"La Ley Patriótica, poder sin pesos ni medidas, no nos hace más seguros, sino menos, porque en última instancia uno está seguro si las libertades básicas están garantizadas". P. Leahy
EE UU revisa los abusos de la era Bush
El Senado quiere investigar las cárceles secretas y los interrogatorios de la CIA
YOLANDA MONGE - Washington -
El Senado quiere investigar las cárceles secretas y los interrogatorios de la CIA
YOLANDA MONGE - Washington -
El País, 07/03/2009;
La nueva Administración estadounidense ha aportado a lo largo de la semana nuevas y estremecedoras pruebas sobre los abusos cometidos durante el Gobierno de George W. Bush en nombre de la lucha contra el terrorismo, que han incrementado la presión a favor de la creación de una comisión de la verdad que juzgue la era Bush. Aunque Barack Obama no es partidario de la idea y es muy difícil aún que ésta acabe cuajando, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el demócrata de Vermont Patrick Leahy, ha advertido en su última intervención sobre el asunto que "no se puede pasar página sin haberla leído antes", y que su intención es establecer una comisión independiente que investigue las torturas y cárceles de la CIA y las escuchas ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional.
Algunos de los últimos informes resultan tan contundentes que un editorial de The Washington Post bajo el revelador título de "El Departamento de Justicia de Mad Max: El aterrador pensamiento pos 11-S del equipo legal de Bush", los exponía así: imagínense un lugar donde los soldados pueden derribar puertas sin órdenes de registro y donde los ciudadanos pueden ser encerrados indefinidamente sin juicio. Imagínense que el líder de ese lugar tiene el poder de silenciar a los disidentes y a la prensa. Imagínense aún más: que ese hombre puede de forma unilateral romper y obviar cualquier tratado que no le guste y que a ese hombre, además, sus más cercanos consejeros le han dicho que tiene a la ley de su parte para hacer tal cosa. Bien, pues no se trata de un país sin ley del Tercer Mundo, sino de Estados Unidos.
Muchos fueron los excesos que se cometieron en nombre de la seguridad nacional tras los atentados terroristas de Washington y Nueva York de 2001. Cárceles secretas, interrogatorios bajo tortura, Guantánamo, derechos suspendidos. "Demasiado a menudo, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada como una batalla contra nuestras libertades civiles", dijo el fiscal general Eric Holder. "No sólo esa escuela de pensamiento es errada, sino que me temo que realmente sea más perjudicial que otra cosa". Las palabras de Holder llegaban poco después de hacer públicos el pasado lunes una serie de memorandos legales creados tras el 11-S y que suspendían derechos constitucionales de los ciudadanos.
La CIA reconoció en un documento legal haber destruido casi un centenar de vídeos de interrogatorios secretos con la aparente intención de borrar pruebas de posibles torturas o actos ilícitos.
La opinión pública pudo conocer también cómo los estrategas del terror manipularon la ley para justificar violaciones de los derechos civiles y dar al presidente las respuestas que quería y la autoridad para dejar de lado derechos constitucionales. Las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional contra órdenes de búsqueda y allanamientos sin orden judicial, por ejemplo, no se aplicaron en EE UU mientras Bush combatía el terrorismo, según estableció el Departamento de Justicia en un informe del 23 de octubre del 2001.
Esta acumulación de pruebas sobre abusos ha avivado un debate que viene existiendo desde que Obama asumió la presidencia y que provocó el miércoles una reunión en el comité de Asuntos Judiciales del Senado sobre la creación de algo con lo que muchos rivales de Bush sueñan: una comisión de la verdad.
La reclaman asociaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) o el Centro para Derechos Constitucionales, que considera que "el Gobierno de Obama debe de llevar a cabo una investigación completa y un juicio si fuera necesario para devolver el sentido al Estado de derecho en EE UU". Y si atendemos a la opinión pública, más de un 60% de la población estaría a favor de tal comisión, según una encuesta.
El principal impulsor de la creación de una comisión de la verdad para juzgar los años de Bush es el propio senador Leahy, quien esta semana, en el debate sobre este asunto celebrado en el comité que preside, sostuvo, frente a quienes le sugerían mirar hacia delante, que la investigación de lo sucedido en los años pasados resulta esencial para recuperar el prestigio de EE UU. "Debemos saber lo que se ha hecho en nuestro nombre para poder restaurar nuestro liderazgo moral", dijo el senador, que cuenta con el apoyo de otra importante figura del Congreso, el presidente del comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, John Conyers.
Todos los republicanos que se han pronunciado sobre esa comisión lo han hecho en contra, advirtiendo del riesgo que eso supondría de enfrentamiento político en un momento en que el país tiene que concentrarse en resolver la crisis económica. Llamó la atención, no obstante, la comparecencia esta semana ante el comité del Senado de Thomas Pickering, antiguo embajador ante la ONU y subsecretario de Estado con Bush padre, quien recalcó la necesidad de saber qué ha ocurrido para "determinar las implicaciones que ha provocado en la política exterior".
