Aclarar los hechos en Antúnez, Michoacán: Congreso

Pide Congreso aclarar muertes en Antúnez

La Comisión Permanente llamó al Gobierno a colaborar con las autoridades de procuración y administración de

Por unanimidad, luego que el PRI rasuró el punto de acuerdo original, el pleno de la Comisión Permanente aprobó de urgente resolución la propuesta presentada por el PRD para esclarecer lo ocurrido en dicha localidad hace dos días.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Ahora tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la inseguridad en el estado de Michoacán. –En representación de la diputada sube el diputado José Luis Esquivel Zalpa.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa: Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito someter a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el punto de acuerdo, con moción de urgente y obvia resolución, relativo a la inseguridad de Michoacán.

La alarmante situación de violencia que se vive en el estado de Michoacán requiere de una respuesta pronta, transparente y garante de derechos. El pasado 13 de enero las autodefensas ocuparon el municipio Nueva Italia. Ese mismo día el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, solicitó ayuda al gobierno federal, por lo que las autoridades enviaron un total de 11 helicópteros abordados por efectivos.

Las fuerzas federales comenzaron a desarmar a los grupos de autodefensa en la localidad de Nueva Italia en el municipio de Múgica, así como en la localidad de Parácuaro, sin embargo las acciones contenidas a través de la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal hasta ahora han derivado en una innecesaria confrontación con la población civil, por ello proponemos respetuosamente a esta Comisión Permanente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al gobierno federal sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la tenencia de Antúnez del municipio de Parácuaro, en el estado de Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero de 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que investigue los hechos de la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridas entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2014.

Con fundamento en el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiamos en que esta Comisión Permanente refrende su postura inequívoca a favor de los derechos humanos y en contra de la impunidad y nos acompañe con su voto a favor del presente punto de acuerdo.

Las y los michoacanos no merecemos malvivir en estado de violencia. Es hora que las fuerzas políticas, gobierno federal, estatal y municipal se unan para salvar a Michoacán todas y todos unidos por el desarrollo de nuestro estado en paz y salvaguardando los intereses de nuestra población. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado José Luis Esquivel Zalpa. Consulte la Secretaría a la asamblea, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición, se abre el registro de oradores. Se tiene registrado para hablar en pro, el diputado René Fujiwara Montelongo, el senador Juan Carlos Romero Hicks, la diputada Graciela Saldaña Fraire, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el senador David Monreal Ávila y el senador Alejandro Tello Cristerna.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para hablar a favor, el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El Estado mexicano enfrenta un reto mayúsculo en materia de seguridad pública, el surgimiento de grupos de autodefensa en comunidades de algunas entidades del país nos muestra que aún existen pendientes en la consolidación de un verdadero estado de derecho.

El Estado es el encargado de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos y la conformación de grupos civiles armados para hacer frente a la violencia y a la inseguridad en sus comunidades no es una solución. Debemos reconocer que existe una preocupación legítima de la sociedad por la situación de inseguridad; sin embargo en Nueva Alianza estamos convencidos de que no se puede combatir el crimen con grupos civiles armados, que intentan suplantar la responsabilidad del Estado mexicano.

La presencia de las denominadas autodefensas en Michoacán ha ido en aumento y cada día escuchamos que nuevos municipios y comunidades están bajo su resguardo. Dicho fenómeno, aunado a la violencia y a la inseguridad derivada del combate a la delincuencia organizada ha originado graves enfrentamientos que pone en riesgo cada vez más a la población civil que se encuentra en un fuego cruzado permanente.

De manera contraria y lejos del propósito inicial, la existencia de estos grupos no ha generado un clima de paz y tranquilidad, hoy en día Michoacán alcanzó un nivel de conflagración mayor y las comunidades donde se encuentran asentadas las autodefensas viven con mayor temor.

En este contexto Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo con las modificaciones y a aprobadas, ya que debemos conocer la información sobre los hechos ocurridos en la tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro en el estado de Michoacán entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero.

Asimismo, para dar certidumbre y objetividad a la investigación, consideramos necesaria la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En Nueva Alianza consideramos que cualquier acción del Estado mexicano y las fuerzas del orden federal y estatal deben estar apegadas a derecho y a la legalidad. Ante todo debe prevalecer la protección a la población civil que ha sido afectada por la situación que se vive en esta región del país.

