OCDE exhibe las miserias de la Ley Peña-Televisa

OCDE exhibe las miserias de la Ley Peña-Televisa/JENARO VILLAMIL

Revista Proceso # 1954, 12 de abril de 2014

Tan ríspidas están las cosas en el Senado que los legisladores se sacudieron cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) les envió un breve documento con sus recomendaciones sobre la ley de telecomunicaciones. Agudo, certero, el texto de cinco páginas centra sus críticas en el artículo 131 –que alude a la tarifa cero en materia de interconexión–; incluso pide suprimirlo. En ello coinciden el especialista Jorge Fernando Negrete y la excomisionada de Cofetel Clara Luz Álvarez, quien asegura que la parte más incómoda del escrito de la OCDE fue su recomendación de incrementar de 10 a 15% las multas tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.

 A petición del senador panista Javier Corral, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) envió el viernes 4 sus comentarios al Senado sobre la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones, lo que generó una molestia mayúscula en el gobierno, especialmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

 En cinco cuartillas, el documento enviado por Eugenia Garduño, directora de la OCDE para México y América Latina, propone la eliminación o modificación de varios artículos: el 131, relativo a las interconexiones asimétricas; el 67 y 170, respecto de la figura de la concesión única; el 198, en materia de asignaciones de funciones a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el 201 y el 210, para defender las facultades del IFT; además recomienda incrementar las multas de 10 a 15% tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.

Más contundente que los propios comisionados del IFT, la OCDE defiende la autonomía del organismo regulador y sentencia que “existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse”, al tiempo que la iniciativa del Ejecutivo federal “introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente”.

Las críticas y sugerencias de la OCDE se sumaron a una serie de documentos que llegaron a las comisiones dictaminadoras del Senado y califican la iniciativa de Peña Nieto como violatoria de derechos de libertad de expresión, persecutoria y censora en internet, elaborados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Sociedad de Internet capítulo México (Isoc, por su acrónimo en inglés).

La explicación técnica y las críticas de la OCDE provocaron molestia e incomodidad no sólo porque éste es el organismo cuyo informe de enero de 2012 inspiró la reforma constitucional de abril de 2013, sino porque el gobierno federal y los defensores de la iniciativa presidencial no habían considerado que una opinión tan dura provocara lo que no querían: llamar la atención sobre las deficiencias e impedir una aprobación fast track.

El especialista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, explica a Proceso que uno de los puntos fundamentales del documento de la OCDE es su crítica al artículo 131, que ordena una “tarifa cero” en materia de interconexión, la gran batalla entre Telmex-América Móvil y sus competidores.

“Este artículo 131 le quita su naturaleza al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le secuestra la posibilidad de regular las tarifas entre empresas telefónicas y le quita su naturaleza al propio IFT”, sentencia Negrete.

Las tarifas de interconexión constituyen “el alma del sistema de capitalización del sistema de telecomunicaciones” y un artículo de este tipo “llevará a la descapitalización del sector porque nadie va a reinvertir ni tampoco existirá cobertura donde no es negocio la telefonía, como las zonas rurales”, afirma el entrevistado.

Y abunda: La “tarifa cero” que ordena la ley implicaría una pérdida de ingresos de 11 mil millones de pesos para América Móvil, pero también “un fracaso regulatorio”.

En torno a este artículo, la OCDE asienta: “La iniciativa es demasiado detallada en cuanto a la regulación de interconexión. Por ejemplo, el texto no debería establecer ‘facturación y retención’ (‘compensación recíproca del tráfico’) o ‘tarifas de interconexión asimétricas’, como señala el artículo 131. Estas son decisiones que el IFT debería tomar, con base en los resultados de un análisis cuidadoso. Si se mantiene tal nivel de detalle, podría minar gravemente la capacidad del IFT para regular el sector, así como para adaptarse a un entorno que cambia con rapidez. Por tanto, recomendamos eliminar el citado artículo 131”.

A su vez, la especialista Clara Luz Álvarez considera que la parte más incómoda del documento de la OCDE es su recomendación de incrementar de 10 a 15% las multas tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, justo cuando los concesionarios de televisión, especialmente la CIRT, Televisa, TV Azteca y otras compañías radiofónicas habían pedido lo contrario en los foros organizados por el Senado.

