El diálogo como alternativa de paz: una constante en la política de las FARC-EP/por Jesús Santrich y Rodrigo Granda/Comandantes FARC-EP
Difundido por Abpnoticias.com, 29/07/2008;
“Estamos forjando un Ejército Revolucionario. Ya nos llamamos así. Este ejército puede sufrir derrotas parciales porque así es la guerra, pero jamás podrá ser liquidado.”Jacobo Arenas.
“Estamos forjando un Ejército Revolucionario. Ya nos llamamos así. Este ejército puede sufrir derrotas parciales porque así es la guerra, pero jamás podrá ser liquidado.”Jacobo Arenas.
“Llevamos 41 años de lucha prolongada como organización revolucionaria armada en la cual hemos experimentado varios procesos políticos y etapas de conformidad con cada gobierno, eso sí con conocimiento de causa y convencidos que los esfuerzos de todo el colectivo fariano nos llevarán al triunfo final, mediante un gran movimiento de masas en campos y ciudades…” Manuel Marulanda Vélez.
1. EXPERIENCIAS DURANTE LA RESITENCIA ARMADA COMUNISTA DE LOS AÑOS CINCUENTA:
En 1953 con tono perentorio, amenazando denegar “el derecho de amnistía” y proseguir con persecución implacable la rebeldía, el régimen hizo exigencia de entrega perentoria e incondicional a los grupos insurgentes que desde finales de los años cuarenta venían enfrentando la violencia institucional.
Por entonces la resistencia armada admitió la idea de las conversaciones con su contraparte como alternativa para encontrar salidas a la confrontación. En consecuencia fueron elaborados pliegos de condiciones para pactar el diálogo con los emisarios que los militares estuvieran dispuestos a enviar. De hecho en la mentalidad de los revolucionarios no se admitía la posibilidad de una imposición de desarme incondicional cuando existían razones profundas de orden social que habían dado origen al conflicto. Convenir en ello se entendía como una triste claudicación.
A toda costa los comunistas precursores de la resistencia armada en Colombia buscaron en el sur del Tolima que fuera su Conferencia Regional la que decidiría en definitiva el procedimiento para continuar la luchan, si no se podía proseguir con la resistencia armada en las condiciones de ese momento, al menos se continuaría proyectando la transformación y traslación de lo que pudieran preservar del movimiento.
Efectivamente en aquel año de la dictadura de Rojas Pinilla, quien había llegado al poder con la complacencia del bipartidismo liberal-conservador, se llevaron a realización conversaciones entre gobierno e insurgencia, aún habiéndose dado la situación en cuanto a que la estigmatización de los comunistas era pan de cada día colocando en circunstancias de peligro la situación política de los destacamentos bajo su mando. Recuerda el comandante Manuel Marulanda que “Hasta ofertas de dinero por la cabeza de los dirigentes, a quienes se creía responsables de la orientación de no entregar ni hombres ni armas, eran reiteradas. La verdad es que eran tan tentadoras que nadie podía garantizar seguridad a nadie en medio de semejantes condiciones…”
“Se requirió sangre fría, mucha abnegación y una resistencia moral a toda prueba para dar solución a una situación tan explosiva y extraordinariamente compleja. Es aquí donde el comunista demuestra su capacidad de orientarse y orientar aún en las condiciones del más acentuado aislamiento de sus fuentes partidarias generales o nacionales”.
Sorteadas las posiciones terroristas y liquidacionistas que el gobierno azuzaba contra el movimiento comunista, el Estado Mayor y su Comisión Política asumen los contactos y conversaciones con los militares del Gobierno, “planteándoles una serie de condiciones para lo que podría ser una posible entrega simbólica”, apuntando a ganar el tiempo para que los destacamentos lograran la transformación que posibilitara seguir adelante en el impulso del movimiento amplio de masas, en el lugar que cada uno encontrara apropiado.
Recuerda el camarada Manuel Marulanda en sus “Cuadernos de Campaña” que “El primero de estos destacamentos llegó hasta el Cauca y encontró las condiciones creadas por comisiones anteriores que habían visitado eso sectores, para la creación de lo que se conocen con el nombre de Movimiento Agrario de Ríochiquito…
El comandante Prías Alape continuó el trabajo que un poco más tarde nos permitió fundar Marquetalia en el extremo sur del Tolima”, entre otros lugares en los que se prosiguió en el impulso del movimiento revolucionario.
Este interludio de buenas intenciones y esfuerzos por la paz emprendido por comunistas y guerrilleros de diverso tipo que habían luchado durante varios años por sus vidas y por sus tierras contra la represión gubernamental, pronto se vio aniquilado por los asesinatos que procedieron contra la mayoría de sus dirigentes agraristas o por acciones contra comunidades enteras de campesinos que rehacían sus vidas labrando la tierra, tal como ocurrió con la operación desatada contra el Sumapaz y Villarrica.
En un apretado resumen en su libro Cese al Fuego, el comandante Jacobo Arenas nos recuerda lo ocurrido en el llamado período de la “pacificación” de Rojas Pinilla:
“Las guerrillas liberales se entregaron y entregaron sus armas a instancias de la Dirección Liberal Nacional. Las guerrillas revolucionarias entraron en un período de repliegue pero no se entregaron ni entregaron sus armas. Las guerrillas de Sumapaz no se entregaron, las guerrillas de Marulanda, de Prías Alape, de Trujillo Castaño, en los confines del sur del Tolima y norte del Cauca, no se entregaron; la guerrilla al mando de Alfonso Castañeda "Richar", en Calarma, no se entregó; la guerrilla de Ezequiel Borja en Rovira, Tolima, no se entregó; la guerrilla de Agustín Bonilla "El Diablo", en el Alto Magdalena, no se entregó; la guerrilla al mando de Pedro González, en el norte del Tolima, no se entregó; tampoco se entregaron otras ya bajo dirección revolucionaria. El movimiento de Autodefensa bajo dirección revolucionaria tampoco se entregó ni entregó sus armas.
Las guerrillas de los Llanos Orientales, las de Yacopí, la de Urrao, las de Santander, las de Boyacá, bajo dirección liberal se entregaron y entregaron sus armas. Luego, la mayoría de sus dirigentes y especialmente sus jefes, comenzando por Guadalupe Salcedo, fueron cayendo asesinados a manos de los mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado, por la Policía y el Ejército. Las guerrillas del sur del Tolima todavía al mando de los Loaizas fueron rearmadas por el Gobierno y los mandos militares para la guerra contra las guerrillas revolucionarias”.
Indudablemente las traiciones obligaron a salir del repliegue y a entrar también en procesos del rearme por parte los agredidos. La reactivación de la insurgencia revolucionaria en comandos de resistencia armada fue evidente en el Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia.
Respecto a este momento de reactivación de la confrontación el comandante Marulanda apuntaba que “Se trata de una etapa de lucha armada en la cual los comunistas solos tienen que levantarse en armas contra la represión que se proponía exterminarlos físicamente del territorio nacional. Y una etapa en la cual la lucha fue extendiéndose y contagiando a otros combatientes que se solidarizaron lanzándose a las acciones en tres o cuatro departamentos. Una etapa dura, heroica que contribuyó grandemente al resquebrajamiento de la dictadura militar y en la creación de las condiciones favorables a su derrocamiento”.
Por su parte Jacobo Arenas, escribía al respecto de aquel momento histórico que
“en 1954, luego del asesinato de los estudiantes el 13 de junio en Bogotá, Rojas Pinilla agrede Villarrica, seguidamente el oriente del Tolima y Sumapaz, en tanto las guerrillas dé Marulanda y Trujillo Castaño hacían la pelea en el sur del Tolima y Tierradentro, Cauca. En Villarrica hubo una guerra. La guerrilla actuó conjuntamente con la Autodefensa por primera vez. Hubo 10 mil hombres del Ejército empeñados en la lucha. Las guerrillas y los campesinos de la Autodefensa eran 800. Se peleó hasta con "tramperos"; las escopetas de fisto jugaron su papel, las macocas y con mayor razón los fusiles y una que otra arma automática. La resistencia se prolongó casi por un año. Luego los resistentes fueron copados y se inició lo que se conoce como la columna de marcha hacia San Rafael, en la cumbre del oriente del Tolima y Huila, Guayabero en el Meta y El Pato en el Caquetá, donde florecieron grandes movimientos agrarios. Sumapaz hizo la resistencia guerrillera hasta cuando cayó Rojas Pinilla del poder el 10 de mayo de 1957 y es cuando se inicia la segunda pacificación por la junta de militares que se hizo cargo del Gobierno”.
El movimiento revolucionario que había reemprendido el camino de las armas, vuelve a optar por el diálogo en busca de la paz y, consecutivamente, entra en una nueva etapa de repliegue esperando el cumplimiento de los compromisos que se había hecho el Estado en cuanto a devolver los derechos ciudadanos y comenzar a interesarse por la solución a los problemas producidos por la desatención social. Y es precisamente aquel lugar simbólico fundado por el guerrillero y dirigente comunista Jacobo Prías Alape, Marquetalia, el lugar que se convierte en epicentro de las esperanzas de paz de los combatientes desmovilizados. Tras los acuerdos de paz con el gobierno, producto del diálogo en el que confió la insurgencia, Marquetalia, deja de ser una zona de guerrillas y se convierte en una región pacífica de trabajadores.
Pero nuevamente vendría la hostilidad gubernamental contra el movimiento popular y la traición. Entre los muchos casos graves que obligaron a retomar las armas, se produjo el asesinato a mansalva, por la espalda, a manos de las hordas paramilitares mariachistas del gobierno, del máximo conductor del Movimiento Agrario de Marquetalia Jacobo Prías Alape en enero de 1960. Posteriormente se produjeron los ataques verbales contra esa región agraria a la que los sectores más retrogradas de la oligarquía llamaba Repúblicas Independientes al tiempo que pedían su aplastamiento militar.
Veamos como presenta este período de la lucha de resistencia el Comandante Jacobo Arenas hacia 1984:
“En 1958 llegó a la Presidencia el liberal Alberto Lleras Cámargo. Por esa época, y desde el Senado de la República, Álvaro Gómez Hurtado lanzaba violentas catilinarias contra lo que él denominó "repúblicas independientes"; esto es, contra los movimientos agrarios y de Autodefensa. Ya en el país, por parte de los altos mandos militares reaccionarios, no sólo se desarrollaba la teoría sino la práctica de "guerra preventiva", ahora, "guerra interna", bajo la doctrina de la llamada Seguridad Nacional.
