Todo tiene su tiempo…
- Así, así era Michoacán. Esta era su realidad, pese a quien le pese. Aunque algunas voces hoy y antes, pregonen lo contrario.
- Se han detenido a un exgobernador interino y secretario de Gobierno; el hijo de un hoy exgobernador, así como 225 servidores públicos en todo el estado; tres exsecretarios de estado, ocho presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de Seguridad Pública, tres subdirectores de Seguridad Pública Municipal, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales, 150 policías municipales, más los que resulten en próximas fechas.
MORELIA,
MICH., 22/01/2015
Muchas
gracias, señor Secretario de Gobernación.
Señor
Gobernador.
Distinguidos
participantes, líderes de opinión, gente representativa de la sociedad civil,
gente de la Comisión, medios de comunicación.
Señoras
y señores:
Ningún
Estado libre y Soberano, miembro de la Federación puede ser un Estado fallido.
Ningún Estado miembro de la República está y debe estar solo. La democracia no
divide, por el contrario, unifica.
El
Estado de Derecho es la causa fundacional de la nación y de nuestra identidad
como mexicanos. El año que recién ha terminado, el año que recién ha cumplido
la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de
Michoacán nos ha permitido conocer de cerca el origen de nuestra libertad, igualdad
e identidad; el origen de nuestra lucha por la independencia como nación.
Nuestra
estancia en Michoacán nos permitió conocer el peso e influencia de Michoacán de
Ocampo en la conformación de las instituciones fundamentales de nuestra
identidad y orden jurídico.
El
origen mismo de las primeras leyes y por ende el destino último del Proyecto de
Nación, el gran proyecto histórico de todos los mexicanos, que ahora, 200 años
después dirige el Presidente Enrique Peña Nieto.
Hace
un año, el 10 de enero del 2014, para ser exactos, el entonces gobierno del
estado de Michoacán solicitó de manera formal la intervención y apoyo del
Gobierno de la República en materia de seguridad.
Dos
días después, el 15 de enero, el Presidente de la República publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Para
la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán.
Hoy,
a un año de distancia, es importante recordar -como decía el señor Gobernador-
para aquellos de corta memoria, el ambiente que prevalecía en el estado de
Michoacán, a la llegada del Gobierno Federal.
Primeramente,
el control territorial era prácticamente nulo por parte de las instituciones
locales, mismas que estaban a merced del crimen organizado, específicamente de
un cartel mal llamado “Caballeros Templarios.”
Policías
municipales, estatales y ministeriales funcionaban como brazo armado del grupo
hegemónico. Desde la función de halconeo, hasta la de sicariato. Inclusive, en
muchos casos, el propio director de seguridad pública municipal había sido nombrado
por el propio grupo delincuencial.
La
debilidad institucional era tan evidente que un director de la policía
ministerial podía tener una espada de los caballeros templarios en lugar de la
Bandera Nacional, o los propios grupos de la policía de investigación asaltaban
las instalaciones de seguridad pública para rescatar a los detenidos que les
ordenaba el grupo delincuencial hegemónico.
Esta
infiltración, y por qué no decirlo, hasta complicidad del crimen organizado,
llegó inclusive a las más altas esferas del gobierno estatal y a varios
gobiernos municipales.
Los
centros penitenciarios, los cuales de manera inédita tenían excedentes de
espacios libres para internos, estaban bajo el control absoluto de líderes
delincuenciales.
La
cooptación, infiltración, omisión y complicidad de las áreas encargadas de
velar por el Estado de Derecho, ocasionó que de facto prácticamente cualquier
actividad económica o comercial estuviera obligada a pagar cuotas de derecho de
piso al crimen organizado a manera de impuesto.
Los
constructores tenían que pagar al crimen si querían hacer una obra. Los
aguacateros o limoneros si querían producir o exportar. Las tiendas comerciales
si querían abrir sus puertas al público. Las tiendas de conveniencia si querían
vender. Y así prácticamente todas las áreas económicas y comerciales estaban
bajo ese yugo.
No
hacerlo costaba que su negocio fuera quemado, y en el extremo, su dueño
secuestrado o ultimado.
