En
Chihuahua, todos unidos contra Duarte/PATRICIA
MAYORGA
Revista Proceso 1994, 17 de enero de 2015
La
ambición y el autoritarismo del gobernador priista de Chihuahua, César Duarte,
lo tienen confrontado con los ciudadanos, sean campesinos, estudiantes,
transportistas, historiadores o defensores de los derechos humanos. Y aunque él
trata de minimizar las constantes protestas, ya tomó forma un movimiento
amplio, la Unión Ciudadana, que puede darle una sorpresa en breve.
Chihuahua,
Chih.- Un movimiento contra la corrupción del gobernador César Duarte y su
equipo unió a viejos y nuevos dirigentes, políticos y ciudadanos, de izquierda
y derecha, así como a líderes de luchas históricas en el estado.
A
ellos se sumaron dirigentes campesinos, barzonistas, del movimiento de Madera
del 65 y del estudiantil de 1972, las activistas que visibilizaron los
feminicidios e integrantes de YoSoy132, otros estudiantes y líderes de médicos
y empresarios, que constituyeron el movimiento Unión Ciudadana contra la
corrupción.
La
organización, que algunos integrantes definen como una “autodefensa cívica”, se
dedica a documentar la malversación de fondos y el enriquecimiento ilícito en
los cuales presuntamente incurren el gobernador y su gabinete, a fin de
denunciarlo penalmente.
El
pasado 23 de septiembre, el exdiputado Jaime García Chávez –quien renunció con
otros militantes al PRD por su alianza con el PRI en las elecciones federales
de 2012– interpuso la denuncia penal para que la federación investigue a Duarte
y a su esposa, Bertha Gómez Fong, por la supuesta creación de un fideicomiso de
65 millones de pesos que luego trasladaron al banco Unión Progreso.
En
esa institución de crédito tiene inversiones el gobernador y ahí se deposita
dinero público (Proceso 1991).
La
denuncia de García Chávez fue acompañada por la diputada federal panista Rocío
Reza Gallegos, quien 10 días después presentó otra por el mismo motivo.
El
28 de noviembre el Auditorio Municipal de la capital chihuahuense tuvo que
cerrar sus puertas pues no hubo cupo para la gente que llegó de todo el estado.
Destacó la presencia de líderes del PAN, del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), experredistas, organizaciones civiles, funcionarios,
médicos, académicos, estudiantes, activistas por los derechos humanos,
ambientalistas y priistas de bajo perfil.
Entre
los oradores estuvieron el exgobernador panista Francisco Barrio Terrazas; el
dirigente de Morena, Víctor Quintana; y el dirigente estatal de El Barzón,
Gabino Gómez Escárcega.
Olga
Ponce Frescas, quien encabezó el movimiento de médicos #YoSoy17 en el estado,
manifestó la preocupación de su gremio por las carencias en los servicios de
salud pública, principalmente el desabasto de medicamentos. Añadió: “Hay más
inconformidad después del conocimiento de los nexos del gobernador con las farmacias”
(Proceso 1991).
El
senador Javier Corral Jurado, también del PAN, ya había llevado el tema al
Senado, donde más de 40 legisladores –entre ellos Alejandro Encinas, Ernesto
Ruffo, Ricardo Monreal, Layda Sansores y Manuel Bartlett– apoyaron el exhorto al
Ejecutivo federal para que atienda pronto la denuncia.
La
iniciativa pasó a comisiones y fue aprobada, pero no logró la mayoría
calificada para considerarse “de urgente y obvia resolución”.
Al
principio Duarte minimizó la denuncia: “Si no les he tenido miedo a los
sicarios, menos a los chismosos”, dijo. Pronto comenzó a calificar a sus
críticos como “desestabilizadores de Chihuahua”, “enemigos del progreso” y
“zánganos”.
Rectores
y directores de universidades públicas y privadas, así como alcaldes, publicaron
desplegados de prensa para defender al gobernador y acusaron a García Chávez de
corrupto.
“Con
afanes electoreros, dicho personaje ha tratado de confundir y distraer con
infundios y mentiras las condiciones de avance en materia educativa, seguridad,
desarrollo económico, empleo y salud que los chihuahuenses hemos alcanzado en
los últimos cuatro años”, decía una de las inserciones pagadas, sin aportar
pruebas.
El
día de la asamblea de Unión Ciudadana apareció otro desplegado en los
principales medios impresos, donde se acusó a Corral de utilizar el movimiento
para candidatearse como gobernador.
Sin
embargo, en varias entrevistas Duarte ha reconocido que creó el fideicomiso y
su relación con el banco Unión Progreso –que presidió el actual secretario de Hacienda
estatal, Jaime Herrera Corral–, aunque afirmó que invirtió para “rescatarlo” de
una crisis que ponía en riesgo a unas 100 mil familias. Después dijo que creó
el fideicomiso sin fijarse en el papel que firmó.
