La comparecencia del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), a propósito del VI Informe de Gobierno.
· Se pronunció por seguir profundizando las reformas que garantizan que las libertades tendrán un mejor resultado en la gestión de gobierno.
Fue una comparecencia de casi cuatro horas/abajo las principales preguntas y respuestas
Mensaje textual del Secretario Poiré (la foto es de La Jornada)
Muy buenas tardes, muchas gracias a todos.
Señor diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados;
Distinguidas diputadas y diputados, secretarios y secretarias de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación;
Honorables legisladoras y legisladores que nos acompañan el día de hoy;
Amigas y amigos de los medios de comunicación. Muy buenas tardes.
La transparencia y la rendición de cuentas son características esenciales de una democracia plena y permiten garantizar un verdadero Estado de derecho. En este contexto acudo a esta honorable Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a dar cuenta de las acciones que hemos realizado en materia de política interior.
El reto principal de la política interna de todo Estado democrático, es el de armonizar el pleno y auténtico ejercicio de las libertades ciudadanas, con la gestión de la administración pública, el que esta gestión de la administración pública esté al servicio de las libertades ciudadanas, es el de promover esta armonía al tiempo que se produzcan las transformaciones de fondo que nuestra realidad requiere para que todos podamos vivir mejor.
Durante la presente administración la Secretaría de Gobernación ha sido factor constante, permanente, en la búsqueda de condiciones para lograr acuerdos de trascendencia para nuestro país.
El camino para lograrlo no ha sido fácil, basta recordar circunstancias políticas difíciles como las que se dieron en un entorno de polarización al inicio de la presente administración.
Basta recordar también el diagnóstico que distintos centros académicos y de análisis hacían respecto a la funcionalidad de nuestro sistema político y su presunta incapacidad para traer reformas trascendentales a nuestro país. Señalo algunos ejemplos:
El Banco Mundial en su informe de aquellos años señalaba que existía una dificultad inherente al sistema político mexicano para la construcción de acuerdos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su Encuesta Económica del año 2002, puntualizaba la necesidad de diversas reformas estructurales para nuestro país, para superar sus debilidades institucionales.
Asimismo otros organismos especializados como el Fondo Monetario Internacional, mencionaban que las principales reformas para lograr mayor crecimiento, indispensable, eran la del sistema judicial, la del mercado laboral y la del sector energético.
La revista El Economista, la versión inglesa, indicaba también la necesidad de invertir en infraestructura y educación para elevar la competitividad de nuestro país.
Y el consenso generalizado era pesimista, era que nuestro país no iba a encontrar, como no lo había encontrado quizás en años anteriores, la capacidad para generar los acuerdos que lograran esas transformaciones.
En ese sentido la tarea de los poderes públicos, muy particularmente del Poder Legislativo, y quiero iniciar con ese reconocimiento a las legislaturas pasadas y a lo que va de esta Legislatura, pero también, desde luego, la Secretaría de Gobernación, se han encargado de una tarea muy clara: privilegiar el diálogo, buscar los acuerdos, ir por encima de los disensos y obtener resultados en beneficio de las principales demandas de la población.
Durante la presente administración, gracias a la responsabilidad compartida y coordinación entre el Ejecutivo federal y el Legislativo hemos, qué duda cabe, sido capaces de realizar transformaciones de gran trascendencia para el futuro de nuestro país.
Hemos brindado la oportunidad a México de alcanzar logros que antes, como lo señalé en ese diagnóstico que señalaba, simplemente no parecían posibles. Tan sólo en los últimos seis años hemos logrado, y lo digo hemos logrado, porque ha sido tarea fundamentalmente del Poder Legislativo, pero también del Ejecutivo y, sobre todo de la sociedad,una reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma constitucional al sistema de justicia penal, una reforma también para fortalecer los mecanismos de combate a la delincuencia organizada, una reforma constitucional en materia electoral, una reforma de pensiones, una reforma hacendaria, una reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, una reforma política trascendental en el avance de libertades y derechos y, gracias a esa reforma política, también más recientemente durante esta Legislatura, reformas trascendentales en materia laboral y en materia de contabilidad gubernamental.
