La reunión del CNSP y la encuesta de ICESI

Ebrard y Peña Nieto confrontan al gobierno de Calderón

DANIEL LIZáRRAGA, agencia APRO

MÉXICO, DF, 26 de noviembre (apro).- En plena sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores del país exigieron al presidente Felipe Calderón incrementar el dinero para combatir a la delincuencia, no menospreciar ante la prensa el trabajo de las policías regionales e informarlos sobre el paradero de los delincuentes capturados y que luego han sido puestos en libertad.

Además de este singular reclamo, algunos asistentes, como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se enfrascaron en una fuerte discusión con los representantes del gobierno federal, luego que se dieran a conocer los resultados de una encuesta sobre inseguridad pública en la que ambas entidades no salieron bien libradas.

Esta 28 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública ha sido de las más ríspidas, a tal grado que el secretario ejecutivo del organismo, Jorge Tello Peón, enmudeció ante la molestia y los vehementes reproches de los gobernadores.

El ambiente de tensión fue creciendo. Los gobernadores cuestionaron duramente a Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad Pública, por los resultados de su trabajo.

Sobre todo ante datos impactantes, como el hecho de que 50% de la población tenga miedo de salir a las calles y que más de 56% de los mexicanos no deja a sus hijos solos en sus respectivas ciudades.

Paradójicamente, los miembros del gabinete presidencial, como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, o el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no intentaron responder a los gobernadores.

Y otros, como el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, también optaron por guardar silencio, impávidos ante la dura postura de los mandatarios estatales.

El ambiente fue crispándose más hasta el punto que el propio Calderón se vio obligado a jugar el papel de conciliador.

Los problemas afloraron desde que el mandatario de Jalisco, Emilio González Márquez, habló a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En un inesperado discurso, dijo que los mandatarios estatales no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar a la delincuencia organizada, sobre todo en delitos en los que la participación del gobierno federal no siempre es constante, como el robo o los secuestros.

Ante la mirada atónita de Calderón, quien movía nervioso los dedos de la mano izquierda, el gobernador jalisciense pidió que al menos 1% de la recaudación fiscal se regrese a los estados, etiquetada para combatir a la delincuencia.

La Conago también propuso que, en caso de que el gobierno federal tenga también algún ahorro, se piense en apoyar a los estados.

Los gobernadores además reclamaron la forma en que son tratados los policías locales.

Desde su punto de vista, en los operativos desplegados por el Ejército o la Policía Federal (PF), se menosprecia a los agentes locales y, aún peor, dejan ver a la opinión pública que estas corporaciones locales son parte de los problemas aun cuando no siempre sea así.

"Empecemos por reconocer el trabajo de los policías locales que también han dado la vida por sus ciudadanos", sentenció el panista González Márquez.

Por otro lado, los gobernadores pidieron más retroalimentación con el gobierno federal ya que, cuando logran detener a un presunto responsable de delitos relacionados con la delincuencia organizada, no siempre saben de su paradero, sino que además luego es puesto en libertad sin por lo menos notificar algo a las entidades involucradas.

El ambiente en Palacio Nacional se complicó aún más cuando Luis de la Barreda expuso sobre una pantalla los resultados de la percepción de inseguridad pública en los estados, en particular en delitos del fuero común –homicidios, robos y asaltos con violencia-- que, en el papel, corresponden a las Procuradurías locales.

Marcelo Ebrard dijo que no era sensato tomar esos datos como oficiales, ya que nunca hubo un acuerdo previo de la Conago para ese trabajo.

De hecho demandó que se explicara la metodología empleada, pues las cifras ahí vertidas no coincidían con las del gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, Ebrard Casaubón fue aún más puntilloso cuando le preguntó a Luis de la Berreda quién había financiado ese trabajo:

--¿Quién aportó el dinero para ese estudio? –cuestionó Ebrard.

--Fue el Consejo Nacional de Seguridad Pública y diez o doce estados --respondió el director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.

--Entonces ¿usted me está diciendo que hubo dinero del gobierno federal? –acorraló Ebrard, lanzándole una dura mirada al especialista.

--Fue dinero del Consejo y de diez estados –insistió De la Barreda.

A propuesta de Ebrard, los gobernadores se fueron sumando para pedir que se hiciera una comisión especial para definir qué tipo de sistema de evaluación puede reflejar –desde su perspectiva-- con mayor nitidez la inseguridad pública sin denostar el trabajo de las entidades.

Entonces el priista Peña Nieto respaldó al perredista Ebrard y, además, demandó que en esos trabajos se tome en cuenta los avances, los programas oficiales que han dado resultado.

Por su parte el gobernador de Chihuahua, Reyes Baeza, demandó tomar en cuenta que, por ejemplo, hace dos años su estado no estaba clasificado como "el más inseguro", pero luego que Calderón emprendió la "guerra" contra el narcotráfico, sobrevino un reajuste de los cárteles, que entonces desplazaron sus intereses y conflictos hacia el norte del país, especialmente a Chihuahua.

Antes que concluyera la reunión, Felipe Calderón otorgó parte de la razón a los gobernadores, en el sentido de que no se explicó la metodología ni tampoco se tomaron en cuenta los avances de los estados.

Además el Ejecutivo aceptó que se creara una comisión de gobernadores para elaborar un nuevo estudio sobre inseguridad.

No obstante lo anterior, Calderón también pidió considerar que se necesitan "ojos externos" sobre su trabajo, estudios de terceros que arrojen aspectos novedosos por atender.

"Entiendo que uno de los terrenos en donde mejor se ha trabajado ha sido en el Distrito Federal", admitió el propio Calderón.