“¿Sabe
cuántos papeles firmo al día? ¿Se imagina? Lo firmé, no lo leí, a lo macho que
no lo leí”, declaró en entrevista para el noticiero Punto de Partida, de
Televisa, y ahí mismo le ordenó a su socio y secretario de Hacienda, Herrera
Corral, que desautorizara los depósitos gubernamentales en su banco.
Como
muestra de repudio al crimen, muchas personas colocaban veladoras alrededor del
inmueble oficial, pero los guardias las quitaban. Eso empeoró el malestar y más
gente comenzó a colocar sus veladoras. En junio de 2011, cuando el Movimiento
de Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia pasó por la
ciudad, el activista incrustó con cemento una placa conmemorativa en el lugar
preciso en que falleció Marisela Escobedo.
Pronto
Duarte y el entonces fiscal general Carlos Manuel Salas acusaron al Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres, dirigido por Luz Estela Castro Rodríguez, de
defender a delincuentes y “lucrar” con esa causa. El caso se encuentra en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La
falta de atención a los problemas agrarios y campesinos abrió otro frente de
conflicto para el gobierno del estado, con el asesinato de Ismael Solorio
Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, el 22 de octubre de 2012.
Ambos integrantes de El Barzón encabezaron las demandas contra la minera Mag
Silver en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, así como la defensa de la
tierra y el agua, lo cual desató una campaña mediática de desprestigio contra
su organización.
Como
El Barzón Chihuahua continuó resistiendo, un grupo de sus integrantes y la
familia del matrimonio Solorio Solís recibieron amenazas, por lo que ahora
cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Las
presiones contra uno de los principales líderes barzonistas, Martín Solís
Bustamante, se acrecentaron tras la conmemoración del segundo aniversario del
asesinato de los Solorio Solís, cuando denunció que un grupo delictivo actúa en
el ejido Benito Juárez al amparo de las autoridades. La fiscalía no ha
protegido a Solís Bustamante.
Defensores
de indígenas y comunidades de Guadalupe y Calvo también han solicitado medidas
cautelares a la CIDH.
Todo
porque desde 2011 la puerta del Palacio de Gobierno ha permanecido cerrada a
toda protesta social. Familiares de personas asesinadas o desaparecidas,
acusadas injustamente de delitos graves, policías que demandan respeto a sus
derechos laborales, indígenas que luchan por sus tierras y su seguridad, campesinos
que ven morir sus cultivos por alzas de precios de insumos y la disminución del
apoyo oficial, han reclamado la falta de atención del gobernador.
Para
colmo, en agosto pasado Duarte anunció que el mausoleo de Francisco Villa,
ubicado en el parque Revolución, donde el propio Centauro del Norte mandó
construirlo, sería trasladado frente al balcón del Palacio de Gobierno.
Previamente mandó ampliar éste a un costo de 2 millones de pesos.
Historiadores,
arquitectos y ciudadanos en general hicieron guardia en el mausoleo y
protestaron aproximadamente un mes contra la reubicación arbitraria del
monumento. Duarte decidió invertir 8 millones de pesos para hacer una réplica y
colocarla donde quería, pese a que el original está a sólo 600 metros del
Palacio de Gobierno. El derroche generó otra movilización para clausurar
simbólicamente el avance de la obra.
Esa
manifestación se empalmó con la de choferes del nuevo sistema de transporte
público, el cual se inauguraría al día siguiente sin que ellos conocieran sus condiciones
laborales. Al arrancar sus operaciones, el sistema se colapsó. Los pasajeros
bajaban de los camiones para cerrar las principales vías como manifestación del
descontento. Duarte utilizó policías antimotines del penal para “controlar” a
los inconformes; en realidad, gaseó a manifestantes y periodistas.
Para
acallar las críticas posteriores, el gobernador anunció un mes de transporte
gratis, y como las fallas seguían otorgó otro mes. Estas medidas favorecieron
poco su imagen, pues sus descalificaciones contra sus críticos subieron de
tono.
Para
entonces ya se le había cuestionado –principalmente en redes sociales– el
costoso festejo que se realizó en la Casa de Gobierno por su cumpleaños, donde
participaron varios cantantes, entre ellos Juan Gabriel. Duarte difundió que
ese concierto privado fue un regalo de su esposa.
Al
mismo tiempo se dio a conocer que en su administración se comprometieron
recursos públicos hasta por 30 años por los adeudos. El año pasado cerró con un
pasivo superior a 44 mil millones de pesos, aunque el gobierno reconoce menos
de 20 mil millones como deuda directa.