El 2 de enero de 1960 cae asesinado por "pájaros" oficialistas liberales al mando del architraidor José de Jesús Oviedo, alias "Mariachi", el gran comandante de guerrillas revolucionarias Jacobo Prías Alape. La tropa llegó a Gaitania a soliviantar al mariachismo liberal y hubo escaramuzas de combate con los guerrilleros de Marquetalia, pero de pronto la agresión fue suspendida.
El 8 de enero de 1962 intempestivamente el Ejército volvió a agredir a Marquetalia y de un momento a otro el operativo fue suspendido y retirada la fuerza pública. El Presidente de entonces era Alberto Lleras Camargo.
Álvaro Gómez Hurtado, otros senadores y representantes reaccionarios, la gran prensa y los altos mandos militares, vuelven a su virulenta campaña contra supuestas "repúblicas independientes" y hay en curso en la cúpula militar ya no sólo la "teoría de la guerra preventiva", sino planes concretos, objetivos determinados con absoluta precisión mediante la acumulación, procesamiento, evaluación y especificación de la inteligencia de combate, y el 27 de mayo de 1964, hace 20 años, bajo la Presidencia del conservador Guillermo León Valencia, comenzó en regla la "Operación Marquetalia", bajo los lineamientos generales del plan LASO, o Latín American Security Operation", para que de una vez por todas quede claro de dónde partieron en última instancia, las órdenes de la operación militar.
Marquetalia es, pues, el símbolo de esta ya prolongada etapa del movimiento guerrillero moderno en nuestra patria. Allí mostró la guerrilla revolucionaria de lo que es capaz un núcleo de combatientes con conciencia política, con definición clasista, altivo y beligerante; de lo que es capaz un núcleo de vanguardia, un núcleo armado y peleador que pone en su accionar el arte de la guerra de guerrillas móviles. Y fue un reducido núcleo de 45 hombres el que enfrentó a 16 mil hombres del Ejército”.
Como podemos observar, entonces, desde antes de su fundación, desde los tiempos de los precursores de la resistencia armada comunista en Colombia, las FARC-EP siempre, y a pesar de la maleficencia del régimen, han observado los diálogos de paz como un espacio para buscar la concertación en torno a la justicia social. Por ello, las puertas al diálogo constantemente han estado abiertas, no obstante, tal como lo recuerda el Secretariado nacional de nuestra organización insurgente en Carta Abierta dirigida al país, a los sectores patrióticos y democráticos de las tres ramas del poder público, en los primeros meses del 2007, “la paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos. No ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente y tras las garras del águila imperial.
La Uribe, Caracas, Tlaxcala y San Vicente, fueron oportunidades perdidas porque las oligarquías en el poder sólo querían la desmovilización de la insurgencia sin cambios en las estructuras”.
En los períodos de negociación se han ratificado los objetivos sociales de la lucha guerrillera en tanto los planteamientos de quienes nos hemos alzado en armas siempre han apuntado no a buscar soluciones o prebendas para los combatientes sino a encontrar salidas al conflicto político-social y armado con la participación decidida de la población. En fin, entendemos que la solución política del conflicto social y armado debe ser propósito de todos los colombianos en todos los tiempos; pero deberemos tener claro que este no es asunto que se pueda manejar sólo con nuestras buenas intenciones y nuestros mejores deseos, puesto que los gobiernos, en sentido contrario a nuestros anhelos, como ha quedado demostrado en la práctica, incluso han utilizado los diálogos como estratagema para ganar tiempo para hacer la reingeniería del ejército que les permita continuar su siniestro juego de aventuras militares, en la búsqueda del aplastamiento bélico de la inconformidad, y no de soluciones sensatas a los problemas sociales que han engendrado el conflicto.
La lógica oligárquica que responde a una mentalidad mezquina y militarista, como lo recuerda la Dirección insurgente en la misma nota citada, ha traído consecuencias nefastas para el país: “cinco décadas perdidas, cientos de miles de muertos, miseria, soberanía mancillada, dependencia y falsa democracia, han sido el resultado del terco empeño de aniquilar por la vía de las armas la inconformidad del pueblo. Todas las operaciones militares, del 64 al 2006, desde el Plan LASO hasta el Patriota de los gringos, terminaron en el fracaso. Todos los presidentes desde Guillermo León Valencia hasta Uribe se fijaron plazos breves para la derrota militar de la guerrilla, y terminaron tras una ilusión”.
Por ello en a medida en que se ha desbocado el guerrerismo del uribismo, aupado por Washington, sus trasnacionales del dólar y el gran poder mediático de la desinformación y la manipulación se profundiza el convencimiento en que la paz con este gobierno es un quimera; habría que concertar en la instauración de un nuevo gobierno para poder emprender la anhelada construcción de la paz dentro del rumbo de la justicia social, que es un derecho sagrado de los pueblos.
Recordar otras experiencias de diálogos y lo que motivó el fracaso en cada uno de ellos nos podría contribuir a tener una visión más clara de los derroteros a seguir en esta lucha por la solución dialogada a la confrontación, que de ninguna manera debe cesar en la conciencia de quienes en Colombia luchamos por la posibilidad de un mundo mejor para todos.
2- LA URIBE, LA PAZ MASACRADA.
Uno de los diálogos más importantes se dio en los años ochenta durante el gobierno de Belisario Betancur, cuyos acuerdos, los de La Uribe (1984), de por sí demuestran la preocupación de la insurgencia por concertar la paz pero con el significado de lograrla con la instauración de la justicia social y con la apertura de caminos hacia la participación del pueblo en la orientación de los destinos del país.
Las “buenas intenciones” de Belisario Betancur y su Comisión de Paz, no bastaron para que el Régimen adoptara una posición consecuente con lo pactado en La Uribe. La confabulación del militarismo con los sectores más regresivos del Establecimiento puso en marcha sin sonrojo la “guerra sucia” conjugada en una operación exterminio que apuntó contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en principio, para luego extenderse a todos los sectores de izquierda, al movimiento sindical, a dirigentes liberales y conservadores progresistas, a defensores de derechos humanos y, en fin, a representantes y voceros populares, contando sin duda con la complicidad inocultable del Presiente Betancur Cuartas.
Refiriéndose a esta terrible circunstancia de profundización de la guerra sucia a la que arribaba el país, el Estado Mayor de las FARC-EP, en carta abierta de febrero 24 de 1987 dirigida a Enrique Santos Calderón –quien desde el insidioso periódico derechista El Tiempo “indagaba” sobre el estado del proceso de paz contra el que con constancia editorializaba y sembraba cizaña - expresaba:
“(…)los grupos paramilitares, los militares reaccionarios provocadores de la confrontación armada en diversos lugares del país y particularmente en áreas guerrilleras, las torturas, las desapariciones de personas y los asesinatos de ciudadanos que configuran el marco sombrío de un estado de violencia y corrupción antes no conocido en la historia del país no son propiamente la guerra conocida como tal sino “acciones de guerra sucia”, o sea, la puesta en práctica de un plan de terror fascista, igual a los que sufrieron en carne propia los países del Cono Sur…”
Y más adelante apunta con certeza:
“Este proceso de paz iniciado 14 meses antes de la firma de los acuerdos de La Uribe, precisamente el 30 de enero de 1983, desde el primer momento halló enemigos irreconciliables que albergan todavía mucho poder. Todo el mundo sabe que se trata del militarismo. Y todo el mundo puede sin la menor dificultad señalar con el dedo a sus principales epígonos al mando de la maquinaria bélica del Estado…”
A pesar del alto mando militar, a pesar de todas las adversidades, los acuerdos de La Uribe y el proceso de paz intentado alrededor de lo pactado fue una experiencia en la que el país pudo observar de manera más clara los propósitos altruistas del movimiento guerrillero, y sobre todo sirvió para mostrar que aún se podía abrigar la “posibilidad de derrotar la guerra con la paz” (J. Arenas).
¿Pero que reformas era las que planteaban las FARC? Sencillamente transformaciones políticas, económicas que se compendiaban en un programa de gobierno que apuntaba a tomar un camino de justicia social como la posibilidad cierta que podría extirpar el hambre, la violencia, la guerra…
Dentro de esa perspectiva, en la Comisión Nacional de Verificación de cese al fuego, tregua y paz, uno de los aspectos que se consideraba prioritario era cesar el estado de sitio que durante décadas se mantenía por cada gobierno oligárquico.
La orden de cese al fuego de parte de las FARC y del gobierno, se dio el 28 de mayo de 1984, con el inconveniente que a partir del mismo día, como si hubiese lineamientos diferentes entre las instancias civiles y las militares del Estado, recuerda Jacobo Arenas en su libro Cesa al Fuego que “el Ejército desplegó operativos contraguerrilleros en los frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 10 frente en Arauca, en el 21, 22 y 23, en el 4, el 12 y el 20 frentes en el Magdalena Medio, en el 3 y en el 13 frentes en el Huila, y dispuso operativos en ante-orden contra todos los demás frentes de las FARC en el país”. Se trataba de una evidente violación de los acuerdos de La Uribe y de la orden presidencial de cese al fuego de parte del Ejército, ordenada mediante circular pública por el general Vega Uribe, la cual tuvo amplia circulación en la prensa del primero de junio de l984:
‘‘Las Fuerzas Militares continuarán tal como se ha dispuesto intensificando hasta el momento en que las organizaciones subversivas de las FARC tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia, de combate y control militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo”.
Desde el principio de la tregua, entonces, so pusieron en marcha las acciones para romper los acuerdos de La Uribe y bloquear un posible tratado de paz democrática, estable y duradera en Colombia, para impedir el emprendimiento de lo que por entonces se pretendía como “apertura democrática” que garantizara la movilización de las masas para la lucha por una reforma de las costumbres políticas excluyentes.
Los enemigos del proceso de paz, civiles y militares, embebidos de las concepciones militaristas de la Doctrina de la Seguridad Nacional tomaron el articulado de la misma constitución Política para justificar su guerrerismo, y tomaron también la permanencia del estado de sitio para proseguir su guerra sucia mediante asesinatos de campesinos y gentes del pueblo, de dirigentes revolucionarios comunistas y de otras organizaciones que creían en el proyecto de pacificación y transformación social por vías diferentes a la guerra.
Por entonces, al lado de los asesinatos y masacres, se dispararon las detenciones arbitrarias, las desapariciones, y la tortura, y en general protagonizadas por elemento s de las Fuerzas Militares y paramilitares del estado, como ocurría con escuadrones de la muerte del tipo del tristemente celebre MAS.
