La declaración del padre Solalinde a la agencia Novosti

Hizo una denuncia  al desvelar los testimonios que ha obtenido de uno de los propios agresores, que a los 43 estudiantes desaparecidos "los mataron", y a algunos heridos "los quemaron vivos”.
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Sacerdote denuncia a los narcoestados que operan en México
© Photo Víctor Flores García
Novosti, 16:50 17/10/2014
Ciudad de México, 17 oct (Víctor Flores García, Nóvosti).
La penetración del crimen organizado en estructuras policíacas y gubernamentales en México y Centroamérica ha llevado a una enorme degradación de la vida, y se puede afirmar que "padecen de narcoestados", es el diagnóstico del sacerdote Alejandro Solalinde, laureado con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012.
Estos países padecen "un abandono de los Estados a la ciudadanía, y una gran inseguridad, una penetración del crimen organizado, que desde hace años se confunde con los servidores públicos del Gobierno. Podemos hablar con toda seguridad de un narcoestado", dice a Nóvosti el líder humanitario, quien a sus 69 años dirige un albergue para migrantes ilegales en Oaxaca.
El reconocido sacerdote ha hecho una denuncia dramática al desvelar los testimonios que ha obtenido de uno de los propios agresores, que a los 43 estudiantes desaparecidos "los mataron", y a algunos heridos "los quemaron vivos".

Solalinde desconfía de la honestidad de las autoridades y es un testigo del drama de violencia que ya ha costado la vida a más de 70.000 personas en México, desde 2007: "Las autoridades, responsables del poder, no tienen un desempeño ético. Se han corrompido muchísimo y solo van tras el poder y el dinero. Pareciera que gobiernan solo para preservarse en el poder y en el dinero. La gente está abandonada, está a merced de la inseguridad y de los cárteles del crimen".
Para ilustrar ese abandono, ofrece sus cifras: "Para la gente pobre hay 35.000 policías federales, mientras que para quienes pueden pagar la seguridad hay más de 600.000 policías privados. No solo eso, de los policías federales destinados para seguridad del pueblo, se aparta a unos con la autorización de los gobernantes, para alquilarlos a los líderes financieros, empresarios, políticos; se privatizan".
Detrás de sus lentes redondas, la mirada del sacerdote es pesimista y melancólica: las políticas aplicadas desde los años 90, de reducción de las políticas sociales y predomino de los espacios privados, "han traído desigualdad y pobreza; pero también han traído mucha violencia. Esta vida insoportable se debe a que los espacios nacionales se han violentado muchísimo".
Y hay otras formas del crimen poco atendidas por la prensa, se queja: "También se presenta el tráfico de órganos; porque, por muy pobres que seamos, traemos órganos que valen más de 100.000 dólares cada uno. Hay mercado para eso, y hay formas de hacer llegar los órganos con apariencia de donación. La gente no vive segura ni vive en paz".
"Hace años advertí de dos males –resume-: la absolutización del dinero, la prioridad del mercado, del capital financiero; y su contraparte: la devaluación del ser humano, que se vuelve mercancía. Así es en Centroamérica, en México y el sur de EEUU", dijo el dirigente humanitario, quien ha recibido otros reconocimientos nacionales desde la sociedad civil.
En ese marco, el respeto por los derechos humanos y el valor de las personas han ido menguando, se lamenta: "la situación es insoportable porque por todos lados vemos secuestros. Recuerde que cuando hablamos de secuestros hablamos de comprar la libertad", remarca con su dedo índice.
Las consecuencias morales muestran una degradación de la vida pública: "muchas policías y políticos se han deshumanizado. Este es un régimen hipócrita, opresor y represor".
La disyuntiva planteada es entre autoritarismo o democracia: "El Estado tiene dos caminos, construir desde la ciudadanía la vida nacional, o desde las alturas imponer por la fuerza las políticas, las reformas estructurales y las disposiciones que quiera. Este es el camino que se ha tomado".
A LOS 43 ESTUDIANTES "LOS MATARON"
Solalinde ha ofrecido una pista trágica en el caso más reciente que ha conmocionado a la opinión pública dentro y fuera de México, para aclarar los ataques de policías municipales y narcotraficantes aliados contra estudiantes de magisterio rural en Iguala, estado de Guerrero, hace tres semanas, que dejaron seis muertos, 20 heridos y 43 jóvenes desaparecidos: a estos jóvenes los mataron y a algunos los quemaron vivos, afirma.
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"Los testigos me dicen que los mataron y algunos estaban vivos. Que yo sepa, ese testimonio no lo han dado a las autoridades. Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos", revela.
Los aspirantes a maestros rurales de Ayotizinapan del estado de Guerrero (sur) "han sido objeto de un proceso de criminalización y penalización de la protesta social", denuncia a la vez.
El caso se suma a otros, a lo largo estos años: "Hay una línea muy clara, por eso están en la cárcel muchos disidentes, a quienes se les puede llamar presos políticos. Estos muchachos forman parte de las escuelas rurales que han sido, desde que se crearon, el patio feo de la educación, porque han sido un punto muy crítico, han sido los más pobres, los más desfavorecidos, los más abandonados".
