2 may 2013

Más sobre irregularidades en SIEDO


El tema en dos medios...
LA JORNADA: 
José Cuitláhuac Salinas: se usó a la SEIDO contra Tomás Ángeles
Ex subprocurador revela indagatoria de la PGR en su contra
Militares usaron a la Seido para dañar a Ángeles Dauahare: Cuitláhuac Salinas
Nota de Alfredo Méndez y Gustavo Castillo
 Periódico La Jornada, Jueves 2 de mayo de 2013, p. 23
José Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), reveló estar sujeto a una investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), ya que colaboradores de Marisela Morales tratan de relacionarlo con grupos criminales, y por decisión de la ex procuradora, la Seido fue utilizada por militares para afectar al general Tomás Ángeles Dauahare, quien llegó a ser considerado candidato a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en esta administración federal.

A dos semanas de que el general Ángeles Dauahare fue declarado inocente y dejado en libertad tras permanecer 11 meses en el penal de máxima seguridad conocido como La Palma o El Altiplano, el ex subprocurador ofreció diversas entrevistas para dar a conocer que era un funcionario acotado, con dife­rencias de criterio frente a su jefa, la ex procuradora Marisela Morales, y que ella decidió dejar en manos de militares la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (Ueidcs) y excluirlo de las investigaciones que ellos realizaban.
Salinas Martínez, quien se desempeña como secretario de acuerdos en un tribunal unitario del Poder Judicial Federal, reconoció que decidió hablar de la existencia de una supuesta averiguación previa y de las situaciones que se vivieron en la Seido, para protegerse de la posibilidad de que pidan una orden de aprehensión en mi contra o me maten (presuntos criminales que lo han amenazado por teléfono).
Agregó que la PGR fue utilizada por algún personal que podía formar parte del Ejército, militares que estuvieran interesados en perjudicar al general. (De hecho), sólo tuve conocimiento de la detención del general Ángeles Dauahare hasta que me llamó Marisela y me preguntó si yo había detenido a un general, a lo que le respondí que no tenía idea de lo que me hablaba.
El ex subprocurador hizo estas declaraciones, cuando está a punto de resolverse la situación jurídica de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, así como el mayor Iván Reyna y el teniente coronel, Silvio Isidro de Jesús Hernández, quienes, junto con el general Ángeles Dauahare, fueron acusados de delincuencia organizada, porque supuestamente brindaban protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva; sin embargo, las acusaciones realizadas por testigos protegidos nunca fueron comprobadas por el Ministerio Público Federal.
Salinas Martínez responsabilizó de la integración del caso conocido como Los generales al ex titular de la Ueidcs, el militar Gerardo Salazar Bolaños: “se presentó en mi oficina con instrucciones de ella (Marisela Morales) y me dijo que iba a tener en reserva algunas investigaciones, y que esas no serían de mi conocimiento. Asimismo, participó en la integración otro militar, Abigail Vargas. La Seido fue utilizada por militares’’. Apuntó que la ex procuradora Marisela Morales debió tener conocimiento de la averiguación previa en contra de los generales, pues se inició en 2010, cuando ella era la titular de la Subprocuraduría.
La ex subprocuradora se desarrolló como Ministerio Público y fiscal con el apoyo del general Rafael Macedo de la Concha, con quien dirigió el proceso penal en contra del general Jesús Gutiérrez Rebollo y el caso El Encino, en contra de Andrés Manuel López Obrador; en la gestión de Eduardo Medina Mora llegó a subprocuradora y contó con el apoyo de militares de alto rango para ocupar la titularidad de la PGR.
Galván Galván, en la mira
En tanto, en entrevista con este diario, los abogados de los militares que fueron coacusados junto con el ge­neral Ángeles indicaron que pedirán a la PGR un informe para que la dependencia aclare si la indagatoria contra algunos mandos militares estuvo viciada de origen, como lo afirma Salinas.
A decir de los abogados de los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como los defensores del teniente coronel Silvio Hernández, y del mayor Iván Reyna Muñoz, coacusados del general Ángeles, a partir de las reve­laciones que hizo el ex titular de la Seido se abre un panorama de posibilidades para investigar al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para que se conozca si manipuló a funcionarios de la PGR con el propósito de afectar la imagen pública del general Ángeles y de otros militares.
Por otra parte, Salinas Martínez dijo estar a la espera de que la Seido le otorgue cuatro vehículos blindados y escoltas suficientes que le garanticen, a él y a su familia directa, la seguridad indispensable que requiere un ex titular de una de las subprocuradurías de mayor riesgo que tiene la PGR, sobre todo tras ser amenazado de muerte, el pasado 3 de abril.
Se trata de una prestación de ley, no un capricho mío, dijo el ex funcionario ministerial.