La OCDE sostiene en su documento: “Las penalidades máximas son relativamente bajas (5% de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296-E, y 2.5% para la radiodifusión, de acuerdo con el artículo 306-C). Recomendamos aumentar las multas a 10 o 15% y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu ‘convergente’ de la ley”.

La tibieza del IFT

En la defensa de las funciones del IFT, el documento de la OCDE fue mucho más claro que el propio organismo regulador. En su documento de 10 cuartillas, los siete comisionados del instituto evitaron pronunciarse sobre la presunta invasión de sus facultades por parte de la SCT, de la Secretaría de Gobernación o de la Profeco.

Más bien, sugirieron a los legisladores que los doten de “flexibilidad” para regular las concesiones de uso social, y “adecuar eficazmente el marco regulatorio a la realidad cambiante del mercado”.

En materia de regulación de contenidos y de publicidad, los comisionados sostienen: “En nuestra opinión las facultades del instituto de vigilancia, supervisión y sanción en estas materias, que podrían considerar facultades para ordenar la suspensión de transmisiones contrarias a la normatividad, no excluyen la competencia de otras autoridades conforme a las leyes vigentes”.

Ni siquiera se pronunciaron en contra de la prórroga hasta diciembre de 2017 del llamado “apagón analógico”. Sólo sugieren “prever mecanismos orientados a mantener la continuidad del servicio de televisión abierta para la población de zonas semiurbanas y rurales, así como en comunidades indígenas”.

–¿No cree usted que la OCDE dijo muchas cosas que el IFT debió decir en su opinión sobre la ley de Peña Nieto? –se le cuestiona a Clara Luz Álvarez, quien fue comisionada de la Cofetel.

–La opinión del IFT fue demasiado moderada. Debió haber sido mucho más contundente. Me hubiera gustado ver al IFT defendiendo su autonomía constitucional. Los del IFT reaccionaron como si fueran la Cofetel, que era un organismo desconcentrado y no autónomo. Por supuesto, la OCDE hizo mejor su trabajo para cuidar las funciones del IFT que ellos mismos.

Presiones contra la OCDE

Apenas se ventilaron en la prensa las opiniones críticas de la OCDE, desde la SCT hubo fuertes presiones para que el organismo “tutor” de la reforma en telecomunicaciones matizara o modificara su postura.

Cinco días después, el miércoles 9, la OCDE emitió un comunicado de prensa para aclarar que la opinión del viernes 4 era tan sólo “un documento de trabajo, con una circulación restringida”. Sin embargo, no se desdijo de las sugerencias.

También afirmó que, en aras de que la opinión pública tenga “un punto de vista integral”, daba a conocer todos aquellos elementos “que no fueron mencionados en nuestra nota original, pero que son fundamentales para poner en su correcta dimensión la trascendencia de las telecomunicaciones en México”.

Para el organismo dirigido por José Ángel Gurría, excanciller y exsecretario de Hacienda, la iniciativa tiene avances importantes en la estructura del IFT, en “la incorporación de un nuevo capítulo sobre los recursos de numeración, denominación y direccionamiento”, la “inclusión de ofertas mayoristas de referencia”, la “red compartida mayorista”, así como la determinación de “agentes económicos preponderantes”.

El jueves 10, el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la OCDE “aclaró” su posición. “Lo que había habido, pues, era la opinión al parecer de un asesor, pero no necesariamente de la organización como tal”, minimizó.

La postura de la CDHDF

De todos los documentos ventilados tras los foros en el Senado, el más claro y contundente fue el de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que considera que la iniciativa de Peña Nieto “vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del IFT, carece de perspectiva de género, amenaza la privacidad de las personas y controla el internet, afectando los derechos que se ejercen de manera digital en este espacio”.

La CDHDF advierte que la iniciativa “contiene artículos preocupantes, como el 197, fracción VII, que permite bloquear, inhibir o anular servicios de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, cuestión que podría violentar los derechos a personas que transitan en el Distrito Federal”.

La comisión recuerda que este artículo, contenido en el capítulo más polémico de la ley denominado “Colaboración con la Justicia”, tiene disposiciones prohibidas por la Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e internet, de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La opinión de la CDHDF ha contrastado con el silencio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no ha emitido ninguna posición con respecto a las constantes críticas a las violaciones contenidas en la iniciativa del Ejecutivo federal.

“Uno hubiera esperado de la CNDH un pronunciamiento de este tipo porque lo más grave de la iniciativa es la violación a las libertades”, comenta Clara Luz Álvarez a Proceso.

