Versión
estenográfica de la reunión de trabajo de la Primera Comisión de la Permanente,
con el
comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, y la
subprocuradora
de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio,
para
abordar el tema de seguridad nacional, realizada el martes 20 de enero de 2015
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muy buenas tardes nuevamente a todas y
a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de trabajo de la Primera Comisión de
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del
primer receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Las
violaciones graves a los derechos humanos resultan cada vez más frecuentes en
nuestro país. No paramos de asombrarnos desde la masacre de San Fernando, donde
nos quedamos estupefactos al saber del homicidio de más de 170 migrantes que
fueron encontrados en fosas clandestinas, pasando por la ejecución
extrajudicial de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y
la desaparición forzada de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, Guerrero,
en donde queda evidente la crisis de Estado en los tres niveles de gobierno.
Los
asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas y de defensores de derechos
humanos, los feminicidios, el incremento en la frecuencia y saña con que actúa
la delincuencia, son producto de al menos la connivencia de las autoridades
municipales y estatales con el crimen organizado y la absurda ineficacia de las
autoridades federales.
Los
22 mil desaparecidos, además de los 43 normalistas de Ayotzinapa, revela la
incapacidad de las autoridades para crear un mecanismo de búsqueda efectivo y
demuestra su miopía para ver la realidad, o lo que es peor aún, la corrupción
que corroe a todos los ámbitos en materia de seguridad.
La
lista de víctimas es larga en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán,
Puebla, Coahuila, por lo que cabe preguntar una y otra vez: ¿qué están haciendo
para detener esta ola de violencia?
En
el caso de la Procuraduría General de la República hemos sido testigos de su
paulatino desmantelamiento que la ha convertido en el elefante blanco que no
garantiza el derecho de acceso a la justicia y que por el contrario mantiene
los índices de impunidad e ineficacia que dan por resultado una institución
cara e ineficiente.
Esta
institución ha perdido su representatividad social y ha abandonado su esencia;
no es capaz de garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la justicia
imparcial, pronta y expedita como ha quedado plasmado en la falta de resultados
en los lamentables acontecimientos de San Fernando Tlatlaya y Ayotzinapa.
También
se ha negado a abrir una línea de investigación para determinar si el Ejército
estuvo o no implicado en la desaparición de los 43 normalistas. Por qué negarse
a hacerlo, a quién o a qué se protege o se perjudica. Mejor investigar y, si no
hubo participación alguna, el Ejército queda libre de sospechas.
Damos
un dato. Según la Auditoría Superior de la Federación, en 2007 el costo
proporcional por averiguación previa despachada fue de 89 mil 100 pesos. Con la
misma metodología del Órgano Superior de Fiscalización, en 2013 el costo
proporcional por averiguación previa despachada correspondió al orden de 143
mil 593 pesos, cuando en México 80 por ciento de los hogares no supera los 10
mil pesos de ingreso total neto.
Resulta
importante señalar que uno de los primeros compromisos de Enrique Peña Nieto
fue la implementación de un programa que combatiera las causas sociales de la
violencia y la delincuencia, del cual podemos decir que no contenía ninguna
nueva acción, ningún nuevo programa, salvo la creación de la Gendarmería
Nacional.
Esto
nos indica que, más allá del discurso retórico del gobierno federal, los hechos
indican que la estrategia se encuentra centrada únicamente en la limitación a
través del uso de la fuerza, de la expansión del control territorial de la
delincuencia organizada que constituye exactamente la misma estrategia
implementada por el gobierno federal anterior y que nos ha conducido a la más
grave de las crisis humanitarias que haya vivido nuestro país.
Debemos
recordar que la Gendarmería Nacional, cuerpo estrella de este gobierno, en las
promesas de compaña tendría más de 40 mil efectivos; hoy tiene únicamente cinco
mil y resulta el cuerpo policiaco más caro para el erario, dado que cada
elemento nos cuesta proporcionalmente tres veces más que un efectivo del Ejército
Mexicano y dos veces más que cada marino de la Armada de México.