MILENIO: 
Denuncian tortura en caso Ángeles Dauahare
Militares torturaron para acusar a Tomás Ángeles


 2 MAYO 2013 
Nota de  RUBÉN MOSSO
El yerno de Luis Carlos Ruano Angulo, ex titular de la Marina, acusa al mayor Avigaí Vargas Tirado de ordenar su tormento en la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, de PGR.
México • Los militares que estaban a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), fueron acusados de torturar y amenazar de muerte a quienes no declaraban contra el general Tomás Ángeles Dauahare.
Lo anterior es parte del testimonio del abogado José Gerardo Ortega Maya, yerno de Luis Carlos Ruano Angulo, ex secretario de Marina-Armada de México, quien se negó a declarar contra el general y responsabilizó al teniente coronel Avigaí Vargas Tirado de ordenar su tortura. Actualmente se encuentra preso.
 Documentos ministeriales y judiciales revelan que cuando Ángeles Dauahare se encontraba arraigado, el general presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que señaló que el litigante estaba siendo torturado para que declarara en su contra.
 En el sexenio pasado Ortega Maya fue asesor de Francisco Saynez Mendoza, entonces secretario de Marina. Con Ángeles Dauahare solo tenía un lazo de amistad, porque nunca trabajaron juntos.
 El abogado solicitó la intervención del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para recuperar su libertad. Argumentó que se usaron testimonios falsos de testigos protegidos identificados como Libre y X para incriminarlo.
 Mañana cumplirá un año de estar internado en el penal de máxima seguridad del Noreste, en Matamoros, Tamaulipas.
 A través de su defensa, Ortega Maya explicó a MILENIO que el 30 de marzo de 2012, durante el velorio de Jorge Carpizo McGregor, ex rector de UNAM y ex titular de la PGR, la entonces procuradora Marisela Morales se le acercó para ofrecerle trabajo.
 El puesto que le prometió fue el de director general de Despliegue Regional, motivo por el cual lo canalizó con el abogado Manuel Arroyo Hernández, quien se presentó como amigo de la funcionaria y “mano derecha” del teniente coronel Avigaí Vargas.
Arroyo Hernández fue detenido cinco meses después por una pesquisa que encabezó Cuitláhuac Salinas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
La captura la anunció el 17 de octubre de 2012 el propio Cuitláhuac Salinas. Dijo que formaba parte de una red de informantes del cártel Sinaloa que trabajaba en la SEIDO.
De acuerdo con la causa penal 31/2012, que se inició en un juzgado de Naucalpan, Estado de México, Ortega Maya se entrevistó en varias ocasiones con Avigaí Vargas para hablar sobre su plaza.
El abogado presentó los exámenes de control de confianza y ofreció información sobre su vida personal, trayectoria y situación patrimonial; sin embargo, después le informaron que no había aprobado.
Si bien no fue contratado, el 3 de mayo de 2012, alrededor de las 23:30, el litigante fue detenido en su domicilio de Huixquilucan, Estado de México, por personal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
Lo trasladaron a las oficinas de la PGR, en la calle de López 14, colonia Centro, donde fue torturado.
Estas agresiones, abundó, estuvieron a cargo de autoridades militares “dirigidas por Avigaí Vargas”, quien fue ascendido a teniente coronel en los últimos días del sexenio de Felipe Calderón.
El denunciante –quien ahora solicita apoyo de Jesús Murillo Karam– puntualizó que sus captores buscaban obtener una declaración contra el general Ángeles Dauahare para acusarlo de vínculos con el narcotráfico, además de que le sembraron un arma y cartuchos.
Los militares le dijeron que era pieza clave para lograr la captura del ex subsecretario de la Defensa Nacional.
“Tu firmas la declaración contra el general (Ángeles) Dauahare y te vas; el pleito no es contigo”, aseguró uno de los militares, según su testimonio.
Otro gritó: “Ya te llevó la chingada, porque esto es orden de (Guillermo) Galván Galván (entonces secretario de la Defensa Nacional) para chingar a Ángeles Dauahare… acepta que estás con El Chapo y con otros”.
Gerardo Ortega dijo estar seguro que lo iban a matar, pero sus captores recibieron una contraorden por radio. Fue cuando escuchó “la voz” de Avigaí Vargas para que lo mantuvieran con vida.
Su defensa tramitó una queja en la CNDH, que quedó radicada con el número 44767. Ese caso lo mencionó Ángeles Dauahare cuando presentó su queja ante el mismo organismo (número 48461) el 17 de mayo de 2012, cuando estaba arraigado.
La SEIDO buscó imputarle Ortega Maya el delito de delincuencia organizada, pero la juez del Estado de México solo dictó auto de formal prisión por la posesión del arma de fuego y los cartuchos. Fue llevado a la prisión de Matamoros.
PRI y PRD piden investigar caso del general
Senadores de PRI y PRD pidieron que se investigue la denuncia de que militares a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, de la PGR, armaron la trama para detener al general Tomás Ángeles Dauahare.
Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la SEIDO, hizo estas declaraciones el martes en el programa televisivo Primero Noticias. Los legisladores de PRI y PRD exigieron sanciones para los responsables, mientras el PAN desestimó los dichos del ex funcionario.
El presidente de la Comisión de Seguridad, el priista Omar Fayad, confió en que se abran diversas líneas investigación y se castigue a los responsables. “Ya estamos viendo demasiadas cosas en la procuraduría”, dijo.