La posición de la CDHDF coincide con la adoptada por la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que organizó la primera marcha contra la iniciativa el pasado jueves 10, y con la de la Isoc capítulo México.

La Isoc envió un documento al Senado en el que considera como “ambigua” e “incierta” la definición que la misma iniciativa del Ejecutivo federal le da al servicio de internet, y critica todas las disposiciones relacionadas con la vigilancia a la red.

 “La vigilancia de las comunicaciones debería ser considerada como un acto altamente intrusivo que interfiere los derechos a la privacidad y la libertad de opinión y de expresión, amenazando los cimientos de una sociedad democrática”, afirmó la Isoc, citando el documento Principios internacionales sobre aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones.+¨¨
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 Rebelión panista y leyes atoradas/JENARO VILLAMIL

Los senadores habían convenido en instalar las mesas de negociación el jueves 10 para sacar las leyes secundarias de las principales reformas estructurales en este periodo ordinario, pero varios panistas se rebelaron contra su coordinador, José Luis Preciado, y todo se complicó. El atorón legislativo se agudizó más todavía por la tregua pascual, por lo que quedaron en suspenso las discusiones y eventual aprobación del paquete político-electoral, de telecomunicaciones y de energéticos.

Todo estaba listo para que el jueves 10 se instalaran tres “mesas de negociación” entre senadores y representantes del gobierno federal para sacar adelante tres de las leyes secundarias más importantes de las llamadas “reformas estructurales” de la administración de Enrique Peña Nieto: la político-electoral, la de competencia económica y la de telecomunicaciones y radiodifusión.

El PRI prácticamente ya había asumido que el paquete de reformas energéticas tendrá que irse a periodo extraordinario en mayo, en espera de que lleguen las iniciativas del Ejecutivo federal.

La instalación de las “mesas de negociación” fue una demanda del senador Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD, quien había criticado insistentemente que las reformas más importantes se procesaran “fuera del Senado” y luego quisieran imponerlas a los legisladores.

A su vez, Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada del PRI, se había comprometido a aprobar la reforma político-electoral antes del periodo de vacaciones de Semana Santa, por la urgencia de tener una legislación que sustituya al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y no afectar las elecciones federales de 2015, incluyendo la de 17 estados, con nueve comicios para renovar gobernador.

 Sin embargo, la rebelión al interior de la bancada del PAN –la segunda más grande, con 38 legisladores– contra los acuerdos de su propio coordinador José Luis Preciado y la condición de conocer primero la reforma político-electoral para discutir posteriormente las de competencia, telecomunicaciones y energéticas, reventaron toda posibilidad de sacar en este periodo ordinario de sesiones las reformas secundarias peñanietistas.

 Poco antes de las nueve de la mañana, por unanimidad, los 38 senadores del PAN decidieron que no había condiciones para aprobar la reforma político-electoral, en especial la Ley General de Procedimientos Electorales, con más de 400 artículos, ya que desconocían su contenido y sólo tenían un día para leerla y aprobarla.

 Y fueron más allá: ignoraron lo negociado por el senador Héctor Larios en el tema de competencia económica, y discutieron en el sentido de que en la reforma de telecomunicaciones no podían aceptar una “mesa de negociación” con el gobierno federal. Las posiciones se polarizaron: de un lado estaba la de Javier Corral, opositor a la iniciativa del Ejecutivo, y la de Javier Lozano, quien insistió que aún falta conocer el dictamen que elaborarían los integrantes de su comisión. “No se rasguen las vestiduras”, dijo Lozano.

 La plenaria de los senadores del PAN acordó para el martes 22 un debate interno con el propósito de fijar su postura en telecomunicaciones. Lozano dará a conocer en esa fecha el dictamen “con modificaciones” de la iniciativa del Ejecutivo federal y se discutirían al interior de la bancada los dos aspectos que más preocupan: las violaciones constitucionales y los temas de regulación y censura de contenidos.

 Con ese mandato, legisladores del PAN se reunieron la misma mañana del jueves 10 con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y los representantes del gobierno federal: el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y el subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero, para “desinstalar” la reforma político-electoral.

 Con el rostro duro, Gamboa Patrón comenzó a escuchar los reclamos de senadores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del propio coordinador Jorge Luis Preciado, quienes criticaron que el Senado se convirtiera en “una oficina de trámites” del presidente de la República.