Las
empresas que no cerraron o se fueron del estado, prefirieron no anunciarse en
los medios masivos de comunicación porque en aquel entonces, era preferible
pasar desapercibido, que fomentar o promover sus ventas.
Cada
mes se tenía que pagar. Pequeñas tiendas como tortillerías o expendedoras de
bienes básicos de consumo tuvieron que subir sus precios para poder pagar la
cuota impuesta por el crimen.
Cuando
estos pequeños comerciantes acudían ante sus autoridades, la respuesta era
todavía peor: ellos mismos tenían que pagar al crimen organizado por obra convenida
o por fondo depositado en su cuenta.
El
nivel de penetración era tal o fue tal, que el propio grupo hegemónico sabía el
día y el monto exacto del dinero que sería depositado en las tesorerías
municipales.
La
actividad minera pagaba por extracción, traslado, procesamiento, almacenamiento
y hasta exportación de cada tonelada de mineral. Esta actividad, junto con el
cobro de derecho de piso, se convirtió en la principal fuente de financiamiento
del crimen organizado.
Los
secuestros eran cosa de todos los días y los homicidios ni siquiera se
contabilizan. Muchos michoacanos tuvieron que enterrar a sus muertos sin contar
si quiera con un certificado de defunción.
El
crimen organizado determinaba los días de corte en actividades agrícolas, así
como las empresas que debían empacar, a quién se tenía que vender, e inclusive
a qué precio.
La
delincuencia organizada tuvo tal control del territorio michoacano, que de
cobrar el derecho de piso a aguateros y limoneros, muchos de estos fueron
despojados de sus huertas, o estos dueños vendían al precio que el crimen
organizado determinaba. Si no lo hacían ellos, lo tenían que hacer sus viudas
días después. En no pocas ocasiones estos actos fueron formalizados con la
venía de la fe pública o notarial.
No
se podía denunciar porque la consecuencia era la muerte, y por tanto, muchos
optaron por el silencio, la resignación o el éxodo hacia otras tierras.
El
turismo era nulo, la vida nocturna vacía, los espectáculos masivos dejaron de
venir a este estado y las empresas empezaron a cerrar para no tener que ser
objeto de la violencia y la extorsión.
Los
gritos de Independencia se convirtieron en celebraciones sin gente.
Los
policías federales eran ultimados en emboscadas.
Una
llamada telefónica de amenaza podía detener el nombramiento de un alcalde
sustituto en el Congreso Estatal.
Mujeres,
esposas e hijas, fueron raptadas por semanas, solo para ser devueltas bajo el
yugo de la violación, el embarazo no deseado, y en casos extremos, nunca fueron
devueltas, ocasionando con ello, la destrucción del hogar familiar, sin que los
padres o esposos pudieran hacer algo al respecto.
En
síntesis, se llegó a una profunda debilidad institucional, que la sociedad
michoacana tuvo que acostumbrarse a vivir con miedo, totalmente resignada y con
un sentimiento permanente de abandono por parte de sus autoridades.
A
todo esto, había que sumarle dos variables que hacían el reto todavía más
complejo, primero, que el verdadero líder de toda esta estructura criminal
transitaba anónimamente bajo el amparo de su falsa muerte.
Segundo,
que las finanzas estatales estaban prácticamente en quiebra. La deuda del
estado creció exponencialmente. Existían pasivos de años atrás a proveedores
que se encontraban en quiebra, y el andamiaje legal traducido en leyes,
permitió que los recursos públicos pudieran desviarse con total impunidad.
Ante
todo esto, grupos de ciudadanos agraviados optaron por tomar las armas con un
doble objetivo: primero, enfrentar con sus propios recursos al crimen
organizado; segundo, exigir la presencia del Estado para que las instituciones
de procuración de justicia y de seguridad pública estuvieran al servicio de la
gente y no de la delincuencia.
Estos
grupos civiles armados tenían un discurso legítimo porque tenían un enemigo
claro y definido, sin embargo, actuaban en desorden, sin planificación, y sin
la más mínima protección a las garantías individuales de los ciudadanos.
