17 nov 2014

La gota que derrame el vaso…

La gota que derrame el vaso…/JESÚS CANTÚ
Proceso 1985, 15 de noviembre de 2014
Las declaraciones y acciones del gobierno federal sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos enardecen los ánimos y multiplican e intensifican las ciudadanas. Hasta ahora la intervención gubernamental provoca el efecto contrario al que pretende: no atina a encausar la solución por las vías institucionales ni a brindar una explicación creíble acerca de los lamentables acontecimientos del 26 y 27 de septiembre… Y sus recursos empiezan a agotarse…
En un primer momento el gobierno federal buscó mantenerse al margen y pretendió responsabilizar de la tragedia al gobierno del estado; a raíz de la presión nacional e internacional, tuvo que atraer el caso y hacerse cargo de las investigaciones, pero ante los nulos resultados decidió tramitar la licencia del  gobernador perredista, Ángel Aguirre.
El sacrificio no cumplió su cometido, pues no sólo no contribuía en nada al avance de las pesquisas o a la localización de las víctimas, sino que parecía un intento para salvarlo de la acción de la justicia y así evadir sus responsabilidades políticas, administrativas y penales. Los familiares de los desaparecidos y la ciudadanía en general ignoraron la medida, intensificaron sus protestas y la inconformidad se extendió a otras entidades y países.
La inconformidad subió de tono: a la par que se multiplicaban las movilizaciones pacíficas, también empezó la toma de alcaldías, la destrucción de vehículos, los daños en los edificios públicos y otros desmanes, algunos claramente realizados por personas infiltradas.

En esa coyuntura, y en la víspera de un viaje internacional del presidente Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer que tres de los detenidos confesaron que habían asesinado, calcinado y arrojado a un río las cenizas del grupo de personas que les habían entregado los policías municipales de Iguala y de Cocula, con lo cual pretendía cerrar el caso.

Sin embargo, la declaración tampoco cumplió su cometido: los padres de familia de los desparecidos mantuvieron sus exigencias y Murillo Karam, en compañía del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo una nueva reunión con ellos el pasado martes 11, en la que el gobierno federal se comprometió a redoblar la búsqueda.

Así, cuatro días después de pretender cerrar el caso, al declararlos virtualmente muertos y culpar de la ejecución a los policías municipales de Iguala y Cocula y a los integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, decidió intensificar la búsqueda y mantener “todas las líneas de investigación abiertas”.

Sin embargo, los titubeos y contradicciones de las autoridades responsables de las investigaciones y de la seguridad nacional son evidentes, además de que generan más descontento e inconformidad; por ello prefieren tolerar todos desmanes y actos vandálicos en diversas partes del país, y una y otra vez afirman que no iniciarán ninguna acción legal, lo cual evidencia el estado de ingobernabilidad en varias regiones de la república.

El gobierno federal no logra resolver el caso, y cada día que pasa se vuelve más remota la posibilidad de que lo pueda hacer en el futuro; pero en su intento por atemperar los ánimos y restablecer el orden ya utilizó dos de sus mejores opciones. Mientras tanto, Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de México, acusa la cancelación de miles de reservaciones de visitantes nacionales y extranjeros con el consiguiente impacto económico; la ingobernabilidad se extiende a las entidades colindantes, y las protestas afectan la actividad cotidiana, de manera notable en los casos de Oaxaca y Michoacán.

El gobierno federal se encuentra en una verdadera encrucijada, pues la promesa que les hizo a los padres de los desaparecidos el pasado martes 11 lo coloca en peores condiciones que al inicio de su intervención, porque después de 45 días de investigaciones infructuosas las probabilidades de encontrarlos con vida –o de que al menos los restos hallados permitan obtener evidencias irrefutables de que se trata de ellos–, los resultados con muy cercanos a cero. Por lo tanto, el compromiso de los titulares de las secretarías de Gobernación y de la PGR sólo tuvo la intención de postergar el estallido, mas no resolver realmente el problema.

El caso es que el paso del tiempo sigue actuando en contra del gobierno. Las  alternativas a su disposición disminuyen, mientras que la incompetencia, ineficacia e infiltración de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público impiden integrar una averiguación previa que permita reconstruir los sucesos de esos días y castigar a los responsables.


Los acontecimientos de Iguala no son un hecho aislado, sino uno más de los crímenes de Estado que permanecen impunes, pero ahora sí el hartazgo de la sociedad parece estar llegando a su límite y todo indica que el gobierno tendrá que dar mucho más que explicaciones increíbles y renuncias de algunos funcionarios. Esta puede ser la gota que derrame el vaso y conduzca finalmente a la tan anhelada reforma del Estado, aunque hasta el momento la clase política mexicana todavía no parece dispuesta a comprometerse en una empresa de tal envergadura. 

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