De la reforma energética, por ejemplo, destaco que tan sólo en el año de 2008, con el alcance de esta reforma energética, hemos logrado una mucho mayor capacidad de exploración en virtud de la cual hoy Petróleos Mexicanos tiene, en beneficio de nuestro país, el hallazgo de pozos en aguas profundas, con los cuales simple y sencillamente no se contaba.
Lo mismo destaco la reforma política, que no solamente ha abierto mayores espacios de participación a los ciudadanos, sino que le ha permitido al Ejecutivo y al Legislativo concentrar su atención en materias de atención prioritaria, por ejemplo la laboral y la de contabilidad gubernamental.
Asimismo, como tarea de política interior y en el ámbito de ampliación de las libertades de los ciudadanos, se ha llevado a cabo una tarea trascendental en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Ésta ha sido una prioridad plasmada en la reforma constitucional en la materia para que se respeten, se reconozcan y se defiendan de la manera más profunda posible los derechos humanos de toda la población.
Sobre esta base también se han promovido mejores instrumentos que permitan a las personas disfrutar de sus libertades y proteger sus derechos. Destaca también la emisión de protocolos específicos para el uso legítimo de la fuerza para la detención y puesta a disposición de personas y para la cadena de custodia y preservación de evidencias del delito, que les dan más certidumbre a los ciudadanos ante la acción de la autoridad en materia de combate a la delincuencia.
Con esos instrumentos, la participación de las fuerzas federales en las tareas de seguridad pública se seguirá dando con mayor apego a legalidad y respeto a los derechos humanos.
Acción importante también de este Poder Legislativo y en la cual el Ejecutivo ha dado pasos significativos es la implementación de la nueva Ley para la Protección y Defensa de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas; hemos implementado ya el mecanismo correspondiente, encabezado por la Secretaría de Gobernación, que nos permite operar como no lo podíamos hacer hace apenas algunos años.
El compromiso del Gobierno Federal en la materia es indeclinable. Hemos recibido y atendido la totalidad de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en esa materia seguimos revisando la actuación de cada una de las dependencias para poder garantizar el cumplimiento de aquellas recomendaciones aceptadas.
También, con el apoyo del Poder Legislativo, hemos dado pasos significativos en la renovación de la política migratoria del Estado mexicano. No podíamos estar exigiendo en el extranjero lo que en nuestro país no se garantizaba desde el ámbito normativo y también desde el ámbito administrativo.
Es por ello que con las nuevas leyes de migración y la Ley de Refugiados y Protección Complementaria se garantizan y amplían los derechos de aquellas personas que transitan por nuestro país o que buscan llegar y establecerse en nuestro territorio.
Todos estos avances se han logrado de cara a la sociedad y requieren de la participación de la propia sociedad para poder consolidarse.
Es por ello que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha mantenido una apertura total a la crítica, a las aportaciones y a la deliberación de la sociedad para la definición y la evaluación de su tarea de gobierno. Los resultados alcanzados al lado de la sociedad son significativos.
Hemos impulsado la participación de los ciudadanos en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, derivado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Hemos llevado a cabo diálogos por la seguridad de manera permanente en todo el territorio nacional, encabezados la mayoría de ellos por el propio presidente de la república, con el objetivo de perfilar mejores soluciones en defensa de las libertades y de la seguridad de los ciudadanos.
Hemos seguido avanzando también en la incorporación de ciudadanos a los consejos consultivos, no solamente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sino de la Junta de Gobierno de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, la Junta de Gobierno del propio mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, la mesa interinstitucional del diálogo para la protección de niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados y también en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración.
Todos estos procesos de participación y compromiso por parte de la sociedad civil tienen un carácter trascendental. Son la palanca y el motor de una mayor transformación, de una mayor celeridad en la implementación de las reformas administrativas que también se han emprendido.
Como nunca antes había existido una participación social tan cercana en la evaluación del Gobierno Federal y en la definición de las políticas y acciones del gobierno destinadas a atender las necesidades y problemas de la población.
Señoras y señores legisladores, seguramente tendré tiempo para ampliar estos argumentos y responder a sus preguntas en los minutos que restan. Pero vale la pena reflexionar sobre cómo funciona una democracia eficaz, demanda la colaboración comprometida y sistemática de todos los poderes y los distintos órdenes de gobierno.
La acción conjunta y coordinada ha demostrado que era el medio óptimo para responder a las demandas ciudadanas.