De manera perseverante y durante varios trágicos años de luto, la Unión Patriótica, diversas organizaciones democráticas y claro está que las FARC, levantaron sus voces por la culminación inmediata del estado de sitio que mientras servía de mampara a la acción represiva contra el movimiento popular, nada hacía contra la violencia terrorista de Estado.
Contra la llamada democracia restringida, que en realidad era una total ausencia de democracia, se persistió en la lucha por la apertura democrática que se tradujera en la instauración de la justicia social en libertad y dignidad. La militancia de la UP., se mantuvo dentro de tales propósit6os a costa de un martirologio sin precedentes en la historia de Colombia. Hacia finales del 86 el listado de asesinados ya pasaban de mil víctimas, número que fue creciendo incesantemente hasta alcanzar la escalofriante cifra de más de cinco mil sacrificados.
Una idea de justicia, un pensamiento de progreso para la patria, una propuesta para que Colombia se convierta en la nación grata para sus habitantes, era lo que se anhelaba por parte de los combatientes y las personas que impulsaron el proyecto Unión Patriótica. Y de manera certera se reafirmaba algo que trasciende en el tiempo para colocarse como una necesidad del presente: “para alcanzarlo, será necesario unirnos para la batalla contra la teoría de la Seguridad, que es la nueva concepción fascista del Estado”.
Desde los tempranos inicios de la matanza, perseverando en la paz, pero con los pies puestos sobre la realidad del genocidio que aceleradamente imponía el régimen, desde la Uribe en el departamento del Meta, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Raúl Reyes y Alfonso Cano, a nombre del Estado Mayor Central de las FARC-EP, en octubre de 1984, planteaban: “Sin derrotar aquella teoría y aquella práctica siniestras que convirtieron a Chile, a Brasil, a Argentina, al Uruguay y a casi todos los países del Sur y Centroamérica en pantanos de sangre, toda buena voluntad, todo esfuerzo, todo empeño generoso y pacífico serán inútiles porque la fuerza bruta encaramada en el poder militar lo harían todo nugatorio, y Colombia no lograría conquistar la anhelada paz. Si esto es así, unámonos para la batalla contra la teoría de la Seguridad, llevando aliento a nuestro pueblo para que se alce a la conquista de una verdadera paz democrática para Colombia”.
Como hoy, con la llamada Seguridad Democrática que es sin duda extensión y desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional, las hordas de generales, altos oficiales y jerarcas de la oligarquía al servicio del capital financiero y el imperialismo en general propulsaban la guerra empujando al pueblo a asumir la lucha armada como una de las necesarias formas principales de lucha. Por entonces Jacobo Arenas advertía “y cuando la lucha armada popular se torne la forma principal de lucha de nuestro pueblo, ni siquiera el poder de los Estados Unidos podrá aquí sostener a la horda gesticulante de generalitos paranoicos al servicio exclusivo de los monopolios financieros y florecerá en nuestro país, quieras que no, un régimen nuevo”.
En un balance breve del “proceso de paz” iniciado con Belisario Betancur, el mismo comandante guerrillero Jacobo Arenas expresa:
“Los acuerdos de La Uribe despertaron de la modorra frente nacionalista la opinión colombiana porque había que parar la guerra que casi llega al cuarto de siglo (…)
Surgió la exigencia histórica para quienes entendieron el proceso de paz y el proceso de reconciliación nacional. Y entre todos hicimos una jornada antes no conocida en la historia de las confrontaciones políticas y sociales de esta nación (…). Hasta allá llegamos en el cuatrienio de Belisario Betancur.
Y claro está aquella jornada tuvo como tiene ahora enemigos que albergan mucho poder comenzando por el militarismo (…); contra aquellas fuerzas se hizo el enfrentamiento no armado sino político y el pueblo colombiano ganó un formidable espacio en la opinión.
Luego viene el gobierno de Virgilio Barco, mucho más de derecha que el gobierno conservador de Belisario Betancur y el proceso de paz sufre las más furiosas acometidas del militarismo que pone en acción contra el proceso de paz a la reacción más oscurantista …”
En efecto, durante el gobierno de Virgilio Barco, la “guerra sucia” se desbocó, y el protagonismo del alto mando militar en el desenvolvimiento del terrorismo de Estado aupado desde Washington y en el cual estaba involucrada la dirigencia política bipartidista, liberal-conservadora, cada vez fue más recrudecido.
3. SANTO DOMINGO: PAZ PARA DERROTADOS.
Hacia la segunda mitad de su gobierno, Virgilio Barco presenta su plan oficial de desmovilización y entrega en medio del desarrollo de la “guerra sucia”. Este plan concebido para movimientos insurgentes derrotados o cansados de la lucha fue acogido por el M-19 y posteriormente por movimientos como el EPL, PRT y Quintín Lame, los cuales terminan sometidos a las condiciones del plan, dan el paso a la “reinserción” y a su fusión al Régimen, sin que ello arroje la solución de los problemas sociales del país, sino el acomodamiento de algunos de sus dirigentes que pasaron a representar posiciones que en nada divergían de las de los voceros de la oligarquía tradicional. El sometimiento al régimen por parte de Antonio Navarro Wolf, Vera Grabe, Rósemberg Pavón, Ester Morón, Éberth Bustamante, Otty Patiño y otros especimenes de la fauna del oportunismo político, bien podrían haber avergonzado a revolucionarios de la talla de Jaime Báteman que antes confiaron en ellos y dieron sus vidas por un cambio social en Colombia.
Es apenas natural que bajo aquellas condiciones de rendición o las que le impusieron al Ejército Popular Liberación de la línea del agente Bernardo Gutiérrez, o a la Corriente de Renovación Socialista, en diversos escenario, con la pretensión gubernamental de que fueran una fórmula de paz para el conjunto del movimiento guerrillero, sin que se produjeran variaciones de ningún tipo en las estructuras sociales injustas y por el contrario se agravara la represión y la explotación oligárquica, las FARC despreciaran tales iniciativas.
4. LA CONSTITUYENTE: ¿POSIBILIDAD DE PAZ?
En el ocaso de su mandato, Barco hace una tímida propuesta sobre configurar una Asamblea Constitucional que planteaba muy limitada en el número de sus miembros y en su temario que, colocándose bajo la tutela de La Corte Suprema de Justicia, pretendía ponerle freno a los ímpetus transformadores del pueblo colombiano.
Las FARC expresando el consenso de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), manifestaron lo siguiente:
“Consideramos inaplazable que el país se dé una Nueva Constitución Nacional que refleje la realidad de la Nación. Una nueva Carta que destierre las concepciones gringas de la Seguridad Nacional en el manejo del Estado y llene de patriotismo el principio de soberanía, que abra las puertas hacia la reconquista de la democracia con plenas y reales garantías para el libre ejercicio de las libertades, con justicia social y con una política económica que nos libre del yugo de la deuda externa, que posibilite la expansión de las fuerzas productivas y la utilización de los recursos naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto”.
En el mencionado período constituyente la CGSB, y dentro de ella las FARC-EP, insistieron más que nunca en el protagonismo directo de las masas populares, por ello hablaban con vehemencia de una CONSTITUYENTE en la que “el país entero aporte democráticamente a la elaboración de una Nueva Constitución que sea fiel intérprete de la realidad nacional y proyecte al país a enfrentar con confianza los retos del próximo siglo”.
Mientras se impulsaba el proceso constituyente, por otro lado el gobierno preparaba la más feroz conjugación del planteamiento contra-insurgente militarista. El Presidente Gaviria no permitió el acceso de la Coordinadora Guerrillera al proceso; le había cerrado las posibilidades de participación reconociendo como dialogantes solamente a los grupos guerrilleros que habían negociado con el gobierno o estaban en trance de incorporación a las condiciones del Régimen; había hecho caso omiso al cese unilateral de fuegos que por entonces las FARC-EP habían propuesto para ambientar un nuevo clima de diálogos, y persistía en su política de “manos libres” a los mandos militares para que hicieran presencia y actuaran en cualquier parte del territorio sin pedir autorización.
La oligarquía logró controlar la correlación de fuerzas y en cabeza de Gaviria Trujillo y el generalato, inauguraron la década con el recrudecimiento de la confrontación armada. Al tiempo que el final de 1990 marcaba un importante cambio en la situación política nacional con las expectativas de la Constituyente, se producía la irrupción de una nueva fase de la lucha armada azuzada por el ataque a Casa Verde, por entonces sede aún del Secretariado nacional de las FARC.
Refiriéndose a esta aventura militar del Régimen, el Partido Comunista en un Pleno realizado a principios de 1991 señalaba:
“A la luz del ataque a Casa Verde, el tema candente de la táctica de la combinación de las formas de lucha de masas ha vuelto a ponerse al orden del día. Lo cierto es que en esta etapa y al lanzar súbitamente el golpe militar el mismo día de las elecciones el régimen comprobó ante los ojos de la Nación que es de su propia sustancia política barajar y echar sobre la mesa diversas cartas, desde la electoral hasta la militar, utilizándolas de manera simultanea, como ocurrió el 9 de diciembre.
De esa manera el gobierno Gaviria buscaba obtener un triunfo doble: en el campo electoral y en el campo militar, legitimando con una votación abrumadora por la Constituyente la ruptura de la tregua que las FARC pactaron desde 1.984 con el gobierno Betancur y que había permitido el diálogo intermitente entre la guerrilla y el gobierno.
El cálculo de los Generales falla. Y la resonante operación “Centauro Dos” con sus millonarios gastos, quedó como un grave error de este gobierno, que a tiempo que habla de paz ejecuta la guerra…”
El recrudecimiento de la confrontación atizada por la desmesurada falta de tacto gubernamental que subvaloró la capacidad militar insurgente arrojó millonarias pérdidas a la economía nacional y ratificó el fracaso de la opción militarista como mecanismo de solución al conflicto; una respuesta guerrillera a la obstinación gubernamental en las medidas de fuerza como la desplegada en 1991 no había tenido precedentes en Colombia. Esta evidenció el desarrollo cuantitativo y cualitativo que ya poseía el movimiento armado, y en cierta forma obligó al gobierno a atender los llamados de diálogo de la guerrilla que posteriormente –no obstante el recrudecimiento de la guerra-, interpretando el clamor popular de paz, hizo a través de sus voceros en la Embajada de Venezuela en Bogotá.
