La PGR de Calderón: torturas y acusados por consigna

La PGR de Calderón: torturas y acusados por consigna/

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

REVISTA Proceso # 1945, 8 de febrero de 2014;

El 11 de marzo de 2012, el subprocurador Cuitláhuac Salinas presentó triunfalmente el descubrimiento de una red de corrupción que implicaba a funcionarios y mandos militares y policiacos de Coahuila. La PGR de Marisela Morales integró acusaciones basadas casi exclusivamente en declaraciones de testigos colaboradores. Pero los expedientes no resistieron la prueba de los tribunales y los testigos denunciaron que hicieron esas incriminaciones bajo tortura; sobre todo, revelaron que con ese montaje se pretendía obtener puntos electorales para el PAN en la elección de 2012.

Integrados al programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) o acusados de incurrir en diferentes delitos, presuntos integrantes del cártel de Los Zetas declararon durante meses ante fiscales especializados sobre supuestas redes de protección operadas por funcionarios y mandos policiacos, tanto federales como locales de Coahuila y Nuevo León.

Con las declaraciones de esos testigos, identificados como Sagitario, Escorpión y Sérpico, la administración de Marisela Morales en la PGR armó un expediente en el que se acusó de delincuencia organizada a jefes policiacos, como el teniente coronel en retiro Manuel de Jesús Cícero, a Humberto Torres y a su hermano el entonces procurador del estado, Jesús Torres Charles, así como a mandos y oficiales de la Sexta Zona Militar.

 Además, incriminaron a la estructura de mando de la Policía Federal en Nuevo León y también en Coahuila, entidad donde supuestamente Los Zetas también infiltraron a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la delegación de la PGR.

 Sin embargo, la averiguación previa 041/2012, integrada con las declaraciones de los expedientes acumulados 101/2011 y 197/2011, no resistió las diligencias judiciales en un juzgado constitucional:

 Primero, el Ministerio Público (MP) incurrió en errores de procedimiento al intentar pasar como válidas las declaraciones y testimoniales de los expedientes acumulados en la averiguación 041/2012, cuando debió practicar las diligencias exclusivas de esa causa. Por si fuera poco, las documentales exhibidas por la PGR en el proceso penal habían sido mutiladas o registraban tachaduras para que varios párrafos fueran ilegibles.

 Aún más grave fue que las documentales improcedentes que intentó incorporar la PGR, es decir, las declaraciones de los testigos colaboradores para otras causas penales, eran el único medio de prueba para acreditar la responsabilidad penal de los mandos policiacos inculpados.

 Aun cuando el MP realizó diligencias y peritajes para robustecer el expediente, éstas sólo demostraban obviedades, por ejemplo, que un restaurante mencionado por los testigos protegidos existía, o que los inculpados trabajaban en una instancia gubernamental. Fuera de eso, no probaban conducta ilícita alguna, según las consideraciones del juez de Amparo Raúl Valerio.

 Durante las diligencias de la causa penal, el testigo protegido Sagitario y el procesado Luis Jesús Saravia desconocieron sus declaraciones y acusaron al fiscal Roberto Tovar Cuatle, colaborador de la entonces jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDS), Guillermina Cabrera, de obligarlos a firmar esos documentos bajo tortura y de infligirles tratos crueles durante los meses que estuvieron detenidos en las instalaciones de la PGR.

 Desestimadas las órdenes de aprehensión y los encausamientos judiciales contra Humberto Torres Charles, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar y el comandante de la Policía Ministerial de Coahuila, Sergio Tobías Salas, las denuncias hechas por los testigos colaboradores deben ser valoradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que debió ser notificada tras la audiencia.

 Averiguación dudosa

 El 12 de marzo de 2011 fueron detenidos Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, y Pedro Toga Lara, El Guacho, dos presuntos mandos de Los Zetas a quienes pronto se les concedió el estatus de testigos colaboradores. A Hernández se le asignó la clave Sagitario y a Toga Lara la de Escorpión.

 A sus testimonios se agregaron las diligencias en que participó el acusado Luis Jesús Saravia Ramón, Pepito Saravia, y la del testigo con la clave Sérpico.

Detenidos en marzo de 2011, señalados por numerosos crímenes e identificados como mandos medios de Los Zetas, en unas cuantas semanas se habían convertido en testigos colaboradores y sus primeras declaraciones formales se fecharon el 18 de julio de 2011.