Profundamente esperamos que el acuerdo del apoyo federal para la seguridad en Michoacán, firmado por el gobierno federal y estatal, sirva para proteger los derechos de la ciudadanía y devuelva la tranquilidad y paz a nuestros compatriotas en esa entidad.

Estamos convencidos que es necesario desplegar un programa transversal e integral de políticas públicas que procuren confianza en las instituciones, fomenten la cohesión social y la participación ciudadana en los temas de seguridad pública. De igual manera, consideramos que también es responsabilidad de nosotros como legisladores, así como de todos los partidos políticos y de la sociedad en general, coadyuvar en el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el estado de Michoacán.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy debemos demostrar al pueblo de México que estamos unidos, preocupados y ocupados por salvaguardar al estado y la integridad de cada uno de los ciudadanos.

Los daños por la situación que se vive en la zona son de toda índole. Afectaciones económicas severas en todos los sectores comercial, agrícola, urbano-empresarial, turístico. Afectaciones educativas, ya que en la región cerca de 20 mil niños y jóvenes no han asistido a clases –más de un centenar de escuelas permanecen cerradas-, además del clima de ingobernabilidad e inestabilidad política que nada abona a la prosperidad y concordia.

Por México y toda la riqueza de nuestro pueblo, hacemos un llamado a cada ciudadana y a cada ciudadano, a cada representante, a unirnos y alcanzar una solución pacífica a la violencia en Michoacán. Por su tolerancia y atención, muchas gracias, compañeros legisladores. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado René Fujiwara. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores. Parácuaro y, los demás municipios de Michoacán, no son Fuente ovejuna. En 1618, Lope de Vega y Carpio, publica una obra teatral en donde el pueblo de Fuente Ovejuna decide hacer justicia por su propia mano ante los constantes abusos de poder que ejerce el comendador.

Hace unos cuantos días un ilustre guanajuatense, Jorge Hernández -con ascendencia en mi entidad federativa-, escribe para hacer una comparación en donde precisamente se ve la pasión enardecida de un pueblo que se ve violentado y que, en ausencia de la autoridad, se hacen justicia por sí solos.

Sin embargo no nos hagamos, no nos hagamos invisibles a esta situación. Lo que está ocurriendo en Michoacán no es parecido o no es idéntico a lo que ocurre en Fuente Ovejuna. Hoy lo que necesitamos es estado de derecho, no estado de chueco. El estado de derecho es el primer imperativo de la fuerza moral y ética del Estado mexicano y la pregunta que tenemos que respondernos es ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la autoridad municipal, dónde está la autoridad estatal y dónde está la autoridad federal?

Y frente a todo esto no podemos tener regímenes de excepción. Están ocurriendo situaciones en rebeldía que son entendibles pero injustificadas. ¿Por qué no se ha hecho el desarme de los grupos de autodefensa? Por qué tenemos, por ejemplo, situaciones especiales de protección al doctor José Manuel Mireles, en donde en los primeros días de enero aparentemente tuvo un accidente, lo protegen las fuerzas federales, lo custodian, lo traen a la ciudad de México y al día de hoy no se ha dado una explicación razonable y suficiente para entender qué es lo que estaba aconteciendo.

Y por otro lado, desde luego, estamos a favor de que se hagan las investigaciones si es que el Ejército Mexicano tuvo alguna forma de violentación de los derechos humanos.

Esto ha generado mucha confusión en fuentes políticas, en fuentes mediáticas. El hecho es que cuando uno ve las notas periodísticas de los principales diarios, el New York Times, el Boston Jornal, El País, la BBC, Gardien, entre otras, lo que destacan lamentablemente es esta situación. La imagen del país está de por medio.

Cuánto vale la seguridad y el sueño jurídico de un niño, un joven que no encuentra en su familia y en su comunidad inmediata tiene esa protección. Por eso hoy lo que tenemos que hacer es tener visión estratégica, es tener voluntad política y sobre todo acatar la ley.

Cuánto vale hoy el Estado de derecho o el Estado de chueco; Parácuaro no es Fuente Ovejuna.  Por eso estamos a favor de que la autoridad ejerza el mando como debe ser. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, hasta por cinco minutos, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Graciela Saldaña Fraire: Muchas gracias. Honorable asamblea, el grupo parlamentario condena cualquier acción fuera de la ley y de las prácticas democráticas.

Nos pronunciamos por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, la madrugada, hora después de la firma del Acuerdo del apoyo federal a seguridad del estado de Michoacán.