5. CARACAS: LA GUERRILLA INSISTE EN LA PAZ.
El 30 de abril de 1991, ante la negativa del gobierno a darle paso a un proceso de conversaciones con la CGSB, tres miembros de la organización insurgente, desarmados, en compañía del ex-Ministro y Constituyente Álvaro Leyva, de los parlamentarios Rafael Serrano y Jesús Carvajal (integrantes de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes), y de Hernán Mota, Presidente Encargado de la Unión Patriótica en ese momento, se presentaron en la Embajada de Venezuela en Bogotá para expresar al gobierno, nuevamente, la disposición de diálogo del movimiento guerrillero.
El gobierno, argumentando que éste era un hecho de fuerza, se mostró negativo ante aquella iniciativa que se daba en un momento crucial de la vida política del país. Ante tal situación los guerrilleros se ven obligados a optar por el asilo político no sin antes enviar un “Comunicado al Pueblo Colombiano” que en algunos de sus puntos expresaba:
“Consideramos que al frustrarse una vez más nuestro esfuerzo por la reanudación de las conversaciones, el gobierno de Colombia está dilapidando una gran oportunidad para alcanzar la paz en nuestra patria y entendemos así que la administración del Señor Presidente Cesar Gaviria Trujillo, será la única responsable de sus consecuencias. Estamos convencidos plenamente que el destino final de Colombia no puede ser la guerra…”
Luego de los acontecimientos anteriores que contaron con la insistencia de la CGSB en los diálogos, ya estando los voceros de la guerrilla en Caracas, el gobierno dio el sí a las negociaciones a través de la Embajada de Colombia en Venezuela.
El diálogo de inicio se dio en la municipalidad colombiana de Cravo Norte, el 15 de mayo, entre los voceros de la guerrilla Lucía González, Daniel Aldana y Miguel Suárez y los delegados del Gobierno Carlos Eduardo Jaramillo y Andrés González. De este encuentro surgió el primer acuerdo que condujo a Caracas como nuevo lugar de conversaciones.
En Caracas, desde el pronunciamiento de los discursos inaugurales por parte de los dialogantes comenzó a notarse el enfoque radicalmente diverso de la problemática que tenía cada una de las partes.
Los conflictos sociales presentados en Venezuela con origen en los profundos problemas de injusticia social que generó la aplicación del neoliberalismo y que arrojaron, con el tiempo, la salida del sanguinario Carlos Andrés Pérez del poder, obligaron a que las negociaciones tuvieran que desplazarse a Tlaxcala (México).
6. TLAXCALA: LA PAZ FRUSTRADA.
Las negociaciones de Tlaxcala son la continuación del mismo proceso iniciado en Caracas.
Desde el principio, la guerrilla había insistido en la necesidad de la participación amplia de las masas populares a través de diálogos regionales en torno al aspecto del cese al fuego, expresando que éste debía ser bilateral para que fuera real y práctico. Se había propuesto celebrar tres “encuentros nacionales” que trataran los siguientes temas globales:
- Violencia política y derechos humanos.
- Corrupción administrativa.
- Política de administración de los recursos naturales (especialmente del petróleo).
Ese era el deseo con el que de buena fe actuaba la CGSB; pero la realidad que se desarrollaba era otra. Pues aunque teníamos esa idea lamentablemente el núcleo principal del gobierno cedió a las presiones de los elementos más recalcitrantes de las Fuerzas Armadas, cuya decidida oposición a las negociaciones de Caracas era notoria.
Así, la unilateralidad guerrillera de cese de fuegos era impensable bajo aquellas circunstancias. Por ello, en México la CGSB de entrada reiteró la posición de que el cese de los fuegos debía ser necesariamente bilateral y que éste no tenía por qué ser el punto de arranque sino el conclusivo de las negociaciones, y que en lo fundamental había que entrar a tocar factores de fondo de la crisis nacional y que trasciende lo exclusivamente militar.
Los conatos y amenazas de terminación del diálogo nuca cesaron por parte de los voceros gubernamentales argumentando pretextos que jamás podían superar el imperativo de la urgencia y necesidad de las negociaciones, hasta que se produjo el deseado –para los militaristas- rompimiento del proceso.
En verdad este capítulo de la historia política colombiana dejó una nueva experiencia en torno a las dificultades que comporta un proceso de reconciliación en Colombia.
Si bien la insistencia ciudadana y las exigencias de diálogo de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar obligaron al gobierno a sentarse a negociar en las mesas de Caracas y Tlaxcla, las vacilaciones, autoritarismo e intolerancia oficiales hicieron desvanecer esas posibilidades de reconciliación. La perspectiva del gobierno se orientó no hacia la concertación en torno a compromisos que favorecieran al pueblo sino hacia la búsqueda de la rendición y entrega de los alzados en armas sin entrar a solucionar la razón de ser de su existencia consistente en los viejos y profundos problemas políticos económicos y sociales que agobian al país.
Aquél proceso, de todas maneras, sirvió para mostrar nuevamente el sentido altruista de la guerrilla colombiana, expresado en sus profundas preocupaciones sociales, que se mantienen como una finalidad irrenunciable de la táctica y la estrategia de la lucha guerrillera que fuera ratificada en la Octava Conferencia de los farianos en la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional.
En el proceso de la lucha, sea con el diálogo o de la manera como lo imponga la oligarquía, vale tener presente que nunca pierden vigencia las palabras de Jacobo Arenas que nos enseñan que:
“Los reaccionarios, cuya filosofía brota de la Doctrina de la Seguridad, ya no como concepción partidista sino como concepción de Estado, desencadenan por cuenta de la maquinaria bélica la llamada guerra interna, ahora denominada conflicto de baja intensidad con el objeto claro y preciso de impedir las luchas sociales y políticas para el progreso social. Toda acción por pacífica que sea, toda movilización, toda lucha es “subversión” y se hace necesario aplastarla en su gestación. Y como la lucha por la paz es “lucha”, ésta para el militarismo es la más peligrosa forma de subversión. Colombia sufre desde hace tiempos inmemorables el Estado de Sitio. La inmensa mayoría de la gente colombiana padece hambre en tanto una oligarquía voraz se hace a la riqueza nacional, arma hasta los dientes a sus lacayos y les encarga hacer la guerra sucia a fin de asegurar para siempre la defensa y el dominio de sus corruptos intereses.
El retorno a la paz democrática no será posible sin el desmonte de la Doctrina Fascista de la Seguridad y la re-educación de los personajes civiles y militares que la encarnan. La maquinaria bélica actual del Estado colombiano es un monstruo dispuesto a hundir al país en la violencia y el temor al precio que sea…” (Jacobo Arenas, septiembre 1 de 1988).
He aquí, entonces, algunos elementos que muestran, en este recorrido sucinto, que la búsqueda de la paz es una constante dentro del proceso de lucha revolucionaria de los guerrilleros de las FARC, pero que en contrasentido actúa el régimen tratando de sacar ventaja en cada intento de diálogo que emprende la insurgencia. En tal sentido, el proceso instalado a partir del 7 de enero de 1999 en la región del Caguán comprometió en su momento a todo el interés y el empeño por sacarlo adelante por parte de los farianos, en el entendido que nuestra historia es la historia de la lucha por la paz de los oprimidos. Así, nuestros anhelos y nuestros esfuerzos por la paz mostraron en cada momento estar cargados de esperanza en su posibilidad, pero con un optimismo realista que desprecia la ingenuidad; de un optimismo que nos empuja a mantenernos en el propósito del diálogo pero sin perder de vista el carácter tradicionalmente violento de una oligarquía sumisa a Washington que es arrogante frente a sus compatriotas pero arrodillada frente a los intereses y exigencias de las transnacionales del dólar y la expoliación.
No obstante los tropiezos en la marcha sobre el intrincado camino de la búsqueda de la paz con justicia social, aún después del rompimiento de los Diálogos del Caguán por parte del gobierno del Presidente Andrés Pastrana, las FARC, en su Novena Conferencia de principios del 2007, expresaron su posición nítida respecto a una persistencia en buscar salidas dialogadas al conflicto, reconfirmando en ello que se trata no de una actitud de coyuntura sino de principio y profunda convicción. Cerremos esta nota citando un aspecto principal de su Manifiesto Político de 2007, que demuestra esta afirmación en la caracterización de la línea política estratégica de nuestro ejército popular bolivariano:
“mantenemos levantada la bandera de la solución política a la crisis, que con la participación mayoritaria de los colombianos, pueda definir soberanamente la construcción de una nueva institucionalidad, de profundo contenido bolivariano como la señalada en la plataforma para un nuevo gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional, que enrumbe a Colombia hacia el ejercicio pleno de todo su potencial democrático y progresista.
Dentro de ese mismo espíritu reiteramos nuestra propuesta de canje de los prisioneros políticos. Para iniciar conversaciones es indispensable que el Estado ofrezca las garantías necesarias. La justificación para no otorgarlas solo esconde el ánimo revanchista de un gobierno incapaz de aceptar la realidad de la confrontación, que juega temerariamente con la libertad y vida de los prisioneros y es mezquino con el futuro de la Patria.
El Plan Colombia y el Plan Patriota fracasaron y solo han servido para facilitar la mayor ingerencia y presencia del gobierno gringo en nuestro país, para incrementar la represión y el terror hacia los contradictores civiles del Régimen, para alimentar más a los corruptos de la administración, someter a los medios de comunicación y militarizar la vida nacional.
La Novena Conferencia Guerrillera reitera, una vez más, el juramento fariano de lucha por una Colombia democrática, soberana y con justicia social. Nuestra voluntad por contribuir a alcanzar ese objetivo se ha dimensionado al calor de la confrontación actual. El balance sobre el cumplimiento de los planes fijados en la Octava Conferencia es positivo, nuestra fuerza política y militar se ha acrecentado lo que es inocultable para los colombianos que no se conforman con la información oficial sobre guerrilleros muertos, prisioneros y desertores. Nuestra fuerza está activa y pujante en todo el territorio nacional, el país y la comunidad internacional lo saben.
Continuaremos desarrollando la construcción clandestina de Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia como herramienta vital que lleva nuestra propuesta política a las masas, por organizar anhelos y sueños alrededor de acciones y tareas diarias en todos los sectores que quieren conquistarlos.
Persistiremos en la organización y fortalecimiento del Partido Comunista Clandestino como instrumento indispensable en la lucha por el poder y por la construcción de la nueva Patria.
