3 dic 2013

Hacia un código nacional de procedimientos penales!


Tal y como e esperaba las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por unanimidad el dictamen que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo objetivo es establecer nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales.

El nuevo Código regulará los juicios orales y transitará hacia un modelo acusatorio adversarial, que se basará en lo estipulado en la reforma penal de junio de 2008, por lo que se acordó que las audiencias sean públicas, a fin de que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.
También se incluyó la posibilidad de que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción.
Además, los legisladores avalaron que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales, deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de manera oficiosa y en cualquier etapa del procedimiento.
El proyecto establece que el Ministerio Público, “bajo su más estricta responsabilidad”, ordenará la aplicación de medidas que impliquen una restricción a la libertad del imputado.

Por ello, deberá celebrarse una audiencia ante el juez de control, a fin de que éste la ratifique, modifique o cancele, mediante la emisión de las providencias precautorias respectivas.
Los senadores dejaron en claro que toda imposición de medidas de protección y de  providencias precautorias, así como su duración, deberá estar debidamente fundada y motivada, además de que tendrán una duración máxima.
 En el dictamen se precisa que los legisladores deberán armonizar los criterios competenciales y jurisdiccionales que regirán los procedimientos en el orden federal y local, por lo que se establecen reglas generales de competencia y la facultad de atracción de la jurisdicción federal para aquellos delitos en los que la Carta Magna así lo mandata.
 Se agrega la competencia por razón de seguridad, la competencia auxiliar y la autorización judicial para realizar diligencias urgentes, así como las clases, reglas y procedencia de la incompetencia.
 Otro de los aspectos del nuevo código es la reglamentación de los actos de investigación “que se relacionen con la posible violación a derechos humanos o afecten el debido proceso” como los cateos, intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, órdenes de aprehensión, detenciones.
 Asimismo, se regula la toma de muestras sin el consentimiento del imputado, el registro de la investigación, descubrimiento de la investigación e inspecciones corporales.
 En cuanto a los procedimientos para miembros de las comunidades indígenas, se incluyeron mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las comunidades originarias, así como de sus efectos.
Durante la reunión de trabajo, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó la importancia del nuevo Código, porque si bien se había hecho ya la reforma constitucional, su implementación había quedado detenida. "Su aprobación vendrá a fortalecer la forma en la que se imparte justicia en nuestro país”, subrayó.
 De acuerdo con el legislador el Código “regula fundamentalmente el desahogo de los juicios orales, (ya que) es el elemento que faltaba para hacer realidad la reforma en materia de justicia penal que establece los juicios orales, los juicios transparentes, los juicios en los que frente al juez se vierten los argumentos y se desahogan las pruebas”.
 Al reconocer que sin duda quedan muchos pendientes como ajustar la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Ejecución de Sanciones, las disposiciones orgánicas, entre otras, Gil Zuarth instó al consejo técnico que apoyó en la redacción del dictamen a reunirse dentro de un año para llevar a cabo un ejercicio de evaluación a fin de escuchar experiencias concretas para mejorar “lo que hoy se materializa como una reforma legislativa de gran calado”.
 Agradeció a todos los integrantes del Consejo Técnico, de la Secretaría Técnica, y a los senadores integrantes de las comisiones unidas por su trabajo, el apoyo y la generosidad brindados para la concreción de este esfuerzo.
 En su turno, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, felicitó y reconoció la labor de todos los participantes en la elaboración del Código único, “ya que fue un trabajo muy complejo e inédito que se hizo de cara a la sociedad y de manera abierta”, y en el cual participaron todos los actores y expertos que estarán involucrados en el proceso de implementación.
 Al coincidir en que durante su aplicación el Código podrá ser perfectible, la legisladora por Guanajuato consideró también que este tipo de ejercicio que llevó a cabo la Comisión de Justicia debe sentar un precedente en el trabajo legislativo del país.
 En su discusión en lo particular, el senador José María Martínez reservó cuatro artículos del dictamen el 45, 61, 64 y 152, los cuales fueron avalados por unanimidad.
 En el artículo 45, el senador panista propuso una adición para establecer el deber del órgano jurisdiccional de proveer de traductor al indiciado durante su comparecencia, en el caso de que no hable español, a fin de garantizarle sus derechos.
 En lo que respecta al 61, José María Martínez propuso una adición para establecer el deber de garantizar la conservación de los registros electrónicos de las audiencias.
 Sobre el artículo 64, las comisiones unidas aceptaron la adición de una fracción V para que se incorpore en el dictamen el interés superior del niño en las excepciones del principio de publicidad.
 Asimismo, se avaló una adición al artículo 152 para garantizar el derecho a la asistencia consular del detenido, cuando sea extranjero o mexicano con doble nacionalidad.
Finalmente, las comisiones unidas aprobaron también una reserva de la senadora Ortega Martínez para eliminar del artículo 167 el cuarto párrafo, relativo a las causas de procedencia.
“Solicitamos que se retire este párrafo ya que por virtud de la reforma constitucional, la facultad de normar sobre procedimiento penal será del Congreso de la Unión, y aquí (con la redacción original) le estaríamos dando una potestad a los congresos locales para que normen cuestiones procesales dentro de su legislación sustantiva, lo que pudiera generar una puerta peligrosa, además se que sería inconstitucional”.
A la reunión de trabajo también asistieron los senadores panistas Carlos Mendoza Davis, de la Comisión de Justicia, y Luis Fernando Salazar Fernández, de la de Estudios Legislativos Segunda.
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Dijo Gil Zuart: Vamos a discutir por ejemplo el Código Único de Procesos Penales en un momento más para llevarlo al Pleno, y esperamos que eso no también afecte la tramitación de estas piezas legislativas que son fundamentales para el país.
-Ante el Código Único, ¿qué es lo que viene para saber…?
RGZ: Su aprobación, la aprobación del Código Único de Procedimientos Penales será la ley que establezca los procedimientos para todo el país, hemos estado más de un año discutiendo como ustedes lo saben esa iniciativa, ese conjunto de iniciativas, hemos llegado a un consenso que estamos a punto de votar el día de hoy.
-Si nos habla un poquito nada más para que nos detalle este Código Único.
RGZ: Regula fundamentalmente el desahogo de los juicios orales, es el elemento que faltaba para hacer realidad la reforma en materia de justicia penal de hace unos años que establece los juicios orales, los juicios transparentes, los juicios en los que frente al juez se vierten los argumentos y se desahogan las pruebas y es un elemento fundamental para fortalecer y acelerar la implementación de los juicios orales en nuestro país.
Los juicios orales tienen la ventaja de en razón de la transparencia en la que funcionan permiten combatir la impunidad y permiten garantizar los derechos de las víctimas y también los derechos de los acusados.
Es un paso trascendental, es una verdadera reforma estructural que hoy vamos a concretar, de darse los votos, sobre todo a partir de una reforma constitucional que hicimos hace unos meses que autoriza al Congreso de la Unión a legislar para todo el país en esa materia.


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