Esto
nos lleva a la conclusión de que las acciones que ha emprendido el Ejecutivo
federal, únicamente seguiremos caminando en la senda de la violencia. Es
necesario señalar, sin cansarnos, que no hay un viraje sustancial en las
políticas públicas aplicadas por la comisión a su cargo.
Las
policías de los tres niveles de gobierno siguen estando infiltradas no han
adquirido los índices de profesionalización requeridos y, en consecuencia, 70
por ciento de la población –según datos del Inegi– sigue considerando que la
inseguridad es su principal problema.
La
única respuesta la constituye el uso de las Fuerzas Armadas con todo lo que
conlleva, violaciones graves a los derechos humanos e infiltración de la
delincuencia organizada. El último baluarte de nuestra soberanía, el Ejército,
ahora es objeto de acusaciones por el presunto asesinato de jóvenes y mujeres.
El
gobierno federal no tiene una política eficaz para contener los avances de la violencia
delictiva que evite la regeneración de los cuerpos delincuenciales y que impide
a la infiltración de la criminalidad organizada en las instituciones del
Estado.
El
gobierno federal se encuentra adivinando respecto a las acciones a seguir; sin
embargo, las y los mexicanos no pueden seguir viviendo así, exigimos
resultados.
Las
instancias a quienes ustedes hoy representan han sido, en conclusión, incapaces
de implementar políticas públicas que contribuyan a fortalecer la
gobernabilidad democrática y el derecho de acceso a la justicia, favoreciendo
con ello la ejecución de acciones contrarias a los derechos humanos que colocan
a todas y a todos los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad frente a la
autoridad, y esta situación debe cambiar.
Demandamos
no abandonar ninguna línea de investigación, incluya a quien incluya, y se den
respuestas a las siguientes preguntas:
1.
¿Qué respuesta hay a la indicación del GPS del celular de un normalista que
registró que el 26 de septiembre estaba en el 27 Batallón de Iguala?
2.
Cuántos detenidos hay por el caso Ayotzinapa?
3.
¿Cuántos son policías y cuántos de la delincuencia organizada?
4.
¿Cuál es su estatus jurídico?
5.
¿Cuántas fosas clandestinas se han descubierto a partir del 26 de septiembre de
2014?
6.
¿Cuántos restos se han encontrado?
7.
Quién encabeza la investigación de esos hechos y la identificación de
cadáveres?
No
agotar las líneas de investigación –sobre todo ahora que la Universidad de
Austria hace conocimiento de que estos restos que analizan de ADN no son de los
normalistas, por eso exigimos no cerrar ninguna línea de investigación– es a lo
que llamamos y hoy tenemos aquí a los funcionarios para dar respuestas a las
diferentes preguntas que hagan los grupos parlamentarios.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene el uso de la palabra, hasta por
20 minutos, el licenciado Monte Alejandro Rubido García, comisionado de
Seguridad Nacional.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Muchas gracias, señora presidenta.
Diputada Aleida Alavez, presidenta de la Primera Comisión de la Permanente;
señoras legisladoras y señores legisladores integrantes de la misma; buenas
tardes a todos.
Agradezco
sinceramente la invitación formulada por la Honorable Comisión Permanente del
Congreso de la Unión para participar en esta reunión de trabajo. Es un gusto
encontrarme con ustedes, integrantes de la Primera Comisión, para abordar los
temas de seguridad y hacerlo en compañía de la subprocuradora Mariana Benítez.
Como
lo he señalado en diversas ocasiones en las cuales he sido convocado por el
Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados,
ratifico una vez más mi convicción de que asistir ante las instancias del
Congreso, más allá de ser un mecanismo de control parlamentario es una acción
auténticamente democrática.
Señoras
y señores legisladores, soy un convencido de que la seguridad pública debe
asumirse como una política de Estado, y por lo tanto requiere del análisis,
diseño e implementación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes
de gobierno.