Proseguiremos incansables nuestro esfuerzo por la unidad más amplia contra el terrorismo del Estado, la indignante ingerencia gringa, el abominable neoliberalismo, la lacra del latifundismo y el cáncer de la corrupción. Por encontrarnos con todos aquellos que luchan buscando los mismos objetivos en diferentes escenarios y modalidades. Persistiremos en nuestro compromiso con la unidad popular y democrática por la nueva Patria. Ninguna salida verdaderamente democrática, patriótica, de profundo contenido popular a la crisis nacional, podrá adelantarse en nuestro país sin la plena participación de las FARC.
1. EXPERIENCIAS DURANTE LA RESITENCIA ARMADA COMUNISTA DE LOS AÑOS CINCUENTA:
En 1953 con tono perentorio, amenazando denegar “el derecho de amnistía” y proseguir con persecución implacable la rebeldía, el régimen hizo exigencia de entrega perentoria e incondicional a los grupos insurgentes que desde finales de los años cuarenta venían enfrentando la violencia institucional.
Por entonces la resistencia armada admitió la idea de las conversaciones con su contraparte como alternativa para encontrar salidas a la confrontación. En consecuencia fueron elaborados pliegos de condiciones para pactar el diálogo con los emisarios que los militares estuvieran dispuestos a enviar. De hecho en la mentalidad de los revolucionarios no se admitía la posibilidad de una imposición de desarme incondicional cuando existían razones profundas de orden social que habían dado origen al conflicto. Convenir en ello se entendía como una triste claudicación.
A toda costa los comunistas precursores de la resistencia armada en Colombia buscaron en el sur del Tolima que fuera su Conferencia Regional la que decidiría en definitiva el procedimiento para continuar la luchan, si no se podía proseguir con la resistencia armada en las condiciones de ese momento, al menos se continuaría proyectando la transformación y traslación de lo que pudieran preservar del movimiento.
Efectivamente en aquel año de la dictadura de Rojas Pinilla, quien había llegado al poder con la complacencia del bipartidismo liberal-conservador, se llevaron a realización conversaciones entre gobierno e insurgencia, aún habiéndose dado la situación en cuanto a que la estigmatización de los comunistas era pan de cada día colocando en circunstancias de peligro la situación política de los destacamentos bajo su mando. Recuerda el comandante Manuel Marulanda que “Hasta ofertas de dinero por la cabeza de los dirigentes, a quienes se creía responsables de la orientación de no entregar ni hombres ni armas, eran reiteradas. La verdad es que eran tan tentadoras que nadie podía garantizar seguridad a nadie en medio de semejantes condiciones…”
“Se requirió sangre fría, mucha abnegación y una resistencia moral a toda prueba para dar solución a una situación tan explosiva y extraordinariamente compleja. Es aquí donde el comunista demuestra su capacidad de orientarse y orientar aún en las condiciones del más acentuado aislamiento de sus fuentes partidarias generales o nacionales”.
Sorteadas las posiciones terroristas y liquidacionistas que el gobierno azuzaba contra el movimiento comunista, el Estado Mayor y su Comisión Política asumen los contactos y conversaciones con los militares del Gobierno, “planteándoles una serie de condiciones para lo que podría ser una posible entrega simbólica”, apuntando a ganar el tiempo para que los destacamentos lograran la transformación que posibilitara seguir adelante en el impulso del movimiento amplio de masas, en el lugar que cada uno encontrara apropiado.
Recuerda el camarada Manuel Marulanda en sus “Cuadernos de Campaña” que “El primero de estos destacamentos llegó hasta el Cauca y encontró las condiciones creadas por comisiones anteriores que habían visitado eso sectores, para la creación de lo que se conocen con el nombre de Movimiento Agrario de Ríochiquito…
El comandante Prías Alape continuó el trabajo que un poco más tarde nos permitió fundar Marquetalia en el extremo sur del Tolima”, entre otros lugares en los que se prosiguió en el impulso del movimiento revolucionario.
Este interludio de buenas intenciones y esfuerzos por la paz emprendido por comunistas y guerrilleros de diverso tipo que habían luchado durante varios años por sus vidas y por sus tierras contra la represión gubernamental, pronto se vio aniquilado por los asesinatos que procedieron contra la mayoría de sus dirigentes agraristas o por acciones contra comunidades enteras de campesinos que rehacían sus vidas labrando la tierra, tal como ocurrió con la operación desatada contra el Sumapaz y Villarrica.
En un apretado resumen en su libro Cese al Fuego, el comandante Jacobo Arenas nos recuerda lo ocurrido en el llamado período de la “pacificación” de Rojas Pinilla:
“Las guerrillas liberales se entregaron y entregaron sus armas a instancias de la Dirección Liberal Nacional. Las guerrillas revolucionarias entraron en un período de repliegue pero no se entregaron ni entregaron sus armas. Las guerrillas de Sumapaz no se entregaron, las guerrillas de Marulanda, de Prías Alape, de Trujillo Castaño, en los confines del sur del Tolima y norte del Cauca, no se entregaron; la guerrilla al mando de Alfonso Castañeda "Richar", en Calarma, no se entregó; la guerrilla de Ezequiel Borja en Rovira, Tolima, no se entregó; la guerrilla de Agustín Bonilla "El Diablo", en el Alto Magdalena, no se entregó; la guerrilla al mando de Pedro González, en el norte del Tolima, no se entregó; tampoco se entregaron otras ya bajo dirección revolucionaria. El movimiento de Autodefensa bajo dirección revolucionaria tampoco se entregó ni entregó sus armas.
Las guerrillas de los Llanos Orientales, las de Yacopí, la de Urrao, las de Santander, las de Boyacá, bajo dirección liberal se entregaron y entregaron sus armas. Luego, la mayoría de sus dirigentes y especialmente sus jefes, comenzando por Guadalupe Salcedo, fueron cayendo asesinados a manos de los mecanismos de inteligencia y seguridad del Estado, por la Policía y el Ejército. Las guerrillas del sur del Tolima todavía al mando de los Loaizas fueron rearmadas por el Gobierno y los mandos militares para la guerra contra las guerrillas revolucionarias”.
Indudablemente las traiciones obligaron a salir del repliegue y a entrar también en procesos del rearme por parte los agredidos. La reactivación de la insurgencia revolucionaria en comandos de resistencia armada fue evidente en el Pato, Guayabero, Riochiquito y Marquetalia.
Respecto a este momento de reactivación de la confrontación el comandante Marulanda apuntaba que “Se trata de una etapa de lucha armada en la cual los comunistas solos tienen que levantarse en armas contra la represión que se proponía exterminarlos físicamente del territorio nacional. Y una etapa en la cual la lucha fue extendiéndose y contagiando a otros combatientes que se solidarizaron lanzándose a las acciones en tres o cuatro departamentos. Una etapa dura, heroica que contribuyó grandemente al resquebrajamiento de la dictadura militar y en la creación de las condiciones favorables a su derrocamiento”.
Por su parte Jacobo Arenas, escribía al respecto de aquel momento histórico que
“en 1954, luego del asesinato de los estudiantes el 13 de junio en Bogotá, Rojas Pinilla agrede Villarrica, seguidamente el oriente del Tolima y Sumapaz, en tanto las guerrillas dé Marulanda y Trujillo Castaño hacían la pelea en el sur del Tolima y Tierradentro, Cauca. En Villarrica hubo una guerra. La guerrilla actuó conjuntamente con la Autodefensa por primera vez. Hubo 10 mil hombres del Ejército empeñados en la lucha. Las guerrillas y los campesinos de la Autodefensa eran 800. Se peleó hasta con "tramperos"; las escopetas de fisto jugaron su papel, las macocas y con mayor razón los fusiles y una que otra arma automática. La resistencia se prolongó casi por un año. Luego los resistentes fueron copados y se inició lo que se conoce como la columna de marcha hacia San Rafael, en la cumbre del oriente del Tolima y Huila, Guayabero en el Meta y El Pato en el Caquetá, donde florecieron grandes movimientos agrarios. Sumapaz hizo la resistencia guerrillera hasta cuando cayó Rojas Pinilla del poder el 10 de mayo de 1957 y es cuando se inicia la segunda pacificación por la junta de militares que se hizo cargo del Gobierno”.
El movimiento revolucionario que había reemprendido el camino de las armas, vuelve a optar por el diálogo en busca de la paz y, consecutivamente, entra en una nueva etapa de repliegue esperando el cumplimiento de los compromisos que se había hecho el Estado en cuanto a devolver los derechos ciudadanos y comenzar a interesarse por la solución a los problemas producidos por la desatención social. Y es precisamente aquel lugar simbólico fundado por el guerrillero y dirigente comunista Jacobo Prías Alape, Marquetalia, el lugar que se convierte en epicentro de las esperanzas de paz de los combatientes desmovilizados. Tras los acuerdos de paz con el gobierno, producto del diálogo en el que confió la insurgencia, Marquetalia, deja de ser una zona de guerrillas y se convierte en una región pacífica de trabajadores.
Pero nuevamente vendría la hostilidad gubernamental contra el movimiento popular y la traición. Entre los muchos casos graves que obligaron a retomar las armas, se produjo el asesinato a mansalva, por la espalda, a manos de las hordas paramilitares mariachistas del gobierno, del máximo conductor del Movimiento Agrario de Marquetalia Jacobo Prías Alape en enero de 1960. Posteriormente se produjeron los ataques verbales contra esa región agraria a la que los sectores más retrogradas de la oligarquía llamaba Repúblicas Independientes al tiempo que pedían su aplastamiento militar.
Veamos como presenta este período de la lucha de resistencia el Comandante Jacobo Arenas hacia 1984:
“En 1958 llegó a la Presidencia el liberal Alberto Lleras Cámargo. Por esa época, y desde el Senado de la República, Álvaro Gómez Hurtado lanzaba violentas catilinarias contra lo que él denominó "repúblicas independientes"; esto es, contra los movimientos agrarios y de Autodefensa. Ya en el país, por parte de los altos mandos militares reaccionarios, no sólo se desarrollaba la teoría sino la práctica de "guerra preventiva", ahora, "guerra interna", bajo la doctrina de la llamada Seguridad Nacional.
El 2 de enero de 1960 cae asesinado por "pájaros" oficialistas liberales al mando del architraidor José de Jesús Oviedo, alias "Mariachi", el gran comandante de guerrillas revolucionarias Jacobo Prías Alape. La tropa llegó a Gaitania a soliviantar al mariachismo liberal y hubo escaramuzas de combate con los guerrilleros de Marquetalia, pero de pronto la agresión fue suspendida.
El 8 de enero de 1962 intempestivamente el Ejército volvió a agredir a Marquetalia y de un momento a otro el operativo fue suspendido y retirada la fuerza pública. El Presidente de entonces era Alberto Lleras Camargo.