Es inadmisible que se pretende restablecer la ley sin una estrategia de intervención en la que la política a través del diálogo formal, frontal y honesto con las partes involucradas, no sean parte de una estrategia de intervención.

Esta representación nacional  y la nación, deben saber con toda veracidad qué pasó en el operativo, ya que se dice que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron acaecidas en el mismo.

Si no hay confianza en las instituciones, ni siquiera en la información que se produce de los hechos, menos se tendrá en las acciones que se han comprometido. Michoacán y en general la nación necesita que la confianza de la gente en sus gobernantes mejore considerablemente.

Pero cómo van a recobrar la confianza si la impunidad, la corrupción, la violencia y la inseguridad han sido los resultados de prácticas públicas alejadas de la ley y de los principios que sustentan nuestra democracia.

La toma de la justicia en mano propia de parte de la gente de Michoacán es una señal de alerta social que como representantes populares no podemos ni debemos evitar.

Mi grupo parlamentario en esta soberanía se expresa porque las palabras del gobierno federal y estatal empeñadas en el acuerdo se cumplan cabalmente y observando, sin excepción de las secciones, un irrestricto respeto a los derechos humanos.  Mi grupo también hace un respetuoso llamado a que las acciones atiendan de fondo las causas que dieron origen al surgimiento de grupos civiles, ejerciendo funciones exclusivas del Estado.

Tenemos interés en el PRD en que nuestras fuerzas armadas sigan siendo garantes de la seguridad nacional, pero no a costa de la duda sobre su quehacer en el establecimiento del orden en Michoacán.

Los grupos de autodefensa que surgieron para defenderse del acoso de grupos criminales operan en por lo menos 15 municipios de aquel estado, situación que sólo fue posible ante la pasividad de los gobiernos estatal y federal para implementar oportunamente estrategias de seguridad que garanticen la seguridad de los michoacanos.

Hacemos un llamado al titular del Ejecutivo a no tolerar violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado asignados a la región de tierra caliente en Michoacán.

Que quede claro, legisladores y legisladoras, en el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor de la legalidad y no compartimos que los ciudadanos se hagan justicia por propia mano, pero también defenderemos que los procedimientos para la solución de conflictos se realicen apegados a derecho e incluyendo a todos los involucrados, derivados en acuerdos que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos y las mexicanas y que se pueda lograr la paz y la seguridad por medio de un golpe de fuerza, por la intimidación, por la imposición del orden a sangre y fuego. Es cuanto, señora presidenta.

Quisiera informar en este momento algo actualizado con respecto a este asunto, en donde a través de las redes sociales se habla que en este momento: Por orden de los Caballeros Templarios se cierran negocios en Apatzingán, revista Proceso; Ejército desarma a policías en Apatzingán, Milenio; Sin clases más de 40 mil alumnos en tierra caliente, Milenio; Fuerzas federales toman el control en Apatzingán, Uruapan y Mújica, CNN; La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicia investigación de oficio sobre fallecidos en Michoacán; La Jornada. Atacan una farmacia de Apatzingán en este momento, ésta es información que está saliendo por parte de las fuerzas federales en la CNN.

Por último quisiera llamar su atención sobre algo que en este momento salió en diferentes medios nacionales en donde se dice que hay un acuerdo de negociación en secreto, el Acuerdo Transpacífico, para beneficiar a empresas transnacionales, y con esto pretenden hacer a un lado todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Esto seguramente se está dando en este momento haciendo a un lado el interés y la importancia de los recursos naturales, principalmente en comunidades. Estos acuerdos están queriendo hacer a un lado los tratados internacionales, en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esto salió en una información que revelan el día de hoy en wikileaks. Muchísimas gracias y buenas tardes.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Graciela Saldaña. Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañeras presidenta. La tragedia de Michoacán tiene que ver en gran parte porque ha sido el campo experimental, el laboratorio perverso para estrategias de seguridad pública desde el gobierno federal que más allá de pacificar y combatir al crimen organizado, han generado más problemas, más deterioro social y más criminalidad.

En diciembre del 2006, Felipe Calderón, enfundado en un traje militar, arranca con teatralidad el operativo conjunto Michoacán, y los resultados son conocidos, hay un deterioro de la gobernabilidad, de la seguridad, carteles que se disputan las principales regiones, con mayor medida tierra caliente por su vecindad geográfica con diferentes entidades federativas.

