”
Hablan los cubanos
Para los defensores de los agentes y funcionarios del INM ha significado toda una batalla legal tener acceso a las testimoniales de los extranjeros, pues afirman que la PGR ha ocultado el expediente y, sobre todo, las declaraciones de los cubanos respecto de la presunta intervención de agentes de la AFI en el rapto, ya que, destacan los abogados, “no conviene a la PGR que se ventile eso”.
Pese a todo, en una audiencia verificada el pasado 3 de julio ante José Reynoso Castillo, juez séptimo de Distrito, se incluyeron las declaraciones que 18 cubanos rindieron en Estados Unidos, a las cuales Proceso tuvo acceso. Entre los testimonios resalta el de Andrés Delgado González, quien refiere así lo ocurrido aquella noche del 11 de junio:
Cayendo la noche, cuando habían transcurrido unas tres horas, de repente se detuvo la guagua (camión) y subieron tres personas con uniformes oscuros y (en) uno alcancé a ver que decía algo como AFI, quienes traían armas largas como carabinas y pistolas, y cuando se subieron, uno de los oficiales de Migración les dijo que con armas no se podían subir al autobús y uno de ellos le respondió algo como que era un arresto.
Y empezaron a quitarles la camisa y les dejaron la que traían debajo, y con esa misma ropa les taparon la cabeza y los bajaron del autobús e inmediatamente los subieron a una camioneta con cabina…
A su vez, Alfredo Morales Hidalgo, oriundo de Cuba, detalla cómo operó el comando armado que interceptó el autobús:
Cuando de repente el chofer abrió la puerta, subió una persona que iba vestida como con traje de asalto, es decir, un uniforme como de tipo militar de color oscuro; incluso llevaba en el cinto un arma de fuego corta, y de repente observé cómo los agentes de Migración agarraron su maleta y comenzaron a cambiarse de ropa.
En ese momento, esta persona que iba armada se dirige al centro de la guagua y nos dijo que si éramos cubanos, y le dijimos que sí, y en ese momento nos dijo no se preocupen, la cosa no es con ustedes, sino con los de Migración…
Eran como las siete y media de la noche cuando nos llevaron hasta esa habitación de la casa deshabitada y nos sentaron a todos en el piso, y pasaron como dos horas cuando de repente vi cómo pasaron unas personas, quienes llevaban a otras tapadas de la cabeza, encapuchadas para que no pudieran ser reconocidas, y como la habitación donde estábamos no tenía puerta, pues se podía ver hacia el exterior y sobre todo que el otro cuarto donde metieron a estas personas encapuchadas estaba (enfrente) del cuarto donde estábamos y no tenía puerta, pues se podía ver hacia el exterior (…) Puedo asegurar que se trata de los agentes de Migración que iban haciendo la conducción nuestra de Chetumal a Tapachula…
El testimonio de Rolando Torres Vega, otro de los cubanos secuestrados, coincide con la versión de Morales Hidalgo. Afirma que despertó cuando el autobús estaba parado y subió una persona armada…
Nos preguntó si éramos cubanos, y le respondimos que sí. Entonces él dijo que no nos preocupáramos, ya que ellos venían a rescatarnos, y ellos (los miembros del comando armado) eran más de tres personas que iban en unas camionetas, sin recordar las características, pero cuando nos pararon me di cuenta que se veían como luces como de patrullas, es decir, de varios colores que se encendían y se apagaban…
Ante el consulado mexicano en McAllen, Texas, Francisco Reñier Cabrera Navarro, otro de los cubanos “rescatados”, aportó más detalles:
Al llegar a esa casa fue cuando me percaté (de) que (las personas que subieron al autobús) iban armadas, unos con pistola, otros con escopetas, y a los extranjeros nos metieron a un cuarto o habitación y a los de Migración a otra habitación, y esa casa tenía solamente dos habitaciones pero no tenía puerta ni ventanas y estaba en medio del monte, como a 200 metros de la carretera, y nos dijeron tanto a nosotros como a los de Migración que estuviéramos tranquilos, que no nos pasaría nada…
“De víctimas a inculpados”
Tras salir de la casa donde fueron encerrados, los agentes llegaron a la carretera y descubrieron que ya no estaba el autobús, el cual fue abandonado en el ejido Sinaloa, cerca de Palenque, Chiapas.
Entonces pidieron ayuda: alguien les dio un “aventón” hasta Ocosingo. Allí presentaron una denuncia de hechos por el secuestro de los extranjeros, quienes ya se encontraban en trayecto a Veracruz para luego partir hacia Reynosa, Tamaulipas, y posteriormente cruzar a Hidalgo, Texas, donde los cubanos quedaron a salvo.
Tanto ese expediente como las autoridades de Migración establecen que sólo 18 cubanos pudieron cruzar a Estados Unidos, pues de los otros 15 detenidos nada saben, aunque suponen que por otra vía pudieron ingresar a territorio estadunidense, donde se habrían acogido a la llamada “ley de pies secos”.
Otro dato relevante es que, tras el rescate o rapto, los 33 cubanos y los cuatro centroamericanos fueron llevados a una casa de seguridad, donde –según el expediente– los atendió una pareja a la que los declarantes identifican como El Negro y La Negra.
Dicen que esas personas no sólo les brindaron atención en Chiapas, después del secuestro, sino que también aparecieron en Veracruz (donde los cubanos fueron protegidos en casas de seguridad) y más tarde en Tamaulipas. Según dichos testimonios, en esta última entidad El Negro y La Negra les solicitaron sus números telefónicos para comunicarles a sus familiares que ellos, los cubanos, estaban bien y que pronto llegarían a su destino.
Mientras tanto, los siete funcionarios de Migración fueron trasladados de Chiapas a Tabasco y, posteriormente, citados a declarar ante la SIEDO, en el Distrito Federal.
Se quejan de que a pesar de que fueron víctimas del comando armado, fueron retenidos en la Ciudad de México mediante argucias, ya que la PGR los entretuvo hasta que un juez federal otorgó la autorización para que los arraigaran, según ellos, “sin haber cometido ningún delito”.
Tras cumplir un mes en la casa de arraigo de la PGR en la Ciudad de México, los funcionarios de Migración afirmaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron torturados sicológicamente por el comando armado, y que los daños y secuelas continúan debido a las condiciones en que se encuentran.
El 21 de julio, el sicólogo Delfino García Sánchez, experto en sicología clínica, certificó ante la SIEDO que sus pacientes Nadia Guadalupe Poot Hernández, Isaías Alvarado del Ángel y Carlos Javier de la Parra Vázquez sí sufrieron tortura sicológica por parte del comando armado.
En sus conclusiones asienta que las personas citadas “sí presentan secuelas y síntomas sicológicos compatibles a las de las víctimas por tortura sicológica y emocional desde el momento en que fueron interceptados en el traslado de personas hasta el momento actual, (y) dichos síntomas se han agravado por la situación de arraigo en las instalaciones de la SIEDO”.
Este reportero solicitó a la PGR y al INM entrevistas para confrontar las diferentes versiones del caso y precisar diversos datos, pero de ninguna de ambas instituciones obtuvo respuesta.