Otro
motivo de reclamo es el control del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y
Judicial del estado, las universidades autónomas, partidos políticos y
organismos descentralizados como el Instituto Estatal Electoral, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Los dos últimos enfrentan recursos de amparo
contra sus procesos de elección.
En
cuanto al control de los medios, varias organizaciones civiles han señalado que
en 2012 Chihuahua fue la segunda entidad con mayor inversión en publicidad
oficial, con 500 millones de pesos. De acuerdo con Corral Jurado, al siguiente
año Duarte invirtió mil 48 millones de pesos.
Y
a partir de septiembre los estudiantes chihuahuenses, que reclamaban el respeto
a la autonomía de las universidades públicas, se unieron al clamor nacional
para exigir la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En
el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, el pasado 20 de noviembre,
decenas de estudiantes saltaron frente al gobernador, su esposa y su gabinete.
Gritaban: “¡El que no brinque es Duarte!”. Esa misma semana las autoridades
educativas del estado ordenaron suspender las clases en todos los planteles del
Colegio de Bachilleres y de la Universidad Autónoma de Chihuahua con el
pretexto de la entrada de una onda gélida.
En
las redes sociales los jóvenes interpretaron la medida como un intento de
evitar que organizaran manifestaciones, ya que los alumnos de kínder a
secundaria, más vulnerables al mal clima, no suspendieron clases.
Aunque
las autoridades se contradijeron al afirmar que la medida sólo era una
recomendación, las burlas continuaron: “Al gobernador le dio frío la protesta
contra Ayotzinapa”, se leía. También: “–Mami: ¿por qué yo sí voy a la escuela
con frío? –Porque tú no te puedes manifestar, mijo”. El 27 de noviembre,
estudiantes caminaron de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Chihuahua al Palacio de Gobierno, donde dejaron cobertores.
Y
en Ciudad Juárez el movimiento contra Duarte ha generado la toma parcial de
puentes internacionales y protestas constantes por diversos sectores sociales,
sobre todo estudiantes.
En
la primera asamblea de Unión Ciudadana se escuchó una suma de reclamos contra
el gobernador, acusado de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito.
Barrio
Terrazas usó un tono parecido al de sus intervenciones públicas durante el
movimiento contra el fraude electoral local de 1986 al señalar:
“Antes
de que se cumpliera un año de gobierno de la actual administración estatal ya
se oía hablar de corrupción en muchas de sus áreas y del enriquecimiento del
gobernador y de algunos otros funcionarios (…) del diezmo en los contratos de
obras públicas hasta compras escandalosas de todo lo que se les ocurra:
negocios, ranchos, aviones, ganado de alto registro”…
García
Chávez explica en entrevista que el movimiento ha prendido entre la población
por el divorcio del gobierno con la sociedad, el mal funcionamiento de las
instituciones y el ocultamiento oficial de la verdad en materia de seguridad.
Unión
Ciudadana anunció que el 23 de enero realizará una asamblea en Ciudad Juárez
para después solicitar en el Distrito Federal que se les informe sobre el
avance de la investigación penal y exigir al presidente Enrique Peña Nieto que
se atienda el caso.
∞∞
En
el fondo, la sed de dinero/PATRICIA
MAYORGA
Chihuahua,
Chih.- El gobierno de César Duarte, que controla los poderes Legislativo y
Judicial, así como a importantes grupos empresariales, pretende utilizar su
respaldo para recabar recursos y pagar la elevada deuda o cubrir en parte el
boquete financiero del presupuesto estatal.
El
29 de enero de 2014 el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua publicó el
Programa de Reordenamiento de la Hacienda Pública Estatal (Prorehp), destinado
a “subsanar” las finanzas públicas. Los ejes del programa son: ajuste
multianual del gasto, incremento del esfuerzo recaudatorio, aprovechamiento de los
activos existentes y reordenamiento de los pasivos.
Según
el secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, con esas medidas el
estado pretende generar 7 mil millones de pesos adicionales para fomentar el
ahorro interno y abstenerse de contratar más deuda pública.
Además,
para “incrementar el esfuerzo recaudatorio” se pondrán en venta más de 500
inmuebles; el año pasado se aumentó el Impuesto Sobre la Nómina de 2 a 3% y se
creó el engomado de verificación ecológica para vehículos.
Este
año la autoridad intentó renovar las placas de tránsito, pero dio marcha atrás
con el pretexto de apoyar a la ciudadanía. Aun así, se cobró la verificación y
se impuso el engomado, empezaron a aplicarse las fotomultas y se incrementó el
monto de las infracciones.
Al
iniciar 2014 Duarte despidió a mil 500 burócratas mediante un programa de
austeridad, que era el primer punto del Prorehp, lo cual generó malestar porque
no se tomó en cuenta ni la antigüedad ni el escalafón, y por otra parte se ha
contratado a familiares de funcionarios.