 “Tenemos un proceso parlamentario deformado. Las negociaciones afuera del Senado distorsionan, anulan al Congreso. Esa es la causa del retraso”, insistieron los panistas, de acuerdo con las versiones recabadas por Proceso en ese duro encuentro privado.

 “Se ha sustituido al Congreso por las cúpulas. Y no se hace análisis a profundidad de las leyes. Son factores externos, no los legisladores, los responsables de que no salgan las iniciativas”, sentenció Gil Zuarth.

 Los panistas y varios de los legisladores perredistas presentes coincidieron en que era necesario “terminar con la injerencia externa” en el Congreso. Barbosa propuso que se trabajara el fin de semana, incluso en Semana Santa, para acabar de analizar la reforma político-electoral con el fin de no poner en riesgo los comicios federales de 2015.

 El PAN se negó a aceptar esta posibilidad y demandó “reponer el procedimiento” de la negociación político-electoral y suspender las mesas de competencia económica y telecomunicaciones.

 “Pues vámonos hasta Pascuas”, sentenció Gamboa Patrón, al admitir que no había posibilidad de aprobar ninguna de las leyes secundarias antes del periodo vacacional.

 Un día después del “atorón”, Jorge Luis Preciado negó que fuera una rebelión de su bancada contra los acuerdos que él tomó. “Nosotros aprobamos por unanimidad que no estábamos en condiciones de aprobar nada hasta que no analizáramos adecuadamente. No fue una votación dividida al interior del grupo; al contrario, fue unánime”, declaró en rueda de prensa.

 “Lo que no podemos aceptar es que el Senado sea la oficina de trámites del presidente Peña porque, en todo caso, qué sentido tiene tener dos cámaras”, sentenció el coordinador de los panistas.

 Por su parte, Gamboa Patrón negó en conferencia de prensa que existiera parálisis en el Senado. Admitió que la petición del PAN era “muy lógica, no se atora nada”. Reiteró que antes del miércoles 30 de abril, cierre del periodo ordinario, aprobarán a los consejeros del IFAI, la Ley de Telecomunicaciones, la reforma de competencia económica y la reforma político-electoral. Las leyes secundarias en reforma energética se irán a periodo extraordinario.

Energéticas, López Obrador y Aspe

Mientras los desacuerdos de las tres principales bancadas se ventilaban en los pasillos del Senado, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, acudió sin equipo de seguridad, acompañado sólo por la escritora Elena Poniatowska, el ingeniero Javier Jiménez Espriú y Martí Batres, para solicitarle al Senado que se haga una consulta popular sobre la reforma energética.

Desde antes de su infarto del pasado 3 de diciembre y de la aprobación de la reforma constitucional –el 11 y 12 de diciembre–, López Obrador se había negado a participar en los foros del Senado. Para sorpresa de varios perredistas, el excandidato presidencial afirmó que reunirá 2 millones de firmas para solicitar que durante las elecciones de 2015 “los mexicanos decidan con libertad si quieren que se entregue el petróleo a particulares nacionales y extranjeros”.

“Me da mucho gusto verlo con salud, que Dios lo bendiga y que todos tengamos salud”, le dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el priista Raúl Cervantes Andrade, al tiempo que López Obrador les recordó a los legisladores que la culminación de la reforma energética sería “un error histórico” similar a la pérdida de la mitad del territorio nacional durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna.

De buen humor, relajado, López Obrador rechazó ante los reporteros que cubren el Senado que exista contradicción entre su postura y la del PRD. Afirmó que su asistencia era para cumplir con un trámite protocolario, como horas antes lo hizo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Es más, no traje mi cartera, no sea que la vaya yo a perder”, bromeó.

Un día después de la breve estancia de López Obrador en el Senado, el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe dictó una conferencia en el salón Sebastián Lerdo de Tejada para alabar la reforma energética y advertir que si no se aprueba la apertura de este mercado la economía no crecerá de 5 a 6%, como estaba previsto.

En el marco de la maestría en gobierno y políticas públicas que imparte la Fundación Colosio, del PRI, Aspe acudió a un recinto del Senado para insistir en las bondades del negocio del fracking en la extracción del gas shale, al que consideró “el cambio más importante en el mercado energético en los últimos 100 años”; “y ocurrió en Estados Unidos”, dijo.

Aspe advirtió que a partir de 2017 Estados Unidos dejará de ser importador de hidrocarburos y comenzará a exportar. “Nosotros ya no vamos a exportar a Estados Unidos sino que los vamos a tener de competidores”, insistió.