Álvaro Gómez Hurtado, otros senadores y representantes reaccionarios, la gran prensa y los altos mandos militares, vuelven a su virulenta campaña contra supuestas "repúblicas independientes" y hay en curso en la cúpula militar ya no sólo la "teoría de la guerra preventiva", sino planes concretos, objetivos determinados con absoluta precisión mediante la acumulación, procesamiento, evaluación y especificación de la inteligencia de combate, y el 27 de mayo de 1964, hace 20 años, bajo la Presidencia del conservador Guillermo León Valencia, comenzó en regla la "Operación Marquetalia", bajo los lineamientos generales del plan LASO, o Latín American Security Operation", para que de una vez por todas quede claro de dónde partieron en última instancia, las órdenes de la operación militar.
Marquetalia es, pues, el símbolo de esta ya prolongada etapa del movimiento guerrillero moderno en nuestra patria. Allí mostró la guerrilla revolucionaria de lo que es capaz un núcleo de combatientes con conciencia política, con definición clasista, altivo y beligerante; de lo que es capaz un núcleo de vanguardia, un núcleo armado y peleador que pone en su accionar el arte de la guerra de guerrillas móviles. Y fue un reducido núcleo de 45 hombres el que enfrentó a 16 mil hombres del Ejército”.
Como podemos observar, entonces, desde antes de su fundación, desde los tiempos de los precursores de la resistencia armada comunista en Colombia, las FARC-EP siempre, y a pesar de la maleficencia del régimen, han observado los diálogos de paz como un espacio para buscar la concertación en torno a la justicia social. Por ello, las puertas al diálogo constantemente han estado abiertas, no obstante, tal como lo recuerda el Secretariado nacional de nuestra organización insurgente en Carta Abierta dirigida al país, a los sectores patrióticos y democráticos de las tres ramas del poder público, en los primeros meses del 2007, “la paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos. No ha sido posible porque los de arriba no quieren ceder a sus privilegios, ni desean compartir, atrincherados en su democracia excluyente y tras las garras del águila imperial.
La Uribe, Caracas, Tlaxcala y San Vicente, fueron oportunidades perdidas porque las oligarquías en el poder sólo querían la desmovilización de la insurgencia sin cambios en las estructuras”.
En los períodos de negociación se han ratificado los objetivos sociales de la lucha guerrillera en tanto los planteamientos de quienes nos hemos alzado en armas siempre han apuntado no a buscar soluciones o prebendas para los combatientes sino a encontrar salidas al conflicto político-social y armado con la participación decidida de la población. En fin, entendemos que la solución política del conflicto social y armado debe ser propósito de todos los colombianos en todos los tiempos; pero deberemos tener claro que este no es asunto que se pueda manejar sólo con nuestras buenas intenciones y nuestros mejores deseos, puesto que los gobiernos, en sentido contrario a nuestros anhelos, como ha quedado demostrado en la práctica, incluso han utilizado los diálogos como estratagema para ganar tiempo para hacer la reingeniería del ejército que les permita continuar su siniestro juego de aventuras militares, en la búsqueda del aplastamiento bélico de la inconformidad, y no de soluciones sensatas a los problemas sociales que han engendrado el conflicto.
La lógica oligárquica que responde a una mentalidad mezquina y militarista, como lo recuerda la Dirección insurgente en la misma nota citada, ha traído consecuencias nefastas para el país: “cinco décadas perdidas, cientos de miles de muertos, miseria, soberanía mancillada, dependencia y falsa democracia, han sido el resultado del terco empeño de aniquilar por la vía de las armas la inconformidad del pueblo. Todas las operaciones militares, del 64 al 2006, desde el Plan LASO hasta el Patriota de los gringos, terminaron en el fracaso. Todos los presidentes desde Guillermo León Valencia hasta Uribe se fijaron plazos breves para la derrota militar de la guerrilla, y terminaron tras una ilusión”.
Por ello en a medida en que se ha desbocado el guerrerismo del uribismo, aupado por Washington, sus trasnacionales del dólar y el gran poder mediático de la desinformación y la manipulación se profundiza el convencimiento en que la paz con este gobierno es un quimera; habría que concertar en la instauración de un nuevo gobierno para poder emprender la anhelada construcción de la paz dentro del rumbo de la justicia social, que es un derecho sagrado de los pueblos.
Recordar otras experiencias de diálogos y lo que motivó el fracaso en cada uno de ellos nos podría contribuir a tener una visión más clara de los derroteros a seguir en esta lucha por la solución dialogada a la confrontación, que de ninguna manera debe cesar en la conciencia de quienes en Colombia luchamos por la posibilidad de un mundo mejor para todos.
2- LA URIBE, LA PAZ MASACRADA.
Uno de los diálogos más importantes se dio en los años ochenta durante el gobierno de Belisario Betancur, cuyos acuerdos, los de La Uribe (1984), de por sí demuestran la preocupación de la insurgencia por concertar la paz pero con el significado de lograrla con la instauración de la justicia social y con la apertura de caminos hacia la participación del pueblo en la orientación de los destinos del país.
Las “buenas intenciones” de Belisario Betancur y su Comisión de Paz, no bastaron para que el Régimen adoptara una posición consecuente con lo pactado en La Uribe. La confabulación del militarismo con los sectores más regresivos del Establecimiento puso en marcha sin sonrojo la “guerra sucia” conjugada en una operación exterminio que apuntó contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano en principio, para luego extenderse a todos los sectores de izquierda, al movimiento sindical, a dirigentes liberales y conservadores progresistas, a defensores de derechos humanos y, en fin, a representantes y voceros populares, contando sin duda con la complicidad inocultable del Presiente Betancur Cuartas.
Refiriéndose a esta terrible circunstancia de profundización de la guerra sucia a la que arribaba el país, el Estado Mayor de las FARC-EP, en carta abierta de febrero 24 de 1987 dirigida a Enrique Santos Calderón –quien desde el insidioso periódico derechista El Tiempo “indagaba” sobre el estado del proceso de paz contra el que con constancia editorializaba y sembraba cizaña - expresaba:
“(…)los grupos paramilitares, los militares reaccionarios provocadores de la confrontación armada en diversos lugares del país y particularmente en áreas guerrilleras, las torturas, las desapariciones de personas y los asesinatos de ciudadanos que configuran el marco sombrío de un estado de violencia y corrupción antes no conocido en la historia del país no son propiamente la guerra conocida como tal sino “acciones de guerra sucia”, o sea, la puesta en práctica de un plan de terror fascista, igual a los que sufrieron en carne propia los países del Cono Sur…”
Y más adelante apunta con certeza:
“Este proceso de paz iniciado 14 meses antes de la firma de los acuerdos de La Uribe, precisamente el 30 de enero de 1983, desde el primer momento halló enemigos irreconciliables que albergan todavía mucho poder. Todo el mundo sabe que se trata del militarismo. Y todo el mundo puede sin la menor dificultad señalar con el dedo a sus principales epígonos al mando de la maquinaria bélica del Estado…”
A pesar del alto mando militar, a pesar de todas las adversidades, los acuerdos de La Uribe y el proceso de paz intentado alrededor de lo pactado fue una experiencia en la que el país pudo observar de manera más clara los propósitos altruistas del movimiento guerrillero, y sobre todo sirvió para mostrar que aún se podía abrigar la “posibilidad de derrotar la guerra con la paz” (J. Arenas).
¿Pero que reformas era las que planteaban las FARC? Sencillamente transformaciones políticas, económicas que se compendiaban en un programa de gobierno que apuntaba a tomar un camino de justicia social como la posibilidad cierta que podría extirpar el hambre, la violencia, la guerra…
Dentro de esa perspectiva, en la Comisión Nacional de Verificación de cese al fuego, tregua y paz, uno de los aspectos que se consideraba prioritario era cesar el estado de sitio que durante décadas se mantenía por cada gobierno oligárquico.
La orden de cese al fuego de parte de las FARC y del gobierno, se dio el 28 de mayo de 1984, con el inconveniente que a partir del mismo día, como si hubiese lineamientos diferentes entre las instancias civiles y las militares del Estado, recuerda Jacobo Arenas en su libro Cesa al Fuego que “el Ejército desplegó operativos contraguerrilleros en los frentes 14 y 15 en el Caquetá, en el 10 frente en Arauca, en el 21, 22 y 23, en el 4, el 12 y el 20 frentes en el Magdalena Medio, en el 3 y en el 13 frentes en el Huila, y dispuso operativos en ante-orden contra todos los demás frentes de las FARC en el país”. Se trataba de una evidente violación de los acuerdos de La Uribe y de la orden presidencial de cese al fuego de parte del Ejército, ordenada mediante circular pública por el general Vega Uribe, la cual tuvo amplia circulación en la prensa del primero de junio de l984:
‘‘Las Fuerzas Militares continuarán tal como se ha dispuesto intensificando hasta el momento en que las organizaciones subversivas de las FARC tomen su determinación de cese al fuego, operaciones de inteligencia, de combate y control militar, buscando a toda costa debilitar al máximo su accionar subversivo”.
Desde el principio de la tregua, entonces, so pusieron en marcha las acciones para romper los acuerdos de La Uribe y bloquear un posible tratado de paz democrática, estable y duradera en Colombia, para impedir el emprendimiento de lo que por entonces se pretendía como “apertura democrática” que garantizara la movilización de las masas para la lucha por una reforma de las costumbres políticas excluyentes.
Los enemigos del proceso de paz, civiles y militares, embebidos de las concepciones militaristas de la Doctrina de la Seguridad Nacional tomaron el articulado de la misma constitución Política para justificar su guerrerismo, y tomaron también la permanencia del estado de sitio para proseguir su guerra sucia mediante asesinatos de campesinos y gentes del pueblo, de dirigentes revolucionarios comunistas y de otras organizaciones que creían en el proyecto de pacificación y transformación social por vías diferentes a la guerra.
Por entonces, al lado de los asesinatos y masacres, se dispararon las detenciones arbitrarias, las desapariciones, y la tortura, y en general protagonizadas por elemento s de las Fuerzas Militares y paramilitares del estado, como ocurría con escuadrones de la muerte del tipo del tristemente celebre MAS.
De manera perseverante y durante varios trágicos años de luto, la Unión Patriótica, diversas organizaciones democráticas y claro está que las FARC, levantaron sus voces por la culminación inmediata del estado de sitio que mientras servía de mampara a la acción represiva contra el movimiento popular, nada hacía contra la violencia terrorista de Estado.