El sacerdote expresa su indignación por la conducta del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre: "con una pose de persona honesta, dice que tiene la esperanza de que estén con vida y que los están buscando. No los van a encontrar porque están muertos y él lo sabe perfectamente".
También la política del Gobierno federal de Enrique Peña es blanco de sus críticas: "Me ha indignado mucho la forma que la Cancillería hace una campaña para que los cónsules aminoren el impacto de esta noticia en el mundo. A los pocos días de que la comunidad internacional muestra estupor e indignación por el hecho, la Cancillería dice que el Gobierno de México celebra que los gobiernos se unan a la búsqueda de la verdad. Hay tanta hipocresía", expresa el sacerdote.
"Que quede claro: el ser humano no les importa. No les importan los pobres, los estudiantes de las normales rurales han sido los más despreciados por el Gobierno. No los quieren" expresa Solalinde, quien recibió de manos del presidente Enrique Peña el Premio Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2012, a pocos días de iniciado su mandato.
"¿Por qué aparecen cuerpos por todas partes? –se pregunta– Es una cosa terrible. Hablamos de desaparecidos; pero allí están apareciendo cadáveres y fosas clandestinas por todas partes (más de 15 hasta ahora cerca de Iguala, 200 kilómetros al este, donde fueron agredidos y secuestrados los alumnos). Es legítimo preguntarse: si no son los estudiantes entonces ¿quiénes son? Hay muertos por todas partes".
Esa tragedia se presenta en varios puntos del país, dice el sacerdote que denunció una masacre de 72 migrantes en una bodega de Tamaulipas, noreste de México, en agosto de 2010: "En el estado de Chiapas hay muchísimas fosas clandestinas, en Veracruz, en Oaxaca. En la ciudad donde yo vivo (Ixtepec, Oaxaca) tenemos una fosa clandestina. Allí mismo. No se sabe ni cuántos ni quiénes son, no se sabe nada".
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La migración ilegal de centroamericanos, es un fenómeno que el sacerdote ha investigado, es la otra cara del drama "Es igual en la frontera con EEUU y toda la ruta de la migración del Golfo de México. Hace poco en Sonora acaban de descubrir 36 cuerpos. Y eso no se dio mucho a conocer".
Dos meses después de que el presidente Peña fuera aplaudido por el mundo por una audaz negociación entre las fuerzas políticas para lograr una docena de reformas estructurales, México ha mostrado un rostro sombrío: "Las reformas estructurales van a terminar en frustración, porque nadie quiere invertir en un país inseguro, con un Gobierno y un estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos".
En medio de todo esto, Solalinde tiene una ilusión: "Mi esperanza es que la sociedad civil reaccione, que los jóvenes reaccionen con su fuerza formidable. No todo está perdido".
Actualizada a las 21.56 horas de Moscú
A los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero "los mataron", y a algunos "los quemaron vivos", dijo con base en testimonios de testigos el sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012, en entrevista con la agencia Nóvosti.
"Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos", dijo el sacerdote, de 69 años, quien dirige un albergue para migrantes ilegales en el estado de Oaxaca (sur), que colinda con Guerrero.
La categórica afirmación se basa en los testimonios de testigos entre los policías, dijo Solalinde, quien además está en comunicación con los estudiantes sobrevivientes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapan, estado de Guerrero, reprimidos la noche del 26 de octubre en la ciudad de Iguala (200 km al oeste), con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
"La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve ayer, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías", dijo Solalinde.
"Siempre hay alguien que tiene conciencia; pero si hablan temen que los vayan a matar. Dicen que a unos jóvenes los quemaron vivos y los mataron", describió.
El sacerdote ofreció la versión en entrevista exclusiva con la agencia Nóvosti y el diario austriaco Der Standard de Viena, en el marco del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla (70 km al este).
Es la mayor figura de la Iglesia católica que trabaja por los derechos de los migrantes ilegales en México, es uno de los líderes humanitarios mexicanos que denunció la masacre de 72 migrantes, perpetrada por traficantes en agosto de 2010 en Tamaulipas (noreste) y recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, el 10 de diciembre de ese año, de manos del presidente de México, Enrique Peña, en el Día Internacional de los DDHH.
Por los ataques y la desaparición de estudiantes, México ha recibido reclamos de parte de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional y decenas de organismos humanitarios y de la sociedad civil mexicana para encontrar a los culpables y castigarlos.
Estudiantes en la miseria en la mira del gobernador
Solalinde señala que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, sabía de los vínculos del alcalde prófugo José Luis Abaraca con los delincuentes de la mafia llamada Guerreros Unidos: "No es casual lo que pasó con los jóvenes. Es una línea clara de represión que se ha presentado en muchas partes", relató el prelado Católico.
"El Gobernador sabía en qué estaba metido el alcalde (narcotráfico), y tiene relación con la esposa del alcalde. Él mismo ha dicho que conocía de esos vínculos. Él sabe también cómo mataron a esos jóvenes", sostiene.