Según el profesor del ITAM y principal tutor del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el país vive “un momento extraordinario, por el impulso de las reformas derivadas del Pacto por México”.

Aspe, considerado uno de los cerebros principales de las reformas estructurales del gobierno peñanietista, añadió: “Debido al cambio tecnológico, en 2017 Estados Unidos comenzará a exportar petróleo y será competidor de México. Lo que está ocurriendo en el mercado energético es lo más importante en los últimos 100 años y lo están haciendo nuestros vecinos. México no se debe quedar atrás”.

“Ley Peña-Televisa”, movilizaciones

La suspensión de la mesa de negociaciones sobre la Ley de Telecomunicaciones en el Senado coincidió con la primera movilización de jóvenes defensores de las libertades de internet de las instalaciones de Televisa al Senado, la tarde del jueves 10.

Entre mil 500 y 3 mil jóvenes, la mayoría integrantes de 11 colectivos aglutinados en la Red en Defensa de los Derechos Digitales, marcharon con pancartas con leyendas como: “Estado policía, no a la geolocalización”; “No a la Ley Peña-Televisa”; “Repudiamos leyes a la medida de Televisa”; “#NoMasPoderAlPoder, todos juntos contra el control de las ideas”; “¿Quién manda en el Senado?”, acompañadas con los logotipos de Telmex, Televisa y TV Azteca.

“Recuperamos las calles para no perder las redes”, afirmó Carlos Brito, activista del movimiento #YoSoy132, que ahora se integró al colectivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Un día después de esta primera movilización, que recordó las primeras marchas del #YoSoy132 en la campaña electoral de 2012, en el Teatro de la Ciudad de México cientos de activistas, intelectuales, artistas, académicos y legisladores acudieron al llamado de Javier Corral y el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas para constituir un frente nacional por la comunicación democrática y en contra de la iniciativa de ley de Peña Nieto.

Corral y Cárdenas convocaron a una “cadena humana” para el sábado 26 entre las instalaciones de Televisa-Chapultepec y Los Pinos, para protestar contra el intento de “quebrantar la Constitución” con esta ley.

“No soy especialista ni técnico, pero creo que todos nos damos cuenta cuando violan nuestros derechos”, sentenció Cárdenas, quien también se lanzó contra la “oposición domesticada” que criticó esta alianza.

Entre los convocantes al frente que participaron en el evento del viernes 11 estuvieron Daniel Giménez Cacho, el padre Miguel Concha, el poeta Javier Sicilia, los senadores Ernesto Ruffo y Alejandro Encinas, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, los académicos José Luis Caballero y Beatriz Solís, y el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Agustín Ramírez.

En su participación, Sicilia y Concha recordaron que esta ley forma parte de una restauración autoritaria y revela el “rostro violento” de la actual administración federal. La llamada Ley Peña-Televisa “es un paso más por ampliar y sofisticar los mecanismos de control”, sentenció Concha, entre los aplausos de los asistentes.

Corral expuso que la discusión y aprobación de la Ley de Telecomunicaciones forma parte de una “alambicada treta” y de “un alud de legislaciones importantes” que se acumulan en el Congreso para que no se profundice en sus efectos.

 La saturación legislativa, afirmó Corral, es una estrategia para que “nadie sepa de qué se trate nada”. “Es hora de atajar la traición de Peña Nieto”, insistió.

 Al ser cuestionado por las movilizaciones de los jóvenes usuarios de internet y el frente convocado por Corral y Cárdenas, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que deberían acudir a expresar sus inquietudes al Congreso. “Para eso es el Senado y para eso es la Cámara de Diputados”, dijo.

 “Respeto la marcha. Están en su derecho, pero nosotros vamos a analizar aquí en el Senado, con todos los senadores, sus puntos de vista. Corral es un gran parlamentario. Sabe perfectamente que va a poder manifestar en qué está de acuerdo y en qué no”, expuso el priista.

 Para los integrantes del PRI y del gobierno federal lo más preocupante no es que se “atoren” los acuerdos con el PAN o el PRD en el Congreso sino que las movilizaciones comiencen a darse en las calles de la Ciudad de México. La Ley de Telecomunicaciones antecede a las leyes secundarias de energía y energéticos.

 “El señor presidente de la República va a enviar su reforma energética en la Semana de Pascua, no tengo la menor duda que así será”, sentenció Gamboa Patrón.