El encargado de esa unidad de la PGR al momento de la captura de Ángeles Dauahare era el mayor Gerardo Salazar Bolaños, quien tenía como subordinados a más militares. El general quedó libre el pasado 17 de abril, porque las acusaciones en su contra no tuvieron peso probatorio.
El panista Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó las declaraciones del ex funcionario y confió en que “no esté buscando chamba” en el gobierno actual. (Omar Brito y Angélica Mercado/México)
Claves
Ex fiscal pide amparo
Cuitláhuac Salinas, ex titular de la SEIDO, tramitó un amparo ante la justicia federal para que se le informe de la investigación que la PGR integra en su contra, a fin de tener una “justa defensa”.
El pasado martes el ex funcionario dijo tener conocimiento de dicha indagatoria y aseguró que no pensaba huir; su demanda de garantías quedó radicada en el juzgado 13 de distrito de amparo en materia penal.
También solicitó que se le permita comparecer ante la SEIDO para conocer las acusaciones en su contra. Señaló que Rodrigo Archundia, encargado de despacho de esa subprocuraduría, es el responsable de la pesquisa.
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Militares armaron la trama contra Ángeles
Milenio, 1 MAYO 2013— RUBÉN MOSSO
La PGR fue “utilizada” para incriminar al general; señala al mayor Gerardo Salazar Bolaños.
México • La Procuraduría General de la República (PGR) fue “utilizada” por militares para “perjudicar” a Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, pues la ex procuradora Marisela Morales Ibáñez les “cedió” el control de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud (UEIDCS).
Así lo dijo Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien se deslindó de la captura del general y aseguró que nunca se le permitió tener acceso a ese expediente, ni a otros, por órdenes de Morales Ibáñez.
El ex funcionario comentó que el mayor del Ejército Gerardo Salazar Bolaños tomó el control de la UEIDCS y dirigió la investigación contra Tomás Ángeles y el resto de generales que aún permanecen en prisión (Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez).
 Ese militar, explicó, llevó a trabajar a ocho soldados más, entre ellos el coronel Avigaí Vargas Tirado.
 El mayor Salazar Bolaños desempeñó diversos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional, principalmente en la Dirección General de Justicia Militar y el Estado Mayor de esa institución.
 En tanto, el coronel de infantería Avigaí Vargas Tirado cuenta con un doctorado en derecho penal y ha realizado cursos en la Escuela Militar de Inteligencia, en La Paz, Bolivia.
 “La procuraduría fue utilizada como instrumento por algún personal que podría formar parte del Ejército, ya sea un militar o militares que estuvieron interesados en perjudicar (a Tomás Ángeles Dauahare)”, declaró en un primer momento, aunque luego asegura que fue personal castrense el encargado de llevar las pesquisas contra el general.
 En programa televisivo Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola, Cuitláhuac Salinas sostuvo que la averiguación contra Ángeles Dauahare carecía de elementos.
 “Jamás vi el expediente, nunca tuve acceso de manera directa a él, tuve conocimiento del expediente, porque estuvo bajo control directo de ese encargado (Gerardo Salazar Bolaños) y de la gente que él designó; solo tuve conocimiento de algunas secciones, de algunas partes, cuando se me preguntó desde el punto de vista técnico-jurídico si procedía lo que estaban realizando, pero eso fue todo.
 “Siguiendo las palabras del general Ángeles Dauahare, sería una imprudencia de mi parte señalar quién pudiera ser el autor del complot en su contra; lo desconozco por completo, lo único que es de mi conocimiento es que esa investigación se llevó en la subprocuraduría (SEIDO) que estuvo al margen de mi conocimiento y que la investigación en su conjunto fue dirigida por personal del Ejercito, algunos elementos del Ejército.”
 El ex funcionario recordó que se enteró de la detención del ex subsecretario de la Defensa por los medios de comunicación.
 “La procuradora me llama por teléfono y me pregunta si lo tengo detenido (al general); le informo que no, porque en ese momento no tenía conocimiento. Ella me hace varias preguntas en relación con el tema; insistió que no he sido informado de la detención de un general. Con base en eso solicito que me dé tiempo para investigar si efectivamente algún área había sido capaz de realizar esa detención sin avisarme”, dijo.
 La única oficina que pudo hacer la detención, aclaró Cuitláhuac Salinas, era la que dirigía Salazar Bolaños, quien nunca le reportaba nada, a pesar de ser su subordinado.
 Cuando llamó al militar para que le informara del caso, el mayor respondió que por qué se lo preguntaba.
 “Con su respuesta me quedó claro que ya estaban mal las cosas y que lo más probable era que (Ángeles Dauahare) estuviera detenido. Mi respuesta fue simple y directa: la procuradora me está preguntando ese dato. Con base en eso él (Salazar Bolaños) me responde: ‘ah, bueno, si lo pregunta la señora le puede informar que sí lo tengo detenido.”
 El ex titular de la SEIDO sospecha que también se abrió una averiguación previa en su contra.
 Indicó que su decisión de dejar la institución, 15 días antes de culminar el sexenio, se debió a los malos tratos de la procuradora y el inicio de investigaciones contra funcionarios de “alto nivel” del gobierno, que ponían en riesgo a su familia por el conocimiento que tenía de esos hechos.*


