2013: nuevo ciclo... ¿y reformas?

2013: nuevo ciclo... ¿y reformas?
El Pacto Por México establece un calendario para las más de 35 reformas legales comprometidas por el gobierno, el PRI, el PAN y el PRD.Diez puntos clave del Pacto por MéxicoEspecialistas analizan a fondo 10 puntos del Pacto por México, firmado entre el Gobierno de Enrique Peña Nieto y las dirigencias del PRI, PAN y PRD.
Enfoque, Reforma, 6 enero 2013).- ¿Es posible transformar radicalmente a un país en apenas un año? Según Enrique Peña Nieto y los dirigentes del PAN, PRD y PRI -firmantes del Pacto por México- sí es posible.
El documento firmado el pasado 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec establece para 2013 una amplia agenda de reformas legales, entre las que destacan varios cambios que la clase política no ha podido consumar en las últimas dos décadas.
Primer semestre

Según los compromisos asumidos por los tres principales partidos y el nuevo gobierno, en los primeros seis meses de este año deberán haberse presentado, discutido y aprobado 20 cambios legales.
Entre ellos destaca una nueva reforma a Petróleos Mexicanos que avance en aquellos temas que quedaron pendientes en la reforma energética promovida en 2008 por la administración de Felipe Calderón y aprobada luego de un proceso legislativo de siete meses que provocó resistencias en la izquierda y en el propio PRI.
La reforma a Pemex busca convertir a la paraestatal en una "empresa pública de carácter productivo", multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos; fomentar un entorno de competencia en la refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, y lograr que Pemex sea el eje de una cadena de proveedores nacionales.
El pacto contempla también el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La agenda del Pacto establece además que en los primeros seis meses del año se dé un paso que ninguna de las dos administraciones panistas quiso dar: propiciar la competencia en radio y televisión, y en telefonía y servicios de datos; es decir, licitar la tercera cadena de televisión y abrir el sector de telefonía, dos mitos que Enrique Peña Nieto, ya como Presidente, ha dicho que va a romper: "lo digo porque es un compromiso y porque estoy decidido a que así sea, porque estoy convencido de que la competencia es buena, es positiva para la sociedad mexicana" (Reforma, 7 de diciembre de 2012).
En este sector, los líderes de los partidos políticos también se comprometieron a darle autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y garantizar el derecho al acceso a la banda ancha.
Y, paralelamente, se busca reformar la ley para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia y crear tribunales especializados en competencia económica.
La agenda de reformas incluye, en el rubro de seguridad y justicia, la aprobación de un Código Penal único y un Código de Procedimientos Penales único.
Crear y regular la Gendarmería Nacional, que buscará sustituir al Ejército en las labores que actualmente realiza para apoyar la lucha contra el crimen organizado en diferentes regiones.
Se pretende aprobar una nueva Ley de Amparo.
Y, finalmente, se busca aplicar un esquema de Policías Estatales Coordinadas, en el que las policías municipales se conviertan en "policías de proximidad" y las estatales asuman todas las labores de seguridad pública. Para ello se requiere crear un sistema que homologue funciones y capacidades de estos cuerpos policiacos.
Todas estas reformas forman parte de la nueva estrategia anticrimen anunciada el pasado 17 de diciembre por Peña Nieto ante el Consejo Nacional de Seguridad, que congregó a los 31 gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que se supone que cuentan no sólo con el respaldo de los dirigentes partidistas que firmaron el Pacto, sino con el consenso de los ejecutivos locales.
En el Pacto también se consideraron para la primera mitad del año acciones legislativas para concretar la reforma política impulsada desde 2009 por grupos sociales y aprobada el año pasado en el Congreso: los partidos se comprometieron a aprobar las leyes reglamentarias de las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la iniciativa preferente y la consulta popular.
Además, se buscará regular los gobiernos de coalición, revisar el fuero y anticipar a septiembre la toma de protesta del Presidente de la República.
Una nueva ley para la explotación minera es uno más de los acuerdos que deberían traducirse en reforma legal antes del 30 de junio.
Adicionalmente, se tiene estipulado que en este semestre la reforma constitucional en materia educativa que se aprobó en diciembre en el Congreso de la Unión sea aprobada en los congresos locales para que pueda ser promulgada.
Antes del 30 de junio, adicionalmente, se deberá haber instalado una mesa nacional para discutir la reforma política del Distrito Federal, un asunto que se ha discutido durante décadas y que formó parte de la reforma política de 1996 que dio paso a la elección (en 1997) del primer jefe de Gobierno electo en la capital del país. Dieciséis años después, los partidos buscan culminar ese proceso.
Segundo semestre
En el país ideal dibujado en el Pacto por México, los firmantes establecieron una agenda igualmente compleja para la segunda mitad del año: una reforma fiscal profunda y de gran calado, una batería de cambios en materia de derechos humanos y una nueva reforma político-electoral que contempla a partidos y medios de comunicación.
