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En el caso Tlatlaya. ¿Por qué el Procurador dosifica la información en entrevistas radiales?

Jesús Murillo Karam aseguró que soldados utilizaron las armas de algunos presuntos delincuentes muertos para asesinar a otros que aún quedaban vivos tras la confrontación en una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México.

En una entrevista en MVS Radio de este viernes 10 de octubre, el futuro Fiscal General,  dijo que tres soldados ya fueron acusados de homicidio por esos hechos ocurridos el 30 de junio en San Pedro Limón: ijo que la mayoría de los 22 presuntos criminales que fueron reportados fallecidos ese día ya habían muerto tras unos primeros tiroteos, pero que al menos ocho habrían quedado vivos y que luego fueron asesinados con las propias armas de algunas de las víctimas por los tres soldados.

Aseguró que las balas por las que murieron algunos de los presuntos criminales “no correspondían a las armas del ejército”, pero al seguir las investigaciones se determinó que “les disparan con las armas de los muertos”.

Murillo Karam había dicho hace tres días en otra entrevista radial que tenían una nueva versión sobre lo que sucedió en junio en Tlatlaya y señaló que hubo dos intercambios de fuego.

 Las autoridades han sostenido que en el incidente participaron siete soldados y un teniente, todos los cuales también son procesados en la justicia militar por violaciones a las normas castrenses.

Murillo aseguró que una testigo coincidió con esa versión en una declaración que hizo el martes ante la PGR, no obstante, la mujer había dicho a The Associated Press y a la revista Esquire Latinoamérica, en entrevistas por separado, que 21 de los presuntos criminales fueron asesinados después de que se habían rendido.

 La testigo dijo a la AP que vio cómo soldados mataron a su hija de 15 años que yacía herida en el suelo. Ella ha hablado bajo condición de anonimato por temor a represalias y no pudo ser contactada el viernes.

 La historia sobre lo que pasó en la bodega ha tenido varios giros en los últimos tres meses, incluido el hecho de que autoridades federales no investigaron la escena del crimen hasta mediados de septiembre y tampoco habían entrevistado a la testigo hasta este martes, según lo admitió Murillo Karam el martes pasado.

El ejército dijo inicialmente que los 22 presuntos delincuentes murieron en un solo enfrentamiento y que, en el lugar, se liberó a tres mujeres que estaban secuestradas. Pero la versión fue cuestionada debido al resultado del supuesto tiroteo: la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que sólo uno de los soldados fue herido.

Además, periodistas de la AP visitaron la bodega días después del incidente y encontraron pocas evidencias de que se hubiera librado un enfrentamiento prolongado: en las paredes había una serie de marcas de disparos a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería disparos a corta distancia.

Sin embargo, el procurador aseguró ahora en MVS Radio que fue el propio ejército el que le notificó unos días después del incidente que había detectado irregularidades y violaciones a sus protocolos, por lo que se inició una investigación.
El procurador también habló sobre dos casos: el asesinato del líder de una organización social en 2013 -el cual conocía pero no investigó- y la reciente violencia en Iguala, que ha dejado decenas de muertos.
René Bejarano me platicó, quedó de darme los elementos, en una segunda plática me dijo que por varias razones no había sido posible que declararan los testigos -del asesinato de Arturo Hernández Cardona, ocurrido en 2013 y por el que está acusado como autor material el alcalde de Iguala, José Luis Abarca-, indicó el procurador Jesús Murillo Karam.

Él no ve que haya sido omiso, pues sostiene que le pidió las pruebas de la acusación a Bejarano y no se las entregó.
Bejarano “me dijo que tenía elementos (pero) ni siquiera me dijo quién”. “No recuerdo si me pidió que lo atrajera (el caso) pero yo para atraer tengo que tener sustento”, abundó.
Además, la plática con Bejarano sobre el asesinato del guerrerense “surgió en razón de otra, estábamos viendo un asunto de él”, “surgió en un asunto de él, que él venía a plantearme… tenía otro problema y me la planteó… fue una plática, en la siguiente le pedí que qué pasaba con lo que me iba a mandar… argumentó que los testigos no querían… no hubo ninguna omisión, investigué qué había de eso”.
“Pero la denuncia ya estaba en la procuraduría de Guerrero”, justificó en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
Y señaló que el homicidio es un delito de fuero común; es decir, que sólo puede atraerlo si se comprueba la participación del crimen organizado.
“Cuando esto sucede (los hechos del 26 de septiembre pasado) me doy cuenta que algunas pruebas podrían tener sustento”, refirió. Y hay “elementos para pensar que algunas de las cosas que señalaban tienen sustento”. 
“Es muy difícil ser procurador”, reconoció.
Las pruebas antes -insistió- las pidió, pero los testigos se negaron a declarar; “no me quedé con eso”, “no hay omisión”, pues revisó el asunto y ya estaba en manos de la fiscalía estatal, “tampoco puedo invadir funciones”.
La pregunta es: ¿Los recientes hechos en Iguala se pudieron haber evitado si se hubiera actuado contra el alcalde?
“Desde luego que se pudo haber evitado”, aceptó Murillo.
Pero en 2013 “no lo dejaban claro, se hablaba de un homicidio del fuero común; la denuncia la tenía la procuraduría de guerrero desde hace bastante tiempo, y estaba la denuncia, estaban investigando”.
Y soltó: “Nunca me imaginé que pudiera hacerse una barbaridad del tamaño del que se hizo”.