¿Hasta dónde llegan las reparaciones históricas?

En junio de 2003 el madrileño El País, en su sección DEBATE - ¿Hasta dónde llegan las reparaciones históricas?, difundió dos textos que no tiene desperdicio:

 i) La hora de las víctimas de Paloma Aguilar, profesora de Ciencia Política en la UNED y;

 ii) El caso de Suráfrica de Madeleine Fullard,  historiadora surafricana, trabajó como investigadora para la Comisión para la Verdad y la Reconciliación durante seis años.

 Dice el ensayo de Paloma: “ninguna joven democracia podrá ya instaurarse sin plantearse qué hacer con las atrocidades perpetradas por el régimen precedente…, la reflexión en torno al pasado es ahora insoslayable y ninguna medida de gracia podrá garantizar ni su irrevocabilidad futura ni el silencio de las organizaciones forjadas en torno a las víctimas..”

 EL PAÍS |  Opinión - 15-de junio del 2003

La hora de las víctimas/PALOMA AGUILAR*

Las reparaciones morales o materiales a las víctimas -o sus familiares- de atrocidades como el holocausto de los judíos perpetrado por los nazis, el régimen surafricano del apartheid, la Guerra Civil española y la represión franquista, o las dictaduras militares en Latinoamérica, entre otras, se convierten en noticia cuando esas compensaciones se materializan. O cuando se inician demandas como la presentada el pasado abril contra empresas que se aprovecharon de la segregación racial en Suráfrica. En esta página se analizan varios de esos procesos y los difíciles caminos de la reparación histórica.

 Vivimos tiempos guiados por un espíritu reparador. La Iglesia católica, tras siglos sin reconocer sus más notorios errores, trata de ofrecer reparación simbólica mediante súbitas muestras de arrepentimiento por las cruzadas, la conducta de algunos misioneros, su silencio ante la esclavitud o la condena inquisitorial a Galileo. Daniel Goldhagen acaba de publicar un libro en el que culpa a esta Iglesia de haber alimentado el antisemitismo y de haber mirado en otra dirección mientras los nazis perpetraban el Holocausto.

Varios países recién democratizados están promoviendo medidas destinadas a la reparación de las víctimas de las dictaduras precedentes, mientras que otros de larga tradición democrática, como Estados Unidos y Canadá, han tenido que dar satisfacción a demandas de reparación de sus poblaciones indígenas. En el caso de EE UU ya se ha procedido, además, a la indemnización de los japoneses-americanos internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y de los negros que sobrevivieron tras ser inoculados experimentalmente con sífilis durante 20 años.

 No obstante, ese mismo país está pendiente de un caso de mucha mayor envergadura, pues en él está en juego la reparación para los descendientes de los antiguos esclavos. Dicha demanda, que hasta hace poco tiempo era sólo auspiciada por grupos como la Nación del Islam, no ha hecho más que recibir apoyos en los últimos años. Por su parte, el Gobierno británico desestimó en 2002 la demanda de indemnización presentada por un grupo de rastafaris jamaicanos que también solicitaban reparaciones económicas por la esclavitud sufrida por sus ancestros. El principal argumento que subyace a estas peticiones, que a muchos parecen extemporáneas, es que se puede establecer una relación causal entre la marginación que hoy sufren determinadas poblaciones y la esclavitud a que éstas fueron sometidas hace tiempo.

 El Gobierno alemán ha destinado más de 60,000 millones de dólares a las víctimas del Holocausto nazi. Éste es, sin duda, el mayor esfuerzo reparador que se ha realizado hasta hoy, si bien parece que no todos los posibles receptores han obtenido iguales compensaciones. Los descendientes de las más de 600,000 víctimas del pueblo gitano siempre se han quejado de haber recibido menos indemnizaciones.