En las semanas próximas va a resultar crucial la posición por la que se decante Barack Obama, que hasta ahora se ha mostrado más bien reacio a la idea. Preguntado al respecto en su primera conferencia de prensa como presidente, Obama contestó: "Mi punto de vista es que nadie está por encima de la ley. Si algo se ha hecho mal, esa gente debería ser perseguida como cualquier otro ciudadano. Pero, en general, yo estoy más interesado en mirar hacia el futuro que en mirar hacia el pasado". Es difícil que, sin respaldo de la Casa Blanca, los demócratas en el Congreso vayan adelante con una aventura tan comprometida como una comisión de la verdad.
Las comisiones de la verdad no son, por supuesto, una moneda de uso corriente en Estados Unidos. Núremberg sentó el precedente. América Latina tuvo sus propias experiencias en Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala y El Salvador. Y un liberado Nelson Mandela sacó adelante la comisión de la verdad y la Reconciliación en Suráfrica. En Estados Unidos, el formato más parecido a lo que ahora está reclamando el senador Leahy fue la investigación del Congreso promovida por el senador Frank Church que investigó en 1975 los abusos cometidos por la CIA. La investigación criminal conocida como Irán-Contra o la Comisión del 11-S han sido otros modelos utilizados en este país para arrojar luz sobre lo sucedido.
El reto parece de tanta envergadura que los defensores de la comisión de la verdad temen que acabe triunfando la opción de mejor no hacer nada y dejar las cosas tranquilas como están. "Puede parecer que ya se conoce todo, pero cuando empiezas a investigar descubres muchas cosas que no se sabían", comenta Frederick Schwarz, que participó en la Comisión Church que escrutó a la CIA y que ahora respalda una comisión sobre Bush. Schwarz pone como ejemplo su asombro cuando en 1975 tuvo acceso a documentos secretos que recogían que la agencia había contratado a la mafia para asesinar a Fidel Castro. "Basado en mi experiencia, creo que existen muchas cosas que sucedieron en los últimos ocho años de las que no tenemos ni idea", advierte Schwarz.
Excesos de poder
- Cárceles secretas. La organización de abogados estadounidense Human Rights First destapó en 2004
la red de cárceles secretas situadas en países como Rumania o Polonia, en donde se encerraba a sospechosos de terrorismo capturados en distintos países antes de trasladarlos a Guantánamo.
- Escuchas ilegales. Tras el 11-S, al amparo de la guerra contra el terrorismo, George Bush autorizó escuchas telefónicas a ciudadanos de EE UU que efectuaran llamadas internacionales.
- Permiso para torturar. En enero de 2002 Bush preparó el camino hacia la tortura: los talibanes o miembros de Al Qaeda no estarían protegidos por la Tercera Convención de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra. Seis meses después su Gabinete justificaba la tortura en el extranjero.
La nueva Administración estadounidense ha aportado a lo largo de la semana nuevas y estremecedoras pruebas sobre los abusos cometidos durante el Gobierno de George W. Bush en nombre de la lucha contra el terrorismo, que han incrementado la presión a favor de la creación de una comisión de la verdad que juzgue la era Bush. Aunque Barack Obama no es partidario de la idea y es muy difícil aún que ésta acabe cuajando, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el demócrata de Vermont Patrick Leahy, ha advertido en su última intervención sobre el asunto que "no se puede pasar página sin haberla leído antes", y que su intención es establecer una comisión independiente que investigue las torturas y cárceles de la CIA y las escuchas ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional.
Algunos de los últimos informes resultan tan contundentes que un editorial de The Washington Post bajo el revelador título de "El Departamento de Justicia de Mad Max: El aterrador pensamiento pos 11-S del equipo legal de Bush", los exponía así: imagínense un lugar donde los soldados pueden derribar puertas sin órdenes de registro y donde los ciudadanos pueden ser encerrados indefinidamente sin juicio. Imagínense que el líder de ese lugar tiene el poder de silenciar a los disidentes y a la prensa. Imagínense aún más: que ese hombre puede de forma unilateral romper y obviar cualquier tratado que no le guste y que a ese hombre, además, sus más cercanos consejeros le han dicho que tiene a la ley de su parte para hacer tal cosa. Bien, pues no se trata de un país sin ley del Tercer Mundo, sino de Estados Unidos.
Muchos fueron los excesos que se cometieron en nombre de la seguridad nacional tras los atentados terroristas de Washington y Nueva York de 2001. Cárceles secretas, interrogatorios bajo tortura, Guantánamo, derechos suspendidos. "Demasiado a menudo, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada como una batalla contra nuestras libertades civiles", dijo el fiscal general Eric Holder. "No sólo esa escuela de pensamiento es errada, sino que me temo que realmente sea más perjudicial que otra cosa". Las palabras de Holder llegaban poco después de hacer públicos el pasado lunes una serie de memorandos legales creados tras el 11-S y que suspendían derechos constitucionales de los ciudadanos.
La CIA reconoció en un documento legal haber destruido casi un centenar de vídeos de interrogatorios secretos con la aparente intención de borrar pruebas de posibles torturas o actos ilícitos.