Más allá de las legítimas diferencias que nos caracterizan por vivir en democracia, más allá del debate y del diálogo de las ideas hemos buscado garantizar y promover la búsqueda de acuerdos y de consensos para mejorar la vida de todos los mexicanos.
Los avances que juntos hemos logrado se sirven como una plataforma para seguir profundizando la transformación de nuestro país, debemos seguir avanzando en el ejercicio de libertades individuales y debemos de seguir profundizando las reformas que garantizan que estas libertades tendrán un mejor resultado en la gestión de gobierno.
En esta visión democrática la consolidación de las instituciones de transformación de cara a la sociedad en un ánimo de diálogo y de concertación son indispensables. Estoy a sus órdenes para sus preguntas y sus comentarios.
Muchas gracias.
Preguntas y respuestas:
Luego de rendir protesta de decir verdad Poré dio respuesta a temas relativos a la estrategia para el combate al crimen organizado, el Operativo “Rápido y Furioso”, migrantes, índices de violencia, transformación del marco normativo y el tema sobre la legalización de la mariguana.
El Heriberto Galindo Quiñones (PRI) fue duro al decir que ante los resultados de la estrategia para el combate al crimen organizado es menester revisarla a detalle y rectificarla, en su caso, a fin de que el próximo Gobierno tenga un mejor desempeño: “No ponemos en duda las buenas intenciones del Gobierno en el combate al crimen, pero clamamos por mejores resultados”.
El legislador sinaloense señaló que en amplios sectores de la sociedad existe zozobra e intranquilidad a causa de la violencia y la inseguridad pública. Esta situación –dijo-, se manifiesta en el incremento del Índice de Percepción Sobre la Seguridad Pública y que en los últimos 35 meses aumentaron en un 70 por ciento las quejas y denuncias por violación de los derechos humanos por parte de instituciones de seguridad del Estado.
Durante este sexenio, agregó, la coordinación entre los tres órdenes del gobierno para el mejoramiento de la seguridad pública no fue óptima y persisten problemas.
Como ejemplo mencionó la“vergonzosa” situación de los reclusorios en el país, el descuido en el tratamiento de los aspectos migratorios en el sur del territorio nacional o la intromisión “inadmisible” de Estados Unidos en la soberanía, como en el caso del operativo Rápido y Furioso.
Calificó de fundamental la modernización del Cisen, con el propósito de que su trabajo sea confiable ante el combate al crimen organizado; “consideremos de la mayor importancia fortalecerlo en todos los aspectos”.
En tanto Arnoldo Ochoa González (PRI) llamó a analizar las políticas implementadas por el gobierno federal en materia de adicciones, seguridad y garantías individuales, para ver qué funciona y qué debe rectificarse, con una visión de Estado y el concurso de todas las fuerzas políticas. Indicó que, según datos del INEGI, 24.3 por ciento de los menores en Consejos Tutelares delinquió bajo la influencia de alguna sustancia; 68 por ciento consume drogas habitualmente, y la mariguana es la más reportada, con 35 por ciento, seguida de alcohol y tabaco.
Por su parte, Víctor Hugo Velasco Orozco (PRI) cuestionó la cobertura del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y si sus recursos han llegado en tiempo y forma para los afectados.
Alfredo Rivadeneyra Hernández (PRI) preguntó qué acciones preventivas se han realizado en el marco de la estrategia nacional de seguridad, a fin de evitar que el crimen siga lesionando la vida de muchas comunidades al encontrar terreno fértil para reproducirse sin control.
En tanto, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) mencionó que la corrupción es un mal que ofende y lacera a los ciudadanos, por lo que durante la presente administración se pusieron en marcha diversos programas para combatirla, y se han impulsado leyes que la sancionan, como la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas.
Señaló que en la actual administración México cuenta con una democracia efectiva que se ha traducido en reformas constitucionales en materia política que significan avances para su consolidación. La pasada reforma política abrió la puerta para las candidaturas independientes, la consulta popular y a la iniciativa preferente que ya demostró ser un camino para llegar a los acuerdos de forma ágil.
Defendió también la actuación del gobierno del presidente Felipe Calderón en materia de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, combate a la corrupción, defensa de los derechos humanos y de los migrantes y refugiados.