Generales piden cerrar juicio en su contra
Los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como el mayor Iván Reyna Muñoz, solicitaron al Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en el Estado de México, que se declare agotada la etapa de instrucción de su proceso
Animal Político, MAYO 2, 2013
El proceso penal contra los militares que permanecen presos tras ser acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2012 de proteger la operación de la organización de los Beltrán Leyva entró en su recta final.

Los Generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como el Mayor Iván Reyna Muñoz, solicitaron al Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en el Estado de México, que se declare agotada la etapa de instrucción de su proceso y renunciaron a las pruebas que solicitaron a su favor que no han sido desahogadas.

Con esta acción, los militares siguen los pasos que realizó el General de División Tomás Ángeles Dauahare ante el Juez Raúl Valerio Ramírez y que culminaron con su liberación del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, el 17 de abril, luego de que la PGR presentó en el cierre de su juicio conclusiones no acusatorias por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con información judicial, tras la excarcelación del ex subsecretario de la Defensa Nacional, los abogados del General Brigadier Dawe González presentaron el 19 de abril la petición al Juez para que declare en su caso agotada la etapa de instrucción y notificara al resto de los militares si estaban de acuerdo.

A la solicitud del Brigadier se adhirieron el 23 de abril el General de División Escorcia Vargas y el General de Brigada Pérez Ramírez, al igual que el Mayor Reyna Muñoz.

Aunque inicialmente el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto también informó al Juez que se sumaba a la petición, su defensa todavía analizaba ayer si es incluido en el cierre de la instrucción.

Otro que se adhirió a la solicitud del cierre de su caso fue el lugarteniente de los Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien está incluido en el juicio porque la PGR lo acusó de operar aterrizajes de aviones con cocaína en aeropuertos con la protección de militares.

La información señala que sólo el capo Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, y Denis Rodríguez Pacheco, presunto miembro de la organización criminal, también procesados junto con los Generales, se opusieron en un inicio a unirse a la solicitud del cierre de su juicio.

Por ahora, tanto los militares presos en el Altiplano como sus defensas están a la espera de que el juez Valerio Ramírez notifique que declara agotada la instrucción, lo que hasta el pasado martes no había ocurrido. El Juez puede resolver cerrar la etapa, pero aún así ordenar el desahogo de pruebas que estén pendientes y que convengan a los procesados, pues, por ejemplo, una diligencia está programada para el 6 de mayo.

Una vez que sea declarada agotada la instrucción, las defensas y la PGR tendrán 10 días para manifestar si tienen más pruebas por ofrecer, y, en caso que así sea, deberán presentarlas en las dos semanas siguientes.

No obstante, si ninguna parte solicita aportar más pruebas, entonces el Juez atenderá la petición de los acusados de separar el proceso de cada uno, puesto que el Teniente Coronel Hernández Soto, “El Indio”, y Rodríguez Pacheco continuarían en juicio.

Después de la separación del proceso de los tres Generales y el Mayor, Valerio Gómez procedería entonces al periodo final, que es el de las conclusiones, las cuales podrían ser presentadas para cada implicado en fechas distintas.