Contra la llamada democracia restringida, que en realidad era una total ausencia de democracia, se persistió en la lucha por la apertura democrática que se tradujera en la instauración de la justicia social en libertad y dignidad. La militancia de la UP., se mantuvo dentro de tales propósit6os a costa de un martirologio sin precedentes en la historia de Colombia. Hacia finales del 86 el listado de asesinados ya pasaban de mil víctimas, número que fue creciendo incesantemente hasta alcanzar la escalofriante cifra de más de cinco mil sacrificados.
Una idea de justicia, un pensamiento de progreso para la patria, una propuesta para que Colombia se convierta en la nación grata para sus habitantes, era lo que se anhelaba por parte de los combatientes y las personas que impulsaron el proyecto Unión Patriótica. Y de manera certera se reafirmaba algo que trasciende en el tiempo para colocarse como una necesidad del presente: “para alcanzarlo, será necesario unirnos para la batalla contra la teoría de la Seguridad, que es la nueva concepción fascista del Estado”.
Desde los tempranos inicios de la matanza, perseverando en la paz, pero con los pies puestos sobre la realidad del genocidio que aceleradamente imponía el régimen, desde la Uribe en el departamento del Meta, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Raúl Reyes y Alfonso Cano, a nombre del Estado Mayor Central de las FARC-EP, en octubre de 1984, planteaban: “Sin derrotar aquella teoría y aquella práctica siniestras que convirtieron a Chile, a Brasil, a Argentina, al Uruguay y a casi todos los países del Sur y Centroamérica en pantanos de sangre, toda buena voluntad, todo esfuerzo, todo empeño generoso y pacífico serán inútiles porque la fuerza bruta encaramada en el poder militar lo harían todo nugatorio, y Colombia no lograría conquistar la anhelada paz. Si esto es así, unámonos para la batalla contra la teoría de la Seguridad, llevando aliento a nuestro pueblo para que se alce a la conquista de una verdadera paz democrática para Colombia”.
Como hoy, con la llamada Seguridad Democrática que es sin duda extensión y desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional, las hordas de generales, altos oficiales y jerarcas de la oligarquía al servicio del capital financiero y el imperialismo en general propulsaban la guerra empujando al pueblo a asumir la lucha armada como una de las necesarias formas principales de lucha. Por entonces Jacobo Arenas advertía “y cuando la lucha armada popular se torne la forma principal de lucha de nuestro pueblo, ni siquiera el poder de los Estados Unidos podrá aquí sostener a la horda gesticulante de generalitos paranoicos al servicio exclusivo de los monopolios financieros y florecerá en nuestro país, quieras que no, un régimen nuevo”.
En un balance breve del “proceso de paz” iniciado con Belisario Betancur, el mismo comandante guerrillero Jacobo Arenas expresa:
“Los acuerdos de La Uribe despertaron de la modorra frente nacionalista la opinión colombiana porque había que parar la guerra que casi llega al cuarto de siglo (…)
Surgió la exigencia histórica para quienes entendieron el proceso de paz y el proceso de reconciliación nacional. Y entre todos hicimos una jornada antes no conocida en la historia de las confrontaciones políticas y sociales de esta nación (…). Hasta allá llegamos en el cuatrienio de Belisario Betancur.
Y claro está aquella jornada tuvo como tiene ahora enemigos que albergan mucho poder comenzando por el militarismo (…); contra aquellas fuerzas se hizo el enfrentamiento no armado sino político y el pueblo colombiano ganó un formidable espacio en la opinión.
Luego viene el gobierno de Virgilio Barco, mucho más de derecha que el gobierno conservador de Belisario Betancur y el proceso de paz sufre las más furiosas acometidas del militarismo que pone en acción contra el proceso de paz a la reacción más oscurantista …”
En efecto, durante el gobierno de Virgilio Barco, la “guerra sucia” se desbocó, y el protagonismo del alto mando militar en el desenvolvimiento del terrorismo de Estado aupado desde Washington y en el cual estaba involucrada la dirigencia política bipartidista, liberal-conservadora, cada vez fue más recrudecido.
3. SANTO DOMINGO: PAZ PARA DERROTADOS.
Hacia la segunda mitad de su gobierno, Virgilio Barco presenta su plan oficial de desmovilización y entrega en medio del desarrollo de la “guerra sucia”. Este plan concebido para movimientos insurgentes derrotados o cansados de la lucha fue acogido por el M-19 y posteriormente por movimientos como el EPL, PRT y Quintín Lame, los cuales terminan sometidos a las condiciones del plan, dan el paso a la “reinserción” y a su fusión al Régimen, sin que ello arroje la solución de los problemas sociales del país, sino el acomodamiento de algunos de sus dirigentes que pasaron a representar posiciones que en nada divergían de las de los voceros de la oligarquía tradicional. El sometimiento al régimen por parte de Antonio Navarro Wolf, Vera Grabe, Rósemberg Pavón, Ester Morón, Éberth Bustamante, Otty Patiño y otros especimenes de la fauna del oportunismo político, bien podrían haber avergonzado a revolucionarios de la talla de Jaime Báteman que antes confiaron en ellos y dieron sus vidas por un cambio social en Colombia.
Es apenas natural que bajo aquellas condiciones de rendición o las que le impusieron al Ejército Popular Liberación de la línea del agente Bernardo Gutiérrez, o a la Corriente de Renovación Socialista, en diversos escenario, con la pretensión gubernamental de que fueran una fórmula de paz para el conjunto del movimiento guerrillero, sin que se produjeran variaciones de ningún tipo en las estructuras sociales injustas y por el contrario se agravara la represión y la explotación oligárquica, las FARC despreciaran tales iniciativas.
4. LA CONSTITUYENTE: ¿POSIBILIDAD DE PAZ?
En el ocaso de su mandato, Barco hace una tímida propuesta sobre configurar una Asamblea Constitucional que planteaba muy limitada en el número de sus miembros y en su temario que, colocándose bajo la tutela de La Corte Suprema de Justicia, pretendía ponerle freno a los ímpetus transformadores del pueblo colombiano.
Las FARC expresando el consenso de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), manifestaron lo siguiente:
“Consideramos inaplazable que el país se dé una Nueva Constitución Nacional que refleje la realidad de la Nación. Una nueva Carta que destierre las concepciones gringas de la Seguridad Nacional en el manejo del Estado y llene de patriotismo el principio de soberanía, que abra las puertas hacia la reconquista de la democracia con plenas y reales garantías para el libre ejercicio de las libertades, con justicia social y con una política económica que nos libre del yugo de la deuda externa, que posibilite la expansión de las fuerzas productivas y la utilización de los recursos naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto”.
En el mencionado período constituyente la CGSB, y dentro de ella las FARC-EP, insistieron más que nunca en el protagonismo directo de las masas populares, por ello hablaban con vehemencia de una CONSTITUYENTE en la que “el país entero aporte democráticamente a la elaboración de una Nueva Constitución que sea fiel intérprete de la realidad nacional y proyecte al país a enfrentar con confianza los retos del próximo siglo”.
Mientras se impulsaba el proceso constituyente, por otro lado el gobierno preparaba la más feroz conjugación del planteamiento contra-insurgente militarista. El Presidente Gaviria no permitió el acceso de la Coordinadora Guerrillera al proceso; le había cerrado las posibilidades de participación reconociendo como dialogantes solamente a los grupos guerrilleros que habían negociado con el gobierno o estaban en trance de incorporación a las condiciones del Régimen; había hecho caso omiso al cese unilateral de fuegos que por entonces las FARC-EP habían propuesto para ambientar un nuevo clima de diálogos, y persistía en su política de “manos libres” a los mandos militares para que hicieran presencia y actuaran en cualquier parte del territorio sin pedir autorización.
La oligarquía logró controlar la correlación de fuerzas y en cabeza de Gaviria Trujillo y el generalato, inauguraron la década con el recrudecimiento de la confrontación armada. Al tiempo que el final de 1990 marcaba un importante cambio en la situación política nacional con las expectativas de la Constituyente, se producía la irrupción de una nueva fase de la lucha armada azuzada por el ataque a Casa Verde, por entonces sede aún del Secretariado nacional de las FARC.
Refiriéndose a esta aventura militar del Régimen, el Partido Comunista en un Pleno realizado a principios de 1991 señalaba:
“A la luz del ataque a Casa Verde, el tema candente de la táctica de la combinación de las formas de lucha de masas ha vuelto a ponerse al orden del día. Lo cierto es que en esta etapa y al lanzar súbitamente el golpe militar el mismo día de las elecciones el régimen comprobó ante los ojos de la Nación que es de su propia sustancia política barajar y echar sobre la mesa diversas cartas, desde la electoral hasta la militar, utilizándolas de manera simultanea, como ocurrió el 9 de diciembre.
De esa manera el gobierno Gaviria buscaba obtener un triunfo doble: en el campo electoral y en el campo militar, legitimando con una votación abrumadora por la Constituyente la ruptura de la tregua que las FARC pactaron desde 1.984 con el gobierno Betancur y que había permitido el diálogo intermitente entre la guerrilla y el gobierno.
El cálculo de los Generales falla. Y la resonante operación “Centauro Dos” con sus millonarios gastos, quedó como un grave error de este gobierno, que a tiempo que habla de paz ejecuta la guerra…”
El recrudecimiento de la confrontación atizada por la desmesurada falta de tacto gubernamental que subvaloró la capacidad militar insurgente arrojó millonarias pérdidas a la economía nacional y ratificó el fracaso de la opción militarista como mecanismo de solución al conflicto; una respuesta guerrillera a la obstinación gubernamental en las medidas de fuerza como la desplegada en 1991 no había tenido precedentes en Colombia. Esta evidenció el desarrollo cuantitativo y cualitativo que ya poseía el movimiento armado, y en cierta forma obligó al gobierno a atender los llamados de diálogo de la guerrilla que posteriormente –no obstante el recrudecimiento de la guerra-, interpretando el clamor popular de paz, hizo a través de sus voceros en la Embajada de Venezuela en Bogotá.
5. CARACAS: LA GUERRILLA INSISTE EN LA PAZ.
El 30 de abril de 1991, ante la negativa del gobierno a darle paso a un proceso de conversaciones con la CGSB, tres miembros de la organización insurgente, desarmados, en compañía del ex-Ministro y Constituyente Álvaro Leyva, de los parlamentarios Rafael Serrano y Jesús Carvajal (integrantes de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes), y de Hernán Mota, Presidente Encargado de la Unión Patriótica en ese momento, se presentaron en la Embajada de Venezuela en Bogotá para expresar al gobierno, nuevamente, la disposición de diálogo del movimiento guerrillero.