Después
se anunció que con la reforma de la Ley de Pensiones se incluiría a 30 mil
burócratas en el Fondo General de Pensiones Civiles del Estado, sin explicar en
qué consistía.
Resulta
que a cada empleado se le retiene 12% del salario para integrar un fondo de
ahorro, pero hasta ahora no se sabe cómo funciona, pues quienes han intentado
solicitar préstamos no lo consiguen aun después de meses de trámite.
La
reforma mencionada sólo incluye el fondo de ahorro, porque los burócratas
integrados tienen servicio médico a través del Seguro Popular; es el Instituto
Chihuahuense de la Salud el que les da atención, como a todo grupo vulnerable,
y deben pagar un promedio de 250 pesos quincenales.
Esa
situación laboral ya hizo crisis en la Fiscalía General del Estado, pues el
manejo del dinero no es transparente. Además, los agentes policiacos,
penitenciarios y del Ministerio Público, entre otros, deben comprar su uniforme
y pagar sus viáticos aunque les hacen firmar de recibido como si se los pagara
la dependencia.
Hasta
finales de diciembre pasado sólo se había conseguido que el gobierno estatal
les pagara a todos los burócratas el aumento de salario que les correspondía
desde enero de 2014.
Además
de la retención para el fondo de ahorro, se les descuentan a los empleados de
gobierno 200 pesos quincenales para el mantenimiento de un centro de
esparcimiento familiar, aunque esto no se les consultó.
La
mayor recaudación no se ve en los servicios públicos. El desabasto de
medicamentos es evidente, la construcción de centros de salud y de planteles
educativos no es transparente y se ha incrementado la matrícula de alumnos de
nivel medio superior y superior para que “nadie quede sin estudio”, pero se incrementaron
las cuotas de inscripción.
Para
acallar las voces críticas, Duarte hace anuncios espectaculares. En su último
informe de gobierno dijo que bajaría la tarifa eléctrica en el estado mediante
un acuerdo con la CFE, pero después se supo que sólo era para el verano de este
año y para un sector. Con todo, los empleados del PRI y del gobierno han tenido
que repartir entre los automovilistas volantes con los “logros” del gobernador.
A
costa de la salud
La
Secretaría de Salud tenía conocimiento de una alerta en la colonia Ávalos,
donde una planta fundidora operó durante décadas. Habitantes de la zona
muestran altas concentraciones de contaminantes en la sangre, especialmente
plomo.
El
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) y un estudio de 2012,
financiado por la Unión Europea y promovido por el Departamento de Protección
Ambiental de Stuttgart, recomendaron al gobierno chihuahuense la reubicación de
los colonos.
El
estudio advierte que el suelo, los inmuebles de la antigua fundidora de Ávalos
y las zonas aledañas presentan altos niveles de metales pesados, como plomo,
cadmio, arsénico y zinc. El Cimav advirtió del alto riesgo de que los niños
padecieran por ello trastornos neurológicos y cáncer.
Hace
unas semanas, el Canal 28 de Chihuahua dio a conocer que la Secretaría de Salud
estatal ocultó estudios sobre menores de la zona que ya presentan síntomas por
la alta concentración de plomo.
Aun
así se consideró que más de 400 hectáreas en las inmediaciones de la vieja
planta metalúrgica representaban una oportunidad para comercializar un
megaproyecto urbanístico.
Aunque
los terrenos fueron adquiridos por administraciones anteriores, el gobierno de
Duarte tenía previstos proyectos culturales, de vivienda, recreativos,
comerciales, habitacionales y ambientales para activar la economía, confirmó
Manuel Armando Colomo, director de Desarrollo Urbano, antes de que el problema
de contaminación se hiciera público.
En
Ávalos el actual gobierno construyó las nuevas instalaciones de las ferias de
Santa Rita; cinco mega-albercas; planeaba un complejo de vivienda para vender a
los policías (que no la tienen como prestación) y pretendía vender alrededor de
43 hectáreas para uso comercial.
El
problema estalló hace unas semanas, cuando varios padres de familia mandaron
hacer estudios particulares y sus hijos resultaron hasta con 40 puntos de plomo
en la sangre. Sin embargo, la Secretaría de Salud les hizo otros estudios para
minimizar el problema y aseguró que tenían sólo cuatro puntos o menos.
Como
Julio González, padre de tres niños, varias personas reclamaron a las
autoridades porque los estudios, supuestamente realizados en un laboratorio
estadunidense, carecen de sello que acredite su confiabilidad.
La
situación provocó que padres de familia y maestros protestaran de distintas
formas, hasta que la autoridad prometió aplicar estudios a 400 niños, pero era
necesario internarlos y no había suficiente espacio en el Hospital Infantil.
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