Esther Quintana Salinas (PAN)reclamó el qué no se ha replicado en otras ciudades y comunidades del país el Programa Todos somos Juárez, que ha reducido la violencia en un 50 por ciento de enero a julio de 2012 comparado con 2011.
Por su parte, Juan Jesús Aquino Calvo(PAN) pidió se informará sobre los avances para contrarrestar la corrupción y malas prácticas en el Instituto Nacional de Migración; José Alfredo Botello Montes (PAN) dijo que su partido refrenda el compromiso para que se promueva un puntual seguimiento a las acciones de gobierno que se emprendan por la nueva administración.
Por parte de la bancada del PRD, Lizbeth Eugenia Rosas Montero recalcó que la guerra contra el crimen organizado han producido dolor, desgracia y desaparición de personas, por lo que pidió cancelarla. Subrayó que se menciona que las fuerzas federales inhabilitaron el 67 por ciento de los presuntos criminales más peligrosos del país y que hasta octubre de 2012 se capturaron o fallecieron 25 de los 37 criminales más buscados por la PGR. Sin embargo, “este enfoque es erróneo, ya que por cada muerto capturado surgen dos o tres cabezas nuevas en cada territorio abatido, teniendo con ello un crecimiento exponencial de los líderes de los criminales”.
Afirmó que el gobierno falló como garante de la seguridad en el país, lo que se evidencia en los más de 250 mil desaparecidos y la pérdida de control en el sistema penitenciario. También mencionó la quiebra económica en ciudades atacadas por la inseguridad y el incumplimiento de las sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
Estos resultados “son inaceptables para un ente (la Secretaría de Gobernación) que se dio el lujo de subejercer más de cuatro millones de pesos en 2010, a la par que obtuvo un dictamen negativo de la Auditoría Superior de la Federación, precisamente en el tema de derechos humanos”, indicó.
Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) lo cuestionó si tiene sentido mantener la persecución de cargamentos de mariguana para impedir que llegue a la Unión Americana, “cuando en ese país ya está permitida y regulada en 18 estados como sustancia médica y en dos como recreativa”.
Concretamente preguntó qué sentido tenía mantener la persecución a los productores de marihuana para impedir que ésta llegue a EU, cuando en ese país ya está permitida y regulada en 18 estados para su uso médico y en dos en para el recreativo. No obstante, el legislador celebró la apertura del presidente Felipe Calderón y del Secretario de Gobernación a discutir el paradigma prohibicionista en el combate a las drogas.
Pidió conocer lo que pasa con la labor de inteligencia del Estado mexicano, toda vez que no se sabe dónde están las incautaciones o congelamientos de los recursos que financian al crimen organizado. Cuestionó qué ha hecho el gobierno mexicano sobre el operativo “Rápido y Furioso”.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) afirmó que el actual gobierno tuvo una deficiente comunicación con los diferentes actores políticos“y ésa es la prueba de fuego que debemos superar los legisladores, el Ejecutivo, y en su caso, el Judicial para consolidar la democracia sustancial que esperamos se desarrolle en la siguiente alternancia”. Afirmó que el fortalecimiento democrático debe concretar cambios legales y en las relaciones políticas, pero también“reflejarse en los bolsillos de los ciudadanos, en lo concreto, en lo sustancial, en la disminución de pobreza y la desigualdad social que no hemos logrado impactar”.
La legisladora experredista cuestionó que el Gobierno Federal no haya invitado al Congreso de la Unión cuando elaboró el Plan Nacional de Desarrollo; argumentó que los legisladores hubieran aportado indicadores de seguimiento a la política gubernamental. “Entonces sí hablaríamos de una transparencia plena y del combate a la corrupción”, opinó.
En tanto, el diputado Alfonso Durazo Montaño del Movimiento Ciudadanio (MC) subrayó que el desempeño específico de la Secretaría de Gobernación hereda al menos 112 conflictos de impacto nacional y regional. Subrayó que han sido mínimos los resultados del combate a la delincuencia durante los últimos años. “En este sentido, le pregunto: ¿funcionó la separación de tareas entre la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública?”
Señaló que las violaciones de derechos humanos tienen un carácter sistemático en el país, mientras que las condiciones de pobreza dejan como resultado 52 millones de personas que están prácticamente “muertas de hambre”.