 La casuística es infinita y la plausibilidad de las demandas varía mucho. Con todo, la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, la declaración de determinados crímenes como imprescriptibles, la movilización protagonizada por organismos internacionales y asociaciones nacionales para impedir la impunidad de los verdugos y rehabilitar a las víctimas, son pruebas elocuentes de este nuevo clima. Ninguna joven democracia podrá ya instaurarse sin plantearse qué hacer con las atrocidades perpetradas por el régimen precedente. Aunque los gobernantes decidan conceder una amnistía general, la reflexión en torno al pasado es ahora insoslayable y ninguna medida de gracia podrá garantizar ni su irrevocabilidad futura ni el silencio de las organizaciones forjadas en torno a las víctimas. De hecho, en 1993, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU elaboró un estudio sobre "El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales", donde se dice que las víctimas tienen el derecho a demandar reparaciones, y los países, la obligación de proceder a su restitución, compensación y rehabilitación, así como a garantizar la no repetición de las atrocidades.

 Muchos de los informes de las Comisiones de la Verdad que se han creado hasta la fecha contienen recomendaciones acerca de la necesaria reparación, tanto económica como moral, de las víctimas. El éxito de estas medidas, sobre todo de las de carácter pecuniario, depende de la voluntad de las autoridades, de los recursos organizativos de los demandantes, de lo saneadas que estén las arcas del Estado y del número de víctimas a que se deba resarcir. Una combinación de estos factores explica que la restitución haya sido mucho más eficaz en Chile y Argentina que en Haití y El Salvador.

 La ironía de las demandas de reparación, sobre todo de las monetarias, es que recaen sobre Estados ya democratizados que se ven, sin embargo, forzados a asumir el coste de crímenes ajenos. Con todo, cuando las víctimas se encuentran en una situación de extrema necesidad, derivada, precisamente, de su condición de tales (asesinato del cabeza de familia, heridas incurables como consecuencia de torturas, expolio de propiedades), hay que hacer lo imposible por ofrecerles una forma de vida digna. Por otra parte, lo que resulta del todo incomprensible es que, en ocasiones, ni siquiera se adopten medidas de reparación simbólica, cuyo coste es mucho menor y que, sin embargo, pueden proporcionar gran alivio a las víctimas y contribuir a su reintegración social.

 A nadie se le escapa lo inapropiadas que pueden resultar expresiones como "reparación" o "restitución" cuando se trata de pérdidas irreparables o de situaciones irrestituibles. Mientras que algunas asociaciones de víctimas inciden en la reparación económica, otras, como un pequeño grupo argentino, consideran una indecencia cobrar una pensión por sus familiares asesinados y sostienen que el Estado trata de silenciar sus demandas de justicia con dinero. No obstante, la gran mayoría de los allegados de las víctimas piensa que una compensación económica equivale a un reconocimiento moral y contribuye a la dignificación oficial de las víctimas.

 Resulta muy difícil pronunciarse sobre la pertinencia de algunas de las demandas reparadoras aquí mencionadas, dado que, en ocasiones, se trata de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar hace más de dos siglos. Como la historia de la humanidad está repleta de violencia y abusos de poder, si todos los que se consideran descendientes de víctimas históricas demandaran medidas reparadoras la cuestión podría adquirir dimensiones grotescas. En otros casos, sin embargo, resulta más sencillo establecer responsabilidades o entender la necesidad de ofrecer algún tipo de reparación.

 En España, por ejemplo, desde la transición se han aprobado distintas medidas que aspiran a reparar, aunque de forma tardía e imperfecta, la situación de los mutilados, los ex combatientes, las viudas y los huérfanos del bando republicano. Después llegaron algunas disposiciones destinadas a las víctimas, no ya de la guerra, sino del franquismo. En el debate parlamentario del 20-11-2002 se reconoció la existencia de lagunas en términos de reparación, por lo que se aprobó el "reconocimiento moral" de las víctimas de la contienda y de quienes sufrieron la represión franquista, y la "acción protectora económica y social" de los exiliados y de los niños de la guerra. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sostiene, sin embargo, que aún no se han adoptado las medidas necesarias para hacer realidad lo que entonces se acordó.