Es
indispensable escuchar todas las ideas y todas las propuestas, ello en un marco
de absoluta pluralidad que permitan abordar el fenómeno de la inseguridad desde
una perspectiva transversal y multidisciplinaria, en la que converja no sólo la
visión de los Poderes del Estado, sino también de los integrantes de la
sociedad civil, ya que es precisamente hacia los ciudadanos a quienes van encaminados los esfuerzos en la
materia.
En
aras de dirigirme a ustedes con la mayor claridad esta intervención se divide
en dos grandes apartados. En el primero, compartiré con ustedes los principales
indicadores de incidencia delictiva. Es decir, los datos duros que hay sobre el
fenómeno.
En
el segundo, presentaré algunas de las acciones que de manera coordinada con
autoridades locales lleva a cabo el gabinete de seguridad del gobierno de la
República para coadyuvar a mejorar las condiciones de seguridad en algunos
territorios focalizados en entidades específicas.
Desde
el inicio de la administración, el presidente de la República, licenciado
Enrique Peña Nieto, ha estado comprometido a disminuir el índice delincuencial
para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
Así
fue que el señor presidente estableció 10 estrategias de acción de política
pública en materia de seguridad y procuración de justicia para enfrentar el
fenómeno delictivo desde una óptica integral. La revisión del trabajo de cada
uno de estos 10 componentes nos permite observar que la estrategia avanza con
un rumbo definido y que los resultados comienzan a mostrarse.
Así
les pido que me permitan presentar una serie de tres gráficas sobre la
evolución que ha tenido el índice delictivo desde el inicio de la
administración del presidente Peña Nieto, con la finalidad de que podamos tener
una visión común de los avances alcanzados y de cómo se empieza a marcar
tendencias favorables.
En
esta primera lámina que tienen ante ustedes se aprecia cómo se movió el índice
delincuencial de 2012 a 2013 y de este último año a 2014.
Como
se puede observar, durante el primer año de la administración la incidencia de
los delitos de alto impacto registró disminución, excepto en dos casos:
secuestro y extorsión.
Así,
en 2013 comparado con 2012 cayeron en un 16 por ciento los homicidios dolosos y
bajó en 3 por ciento el robo. Sin embargo, se tuvo 20 por ciento más de
secuestro y aumentaron 13 por ciento las extorsiones.
Con
todo, los esfuerzos en materia de seguridad han permitido avanzar en estos
resultados. Precisamente, hoy el Centro Nacional de Información del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualiza las
cifras de incidencia delictiva, por lo que contamos ya con la serie completa de
datos del año 2014.
En
ese sentido, en números redondos, al comparar el año de 2014 contra 2013 se
obtiene que el homicidio doloso continúa su tendencia decreciente al registrar
15 por ciento menos casos y una baja de 11 por ciento en el delito de robo.
Además,
de manera señalada, se logra revertir la inercia en el alza de secuestros, los
que disminuyeron en un 18 por ciento, así como las extorsiones que se redujeron
en 30 por ciento.
En
la siguiente lámina nos muestra la variación en números absolutos, –reitero,
números absolutos– de los homicidios, desde que en nuestro país se ha llevado
una medición puntual de los mismos.
Aquí
convergen tres vertientes de medición: la que realiza el Inegi desde 1990, y
que se muestra en la línea azul. La que lleva a cabo el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 1997, y que aparece en la línea
roja. Y finalmente, la que se estableció en el año de 2007 para evaluar
aquellos homicidios vinculados a delincuencia organizada.
Entre
los datos a destacar, como pueden apreciar, se encuentra que el número de
homicidios dolosos registrados por el Secretariado Ejecutivo en el año de 2014
es inferior al que fue registrado en el año de 1997.
Por
otra parte, con independencia de cada una de las cifras, toda vez que son
mediciones diferenciadas, se percibe que la tendencia es similar en los tres
ejercicios de medición.
La
tercera y última gráfica nos muestra cómo ha evolucionado el homicidio en
nuestro país, pero presentada en números relativos.