El gobierno, argumentando que éste era un hecho de fuerza, se mostró negativo ante aquella iniciativa que se daba en un momento crucial de la vida política del país. Ante tal situación los guerrilleros se ven obligados a optar por el asilo político no sin antes enviar un “Comunicado al Pueblo Colombiano” que en algunos de sus puntos expresaba:
“Consideramos que al frustrarse una vez más nuestro esfuerzo por la reanudación de las conversaciones, el gobierno de Colombia está dilapidando una gran oportunidad para alcanzar la paz en nuestra patria y entendemos así que la administración del Señor Presidente Cesar Gaviria Trujillo, será la única responsable de sus consecuencias. Estamos convencidos plenamente que el destino final de Colombia no puede ser la guerra…”
Luego de los acontecimientos anteriores que contaron con la insistencia de la CGSB en los diálogos, ya estando los voceros de la guerrilla en Caracas, el gobierno dio el sí a las negociaciones a través de la Embajada de Colombia en Venezuela.
El diálogo de inicio se dio en la municipalidad colombiana de Cravo Norte, el 15 de mayo, entre los voceros de la guerrilla Lucía González, Daniel Aldana y Miguel Suárez y los delegados del Gobierno Carlos Eduardo Jaramillo y Andrés González. De este encuentro surgió el primer acuerdo que condujo a Caracas como nuevo lugar de conversaciones.
En Caracas, desde el pronunciamiento de los discursos inaugurales por parte de los dialogantes comenzó a notarse el enfoque radicalmente diverso de la problemática que tenía cada una de las partes.
Los conflictos sociales presentados en Venezuela con origen en los profundos problemas de injusticia social que generó la aplicación del neoliberalismo y que arrojaron, con el tiempo, la salida del sanguinario Carlos Andrés Pérez del poder, obligaron a que las negociaciones tuvieran que desplazarse a Tlaxcala (México).
6. TLAXCALA: LA PAZ FRUSTRADA.
Las negociaciones de Tlaxcala son la continuación del mismo proceso iniciado en Caracas.
Desde el principio, la guerrilla había insistido en la necesidad de la participación amplia de las masas populares a través de diálogos regionales en torno al aspecto del cese al fuego, expresando que éste debía ser bilateral para que fuera real y práctico. Se había propuesto celebrar tres “encuentros nacionales” que trataran los siguientes temas globales:
- Violencia política y derechos humanos.
- Corrupción administrativa.
- Política de administración de los recursos naturales (especialmente del petróleo).
Ese era el deseo con el que de buena fe actuaba la CGSB; pero la realidad que se desarrollaba era otra. Pues aunque teníamos esa idea lamentablemente el núcleo principal del gobierno cedió a las presiones de los elementos más recalcitrantes de las Fuerzas Armadas, cuya decidida oposición a las negociaciones de Caracas era notoria.
Así, la unilateralidad guerrillera de cese de fuegos era impensable bajo aquellas circunstancias. Por ello, en México la CGSB de entrada reiteró la posición de que el cese de los fuegos debía ser necesariamente bilateral y que éste no tenía por qué ser el punto de arranque sino el conclusivo de las negociaciones, y que en lo fundamental había que entrar a tocar factores de fondo de la crisis nacional y que trasciende lo exclusivamente militar.
Los conatos y amenazas de terminación del diálogo nuca cesaron por parte de los voceros gubernamentales argumentando pretextos que jamás podían superar el imperativo de la urgencia y necesidad de las negociaciones, hasta que se produjo el deseado –para los militaristas- rompimiento del proceso.
En verdad este capítulo de la historia política colombiana dejó una nueva experiencia en torno a las dificultades que comporta un proceso de reconciliación en Colombia.
Si bien la insistencia ciudadana y las exigencias de diálogo de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar obligaron al gobierno a sentarse a negociar en las mesas de Caracas y Tlaxcla, las vacilaciones, autoritarismo e intolerancia oficiales hicieron desvanecer esas posibilidades de reconciliación. La perspectiva del gobierno se orientó no hacia la concertación en torno a compromisos que favorecieran al pueblo sino hacia la búsqueda de la rendición y entrega de los alzados en armas sin entrar a solucionar la razón de ser de su existencia consistente en los viejos y profundos problemas políticos económicos y sociales que agobian al país.
Aquél proceso, de todas maneras, sirvió para mostrar nuevamente el sentido altruista de la guerrilla colombiana, expresado en sus profundas preocupaciones sociales, que se mantienen como una finalidad irrenunciable de la táctica y la estrategia de la lucha guerrillera que fuera ratificada en la Octava Conferencia de los farianos en la Plataforma de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional.
En el proceso de la lucha, sea con el diálogo o de la manera como lo imponga la oligarquía, vale tener presente que nunca pierden vigencia las palabras de Jacobo Arenas que nos enseñan que:
“Los reaccionarios, cuya filosofía brota de la Doctrina de la Seguridad, ya no como concepción partidista sino como concepción de Estado, desencadenan por cuenta de la maquinaria bélica la llamada guerra interna, ahora denominada conflicto de baja intensidad con el objeto claro y preciso de impedir las luchas sociales y políticas para el progreso social. Toda acción por pacífica que sea, toda movilización, toda lucha es “subversión” y se hace necesario aplastarla en su gestación. Y como la lucha por la paz es “lucha”, ésta para el militarismo es la más peligrosa forma de subversión. Colombia sufre desde hace tiempos inmemorables el Estado de Sitio. La inmensa mayoría de la gente colombiana padece hambre en tanto una oligarquía voraz se hace a la riqueza nacional, arma hasta los dientes a sus lacayos y les encarga hacer la guerra sucia a fin de asegurar para siempre la defensa y el dominio de sus corruptos intereses.
El retorno a la paz democrática no será posible sin el desmonte de la Doctrina Fascista de la Seguridad y la re-educación de los personajes civiles y militares que la encarnan. La maquinaria bélica actual del Estado colombiano es un monstruo dispuesto a hundir al país en la violencia y el temor al precio que sea…” (Jacobo Arenas, septiembre 1 de 1988).
He aquí, entonces, algunos elementos que muestran, en este recorrido sucinto, que la búsqueda de la paz es una constante dentro del proceso de lucha revolucionaria de los guerrilleros de las FARC, pero que en contrasentido actúa el régimen tratando de sacar ventaja en cada intento de diálogo que emprende la insurgencia. En tal sentido, el proceso instalado a partir del 7 de enero de 1999 en la región del Caguán comprometió en su momento a todo el interés y el empeño por sacarlo adelante por parte de los farianos, en el entendido que nuestra historia es la historia de la lucha por la paz de los oprimidos. Así, nuestros anhelos y nuestros esfuerzos por la paz mostraron en cada momento estar cargados de esperanza en su posibilidad, pero con un optimismo realista que desprecia la ingenuidad; de un optimismo que nos empuja a mantenernos en el propósito del diálogo pero sin perder de vista el carácter tradicionalmente violento de una oligarquía sumisa a Washington que es arrogante frente a sus compatriotas pero arrodillada frente a los intereses y exigencias de las transnacionales del dólar y la expoliación.
No obstante los tropiezos en la marcha sobre el intrincado camino de la búsqueda de la paz con justicia social, aún después del rompimiento de los Diálogos del Caguán por parte del gobierno del Presidente Andrés Pastrana, las FARC, en su Novena Conferencia de principios del 2007, expresaron su posición nítida respecto a una persistencia en buscar salidas dialogadas al conflicto, reconfirmando en ello que se trata no de una actitud de coyuntura sino de principio y profunda convicción. Cerremos esta nota citando un aspecto principal de su Manifiesto Político de 2007, que demuestra esta afirmación en la caracterización de la línea política estratégica de nuestro ejército popular bolivariano:
“mantenemos levantada la bandera de la solución política a la crisis, que con la participación mayoritaria de los colombianos, pueda definir soberanamente la construcción de una nueva institucionalidad, de profundo contenido bolivariano como la señalada en la plataforma para un nuevo gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional, que enrumbe a Colombia hacia el ejercicio pleno de todo su potencial democrático y progresista.
Dentro de ese mismo espíritu reiteramos nuestra propuesta de canje de los prisioneros políticos. Para iniciar conversaciones es indispensable que el Estado ofrezca las garantías necesarias. La justificación para no otorgarlas solo esconde el ánimo revanchista de un gobierno incapaz de aceptar la realidad de la confrontación, que juega temerariamente con la libertad y vida de los prisioneros y es mezquino con el futuro de la Patria.
El Plan Colombia y el Plan Patriota fracasaron y solo han servido para facilitar la mayor ingerencia y presencia del gobierno gringo en nuestro país, para incrementar la represión y el terror hacia los contradictores civiles del Régimen, para alimentar más a los corruptos de la administración, someter a los medios de comunicación y militarizar la vida nacional.
La Novena Conferencia Guerrillera reitera, una vez más, el juramento fariano de lucha por una Colombia democrática, soberana y con justicia social. Nuestra voluntad por contribuir a alcanzar ese objetivo se ha dimensionado al calor de la confrontación actual. El balance sobre el cumplimiento de los planes fijados en la Octava Conferencia es positivo, nuestra fuerza política y militar se ha acrecentado lo que es inocultable para los colombianos que no se conforman con la información oficial sobre guerrilleros muertos, prisioneros y desertores. Nuestra fuerza está activa y pujante en todo el territorio nacional, el país y la comunidad internacional lo saben.
Continuaremos desarrollando la construcción clandestina de Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia como herramienta vital que lleva nuestra propuesta política a las masas, por organizar anhelos y sueños alrededor de acciones y tareas diarias en todos los sectores que quieren conquistarlos.
Persistiremos en la organización y fortalecimiento del Partido Comunista Clandestino como instrumento indispensable en la lucha por el poder y por la construcción de la nueva Patria.
Proseguiremos incansables nuestro esfuerzo por la unidad más amplia contra el terrorismo del Estado, la indignante ingerencia gringa, el abominable neoliberalismo, la lacra del latifundismo y el cáncer de la corrupción. Por encontrarnos con todos aquellos que luchan buscando los mismos objetivos en diferentes escenarios y modalidades. Persistiremos en nuestro compromiso con la unidad popular y democrática por la nueva Patria. Ninguna salida verdaderamente democrática, patriótica, de profundo contenido popular a la crisis nacional, podrá adelantarse en nuestro país sin la plena participación de las FARC.
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