Hoy, el gobierno federal que preside Enrique Peña Nieto,  ha continuado la misma línea del PAN y tanto el PRI como el PAN han demostrado un profundo fracaso en materia de seguridad pública.

Hoy el país enfrenta graves problemas de gobernabilidad, de cohesión social y de armonía comunitaria, lo cual se vuelve todavía más grave por los problemas de desempleo por la recesión económica y por la falta de horizontes para millones de jóvenes.

Este cáncer de la inseguridad amenaza con colapsar al estado nacional. Michoacán es, finalmente el caso más extremo, pero hay inseguridad y hay grupos que han surgido para combatirla, precisamente por la incapacidad del Estado para cumplir su función básica y esencial, asegurar y proteger la libertad y la seguridad de las personas y de su patrimonio. En ese sentido, el Estado mexicano está fallando y Michoacán es su ejemplo más trágico.

Si a esto le sumamos que al parejo de los problemas de inseguridad hay contubernio político entre autoridades y narcotraficantes cuando para llegar al poder se negocia o se tranza con los narcos, cuando se abren espacios en plazas y regiones, o se les da el derecho, incluso, para nombrar a los titulares de las corporaciones policiacas, es evidente que hay un colapso de la seguridad pública.

En el caso de Michoacán, el tema de las autodefensas sin duda fue alentado desde el gobierno federal, y ahí vemos la mano perversa del principal asesor de seguridad pública, el colombiano general Óscar Naranjo, que en su país natal, para enfrentar al crimen organizado, alentaron también que grupos civiles, que grupos paramilitares se armaran y combatieran en las regiones donde se daba este flagelo.

Estamos viviendo, compañeras y compañeros legisladores, la colombianización del país, ése es el resultado. Es decir estas autodefensas fueron toleradas, auspiciadas por el Estado mexicano y hoy, cuando este Frankenstein  ha crecido y cobra vida propia tratan de frenarlo.

Pero además de ello, el país vive una proliferación de armamento. Se habla de 15 millones de armas en el país. Evidentemente que este es un problema grave no sólo de Michoacán, es un problema de todo el país, los flujos de armas y los flujos de dinero involucrados en la actividad delictiva, y de eso tanto el gobierno federal anterior como el actual han fracasado rotundamente. Por eso hay esta capacidad de armamento en Michoacán, donde se habla de 10 mil personas que conforman estas autodefensas que están armadas.

Urge detener este posible baño de sangre que se puede generar en Michoacán. Ya cuando se anunció esta estrategia nueva por parte del gobierno federal se dieron estos hechos que hoy motivan el punto de acuerdo, estos hechos en la tenencia de Antúnez, en el municipio de  Parácuaro, pero está latente el grave problema y nosotros le pedimos el gobierno federal que actúe con eficacia y con responsabilidad, no solamente para desarmar a las autodefensas, sino para combatir a los grupos delincuenciales.

No sólo desarmar a las autodefensas, sino exhibir y detener ya a los grupos que estén generando esta situación caótica y delincuencial en Michoacán, porque el problema del país es que el gobierno federal, el anterior y el actual, son muy buenos a veces para combatir algunos cárteles y muy tolerantes para permitir la actividad delictiva de otros grupos criminales, que haya mano firme también para perseguir a todos los grupos delincuenciales.

Nosotros queremos también, y propondríamos como una adición a este punto de acuerdo, que le pedimos respetuosamente, presidenta, lo pueda someter a consideración, que se cree un grupo, una comisión especial de legisladores que coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en el estado de Michoacán.

No solamente es un problema policiaco, es un problema de reconstrucción del tejido social. Es un problema de reconstituir las bases democráticas del estado y limpiar la política del poder corruptor del dinero del narcotráfico. Esa es la profundidad de lo que se debe hacer en Michoacán, y me parece que hasta ahora la actuación del Ejecutivo ha sido insuficiente.