Preguntó cuál fue la razón por la cual la SEGOB no convocó a un diálogo nacional para reformular al Estado, de acuerdo a las condiciones de una nueva democracia, y también por qué se dejó en la absoluta impunidad a las actitudes caciquiles de gobernadores que hicieron de sus estados escenarios de criminalidad, corrupción y deuda pública.
En ese sentido manifestó que ante la crisis interna del país “se puede considerar que la Secretaría de Gobernación dejó de existir políticamente, porque la relación y el desarrollo político no se vio reflejado en este último informe y en el gobierno”. Ante la ausencia de estrategias eficaces en materia de seguridad, el gobierno hizo del“crimen organizado un crimen desorganizado, dejando al país en una situación precaria de gobernabilidad”, agregó.
En tanto, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara del PT resaltó que en el alcance de metas en los programas sectoriales, el Gobierno Federal obtiene un 59 por ciento, mientras que las metas de la Secretaría de Gobernación obtienen un nivel del 55 por ciento. “Ambos reprobados”, enfatizó.
Respecto al tema migratorio puntualizó, que “no sólo hay un déficit institucional en la obtención de metas y programas sino una complicidad con la delincuencia por acción y por omisión para formular y conducir la política de población.
Pidió dar a conocer el número de armas aseguradas por la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, la SHCP, a través de aduanas que se identifican con el caso de Rápido y furioso, ya que el Gobierno Federal omitió informar de las incautadas en los distintos operativos señalados en el Sexto Informe de Gobierno.
Señaló que la operación del crimen organizado se concentra en 29 por ciento de los municipios territorio ha quedado fuera del imperio de la ley; esto es, 713 municipios que están fuera del Estado de derecho, situación que ha generado miles de desplazados.
El diputado Luis Antonio González Roldán del partido Nueva Alianza (PANAL) expresó que el sistema de justicia, se encuentra hundido en una grave crisis. “Enfrentamos índices históricos de criminalidad y violencia, en buena medida porque el Estado ha sido incapaz de erguirse como una amenaza real de castigo para quien transgrede y viola la ley”.
Dijo que la estrategia implementada en el combate a los grupos delictivos ha resultado infructuosa y generado una escalada de la violencia en gran parte del territorio nacional.“En los últimos 10 años, los índices de impunidad han permanecido estables, es decir, sólo 1 de cada 100 delitos cometidos en México recibe castigo”, agregó.
Fernando Bribiesca Sahagún (PANAL) cuestionó qué acciones ha realizado la Segob en materia de seguridad fronteriza y cuántos migrantes pasan diariamente por el país y son víctimas de vejaciones y extorsiones por parte de policías federales, estatales, municipales y agentes migratorios.
Luis Antonio González Roldán (PANAL) preguntó qué se ha hecho para garantizar la seguridad de los migrantes, y si la actual administración enmendó el camino o fracasó en el combate a la delincuencia organizada, pues no ha tenido efectos reales.
Las respuestas del Secretario Poiré:
Al dar respuesta a los cuestionamientos, el secretario se refirió al operativo “Rápido y Furioso”, del que informó que a la PGR le corresponde llevar la investigación “está conduciendo las investigaciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades, no solamente de personas que llegaron a conocer de los hechos en este lado de la frontera con Estados Unidos, sino de aquellos otros que estuviesen involucrados o que se identifique su responsabilidad”.
Dijo que de parte del gobierno de EU no hubo, ninguna comunicación que solicitara permiso, o siquiera informara, sobre este operativo; de haber sido así, lo habríamos negado y lo hubiéramos rechazado de forma categórica. La PGR “está trabajando y está obligada al sigilo por lo que presentará las pruebas correspondientes en el momento adecuado”.
“De parte del gobierno estadounidense no hubo en modo alguno comunicación, solicitando permiso, siquiera informando de este operativo, de haberlo habido hubiéramos negado el permiso”, subrayó.
De igual, forma rechazó que el país esté inmerso en una crisis de gobernabilidad y que el combate a la delincuencia haya sido una ocurrencia del gobierno; fue una demanda expresada desde hace muchos años por la sociedad, sostuvo.