En septiembre, al inicio del segundo año de la LXII Legislatura, el gobierno de Peña Nieto deberá enviar al Congreso su propuesta de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, y es previsible que su paquete económico vaya acompañado de una propuesta de reforma fiscal.
Dicha reforma, según el Pacto por México, contemplaría cinco medidas generales:
1. Eficiencia recaudatoria: mejorar y simplificar el cobro de impuestos, incrementar la base de contribuyentes y combatir la elusión y evasión fiscal.
2. Fortalecimiento del federalismo hacendario: revisar la Ley de Coordinación Fiscal y crear mayores y mejores facultades tributarias para las entidades federativas y municipios, en especial en el impuesto predial.
3. Eficiencia y transparencia del gasto público: eliminar duplicidades de funciones, compactar áreas y dependencias de gobierno, y alcanzar mejores indicadores de desempeño.
4. Fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado: eliminar privilegios fiscales como el régimen de consolidación fiscal, reducir el sector informal de la economía y revisar el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos.
5. Revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales, para establecer un sistema eficaz, transparente y progresivo.
En paralelo, se enviará al Congreso una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios.
Un rubro amplio de reformas pactadas por los dirigentes del PRI, PRD y PAN es el de los derechos humanos.
Para el segundo semestre del año, se tiene estipulado reformar la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para adecuarla a la reforma constitucional aprobada en el sexenio anterior.
Se buscará, también, promulgar una la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, para normar los términos y condiciones para la suspensión de garantías individuales prevista para casos graves.
El documento establece que en este periodo se resuelvan los diferendos en torno a la Ley de Atención a Víctimas para que entre en vigor.
Además, se contempla crear una ley de reparación del daño, una ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública y fortalecer los mecanismos legales de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
El documento señala que también se va a perfeccionar el marco legal para sancionar la tortura y la desaparición forzada, aunque el pasado 13 de diciembre ya se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que deberá ser procesada en el Senado.
En materia político-electoral, el Pacto establece como metas presentar y discutir en el segundo semestre una ley general de partidos políticos y una nueva reforma electoral (la última se llevó a cabo en 2007-2008 y tuvo como principal consecuencia regular el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación masiva).
La nueva reforma buscaría, según lo acordado: reducir y transparentar el gasto de los partidos; disminuir los topes de gastos de campaña; incorporar nuevas causales de nulidad en las elecciones, como el rebase de los topes, el uso de recursos al margen de la ley y la compra de cobertura informativa; revisar los tiempos oficiales de radio y televisión "para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios"; prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral (materiales plásticos o textiles, despensas y materiales de construcción), y evitar el uso de esquemas financieros y recursos de origen ilícito para inducir y coaccionar el voto.
Se buscará crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, para organizar las elecciones federales, estatales y municipales.
Además, los partidos pactaron crear una instancia ciudadana y autónoma para supervisar la contratación de publicidad oficial en todos los niveles de gobierno. Este es un compromiso de Peña Nieto desde la etapa de transición, que requerirá una reforma legal que, según el Pacto por México, se presentará después de julio.
Optimismo desbordado
En su optimismo, los firmantes del Pacto por México establecieron un cronograma que estipula que las reformas no sólo se presentarán ante las Cámaras del Congreso, sino que éstas serán aprobadas.
Las iniciativas que se presentarán en el primer semestre del 2013 tienen como fecha de inicio de implementación el segundo semestre del año. Y las del segundo semestre tienen como fecha de aplicación el primer semestre del 2014.
No sólo eso, el Pacto calendariza más de 25 medidas gubernamentales para las cuales no es necesario hacer reformas legales, que van desde la creación del Seguro de Vida para Jefas de Familia hasta la implementación de un programa de entrega de computadoras portátiles con conectividad.
Al anunciar el Pacto por México el pasado 2 de diciembre, Peña Nieto dijo que es tiempo de pasar del "sufragio efectivo al gobierno eficaz". El perredista Jesús Zambrano y el panista Gustavo Madero avalaron su dicho y estamparon su firma en el documento de 33 cuartillas.
El Pacto estará a prueba durante este 2013, año en el que tanto el PRD como el PAN sufrirán convulsiones internas que muy probablemente los llevarán a cambiar a sus dirigentes.
La agenda de reformas, además, deberá sobrevivir al calendario electoral, que este año contempla la renovación de poderes locales en 14 estados. Uno de ellos (Baja California) elegirá nuevo gobernador, y en otros tres (Puebla, Oaxaca y Sinaloa) se pondrá a prueba la alianza anti-PRI pactada por el PRD y el PAN en 2010.
En este año se sabrá si, como dijeron los firmantes, el Pacto por México es tan trascendente como los Pactos de la Moncloa que dieron cauce a la transición española. ¿2013 será el año de la gran transformación o el de la gran simulación?