El ICESI en lugar del INEGI

Este martes 20 de septiembre la Senadora María Elena Orantes López (PRI) propuso al pleno  un  punto de Acuerdo para que el Senado de la República exhorte al ciudadano Presidente de la República en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a tomar las medidas pertinentes para cumplir lo establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 21 de agosto del 2008, para institucionalizar la participación del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en la Encuesta Nacional sobre Inseguridad.

La propuesta fue turnada a comisiones.

Exposición de Motivos

El pasado 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación se determinó que la responsabilidad de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, quedaba en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dejando de lado la labor independiente realizada desde el año 2002 por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), al dejarla fuera del presupuesto de 30 millones de pesos destinado al levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad.

Con esto, el Gobierno federal excluyó de tajo a esta instancia ciudadana, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), para participar en la medición de la criminalidad en México.

Esta prerrogativa quedó en manos del INEGI por lo que, el Gobierno federal, está incumpliendo lo establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 21 de agosto del 2008.

La reticencia para apoyar al ICESI tiene mucho que ver con el disgusto que ha provocado a autoridades federales y estatales, el conocer la situación de inseguridad que impera en cada entidad federativa por parte de una instancia independiente y ciudadana.

En este sentido, consideramos un error excluir a las instancias ciudadanas a participar en la medición, la evaluación y el seguimiento de la situación de seguridad pública, así como en el desempeño de las autoridades.

A más de dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en Palacio Nacional, es lamentable que la sociedad no pueda contrastar las mediciones de la criminalidad que realizan las autoridades, a través de una evaluación independiente por parte de las organizaciones civiles en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Estos argumentos no van en el sentido de descalificar al INEGI que, en definitiva, cuenta con encuestadores profesionales y una capacidad logística a toda prueba, sin embargo, creemos que la participación del ICESI en la realización de las preguntas y la metodología para el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad le daría mayor credibilidad por tratarse de un organismo ciudadano, independiente y de corte académico que, cuenta además, con el aval de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Sabemos que existen autoridades que les molesta o les resulta incómodo el trabajo que realiza la sociedad civil y que están en contra de abrir mayores espacios de actuación ciudadana.

Por fortuna en México, existen células organizadas y nacidas desde la sociedad civil con suficiente calidad moral y autonomía para resaltar la ciudadanía frente al poder público.

Debemos entender que las agrupaciones ciudadanas sirven para oxigenar cada espacio de la vida social y lograr mecanismos de relación más claros y transparentes con el poder constituido. El asunto de la criminalidad y la violencia  en México no debe ser la excepción.

Estamos concientes que no se trata tampoco de minar la autoridad del Gobierno federal en esta materia. Sin embargo, estamos convencidos de la colaboración ciudadana bajo la concepción de acciones genuinas y dentro del marco institucional para poner límites al poder público.

Las agrupaciones políticas genuinamente ciudadanas tienden a ser mediadoras de la conflictividad social y, en cierta medida, se convierten en partes articuladas de las actividades tradicionales del Estado.

Las organizaciones sociales no buscan como meta primordial el ejercicio del poder público, para ellas, resulta central analizar primero como se ejerce y ser un dique frente a los abusos de las autoridades.

Si bien es cierto que ejercer el poder político no forma parte de la esencia de las organizaciones sociales, también lo es que, dentro de sus proyectos, esta el desempeñar políticas con una responsabilidad frente a la ciudadanía y al Estado.

Es fundamental entonces, que desde la sociedad civil se siga colaborando con la medición de la criminalidad y, que juntos, Gobierno federal y sociedad, mantengamos rumbo y claridad para acabar con la impunidad y el estado de violencia en el que nos encontramos.

México necesita avanzar más rápidamente en la coincidencia de los grandes temas, profundizar, ampliar y fortalecer los procesos de discusión y de vinculación hacia los objetivos que nos lleven a construir un país más justo, libre y democrático. Rescatar al mismo tiempo, la tolerancia y pluralidad, así como mantener la interlocución y, ser al mismo tiempo, corresponsables en el combate a la delincuencia organizada.

Es por todo ello, que esta proposición con punto de Acuerdo busca el consentimiento de esta Asamblea para entender la ecuación esencial entre Estado y sociedad civil, para funcionar en dos momentos necesarios, separados pero contiguos, distintos pero interdependientes del sistema social en su conjunto, siendo partes igualmente esenciales de una misma estructura social.

Necesitamos un Estado que cumpla con sus obligaciones, uno reformado, democrático y moderno, un Estado de todos, cuyas funciones se cumplan cabalmente y con apego estricto a la Ley, uno, auténticamente federal y representativo donde los poderes se equilibren plenamente y, donde la sociedad civil organizada, participe sin restricciones de ningún tipo buscando siempre los valores superiores de la República.

En el combate a la criminalidad necesitamos de organizaciones ciudadanas fuertes, abiertas, transparentes y altamente participativas, que articulen acciones unificadoras para la Nación y, promuevan al mismo tiempo, la verdadera participación social como factor coadyuvante en la resolución de este grave flagelo que sufre la sociedad mexicana.

Debemos en todos los ámbitos acabar con la opacidad y el autismo institucional e incluir en el presupuesto para el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Lo anterior, porque será el Gobierno federal y sus áreas de seguridad, los primeros beneficiados en la medición objetiva y debidamente instrumentada, para que, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, puedan planear con mejor información la toma de decisiones en el complejo contexto de inseguridad en el que vivimos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo:

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al ciudadano Presidente de la República en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a tomar las medidas pertinentes para cumplir lo establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, aprobado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 21 de agosto del 2008, para institucionalizar la participación del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en la Encuesta Nacional sobre Inseguridad.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al ciudadano Presidente de la República en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a tomar las mediadas necesarias para incluir en el presupuesto utilizado para el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, para permitir y fomentar la labor independiente de esta instancia ciudadana en la medición de la criminalidad en México en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

S u s c r i b e,

SEN. MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de septiembre de