Estos
grupos tenían la voluntad pero no la capacitación para proteger a sus
comunidades en sus derechos. Más aún, su propia idiosincrasia los llevó a
asumir que la victoria era avanzar a cabeceras municipales, cuando su verdadero
éxito había sido abrir los ojos de toda una nación y sacudir las conciencias de
millones de michoacanos.
Su
nacimiento incipiente y la necesidad de enfrentar a un enemigo poderoso, los
llevó a que su reclutamiento fuera masificado. Esto es, siendo uno solo el
enemigo, cualquiera podía sumarse.
Esta
situación obligadamente generó un riesgo latente que posteriormente se
convirtió en una realidad: muchos de estos grupos y ante su crecimiento
exponencial y sin control, fueron cooptados o infiltrados. Había hombres
valientes, pero no necesariamente eran los mejores.
Ante
los vínculos parentales y comunitarios surgió la oportunidad del perdón como
una forma de reclutamiento para tener mayor fuerza para enfrentar al enemigo.
Un enemigo, que por cierto, se fue transformando.
En
una región en donde el promedio de educación es de primero de secundaria y
existe un acentuado tema de adicciones, era claro que el reto de poder sumarlos
a una vida institucional sería enorme. Más aún si hablamos de que el vacío
institucional contaba al menos con una década de abandono.
Para
aquellos que no sabían de esta realidad, lo más fácil fue solicitar o exigir la
detención inmediata de estos grupos con el uso de la fuerza pública. Algunas
voces llegaron al extremo de calificarlos a todos como delincuentes en potencia
o mercenarios al servicio del crimen organizado.
Lo
cierto es que estos grupos contaban con una enorme base social porque los unía
un enemigo en común y tenían un argumento irrefutable: si su gobierno no les
procuraba justicia y seguridad para sus familias y para sus comunidades, ellos
lo harían. Aunque esto les pudiera costar la cárcel o la vida.
Así,
así era Michoacán. Esta era su realidad, pese a quien le pese. Aunque algunas
voces hoy y antes, pregonen lo contrario.
A
un año de distancia, me permito darle a conocer señor Secretario de
Gobernación, los avances y resultados de la estrategia federal implementada
para revertir esta situación.
En
esta materia, Michoacán es la segunda entidad federativa en contar con un penal
exclusivo de secuestradores, el cual hoy cuenta con 869 internos, todos ellos
añadidos a una base de datos con su respectivo ADN.
Además
se capturaron a 80 templarios secuestradores, que fueron trasladados a
diferentes centros penitenciarios fuera del estado de Michoacán.
Se
está trabajando para que Michoacán cuente en los próximos tres meses como el
primer estado en el país, con un penal exclusivo para homicidas.
Cabe
señalar, que de manera inédita, Michoacán tenía una vacancia importante en
centros penitenciarios y los juzgados cerraban por inactividad procesal.
La
extorsión, como cobro de derecho de piso, en la producción agrícola y
comercial, es cosa del pasado. Los negocios volvieron a abrir sin el temor
fundado de tener que pagar una cuota obligatoria para no ser ultimados o
secuestrados.
Inclusive,
el propio Embajador de los Estados Unidos de América, en su reciente visita
aquí a Morelia, Michoacán, reconoció que ninguno de sus tres mil inspectores
había sufrido el más mínimo menoscabo en su seguridad personal.
Se
desarticularon, en conjunto y por diversos delitos, 375 bandas.
Por
primera vez en la historia de Michoacán, se aseguró un número sin precedentes
de material mineral extraído de manera ilegal, así como de madera, mismos que
servían como fuente de financiamiento para el crimen organizado.
Con
el programa de Pensión a Adultos Mayores, se apoyó a 312 mil 442 ciudadanos de
65 años o más.
A
través de SAGARPA, se otorgaron subsidios para el impulso de la actividad agropecuaria
en la zona de conflicto de la región de Tierra Caliente por un monto casi
cercano a los 220 millones de pesos.
El
Programa de Empleo Temporal destinó 230 millones de pesos, beneficiando casi a
50 mil personas.
PEMEX
realizó donaciones por más de 54 millones de pesos, para apoyar en lo relativo
a gasolina, diésel y asfalto, para las tareas de seguridad pública.