"Los mataron –insiste–. Escuché al gobernador (de Guerrero, Ángel Aguirre) decir que tenía esperanza de que estuvieran con vida. ¡Qué hipócrita! Él sabe perfectamente que los mataron y sabe cómo los mataron", sentenció Solalinde.
"Él dijo también que estaba trabajando el equipo Argentino de Antropología Forense (que ha investigado otras masacres en América Latina y llegó a México a pedido de los familiares y líderes humanitarios) y que les habían dado todas las facilidades. Pero cómo pueden trabajar con unos restos totalmente calcinados, que es sumamente difícil encontrar su ADN porque se altera, por el fuego".
Para retratar la vida que llevaban los alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Ayotzinapan, Guerrero, el padre Solalinde describe: "Hay que ir a un internado de esos (en los que viven los estudiantes agredidos) para darse cuenta de que están en la miseria, que no tienen siquiera algún confort para ellos mismos, no tienen nada".
Los estudiantes que fueron atacados por policías y narcos, de acuerdo con las primeras pesquisas, que arrojan hasta ahora unos 50 detenidos, la mayoría policías municipales y algunos narcotraficantes, y casi 15 fosas clandestinas con restos humanos que hasta la fecha no coinciden los registros genéticos de los desaparecidos.
"Estos jóvenes son muy politizados, porque tienen una conciencia desde abajo, son contestatarios. En un momento dado pueden confrontar la gestión pública", explicó Solalinde sobre la combatividad de los aspirantes a maestros rurales.
Los testigos de Solalinde
El testimonio de los testigos "lo están dando a personas muy conocidas en México, que están investigando y han despertado la confianza de ellos. A mí me lo contaron y me lo confiaron. Todo lo que yo sepa, si es para el esclarecimiento de la verdad, lo voy a decir, salvo que afecte a terceras personas", aclaró.
Los testigos y sobrevivientes confiaron detalles al sacerdote, quien el martes tuvo contacto con otro joven que estaba entre los 80 estudiantes agredidos a balazos la noche del 26 de septiembre y la madrugada siguiente.
"Quiero describirlo. Esta persona, es un joven totalmente indígena. Es el rostro de nuestra gente sencilla, morena, bajito, delgado. Y me dijo: yo estuve allí, me salvé de milagro. Nunca esperábamos que nos fueran a atacar y a disparar, como si fuéramos un ejército. Así nos trataron. Logramos huir y vimos muchas cosas".
"Me dijo también –prosigue el laureado defensor humanitario– ‘tengo la esperanza de encontrar vivos a nuestros compañeros’", recuerda el encuentro con el sobreviviente.
"Pero no es lógico, basándome en los testimonios de esta otra persona (vinculada a la policía) que vio que los que habían quedado vivos, heridos, los quemaron vivos y los mataron. Esos detalles no se los dije a él, pero le dije que todos están muertos. Y comenzó a llorar y llorar", prosiguió el relato.
El sacerdote enfatiza que el testigo que afirma que los estudiantes fueron asesinados es parte de los agresores: "Es una persona que tiene mucho miedo y estaba hablando. Pero sabe que si se sabe que hablaron, los van a matar. A los estudiantes los mataron, es lo que esta persona está diciendo. Los calcinaron con diésel".
El sacerdote considera que la versión ofrecida por las autoridades hasta la fecha pretende deslindar a los policías de los narcotraficantes: "Quieren dar la impresión de que fue algo temperamental de la señora del alcalde de Iguala, que estaba dando su informe de labores (la noche del 26 de septiembre), que lanzaba su campaña, que hace berrinche, que se queja con su esposo".
La explicación oficial indica que "su esposo (el alcalde) que es un asesino, ordena reprimir. Pero qué casualidad que llegan a matar, a tirarles. Y luego los llevan a otro lado los policías de Iguala a entregarlos a otro municipio (Cocula) y después a los Guerreros Unidos, al cartel del crimen organizado, a los delincuentes. Y que los entregaron vivos y no saben qué paso".
"Es una manera de lavarse las manos", sentencia Solalinde.
La revelación de los testimonios ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña dijo que "el sentimiento colectivo de indignación, de dolor y de coraje demuestra que los mexicanos estamos unidos, que somos solidarios con el sufrimiento de nuestros hermanos, y lo más importante, demuestra que rechazamos la violencia"
El clima de descontento se extiende cada día y el lunes causó la destrucción del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero y otros edificios públicos por manifestantes que acompañaban a los familiares en la capital estatal, Chilpancingo, a medio camino entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco.
La declaración presidencial es emitida un día después de que expertos forenses descartaron que 28 cuerpos calcinados encontrados, el domingo 6 de octubre, en fosas clandestinas, en los cerros que rodean Iguala, sean de los 43 estudiantes desaparecidos.
Las esperanzas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos han renacido, pero surgió una nueva incógnita sobre quiénes son los muertos en esas fosas, mientras se analizan otras cuatro encontradas el 9 de octubre y un grupo más de entierros clandestinos anunciado el martes por la noche, por el procurador general Jesús Murillo, sin mayores detalles. Otros cuatro entierros fueron revelados este miércoles por campesinos.



http://sp.ria.ru/international/20141016/162511453.html