Como
pueden apreciar, en las cifras de Inegi el número de homicidios por cada 100
mil habitantes es similar al que existía en 1992. Esto por el crecimiento
poblacional que ha tenido nuestro país.
En
las cifras del Secretariado Ejecutivo, el número de homicidios por cada 100 mil
habitantes es inferior al que se dio en los años de 1994, 1995 y 1996.
Como
les había señalado, el interés de mostrar estas cifras y estas gráficas son
única y exclusivamente para que podamos analizar con mayor puntualidad y de
manera conjunta los resultados alcanzados durante la presente administración.
En
este marco de avances quiero destacar, que al inicio de este gobierno se
estableció una lista de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno de la
República. Hasta la fecha 88 de ellos han sido neutralizados y una inmensa
mayoría fueron detenidos gracias a labores de inteligencia y sin necesidad de efectuar
un solo disparo. A guisa de ejemplo, el año pasado se lograron detenciones
relevantes como la de Joaquín Guzmán Loera, Héctor Beltrán Leyva y Vicente
Carrillo Fuentes, entre otras.
Respecto
al segundo apartado, referente a acciones de coordinación, considero que no
podemos soslayar que hay condiciones de seguridad diferenciadas de acuerdo a
los contextos y coyunturas por las que atraviesan algunas entidades y en
particular algunos municipios.
Como
lo ha dicho el señor Presidente Peña Nieto –y cito textual–: Existen algunas
condiciones inaceptables de debilidad institucional que no pueden ser
ignoradas. Fin de la cita.
En
este sentido el gabinete de Seguridad, bajo la coordinación del secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha impulsado tareas de apoyo a algunas
entidades mediante el involucramiento de instancias federales, siempre
respondiendo a las peticiones formuladas por los propios estados.
Estas
tareas conjuntas tienen como finalidad regresar la normalidad a la vida
cotidiana en las zonas focalizadas donde las instituciones, sean locales o
municipales, no han logrado superar los retos en materia de seguridad y en
muchos casos se habían visto rebasadas por la delincuencia.
La
acción conjunta del gobierno de la República con gobiernos locales ha permitido
en diversos casos recuperar las condiciones de seguridad necesarias. Ejemplos
particulares –lo digo solamente de manera enunciativa– son la zona
metropolitana de Nuevo León, la región de La Laguna, Ciudad Juárez, Tijuana, la
lucha contra el secuestro en Morelos, y actualmente se aprecian avances en
entidades como Michoacán, Tamaulipas y estado de México.
De
la misma manera, tenemos confianza de que el operativo implementado en las
regiones norte y tierra caliente de Guerrero –que fue puesto en marcha el 4 de
diciembre pasado–, presentará en el corto plazo resultados favorables.
Permítanme,
señores legisladores, hacer una breve recapitulación sobre cada uno de estos
operativos. En Michoacán, en enero del
año pasado se suscribió un acuerdo con el Ejecutivo local en el cual se
establecen las bases para brindar apoyo en materia de seguridad pública.
Inicialmente
fuerzas federales, encabezadas por la Policía Federal, asumieron el control de
la seguridad pública en 27 municipios, en tanto que los policías municipales
fueron enviados a la 6ª. Región Militar en Mazatlehuatl Tlaxcala, para un
proceso de readiestramiento. Esta acción tuvo como fin detener la reorientación
delincuencial que habían tenido grupos de narcotraficantes hacia otro tipo de
delitos como el secuestro y la extorsión, así como a la explotación y
comercialización ilegal de materiales.
Por
otra parte, la presencia federal logró la neutralización de cuatro de los siete
líderes de las organizaciones delincuenciales que operaban en la entidad y que
habían sido denunciados por grupos civiles.
Por
lo que corresponde al estado de Tamaulipas, desde el mes de mayo el gobierno de
la República coordina una nueva estrategia de seguridad que tiene tres
objetivos.