Se
concretaron acuerdos con la iniciativa privada, como uno con Carso, que a
través de sus restaurantes adquieren mensualmente 30 toneladas de limones de la
región de Tierra Caliente, y así también se está en pláticas con la ANTAD, para
que sean todas las tiendas de autoservicio que apoyen a esta región, como lo
instruyó el Presidente de la República en su última intervención.
Cabe
señalar que la producción de limón aumentó de 600 a 800 toneladas que se
producían diariamente en el 2013, a cuatro mil en el 2014, lo cual permitió
reducir sustancialmente los precios del limón.
La
Comisión apoyó en la coordinación de los trabajos con el Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, para la creación de diversas leyes, a destacar las
siguientes y que son de gran trascendencia para este estado:
Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. El 11 de
diciembre.
La
Ley para la Administración de Bienes Asegurados y Decomisados. 11 de diciembre.
Ley
de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán. 10 de diciembre.
Ley
de Protección Civil. 25 de noviembre.
Ley
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 21 de noviembre.
Ley
para la protección de personas intervinientes en el proceso penal para el
estado de Michoacán. 15 de octubre.
Ley
de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana. 30 de junio.
Ley
de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del
Estado de Michoacán. 14 de octubre.
Ley
de Extinción de Dominio. 13 de mayo, y que entró en vigor el 11 de agosto.
Estas
acciones, junto con otras de gran trascendencia, permitieron que Michoacán
recuperara la confianza de su gente para volver a salir a las calles. Ejemplo
de esto es lo siguiente:
La
Expo Feria de Morelia fue la más visitada de su historia, incluyendo un
registro record de 72 mil personas en un solo día.
Se
recuperaron las celebraciones públicas, como el Grito de Independencia, el
Aniversario de Morelos, con más de 40 mil personas.
La
noche de Muertos, el Festival Internacional de Cine, el de música, y otros
eventos de gran envergadura. Todos ellos se desarrollaron con un saldo blanco.
Michoacán
volvió a ser sede de eventos de talla nacional e internacional como la visita
de artistas de renombre, quienes anteriormente se negaban a presentarse, como
lo decía el señor Gobernador.
Todos
ellos además de reconocer a un nuevo Michoacán, sus representantes negaron
cualquier acto de extorsión o presión por parte de algún grupo delincuencial
para presentarse.
El
último puente del primero de noviembre, Morelia registró una ocupación hotelera
del 85 por ciento y se contó con visitantes de más de 35 países.
De
igual forma, y como está presente aquí el presidente municipal de Morelia,
eventos deportivos internacionales regresaron a este estado, como los
Centroamericanos, Juveniles de Atletismo, o el Mundial de Natación para
Síndrome de Down. Eventos que aglutinaron a nuestros hermanos de más de 35
países.
Con
relación a los grupos de autodefensa, me permito informarles lo siguiente:
El
14 de abril de 2014 se acordó con los líderes de estos grupos, su
institucionalización, misma que inició el 10 de mayo.
Ésta
se dio a través de la creación de la Fuerza Rural Estatal, misma que permitió
al estado de Michoacán, contar con un registro de personas, armas, domicilios y
antecedentes personales, no sólo de los nuevos integrantes, sino de todos
aquellos que hicieron una solicitud, la cual sobrepasó las capacidades de
contratación al recibirse más de cinco mil solicitudes en menos de tres
semanas.
Es
importante señalar que no fueron pocas las voces quienes exigieron desde el
inicio de la Comisión, que todas estas personas fueran detenidas, sin importar
las razones de su levantamiento y sin considerar las circunstancias que
imperaban en aquellos tiempos de total impunidad y corrupción por parte de sus autoridades
locales.
Ante
el fortalecimiento de las instituciones y la desarticulación del grupo
hegemónico, prácticamente en toda su estructura de mando y fuentes de
financiamiento, las llamadas autodefensas perdieron razón de ser, pero no de
participar en las tareas de seguridad pública para todos aquellos que tengan
vocación de servicio a favor de sus comunidades.
Como
lo expuse hace algunos momentos, el trabajo coordinado con estas mujeres y
hombres valientes de Tierra Caliente, permitió el aseguramiento de importantes
líderes y bienes del crimen organizado.