Por eso nosotros, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública no estuvimos de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación concentrara también las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Me parece que hay una saturación en la agenda de la Secretaría de Gobernación y en tanto los problemas están desbordando al país.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Concluya, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Y hoy es Michoacán y mañana podrán ser otros estados de la república. Para concluir, presidenta, le voy a hacer llegar la propuesta de adición, para que se pueda someter a la consideración. Yo le pediría a los proponentes, si están de acuerdo para seguir el procedimiento parlamentario, y si lo están que se someta a consideración como un añadido.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrada su adición, diputado Ricardo Mejía Berdeja. Ahora tiene el uso de la palabra el senador David Morneal Ávila para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta. Una obligación del Estado es sin duda garantizar a la población la seguridad. Es decir, la seguridad resulta ser una finalidad esencial para la vida y el desarrollo de la comunidad nacional, sin ella no es posible garantizar la existencia de la población ni el Estado mismo.

La seguridad nacional se entiende como el conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y culturales que las autoridades gubernamentales, en representación del Estado, emprenden para preservar la permanencia de éste, siempre con apego a los principios constitucionales.

La Constitución Política federal, en la fracción VI, artículo 89, señala que es facultad y obligación del titular del Ejecutivo federal preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva.

Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 3o., establece que la seguridad nacional comprende las acciones destinadas de  manera inmediata y directa, a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a la preservación de la soberanía e independencia nacional, al mantenimiento del orden constitucional y a la defensa legítima del Estado mexicano, respecto de otros estados o sujetos y derechos internacionales.

Asimismo, el artículo 4o. de la ley en comento estipula que la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad y transparencia.

A lo dicho anteriormente, la pregunta es, ¿realmente el Estado mexicano está cumpliendo con los preceptos antes mencionados?  En realidad, es que desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa inició su guerra contra el crimen organizado, sin embargo la ciudadanía no se siente más segura hoy más que hace ocho años, muestra de ello es que en muchas comunidades los pobladores se han visto forzados a autodefenderse.

El surgimiento de las policías comunitarias o autodefensas, es el resultado de la nula estrategia para combatir de manera eficaz y eficiente al crimen organizado. Por tal razón, ante la ausencia de una autoridad que proteja a estas autoridades, ellas se vieron forzadas a recurrir a la legítima defensa.

Uno de los primeros grupos de autodefensa fue constituido en Santa Cruz del Rincón, del municipio de Malinaltepec, en el estado de Guerrero, en el año de 1995, por medio de una asamblea comunitaria en la que participaron 38 comunidades y se funda la policía comunitaria.

Actualmente, el número de grupos de autodefensa o policías comunitarias se ha incrementado en México en los últimos meses, debido al aumento de la delincuencia que aqueja a la sociedad en la mayoría de los estados que conforman el país.

Es una pena y una tristeza que el secretario de Hacienda dijera hace 8 meses que el problema de Michoacán lo iban a resolver en las primeras acciones.

No solamente no se resolvió sino lo convirtió en un estado fallido. Colombianizaron  Michoacán bajo el esquema peruano michoacano, que primero crean un grupo aparentemente ciudadano al que toleran, financian y luego lo dejan operar. Y al final lo desgracian matando a sus propios integrantes. Ése será el caso de las autodefensas de Michoacán.

La inseguridad de Michoacán está ligada a la inseguridad nacional. Apenas a un año de gobierno son más de 18 mil muertos.

Éste es un problema nacional que deber resolverse como un principio de justicia, pero en Michoacán no hay ni justicia ni autoridad.

El gobernador no puede resolver el problema, es parte del problema. Por eso, Fausto Vallejo debe separarse del cargo y juntos, una vez que presente licencia, juntos, entre todos, enfrentar, atender e intentar resolver este problema que lastima a nuestro país. Porque Michoacán no es solo un estado más de nuestra República, es nuestra república.

Y hago un llamado a las instituciones de seguridad, un llamado al secretario de Gobernación para que a pesar de que Michoacán es un foco rojo no se desatienda a los otros nueve estados que ya identificaron ellos como posibles o vulnerables a irrupciones violentas o irrupciones sociales. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador David Monreal, tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Flores Ramírez para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, me gustaría poner en contexto la alarmante situación de inseguridad que se vive hoy en el estado de Michoacán, en donde a causa del abandono por parte de los gobiernos estatales y federales precedentes a las actuales administraciones la población de esa entidad había resentido un grave deterioro de sus condiciones de vida.

Cabe resaltar que la deficiente implementación de programas y políticas públicas adecuadas en la entidad arrastraron a Michoacán a una situación de notable rezago en cuanto se refiere a los indicadores sociales, basta echar un vistazo a la evolución de estos indicadores que el estado registró hasta antes de 2012 para darnos cuenta del por qué de las lamentables circunstancias que hoy padecen los michoacanos.

