Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación, durante el acto de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado Mexicano, Caso Valentina Rosendo Cantú.
México, D.F., 15/12/2011
Muy estimada, muy ejemplar Valentina Rosendo Cantú.
Señora María Cantú García.
Estimada Jenny.
Maestra Marisela Morales, Procuradora General de la República.
Licenciado Humberto Salgado, Secretario General de Gobierno del estado de Guerrero.
Doctor Jesús Orozco, Comisionado de la Comisión Interamericana de la Comisión de Derechos Humanos.
Antropólogo Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Señor Federico Cantú, Presidente Municipal de Acatepec, Guerrero.
Autoridades del Gobierno Federal que hoy nos acompañan.
Autoridades del Gobierno del estado de Guerrero, de sus Poderes que hoy también nos acompaña.
Servidores públicos de derechos humanos.
Amigas y amigos, defensores y promotores de los derechos humanos.
Apreciable invitados.
Compañeros de los medios de comunicación:
En democracia cada servidor público está obligado a cumplir con su deber y ese deber está mandatado por la ley. Cuando esto no sucede el Estado debe hacerse responsable y encargarse de corregir los hierros y reparar los daños.
Hoy nos congrega la memoria del 16 de febrero de 2002 cuando una joven mujer mexicana, indígena, madre de familia, Valentina Rosendo Cantú fue víctima de violaciones a sus derechos humanos.
El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional en la audiencia pública celebrada en el presente caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la falta de atención médica oportuna y especializada de la señora Rosendo Cantú, a la dilación en la integración de las investigaciones, a la afectación en su integridad psicológica, que nos ha relatado hoy la propia Valentina.
Se suman actos contrarios a los derechos humanos y por ello el Estado mexicanos reconoce en este acto público su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la garantía del acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de los niñas, consagrados en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de la señora Valentina Rosendo Cantú.
Originaria de la comunidad de Caxitepec, estado de Guerrero, Valentina Rosendo Cantú emprendió una incansable lucha por la justicia. A pesar de las condiciones adversas que enfrentó, que nos ha relatado, que reconocemos el día de hoy, esta valiente mujer, ejemplar mujer del pueblo Me'phaa fue hilvanando una lección definitiva para todos los mexicanos.
Conforme a la vocación democrática y al compromiso de este Gobierno de hacer valer y respetar los derechos humanos, el Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por violaciones a los Derechos humanos ocurridos en el caso de Valentina Rosendo Cantú.
Reconocida la responsabilidad del Estado e investido como Secretario de Gobernación en este evento, con la representación del mismo, señora Valentina Rosendo Cantú, a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década y en los que resultaron gravemente lesionadas en sus derechos.
Los desvíos de servidores públicos en el cumplimiento de su deber que derivan en violaciones a los derechos humanos deben ser investigados, sancionados y reparados integralmente por el Estado mexicano.
Es evidente que esos casos aislados no representan de modo alguno la política del Estado mexicano, orientada en todo momento por la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Estamos convencidos de que la única manera de honrar la perseverancia de Valentina en la búsqueda de la justicia es, no solamente, traer justicia y dar cumplimiento pleno a la sentencia del caso, sino consolidar también las transformaciones institucionales que se han venido empujando y alcanzando en los últimos años para que hechos tan lamentables, tan terribles como los que sufrió no se repitan con ninguna persona, en ninguna parte de nuestro país.
En observancia a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada el 1 de octubre de 2010, y en atención a la instrucción del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, del pasado 9 de diciembre, quiero reiterar el compromiso del Gobierno Federal de no escatimar ningún esfuerzo para seguir cumpliendo cabalmente con esta sentencia.
La ocasión que nos reúne el día de hoy es, sin duda, motivo de un lamento por el episodio que conmemoramos; pero también es una oportunidad para subrayar que tenemos una terea pendiente y que hoy en esa tarea, en México los derechos humanos cada vez se protegen más, cada vez se escucha más a las víctimas y que esa debe de ser nuestra vocación, nuestra obligación y nuestro compromiso, sin absolutamente ningún descanso.
Hay que mencionar también que este acto no solamente es parte del cumplimiento de una sentencia, es también el resultado de conversaciones permanentes entre las víctimas, sus representantes y las autoridades, convencidas de que todos los empeños deben invertirse en saldar esa deuda.
Entre las cosas que por efecto de la disposición mutua se han concretado en las mesas de trabajo, cabe destacar las siguientes:
Primero, como ya se ha mencionado, los hechos criminales que dieron origen al caso que nos ocupa están siendo investigados rigurosamente por la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVIMTRA, esto significa que el caso se desahoga en el fuero ordinario y no en el fuero militar.