Su
información y conocimiento del territorio en brechas, parajes, caminos selvosos
y parte de la sierra, fue fundamental para asestar golpes contundentes a la
delincuencia organizada.
Sin
su participación en los primeros meses de 2014, el gobierno no hubiera podido
recuperar la base social que permitió a todas las instancias gubernamentales
adentrarse en territorios que hasta hace algunos años eran intransitables para
las mismas.
Para
todos aquellos que siempre miraron en favor de sus comunidades y del
mejoramiento de Michoacán, mi reconocimiento y gratitud. Sin ellos, ese avance
no hubiera sido posible.
Siempre
recordaremos las innumerables reuniones en la 43 Zona Militar, en Buenavista o
en el penal de La Ruana, como acontecimientos históricos que llevaron a que
fuera la palabra y la estrategia, quienes hicieran a un lado los ánimos de
venganza y el uso de las armas como bandera para recuperar el orden y la
tranquilidad para los habitantes de Tierra Caliente.
Lamentablemente,
y como sucede en cualquier organización en donde participen las pasiones del
ser humano, varios de ellos confundieron la confianza de la autoridad en
supuesta complicidad y terminaron violentado los acuerdos establecidos.
Ante
eso y como les fue advertido en repetidas ocasiones, las instituciones actuaron
y se aplicó la ley.
Sin
embargo, y ante el recuerdo de este año vivido, nos quedamos con la voluntad de
más de cinco mil 706 personas que transitaron armadas en Michoacán, y las
cuales decidieron someterse a todos los controles necesarios para convertirse
en miembros de las instituciones mexicanas. Decidieron respetar y hacer
respetar las leyes, formar parte del orden perdido.
Lo
inédito, es que solicitaban la presencia del Estado, no la resistían, como
ciudadanos que deseaban ser reconocidos en sus derechos.
Prueba
de ello es que entre abril y mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional,
registró ocho mil 631 armas propiedad de los ciudadanos armados, sin conceder
permiso alguno de portación.
El
primer minuto del 11 de mayo, inició el retiro de 122 barricadas que los grupos
ciudadanos organizados habían dispuesto como puntos de control.
Adicionalmente,
entre los meses de abril y julio de 2014, se realizaron test psicométricos,
cuestionario de valores, familia e identidad y estudio de tatuajes a cinco mil
706 ciudadanos miembros de los 32 municipios en donde se encuentran estos
ciudadanos organizados.
Posteriormente,
el Centro de Control y Confianza aplicó más de cinco mil 500 chequeos médicos y
exámenes antidoping a la misma cantidad de personas.
Del
total de este universo, únicamente 926, esto es poco más del 16 por ciento,
resultaron aprobados para integrarse a las tareas policiales y de prevención de
la Fuerza Rural.
El
correlato de este proceso fue la exclusión en un proceso no sólo de
normalización, sino de opción de ocupación laboral de miles de personas con la
necesidad de ser reconocidas por el Estado Mexicano.
Es
entonces cuando se busca la gestión de diversos programas para mejorar las
condiciones de vida e ingreso de los ciudadanos para que en su entorno, las condiciones
de vida particular y social hace patente la exclusión histórica en las que
ellos habían vivido.
Tan
sólo el Programa de Empleo Temporal, de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, benefició a más de 21 mil personas de 104 municipios, con una
derrama económica de casi 115 millones de pesos.
A
un año de nuestra llegada al estado de Michoacán, la crítica más común, dice
que los acontecimientos que aceleraron la petición de ayuda en materia de
seguridad pública por parte del gobierno del estado al Gobierno de la República
durante los primeros días del 2014, parecen los mismos que caracterizan el
cierre del período anual de esta Comisión.
Los
acontecimientos desafortunados del martes 16 de diciembre de 2014 en La Ruana,
y del 6 de enero en Apatzingán, no son homologables a los de Parácuaro, Antúnez
y Nueva Italia sucedidos en los primeros días del mismo 2014.
En
ambas situaciones, la lógica de las instituciones fue seguir y atenerse al
orden jurídico y a los instrumentos periciales de la ciencia forense para
conocer y determinar la verdad jurídica de los hechos y fincar así las
responsabilidades.