En su edición 1843, Proceso publicó partes sustanciales de las declaraciones de esos testigos, que implicaban como colaboradores de la organización criminal a oficiales y soldados del 69 Batallón de Infantería, así como al general Juan Manuel Vallejo Malibrán.

Además señalaron al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, quien estuvo al mando de la Policía Federal en Coahuila y Nuevo León, así como a los mandos y policías de la AFI, a la subdelegada de la PGR Claudia González López y a las agentes del MP federal Blanca Isabel Dueñas y Gladis Felicita Leyva.

También dijeron conocer, por haberlos tenido en la nómina de Los Zetas, a Humberto Torres Charles, al exdirector de la Policía Preventiva estatal Manuel de Jesús Cícero; a los agentes del MP Everardo Rosales y Juan Fermín Medina, así como al comandante Sergio Tobías y al policía César Esquivel Ruiz.

Los testigos colaboradores fueron prolijos en los montos de los supuestos sobornos, así como en la identificación de lugares donde supuestamente se los entregaban.

Con base en esos testimonios, la aún llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) integró las acusaciones por el delito de delincuencia organizada.

Las declaraciones de los testigos protegidos tenían inconsistencias. Por ejemplo, describieron la apariencia de los acusados y sus cargos, pero sobre los hechos denunciados cayeron en contradicciones de modo, tiempo y lugar.

Para robustecer su acusación, la PGR integró documentos sobre las condiciones laborales de los policías y servidores públicos acusados por sus testigos y realizó distintas inspecciones periciales. Incluso, al hacer la revisión del caso durante el juicio de amparo 840/2012-II, el juez observó que las diligencias integradas a la causa penal sólo podían establecer las condiciones laborales de los acusados y que los lugares mencionados existían.

Consideraciones similares determinaron también los juicios 1318/2012-VIII y 1320/2012-II, resueltos en el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales del Estado de México, con sede en Toluca, cuyo titular es Raúl Valerio Ramírez.

En julio pasado, dicho juez declaró improcedente la acusación contra Manuel de Jesús Cícero y Sergio Tobías Salas, quienes estuvieron detenidos en el penal del Altiplano. Asimismo se canceló la orden de captura contra Humberto Torres Charles, a quien hasta entonces se consideraba prófugo, y se sobreseyeron los casos contra Everardo Rosales y Juan Fermín Medina. El reportero no pudo localizar al resto de los inculpados.

Torturas

Instalado en un centro de arraigo de la PGR, a Sagitario se le atribuyeron numerosas declaraciones, pero en una diligencia del 12 de agosto de 2013 afirmó que se le negó el derecho a una defensa, se le forzó a ser testigo colaborador y, encerrado, fue sometido a tortura y tratos inhumanos para declarar cómo lo hizo.

Identificado como mando operativo de Los Zetas, Gerardo Hernández declaró en la misma diligencia que en abril de 2011 fue llevado al centro de arraigo y que cada noche era llevado a las celdas del sótano de la SIEDO, donde lo hacían declarar para luego devolverlo a su encierro.

Agregó que desde el 1 de mayo hasta el 14 de septiembre del mismo año lo mantuvieron en las celdas de la SIEDO, donde a diario lo forzaban a declarar para incriminar “a un funcionario del gobierno de Coahuila que andaba en campaña en la Ciudad de México”.

Hernández aseguró que en septiembre les pidió que lo mandaran a un penal o se suicidaría en la celda, pero se negaron a hacerlo por su estatus de testigo colaborador. Según él, querían mandarlo a la prisión del Campo Militar Número Uno.

En la diligencia mencionada se le pidió que dijera si había informado de su situación a su abogado defensor. Sagitario contestó:

“¿Cuál defensor? Los defensores públicos de la SIEDO no intervienen porque están a favor de los ministerios públicos. Los defensores se asomaron a la ventanilla y me decían ‘fírmale porque ya está el acuerdo, ya eres testigo colaborador’.”

Hernández insistió en que no podía quejarse, pues le estaban atribuyendo testimonios y forzando a falsear declaraciones; pero sólo podía quejarse ante las mismas autoridades que lo manipularon durante los siete meses que permaneció en el sótano de la SIEDO.