El clima de inseguridad que se vive en una parte de Michoacán exigía tomar medidas drásticas, como las que han adoptado el gobierno federal y el gobierno estatal para devolver la paz y la tranquilidad a millones de personas que han llegado al extremo de armarse para defenderse de los embates del crimen organizado, que en 12 años incrementaron significativamente su poder ante la incapacidad y en ocasiones hasta la complacencia de las autoridades.

No olvidemos que incluso en esta soberanía se dio un muy lamentable suceso, cuando un grupo parlamentario permitió que un diputado federal de su bancada, electo, tomara protesta y entrar a escondidas al recinto de San Lázaro para evadir el requerimiento de la justicia.

Las aberraciones de esta magnitud fueron las que motivaron la desconfianza de la población en las autoridades, y las que han orillado a algunos michoacanos a asumir funciones que no les corresponden.

A pesar de que en el Partido Verde consideramos que la demanda de seguridad de los ciudadanos es absolutamente legítima no creemos que sea conveniente bajo ninguna circunstancia que las personas se procuren justicia pos su propia mano, pues ello va en contra del más elemental Estado de derecho.

La existencia de los denominados grupos de autodefensa en el estado, que surgieron desde el 2013, constituye un riesgo para la gobernabilidad y la paz social, pues sus integrantes portan armas de uso exclusivo del Ejército y realizan operativos en los cuales se cometen arbitrariedades y abusos de poder, con lo cual se atenta en contra de los derechos humanos del resto de la población a la cual dicen proteger.

La firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán tiene por objeto poner todos los recursos de los cuales dispone el estado para encontrar una solución definitiva al conflicto en la entidad y regresar así la tranquilidad a los ciudadanos, a las familias y a las empresas para vivir y trabajar en paz, y de este modo salir adelante.

En cuanto a las preocupaciones de los proponentes del punto de acuerdo puesto a discusión cabe señalar que la estrategia del gobierno de la república para reinstaurar el orden constitucional en algunos municipios del estado de Michoacán se implementará en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de derecho que las fuerzas federales actuarán con toda cautela para no empeorar la situación que se está viviendo.

Queremos recalcar que el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto tiene un firme compromiso tanto con la seguridad como con la función esencial del Estado y un derecho fundamental de los ciudadanos, como con el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, por lo cual tenemos plena confianza en que los esfuerzos desarrollados por las instituciones encargadas de la seguridad interior y de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, se realizarán con estricto apego a la legalidad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Gerardo Flores. Ahora tiene le uso de la palabra, para hablar a favor, el senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, senadora presidenta. Nadie puede minimizar la gravedad de lo que está ocurriendo en Michoacán, como tampoco puede minimizarse el esfuerzo que se está realizando mediante las instituciones e instrumentos del Estado para recuperar la paz y la estabilidad en la entidad.

Es indispensable que ante la situación nos pronunciemos a favor de las acciones que de manera coordinada y en el marco del pacto federal se están realizando por parte del gobierno federal y de las autoridades legítimamente constituidas en la entidad para restablecer condiciones de paz, legalidad, seguridad y con ello fortalece al estado de derecho en beneficio de los michoacanos.

No podemos evadir que se enfrenta un problema complejo, que no es reciente, ni mucho menos producto de la alternancia democrática en el gobierno del estado, sino que ha venido incubando en más de una década en la que por cierto, mi partido, el Revolucionario Institucional, no estuvo al frente ni del gobierno estatal, ni del federal.

La presencia significativa de fuerzas federales tanto del Ejército como de la Marina y de la Policía Federal es necesaria en la entidad en estos momentos, pues es la forma de garantizar la seguridad de la población y el desarrollo libre de las actividades de los ciudadanos bajo el imperio de la ley; se está trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y con la fuerza suficiente para contener las actividades de los grupos criminales y llevar ante la justicia a quienes han delinquido y se han constituido en una amenaza para la población y para la estabilidad de la entidad. Es una demostración de que el actual gobierno de la República ha decidido enfrentar el desafío con todos los recursos a su alcance para lograr un México en paz.