 *Profesora de Ciencia Política en la UNED. Editora, junto con Alexandra Barahona de Brito y Carmen González Enríquez, del libro Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Istmo, Madrid, 2002

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El caso de Suráfrica Madeleine Fullard*

Las reparaciones morales o materiales a las víctimas -o sus familiares- de atrocidades como el holocausto de los judíos perpetrado por los nazis, el régimen surafricano del apartheid, la Guerra Civil española y la represión franquista, o las dictaduras militares en Latinoamérica, entre otras, se convierten en noticia cuando esas compensaciones se materializan. O cuando se inician demandas como la presentada el pasado abril contra empresas que se aprovecharon de la segregación racial en Suráfrica. En esta página se analizan varios de esos procesos y los difíciles caminos de la reparación histórica

 A pesar de la aclamación internacional recibida, el proceso de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (CVR) ha sido objeto de insatisfacción e importantes críticas en Suráfrica. En especial, la cuestión de las indemnizaciones se ha convertido en una dolorosa controversia. Las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos experimentan una larga y decepcionante espera por las indemnizaciones que debería entregarles el Gobierno democrático dirigido por el Congreso Nacional Africano (ANC), el mismo Gobierno por el que la mayoría de las víctimas lucharon y sufrieron. La CVR tenía tres misiones esenciales. Debía investigar el alcance total de las violaciones graves cometidas desde 1960 hasta 1994, y permitir a las víctimas relatar las violaciones que sufrieron. En segundo lugar, debía resolver las solicitudes de amnistía de quienes las perpetraron. Por último, debía proponer las indemnizaciones que se someterían a la consideración del Gobierno. La CVR sólo tenía autoridad para pagar pequeñas cantidades de "indemnización provisional urgente" de hasta 5.000 rands (550 euros) a las víctimas.

 Las propuestas de indemnización enviadas por la CVR al Gobierno, establecidas de acuerdo con métodos internacionalmente aceptados, pertenecían a cuatro categorías generales.

 Subsidios de indemnización individual por una cantidad anual de 23.000 rands (2.537 euros) que se pagarían durante seis años a las víctimas o a los familiares que dependieran de ellas. Las víctimas debían recibir además ayudas educativas, médicas y de otro tipo.

 Reparaciones simbólicas, destinadas a restaurar la dignidad de las víctimas, centradas en aspectos conmemorativos como la construcción de monumentos, el cambio de nombre de lugares públicos y exhumaciones. También incorporaban medidas administrativas como la emisión de certificados de defunción.

 La rehabilitación comunitaria prestaría atención a aquellas comunidades devastadas por la violencia. Esto incluiría programas de "desmilitarización", terapia para problemas de salud mental y traumas, programas de reasentamiento para los desplazados por la violencia política y la rehabilitación de los perpetradores.

 Finalmente, en virtud del derecho internacionalmente reconocido a la garantía de que no se repetirán las violaciones, debería haber una reforma jurídica e institucional mediante recomendaciones relativas al sistema judicial, las fuerzas de seguridad, las prisiones y sectores como la educación, la empresa y los medios de comunicación. La CVR propuso también un impuesto sobre el patrimonio en un pago único para las grandes empresas.

 Aunque estas propuestas fueron entregadas al Gobierno en 1998, han transcurrido casi cinco años sin que se haya producido una respuesta oficial. Las víctimas esperaban cada vez más amargadas y con la sensación de que habían sido traicionadas, mientras que las organizaciones de víctimas como el Grupo de Apoyo Khulumani organizaban campañas, se manifestaban y se embarcaban en acciones judiciales. La sensación de agravio se exacerbó al serles concedida la amnistía a muchos de los 2.000 responsables que confesaron sus delitos en audiencias públicas. Las indemnizaciones a las víctimas eran el contrapeso implícito a la concesión de esa amnistía.