Como se ha mencionado, también la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero mantiene abierta una investigación, a fin de reunir loe elementos necesarios para fincar responsabilidades y sancionar a quienes en su caso obstaculizaron el acceso de la justicia de Valentina Rosendo.
Además de la investigación, el esclarecimiento de los hechos se ha tenido avances importantes desde el punto de vista de la justicia restaurativa. Como mecanismos de reparación del daños se han otorgado las indemnizaciones correspondientes y se han firmado convenios con la señora Rosendo Cantú para otorgarles a ella y a su hija becas educativas, con ello se pretende contribuir a remontar las desventajas que agudizaron los daños del que fue objeto.
Una investigación exhaustiva y la reparación del daño son los pasos elementales que el Estado está obligado con la víctima, pero también indispensable inhibir y en su caso o procurar para todos la justicia que un día le fue negada a Valentina Rosendo Cantú.
Es por ello que el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, presentó en octubre del 2010 una Iniciativa de Reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar para adecuar el fuero militar; aunado a ello, el pasado 9 de diciembre el Presidente de la República, instruyó expresamente a la Secretaría a mi cargo a poner a disposición del Poder Legislativo los elementos que permitan enriquecer el proceso de dictaminación de la iniciativa presentada para garantizar que esa iniciativa y su eventual dictamen y en su eventual puesta en práctica como ley se ajuste plenamente a los criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estaremos trabajando en el ámbito de nuestra responsabilidad respetuosamente con el Poder Legislativo para poder llevar a buen puerto ese dictamen.
También para desalentar la violencia y la negligencia criminal en contra de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas, se aprobó el proyecto de un Protocolo de Actuación e Investigación de Violaciones Sexuales que es acorde, en lo pertinente, con los parámetros establecidos en el Protocolo Estambul, así como la directrices de la Organización Mundial de la Salud.
Este proyecto fue presentado y aprobado el pasado 25 de noviembre en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, lo que representa un compromiso de todo el Estado mexicano, de la Federación y de sus Entidades Federativas para inhibir y en su caso perseguir con eficacia esta clase de delitos.
La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres han continuado, tal como lo mandató la sentencia de la Corte Interamericana con las campañas de sensibilización y concientización sobre la prohibición y los efectos de la violencia y discriminación en contra las mujeres indígenas.
También, como nunca antes, el Gobierno Federal ha enfatizado la promoción y la capacitación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, hoy prácticamente la totalidad de los elementos castrenses han acudido, por lo menos, a un taller de sensibilización e instrucción en la materia, también hay que señalar que esta capacitación es permanente, sistemática y se imparte con la colaboración de organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales.
Cabe decir también que estos esfuerzos son congruentes con la preservación del honor, valor fundamental de las Fuerzas Armadas para quienes cualquier violación a los derechos humanos cometida por algún elemento es, por supuesto, un atentado contra ese principio característico de la institución, además de una violación a la ley que debe de ser sancionada.
Es por ello que vale la pena recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas y cada una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En junio del 2011 se publicó una Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, gracias a la cual de manera expresa se elevan a rango constitucional todos los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por nuestro país, además establece la obligación de todas la autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Esta reforma aunada a las enmiendas en materia de amparo y al nuevo Sistema de Justicia Penal constituyen la mayor ampliación de derechos en décadas en nuestro país.
Si bien existen avances y estos son alentadores, por supuesto, por supuesto que aún existen enormes desafíos, es una firme convicción de este Gobierno seguir trabajando en las sentencias de éste y de otros casos para su cumplimiento y, desde luego, consolidar las reformas al marco jurídico y mejorar las políticas públicas en la materia.
La ética de la responsabilidad, de reconocer los problemas, de enfrentarlos, de dimensionarlos y de trabajar por resolverlos que ha caracterizado a este Gobierno no admite un camino distinto, mucho menos en esta materia.
Estimada Valentina Rosendo Cantú, ejemplar Valentina Rosendo Cantú, hace casi una década el Estado no la protegió ni le procuró justicia. Hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia.
Este acto público es prenda de esa convicción y a sabiendas de que parte de su sufrimiento, es irreparable. Deseamos que para usted, para la pequeña Jenny, para todos sus familiares este acto simbólico se traduzca en una mínima expresión de justicia que contribuya a la reconstrucción de su proyecto de vida.
Una vez más una disculpa, una vez más gracias a todos por estar aquí.
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