El
resultado fue inédito. Los involucrados se entregaron por su propia voluntad,
confiando en la renovación institucional de la Procuraduría General de Justicia
del estado y del Poder Judicial.
En
el caso de Apatzingán, se sigue confundiendo el evento del mal llamado desalojo
ocurrido en las inmediaciones de la presidencia municipal, con el evento
posterior donde civiles armados agredieron a fuerzas federales.
Las
44 personas detenidas por las fuerzas federales la madrugada del 6 de enero del
presente año, fue para que el Ministerio Público determinara su situación
legal.
La
Procuraduría General de la República determinó, a diferencia del caso de La
Ruana, atraer la investigación y consignó a estas personas ante un juez
federal, mismo que determinó que sólo se sujetaría a proceso a las personas que
en la puesta a disposición portaban un arma de fuego.
El
segundo evento que concluyó con el lamentable fallecimiento de ocho personas y
que sucedió horas después, es una investigación que realiza la Procuraduría de
Michoacán, en donde no tienen absolutamente nada que ver ninguna de las 44
personas que horas antes habían sido detenidas y puestas a disposición por
parte de las fuerzas federales.
Por
lo que es absurdo que hoy se diga y considere que fueron liberadas 43 personas
relacionadas con los homicidios de Apatzingán.
La
investigación del segundo evento está en curso y la Procuraduría de Michoacán,
en los próximos días, dará a conocer las primeras detenciones de las personas
que ya están identificadas como aquellas que realizaron los disparos en contra
de sus propios compañeros en un lamentable hecho de fuego cruzado.
Señor
Secretario, señor Gobernador, señoras y señores:
A
un año de iniciados los trabajos por parte de la Comisión para la Seguridad y
el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, los resultados, avances y
logros son evidentes en la mayoría de los objetivos impuestos. Aun así, y como
ha dicho el señor Presidente de la República, no podemos echar campanas al
vuelo.
Es
evidente que la transformación y la recuperación de años de abandono, no se
puede lograr en tan sólo 12 meses.
Pero
también, es evidente que las bases están puestas para que el actual gobierno y
el posterior, tengan condiciones diferentes a las que se vivieron en los
últimos años.
Decenas,
por no decir cientos, de hombres y mujeres, dejaron a sus familias para venir a
apoyar a sus hermanos michoacanos.
A
un año de distancia, las lecciones aprendidas son mayúsculas y probablemente
hemos construido las bases para edificar en el futuro, los protocolos de
actuación para la atención de este tipo de movimientos sociales armados y no
armados.
Como
todo en la vida, hay aciertos y hay errores. La historia nos juzgará en su
debido momento. Lo importante no son los aplausos ni la crítica, sino el
trabajo diario que hoy se traduce en resultados para los michoacanos.
En
este primer año que termina, quiero agradecer a usted, señor Secretario,
profundamente su apoyo incondicional en todo momento.
Ha
sido un honor el poder trabajar a su lado y bajo su mando, con el respaldo de
todos los miembros del Gabinete Legal y Ampliado del señor Presidente de la
República, licenciado Enrique Peña Nieto.
De
igual forma, quiero agradecer y reconocer al Gobernador Salvador Jara Guerrero,
quien también se ha convertido en un pilar fundamental para que el Gobierno de
la República y el estado, podamos caminar hoy de la mano.
Sin
duda, señor Gobernador, será reconocido usted por la valentía con la que asumió
el cargo y por mirar en todo momento a favor de los michoacanos.
De
igual forma quiero agradecer a los actores políticos, económicos y sociales,
legisladores, delegados federales y enlaces de alto nivel, así como a
representantes de la sociedad civil, quienes comprendieron la dimensión del
reto y la valía de su apoyo para poder trabajar juntos a favor de Michoacán.
Y,
por último, si me lo permite, quiero agradecer el apoyo incondicional de mi
equipo durante este año de trabajo. Venimos a transformar a Michoacán y
Michoacán terminó transformándonos a todos.
-Dirección
General de Comunicación Social-
Última
modificación:
Jueves
22 de enero de 2015 a las 17:08:30
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