Respecto a la presencia de agentes de Estados Unidos (de la CIA) en territorio nacional – pregunta del diputado Ladrón de Guevara- , indicó que es necesaria para la obtención de información de aspectos específicos que sirven a las funciones de las autoridades mexicanas en el uso de sus atribuciones, lo cual está reglamentado desde 1992.
Aunque preciso que la presencia de agentes estadounidenses en México, como en el caso de Tres Marías, es legal, eso si subrayó que el ejercicio de esos agentes no está sujeto a atribuciones de autoridad, ni se les permite la portación de armas.
Reconoció que los agentes emboscados por agentes de la Policía Federal en Tres Marías se encontraban “en funciones de obtención de información”. Aunque precisó que la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público Federal debe ser con sigilo y le corresponderá a esa dependencia informar sobre los avances del proceso.
En el tema de la legalización de la mariguana- pregunta del diputado Belauzarán del PRD_ , dijo estar de acuerdo en que es indispensable abrir el debate. “Ya lo dijo el presidente Calderón, no de manera tardía, sino desde la primera vez que se planteó, pero tiene que ser integral, global, tiene que incluir todos los aspectos, no solamente el de seguridad, sino de salud pública y la coordinación de cualquier política pública en la materia”, abundó.
Recordó que fue este gobierno el que permitió la promulgación de la miscelánea para despenalizar y descriminalizar el consumo no solamente de la mariguana, sino una serie de sustancias bajo la premisa de que a la última persona a la que se le tiene que perseguir es al consumidor.
No podemos ocultar, dijo, que son justamente las ganancias exorbitantes, resultantes de este tráfico hacia el extranjero, las que generan la rivalidad entre los grupos delincuenciales, la violencia, corrupción y dificultad para que las instituciones de seguridad pública local reduzcan los índices delictivos con el apoyo de la fuerza federal.
Mencionó que el precio de la droga y de referencia lo impone el mercado de Estados Unidos, por lo que los grupos delincuenciales “seguirán teniendo ganancias exorbitantes y, en este tenor, continuarán los fenómenos de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, independiente de la política que adopte de forma unilateral nuestro país”.
Por ello, consideró indispensable restablecer el Estado de derecho y fortalecerlo. Provocar un debate, como lo hace el gobierno federal en el plano internacional, a fin de que sea una política integral y para que en Estados Unidos deje de existir este fenómeno paradójico que ocasiona que, desde el ámbito político y diplomático, no se dé una discusión sobre el mismo tema mientras su pueblo en “algunos estados” les provoca esa discusión y toma decisiones.
Tras el cuestionamiento sobre un incremento de la presencia de las fuerzas armadas en estados y municipios, Poiré señaló que fue a petición de las autoridades locales para combatir el crecimiento de la delincuencia en todos sus órdenes.
Afirmó también que se han reducido considerablemente los índices de violencia, y citó el caso de Ciudad Juárez, donde, la participación de las fuerzas federales, permitió reducir hasta un 76 por ciento el número de homicidios, y lo mismo sucedió en Baja California.
Dijo que ante presiones del crimen organizado a alcaldes, se envió una iniciativa al Congreso de la Unión con el objetivo de lograr un mando policial único. Agregó que en la medida en la que mantengan las 2 mil 200 corporaciones municipales, se seguirán enfrentando problemas de capacidad institucional.
Se refirió también al tema de la delincuencia organizada y el tráfico de personas, particularmente en las rutas de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos. Aseguró que se ha aplicado una política integral de atención al fenómeno.
Esa política integral pasa inicialmente por la transformación del marco normativo, como despenalizar la migración indocumentada dentro de nuestro país, acentuar la defensa de los derechos humanos de éstas personas, además de una transformación del Instituto Nacional de Migración. (INM)
Como parte del ejercicio de depuración, se han separado de su cargo a más de 700 servidores públicos, lo cual constituye 15 por ciento de su planilla, reconociendo que había sido infiltrado por la delincuencia y la corrupción.
Agregó que ante hechos lamentables registrados en el tren llamado “La Bestia”, se han efectuado operativos sistemáticos, incluso con la presencia de las Comisiones de Derechos Humanos, para desincentivar su utilización de ese transporte por parte de los migrantes.