 Las razones para el retraso de las indemnizaciones son complejas, pero probablemente tengan que ver con la aprensión del Gobierno a los pagos económicos individuales. El ministro de Justicia, Dulá Omar, reflejó esta incomodidad ante lo que se consideraba una "recompensa económica" al declarar que "nuestros nobles hijos e hijas no participaron en la lucha y no sacrificaron su vida por compensaciones monetarias". Además, al Congreso Nacional Africano molestó que la CVR declarase que, aunque el Estado era el mayor responsable de violaciones graves de los derechos humanos, los movimientos de liberación también habían cometido ciertas violaciones durante la lucha contra el apartheid. El ANC intentó incluso prohibir la entrega del Informe de la CVR en 1998 debido al enfado que le produjo este fallo, que, según Mbeki, "criminaliza" la lucha por la liberación.

 Ante los cada vez más numerosos llamamientos a que se dé una solución al problema de las indemnizaciones, el presidente Thabo Mbeki presentó por fin la postura del Gobierno en abril de 2003. Declaró que el Gobierno respaldaba la mayoría de las propuestas de indemnización de la CVR enumeradas anteriormente, pero rechazaba la propuesta de impuesto sobre el patrimonio. También anunció "un pago único de un subsidio por valor de 30.000 rands a aquellos individuos o supervivientes designados por la CVR". Esperamos que estos desembolsos ayuden a reconocer el sufrimiento que estos individuos experimentaron y les ofrezcan cierto alivio. Aunque anunció pagos individuales, expresó sus reparos: "Lo hacemos con cierta aprensión, porque (...) nadie puede atribuir un valor económico a la vida y al sufrimiento. Y no se puede sostener el argumento de que los millones de surafricanos que lucharon por liberarse lo hicieron para obtener beneficios económicos".

 Aunque el hecho de que el Gobierno hubiera esbozado por fin un plan de indemnizaciones produjo cierto alivio, provocó también entre las víctimas y otros sectores un enfado y una desilusión generalizados, debido a que las reparaciones ascendían sólo a la cuarta parte de lo propuesto por la CVR. Queda por ver si se plantearán objeciones. Además, puede que el pago origine nuevos problemas. Sólo aquellos que declararon ante la citada Comisión y fueron considerados víctimas por ésta tendrán derecho a indemnizaciones individuales. Pero miles de víctimas no acudieron a la CVR por múltiples razones: inaccesibilidad, falta de información, la breve duración de la misma u objeciones políticas. Las 22.000 víctimas declaradas por la CVR no constituyen en absoluto la totalidad. Además, la Comisión se centró sólo en las víctimas de la represión política o de la violencia directas, frente a los millones que sufrieron las crueldades más sistemáticas del apartheid: discriminación racial, leyes de pase, despidos forzosos y la pérdida de tierras y de la ciudadanía mediante la creación de territorios étnicos artificiales. Sin embargo, se puede alegar que el programa de transformación y reconversión económica, política y social del nuevo Gobierno constituye una indemnización para este grupo más amplio.

 El fracaso de las indemnizaciones se ha extendido también hasta abarcar las iniciativas privadas. En 2002, se presentaron en Estados Unidos dos demandas en grupo contra casi treinta empresas y bancos multinacionales por haber ayudado al Gobierno del apartheid a "hacer su trabajo sucio", mediante la aportación de fondos, petróleo y tecnología. Las demandas, presentadas en nombre de grupos de víctimas del apartheid y del Grupo de Apoyo Khulumani, exigían tanto compensaciones individuales como contribuciones más generales para desarrollo social. El Gobierno del ANC ha condenado estas demandas. El presidente Mbeki declaró que "consideramos completamente inaceptables que cuestiones que son esenciales para el futuro de nuestro país sean decididas en tribunales extranjeros". En la actualidad, los litigios siguen su curso en los tribunales estadounidenses, mientras que en Suráfrica se emprenden iniciativas para negociar un acuerdo. Claramente, el debate sobre las indemnizaciones dista mucho de estar zanjado.

 *Historiadora surafricana, trabajó como investigadora para la Comisión para la Verdad y la Reconciliación durante seis años. Traducción de News Clips