Utilizados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para armar el expediente en contra de los militares, los testigos colaboradores “Jennifer” y “Mateo” no han ampliado sus declaraciones durante los casi 9 meses que ha durado el juicio, iniciado el 6 de agosto de 2012, según datos del caso.

Hasta ahora, los señalamientos asentados en el juicio son los que ambos testigos colaboradores efectuaron ante la SEIDO, pues la diligencia en la que están llamados a comparecer ante el Juez está programada hasta el 5 de agosto, la cual sería vía videoconferencia porque están en Estados Unidos.

Desde que consignó el expediente al Juez, el 24 de julio del año pasado, la PGR tampoco ha aportado mayores pruebas durante el proceso, salvo un oficio que entregó en enero exponiendo que los dichos de sus testigos colaboradores fueron corroborados por personal de la SEIDO durante inspecciones a los lugares que refirieron como puntos donde se celebraron reuniones entre miembros de los Beltrán Leyva y los militares acusados.

No obstante, para las distintas defensas las imputaciones de los testigos colaboradores carecen de fechas, direcciones y detalles específicos, por lo que no tienen sustento e incluso se contradicen.

Un ejemplo es el caso del General Escorcia Vargas. En una declaración, “Jennifer” señaló que atestiguó que el ex mando de la 24 Zona Militar en Morelos se reunió con narcotraficantes a mediados de 2007. Sin embargo, en otra diligencia refirió que hasta finales de ese año supo de su apoyo y posteriormente dijo que los datos que conocía sobre su supuesta colaboración partían sólo de comentarios que le había hecho “La Barbie”, quien a su vez, ante el Juez, negó conocer al militar.

Entre las pruebas que la defensa del General Escorcia Vargas ha presentado para desestimar los señalamientos de la SEIDO están estudios en criminalística, psicología y grafología, los cuales también buscan demostrar que el Mayor Reyna Muñoz fue presionado por fiscales para firmar una declaración en la que expuso que el ex mando de la 24 Zona Militar lo envió a un restaurante en Cuernavaca para reunirse con emisarios de la organización, supuesto hecho que derivó en su detención.

¿Qué sigue en el juicio de los militares? Así fueron los pasos en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare

6 DE AGOSTO DE 2012: Es sujeto a juicio por delincuencia organizada junto con el resto de los militares acusados de favorecer la operación de los Beltrán Leyva.

17 DE ENERO: Su defensa solicita el cierre de su instrucción, separación de autos y desistimiento de todas las pruebas pendientes por desahogar.

15 DE FEBRERO: El Juez Raúl Valerio Ramírez declara agotada la instrucción respecto al General Tomás Ángeles Dauahare y ordena dejar el expediente a la vista de las partes para que en un plazo de 10 días ofrecieran pruebas que pudieran desahogarse en los 15 días siguientes.

5 DE MARZO: El Juez decreta la apertura del incidente de separación del proceso de Ángeles Dauahare del resto de militares y presuntos delincuentes implicados en la misma causa penal.

2 DE ABRIL: El Juez declara procedente el incidente de separación del proceso derivado del cierre de instrucción.

8 DE ABRIL: El Juez ordena la integración de la causa penal específicamente para Ángeles Dauahare, una vez que se separó del proceso del resto de implicados.

11 DE ABRIL: Se declara cerrada la instrucción y se llama a la PGR para que en un plazo no mayor de 30 días hábiles presente sus conclusiones.

16 DE ABRIL: La PGR presenta conclusiones de inculpabilidad a favor de Ángeles Dauahare por el delito de delincuencia organizada, por lo que el Juez le solicita que en un plazo de 10 días confirmara su decisión.

17 DE ABRIL: El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirma las conclusiones no acusatorias a favor de Ángeles Dauahare. Ante la determinación, el Juez decreta el sobreseimiento de la causa penal en su contra y ordenó su inmediata libertad.

En tanto, en entrevista con La Jornada, a decir de los abogados de los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como los defensores del teniente coronel Silvio Hernández, y del mayor Iván Reyna Muñoz, coacusados del general Ángeles, a partir de las reve­laciones que hizo José Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), se abre un panorama de posibilidades para investigar al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para que se conozca si manipuló a funcionarios de la PGR con el propósito de afectar la imagen pública del general Ángeles y de otros militares.

Salinas Martínez reveló el martes estar sujeto a una investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), ya que colaboradores de Marisela Morales tratan de relacionarlo con grupos criminales, y por decisión de la ex procuradora, la Seido fue utilizada por militares para afectar al general Tomás Ángeles Dauahare.

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Hoy es Jueves Santo, fin de la Cuaresma

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