La opinión pública pudo conocer también cómo los estrategas del terror manipularon la ley para justificar violaciones de los derechos civiles y dar al presidente las respuestas que quería y la autoridad para dejar de lado derechos constitucionales. Las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional contra órdenes de búsqueda y allanamientos sin orden judicial, por ejemplo, no se aplicaron en EE UU mientras Bush combatía el terrorismo, según estableció el Departamento de Justicia en un informe del 23 de octubre del 2001.
Esta acumulación de pruebas sobre abusos ha avivado un debate que viene existiendo desde que Obama asumió la presidencia y que provocó el miércoles una reunión en el comité de Asuntos Judiciales del Senado sobre la creación de algo con lo que muchos rivales de Bush sueñan: una comisión de la verdad.
La reclaman asociaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) o el Centro para Derechos Constitucionales, que considera que "el Gobierno de Obama debe de llevar a cabo una investigación completa y un juicio si fuera necesario para devolver el sentido al Estado de derecho en EE UU". Y si atendemos a la opinión pública, más de un 60% de la población estaría a favor de tal comisión, según una encuesta.
El principal impulsor de la creación de una comisión de la verdad para juzgar los años de Bush es el propio senador Leahy, quien esta semana, en el debate sobre este asunto celebrado en el comité que preside, sostuvo, frente a quienes le sugerían mirar hacia delante, que la investigación de lo sucedido en los años pasados resulta esencial para recuperar el prestigio de EE UU. "Debemos saber lo que se ha hecho en nuestro nombre para poder restaurar nuestro liderazgo moral", dijo el senador, que cuenta con el apoyo de otra importante figura del Congreso, el presidente del comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, John Conyers.
Todos los republicanos que se han pronunciado sobre esa comisión lo han hecho en contra, advirtiendo del riesgo que eso supondría de enfrentamiento político en un momento en que el país tiene que concentrarse en resolver la crisis económica. Llamó la atención, no obstante, la comparecencia esta semana ante el comité del Senado de Thomas Pickering, antiguo embajador ante la ONU y subsecretario de Estado con Bush padre, quien recalcó la necesidad de saber qué ha ocurrido para "determinar las implicaciones que ha provocado en la política exterior".
En las semanas próximas va a resultar crucial la posición por la que se decante Barack Obama, que hasta ahora se ha mostrado más bien reacio a la idea. Preguntado al respecto en su primera conferencia de prensa como presidente, Obama contestó: "Mi punto de vista es que nadie está por encima de la ley. Si algo se ha hecho mal, esa gente debería ser perseguida como cualquier otro ciudadano. Pero, en general, yo estoy más interesado en mirar hacia el futuro que en mirar hacia el pasado". Es difícil que, sin respaldo de la Casa Blanca, los demócratas en el Congreso vayan adelante con una aventura tan comprometida como una comisión de la verdad.
Las comisiones de la verdad no son, por supuesto, una moneda de uso corriente en Estados Unidos. Núremberg sentó el precedente. América Latina tuvo sus propias experiencias en Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala y El Salvador. Y un liberado Nelson Mandela sacó adelante la comisión de la verdad y la Reconciliación en Suráfrica. En Estados Unidos, el formato más parecido a lo que ahora está reclamando el senador Leahy fue la investigación del Congreso promovida por el senador Frank Church que investigó en 1975 los abusos cometidos por la CIA. La investigación criminal conocida como Irán-Contra o la Comisión del 11-S han sido otros modelos utilizados en este país para arrojar luz sobre lo sucedido.
El reto parece de tanta envergadura que los defensores de la comisión de la verdad temen que acabe triunfando la opción de mejor no hacer nada y dejar las cosas tranquilas como están. "Puede parecer que ya se conoce todo, pero cuando empiezas a investigar descubres muchas cosas que no se sabían", comenta Frederick Schwarz, que participó en la Comisión Church que escrutó a la CIA y que ahora respalda una comisión sobre Bush. Schwarz pone como ejemplo su asombro cuando en 1975 tuvo acceso a documentos secretos que recogían que la agencia había contratado a la mafia para asesinar a Fidel Castro. "Basado en mi experiencia, creo que existen muchas cosas que sucedieron en los últimos ocho años de las que no tenemos ni idea", advierte Schwarz.
Excesos de poder
- Cárceles secretas. La organización de abogados estadounidense Human Rights First destapó en 2004
la red de cárceles secretas situadas en países como Rumania o Polonia, en donde se encerraba a sospechosos de terrorismo capturados en distintos países antes de trasladarlos a Guantánamo.
- Escuchas ilegales. Tras el 11-S, al amparo de la guerra contra el terrorismo, George Bush autorizó escuchas telefónicas a ciudadanos de EE UU que efectuaran llamadas internacionales.
- Permiso para torturar. En enero de 2002 Bush preparó el camino hacia la tortura: los talibanes o miembros de Al Qaeda no estarían protegidos por la Tercera Convención de Ginebra de 1949 sobre prisioneros de guerra. Seis meses después su Gabinete justificaba la tortura en el extranjero.
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