Continuó: “Estuve enfermo y me dejaban sin comer desde los jueves hasta los lunes, y como ellos trabajan de lunes a viernes, yo permanecía sin comer, sólo tomaba agua del inodoro (…) Le dije a la maestra Guillermina (Cabrera) y al fiscal Néstor Fiallo Samayoa, que siguieran obligándome a firmar declaraciones de ellos y sus testigos que tenían ahí en su momento, porque cuando yo llegara a un penal no le mentiría al juez. Todo esto no lo declaré antes porque he tenido más de 150 declaraciones y, como lo he dicho antes, no todas son ciertas. Todavía tengo muchos nombres, pero no quise decirlo porque tengo mucho miedo, porque fui torturado”.

A su vez, Luis Jesús Saravia –a quien se le atribuyen numerosos hechos de sangre y ha sido calificado como uno de los jefes de plaza más violentos de Los Zetas– también desconoció las declaraciones que le atribuyó la PGR, y cuando se le preguntó por qué lo hacía, afirmó que era una buena persona y ni siquiera tenía multas de tránsito.

“Fui torturado en un gimnasio abandonado de la propia SIEDO, específicamente en el sótano, cuando me llevaron agentes de la Marina a instalaciones de la SIEDO me hicieron varias preguntas y me leyeron declaraciones, que dizque de testigos protegidos”, expresó.

En otra parte de esa declaración, Saravia soltó: “Recuerdo bien el nombre del fiscal que dijo que si yo no quería hablar, él haría que yo hablara, que sólo necesitaría la autorización de su jefa. El nombre del fiscal es Roberto Tovar Cuatle, el cual recuerdo haberlo visto en el gafete, y el nombre de su jefa, Guillermina”.

Según Saravia, el fiscal Tovar Cuatle falsificó su firma, pero él no quiso denunciarlo en ese momento porque lo estaban torturando, tenía lesionado un brazo y lo amenazaron con no dejarlo ver a su familia.

Consigna con fondo electoral

Desde el principio el caso quedó marcado por las irregularidades de la PGR. El 11 de marzo de 2012 Cuitláhuac Salinas, titular de la SIEDO, dio a conocer en conferencia de prensa el descubrimiento de una red de corrupción que implicaba a funcionarios de Coahuila.

Ahí anunció una recompensa de 3 millones de pesos a quien aportara información sobre Torres Charles, quien, afirmó, estaba plenamente identificado… y entonces mostró una fotografía que no era del inculpado.

Salinas renunció al cargo a mediados de noviembre de 2012 –la SIEDO ya era SEIDO– y su dimisión causó extrañeza porque la administración estaba a punto de concluir. En tanto, la fiscal Guillermina Cabrera, jefa de la UEIDS, fue acusada por otro testigo colaborador, Guillermo Ortega Maya, de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, hasta que el propio testigo dijo que la incriminó por órdenes del coronel Avigaí Vargas Tirado.

La pifia en que derivó el supuesto desmantelamiento de una red de corrupción en Coahuila se suma a otros casos de fabricación de delitos mediante torturas y manipulación de testigos colaboradores por la PGR durante la gestión de Marisela Morales, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Destaca, por las similitudes con este caso, la acusación y encarcelamiento del general Tomás Ángeles Dauahare y otros mandos militares (Proceso 1891).

Aquellas acusaciones se basaron igualmente en declaraciones de los testigos protegidos Sergio Villarreal Barragán y Ortega Maya, que a la postre denunció la manipulación de Avigaí Vargas también en este caso.

Juan Carlos de la Barrera Vite fue titular de la UEIDS antes que Guillermina Cabrera, cuando Marisela Morales estuvo al frente de la SIEDO. Hoy está preso en el penal de Matamoros, acusado por Villarreal Barragán (en su calidad de testigo colaborador) de vender información confidencial al Cártel de Sinaloa.

En entrevista con Patricia Dávila, en junio de 2013 De la Barrera dijo que en realidad está preso por negarse a fabricar culpables e identificó a quienes Marisela Morales pretendía incriminar:

Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad de Morelos; los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles y Roberto Dawe; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera y Enrique Peña Nieto (Proceso 1918).

 El propósito, dijo, era prepararse por si el PAN bajaba en las encuestas rumbo a la elección presidencial de 2012.