La gota
que derrame el vaso…/JESÚS CANTÚ
Proceso 1985, 15 de noviembre de 2014
Las declaraciones y acciones del gobierno
federal sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos enardecen los ánimos
y multiplican e intensifican las ciudadanas. Hasta ahora la intervención
gubernamental provoca el efecto contrario al que pretende: no atina a encausar
la solución por las vías institucionales ni a brindar una explicación creíble
acerca de los lamentables acontecimientos del 26 y 27 de septiembre… Y sus
recursos empiezan a agotarse…
En un primer momento el gobierno federal
buscó mantenerse al margen y pretendió responsabilizar de la tragedia al gobierno
del estado; a raíz de la presión nacional e internacional, tuvo que atraer el
caso y hacerse cargo de las investigaciones, pero ante los nulos resultados
decidió tramitar la licencia del
gobernador perredista, Ángel Aguirre.
El sacrificio no cumplió su cometido, pues no
sólo no contribuía en nada al avance de las pesquisas o a la localización de
las víctimas, sino que parecía un intento para salvarlo de la acción de la
justicia y así evadir sus responsabilidades políticas, administrativas y penales.
Los familiares de los desaparecidos y la ciudadanía en general ignoraron la
medida, intensificaron sus protestas y la inconformidad se extendió a otras
entidades y países.
En esa coyuntura, y en la víspera de un viaje
internacional del presidente Enrique Peña Nieto, el procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia de prensa en la que dio
a conocer que tres de los detenidos confesaron que habían asesinado, calcinado
y arrojado a un río las cenizas del grupo de personas que les habían entregado
los policías municipales de Iguala y de Cocula, con lo cual pretendía cerrar el
caso.
Sin embargo, la declaración tampoco cumplió
su cometido: los padres de familia de los desparecidos mantuvieron sus
exigencias y Murillo Karam, en compañía del titular de la Secretaría de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo una nueva reunión con ellos el
pasado martes 11, en la que el gobierno federal se comprometió a redoblar la
búsqueda.
Así, cuatro días después de pretender cerrar
el caso, al declararlos virtualmente muertos y culpar de la ejecución a los
policías municipales de Iguala y Cocula y a los integrantes del grupo delictivo
Guerreros Unidos, decidió intensificar la búsqueda y mantener “todas las líneas
de investigación abiertas”.
Sin embargo, los titubeos y contradicciones
de las autoridades responsables de las investigaciones y de la seguridad
nacional son evidentes, además de que generan más descontento e inconformidad;
por ello prefieren tolerar todos desmanes y actos vandálicos en diversas partes
del país, y una y otra vez afirman que no iniciarán ninguna acción legal, lo
cual evidencia el estado de ingobernabilidad en varias regiones de la
república.
El gobierno federal no logra resolver el
caso, y cada día que pasa se vuelve más remota la posibilidad de que lo pueda
hacer en el futuro; pero en su intento por atemperar los ánimos y restablecer
el orden ya utilizó dos de sus mejores opciones. Mientras tanto, Acapulco, uno
de los principales destinos turísticos de México, acusa la cancelación de miles
de reservaciones de visitantes nacionales y extranjeros con el consiguiente
impacto económico; la ingobernabilidad se extiende a las entidades colindantes,
y las protestas afectan la actividad cotidiana, de manera notable en los casos
de Oaxaca y Michoacán.
El gobierno federal se encuentra en una
verdadera encrucijada, pues la promesa que les hizo a los padres de los
desaparecidos el pasado martes 11 lo coloca en peores condiciones que al inicio
de su intervención, porque después de 45 días de investigaciones infructuosas
las probabilidades de encontrarlos con vida –o de que al menos los restos
hallados permitan obtener evidencias irrefutables de que se trata de ellos–,
los resultados con muy cercanos a cero. Por lo tanto, el compromiso de los
titulares de las secretarías de Gobernación y de la PGR sólo tuvo la intención
de postergar el estallido, mas no resolver realmente el problema.
El caso es que el paso del tiempo sigue
actuando en contra del gobierno. Las
alternativas a su disposición disminuyen, mientras que la incompetencia,
ineficacia e infiltración de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público
impiden integrar una averiguación previa que permita reconstruir los sucesos de
esos días y castigar a los responsables.
Los acontecimientos de Iguala no son un hecho
aislado, sino uno más de los crímenes de Estado que permanecen impunes, pero
ahora sí el hartazgo de la sociedad parece estar llegando a su límite y todo
indica que el gobierno tendrá que dar mucho más que explicaciones increíbles y
renuncias de algunos funcionarios. Esta puede ser la gota que derrame el vaso y
conduzca finalmente a la tan anhelada reforma del Estado, aunque hasta el
momento la clase política mexicana todavía no parece dispuesta a comprometerse
en una empresa de tal envergadura.
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