Aun cuando es entendible la indignación de grupos ciudadanos ante una situación que no se pudo resolver como se prometió hace algunos años, de ninguna manera se justifica la búsqueda de la justicia por propia mano y con medios fuera del marco de la ley. Habrá que hacer un llamado a esos ciudadanos para que sin demérito a su derecho a manifestarse y expresar libremente su sentír sobre lo que ha ocurrido en el estado de Michoacán, permitan la labor de las autoridades y confíen en la aplicación de la ley por parte de las instituciones para que se den los resultados que con toda razón exigen para trabajar y vivir en paz.

Mucho se ha hablado ya del saldo sangriento y de las profundas consecuencias sociales que se han vivido en el país en épocas recientes, con motivo de la actuación de las organizaciones criminales; pero también es de estrategias fallidas que no lograron el objetivo, ni de disminuir las actividades de esas organizaciones, ni de hacer menos cruentas su presencia, mucho menos de tener su efecto disolvente sobre un tejido social afectado por la pobreza y la falta de oportunidades.

El daño es de tal magnitud que es ilógico que se resolverá de la noche a la mañana, como por arte de magia, y por eso el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha propuesto poner en práctica una estrategia integral que incluya un componente indispensable de prevención y atención de las necesidades sociales, que tendrá que ser sostenido en el tiempo con un alto ingrediente de participación colectiva –y así se está haciendo en Michoacán.

En ese esfuerzo se ha convocado a la participación se todos los sectores y se está basando en una estrecha coordinación con las autoridades de los diferentes órganos de gobierno sin exclusiones, sin distinciones de origen partidista, pues el interés superior es beneficiar a la población. De igual forma, la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta coyuntura será valiosísima para salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales de la población.

Michoacán ha sido y es prioritario en esa estrategia. Si bien no se trata de mirar hacia atrás, sino de voltear hacia adelante para resolver los problemas, poco se logrará si no somos serios en el diagnóstico y mucho menos si se sigue la ruta fácil del oportunismo político y se busca sólo una cuestionable rentabilidad electoral o, peor aún, si se tiene como motivo la frustración y el resentimiento y sólo se especula.

Si algo es urgente en Michoacán, es contribuir a la fortaleza de las instituciones y seguir la ruta de la legalidad y responsabilidad política como único camino para enfrentar los problemas de seguridad que padecemos.

En Michoacán, el gobierno federal ha acudido con puntualidad y decisión al auxilio de la sociedad michoacana y de sus autoridades. En torno a esas medidas es necesario encontrar acuerdos que permitan un respaldo decidido de los partidos y de los ciudadanos para resolver los problemas que hoy ahí se están viviendo.

Es por ello y, en base a ello, que mi partido, el revolucionario institucional, se suma a los dos resolutivos iniciales presentados por el proponente. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador Alejandro Tello Cristerna. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida  la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta, antes de la votación si se puede leer exactamente.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Solicito a la Secretaría dar lectura a la modificación propuesta por el diputado Mejía.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda conformar una Comisión Especial de legisladores que conozca y coadyuve a la resolución del conflicto político, social y de seguridad en el estado de Michoacán de Ocampo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, diputado. Micrófono por favor para el diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sería un tercer resolutivo del mismo punto de acuerdo. El 1 y 2 que lo proponen los compañeros del PRD –y con el que estamos de acuerdo– y esta propuesta es un tercer resolutivo. Nada más para mayor claridad de la asamblea. Es cuanto.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Queda registrado, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Mejía.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Las y los legisladores que estén a favor, sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: No es de aprobarse la modificación. Ahora solicito a la Secretaría consulte si se acepta la modificación de la propuesta hecha por el senador Alejandro Tello. Solicito a la Secretaría dé lectura, por favor, al punto resolutivo del punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Resolutivos del punto de acuerdo presentados por la diputada Verónica Juárez Piña y Roxana Luna Porquillo, del grupo parlamentario del PRD, relativo a la inseguridad en Michoacán.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita información al gobierno federal sobre la presunta agresión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra la población civil en la Tenencia de Antúnez, del municipio de Parácuaro en el estado de Michoacán ocurridos entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de enero del 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que se investiguen los derechos de la Tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán, ocurridos entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero del 2014, con fundamento en el artículo 102, apartado b), único párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, secretaria. Una vez leídos los resolutivos, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el senador Alejandro Tello. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada la modificación. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición con la modificación hecha por el senador Alejandro Tello.

La Secretaria diputada María Teresa Jiménez Esquivel: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición con la modificación aceptada por la asamblea y presentada por el senador Alejandro Tello. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Aprobada, comuníquese.