“A la fecha y como resultado de los trabajos que se han llevado a cabo en los últimos meses han sido más de 13 mil 500 migrantes los que se han retirado de ese tren, evitando su trayecto hacia zonas de riesgo frente a los grupos delincuenciales, además de que han sido repatriados hacia sus países de origen”, informó Poiré.
A pregunta expresa, también habló de la depuración en el INM y aseguró que al día de hoy no se contrata nadie que no haya pasado por el control de confianza. Precisó que se han separado a más de 700 servidores públicos del INM, como parte del ejercicio de depuración, lo cual representa más del 15 por ciento de su planilla.
Indicó que se han realizado operativos de manera sistemática en la frontera sur, con la presencia de representantes de las comisiones de derechos humanos, para desincentivar en los migrantes centroamericanos la utilización del tren conocido como La Bestia.
“A la fecha y como resultado de los trabajos que se han llevado a cabo en los últimos meses, más de 13 mil 500 se han retirado de ese tren, evitado su trayecto hacia zonas de alto riesgo frente a grupos delincuenciales y han sido repatriados a sus países de origen”,aseguró.
“¿Estaríamos mejor si los capos anduvieran libres en las calles?”, refutó Poiré ante el reclamo de que Los Pinos privilegió la apología en radio y televisión de la aprehensión o muerte de narcotraficantes. Interrogado sobre la iniciativa que ayer presentó el PRI para desaparecer a la SSP, a cargo de Genaro García Luna, afirmó que cualquier reforma del sistema policiaco “contará con la base sólida de la Policía Federal”.
Al final, el funcionario pidió a los diputados “no confundir el esfuerzo de destacar los avances de gobernabilidad con optimismo”, definición que contrastó el petista Manuel Huerta: “No confunda tolerancia y paciencia ciudadana con gobernabilidad, que sólo existe por la manipulación informativa. Su secretaría está reprobada”. (La Jornada, nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez).
Otros comentarios de la comparecencia al margen de la Comisión.
El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, calificó como “ridículo” que el secretario de Gobernación corresponsabilice al Congreso de la Unión en la lucha anticrimen que ha derivado en “más 100 mil muertos”, ya que, agregó, la estrategia nunca fue consultada con el legislativo. “Es una estrategia ridícula de repartir culpas, porque el Congreso hizo su parte dándole las leyes que necesitaba”, dijo.
Agregó que las declaraciones de Poiré Romero no corresponden a la realidad, ya que a escasos días de haber asumido la presidencia, Felipe Calderón, hizo un despliegue militar y policiaco, vestido de militar, recorriendo Tierra Caliente, en Michoacán, y en ese contexto declaró la guerra al crimen.
“¿A quién consultó?, la Constitución dice que para declarar una guerra se requiere autorización del Congreso. Que el secretario de Gobernación no quiera curarse en salud”.
En declaraciones a la prensa, Aureoles Conejo comentó que los instrumentos legales que proporcionó el legislativo han sido mal utilizados y puso como ejemplo el tema del arraigo y testigos protegidos.
“Casi todos los detenidos por la vía de testigos protegidos salen libres en el menor tiempo posible, porque todas las pruebas son endebles, en el caso del arraigo, existe una violación permanente a los derechos humanos”, precisó.
En declaraciones por separado, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, consideró irresponsable que el gobierno federal quiera hacer corresponsable al Poder Legislativo de los fallidos resultados de la estrategia contra el crimen organizado.
“Repartir culpas es irresponsable, toda vez que el gobierno federal ha carecido de la capacidad para armar una estrategia inteligente eficaz, que no le genere tanto dolor al país y que realmente combata al crimen organizado”, indicó.
Manifestó que a pesar del cuantioso presupuesto con el que han contado los cuerpos policíacos y las instancias de combate a la delincuencia, “han sido recursos que no se han visto fructificar”, pues “la guerra absurda” en la que se enfrascaron el Presidente Felipe Calderón y sus colaboradores ha generado 100 mil muertos y desaparecidos, cifras no reconocidas por el Ejecutivo.
El legislador expresó que es momento de analizar la pertinencia de legalizar algunas drogas para uso terapéutico e incluso recreativo, sobre todo tras la “carnicería” en la que se convirtió este sexenio debido a la guerra contra el crimen y el antecedente de la legalización de la marihuana en 20 estados de la Unión Americana.
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