El
primero, la desarticulación de las organizaciones delictivas que actúan en la
entidad. Sobre este objetivo se puede señalar que se establecieron 14 blancos
prioritarios, de los cuales han sido neutralizados nueve, lo que ha minado
significativamente la capacidad de operación de estas bandas criminales.
El
segundo de los objetivos, el sellamiento de las rutas de tráfico de mercancías
ilícitas. Esta función es fundamental por las características particulares del
estado, ya que cuenta con cinco aeropuertos internacionales, dos puertos y 15
cruces fronterizos formales.
El
tercero de los objetivos, la recuperación de la efectividad gubernamental. En
este aspecto se ha trabajado junto con el gobierno del estado en la evaluación,
depuración y formación de nuevos cuerpos de seguridad y procuración de
justicia.
Para
los fines operativos se establecieron cuatro zonas regionales, dos de ellas
encabezadas por la Secretaría de la Defensa y dos más por la Secretaría de
Marina.
Por
su parte la policía federal asumió las labores de policía ministerial. He de
destacar que el procurador del estado ha anunciado que a mediados del presente
año Tamaulipas contará con su nueva policía ministerial.
Respecto
del estado de México, a finales del mes de marzo se instrumentó el operativo
Seguridad Mexiquense en el cual la Secretaría de Marina, la Procuraduría
General de la República y la Policía Federal, trabajan de manera conjunta con
el gobierno del estado para abatir la incidencia delictiva.
Es
importante destacar que este operativo se orientó a los seis municipios con
mayor índice delincuencial y al patrullaje de tramos carreteros en las vías que
dan acceso a la entidad, así como en el Arco Norte, el Circuito Mexiquense y
las carreteras que conducen a Valle de Bravo.
Debo
destacar que en diciembre pasado al ponerse en marcha el operativo que abarca
la región denominada tierra caliente, en éste se incluyeron ocho municipios del
estado de México, a saber: Amatepec, Ixtapan de la Sal, Sultepec, Tejupilco,
Tlatlaya, Tonatico, Zacualpan y Seapagón.
Finalmente
por lo que refiere a Guerrero, a principios de la administración se reforzó la
seguridad en Acapulco y en Chilpancingo con lo que se logró debilitar a las
bandas delincuenciales que ahí operaban.
Ante
los infaustos sucesos del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, el 6
de octubre se asumió la seguridad pública en dicho municipio, así como en
Cocula.
A
partir del 19 de octubre, en coordinación con las instancias del gabinete de
seguridad, se relevaron las policías municipales y se asumió el control de la
seguridad pública en 12 municipios de la región de Guerrero.
Más
adelante, el 4 de diciembre y atendiendo a la instrucción del señor presidente
de la república, fuerzas federales asumieron las funciones de seguridad en ocho
municipios más del estado de Guerrero, los ocho del estado de México ya antes
referidos, dos de Michoacán, mientras que en cuatro municipios de Morelos se
estableció un esquema de coordinación, ya que en este estado opera la figura de
mando único.
Esta
estrategia tiene como fin enfrentar a las organizaciones delictivas y
neutralizar blancos estratégicos para minar la operatividad de los grupos
delincuenciales y romper sus líneas de mando.
Adicionalmente,
se está trabajando para reconstruir las capacidades de las instancias de
seguridad local y eliminar cualquier red ilícita que pueda influir en la
administración de los ayuntamientos.
En
paralelo a estas acciones, la Policía Federal asumió la seguridad en el
municipio de Acapulco, en coordinación con la policía estatal, toda vez que la
corporación en este puerto se encuentra en paro desde el mes de abril pasado.
Los
resultados de esta acción mostraron su eficacia durante el pasado período
vacacional de fin de año, en el que Acapulco tuvo una ocupación hotelera
superior al 98.6 por ciento, rebasando la asistencia turística de años
recientes.
En
otro orden de ideas quiero destacar que la policía federal también desarrolla
importantes tareas de carácter social que contribuyen en los esquemas de
seguridad pública. Al respecto hay dos casos que me resultan paradigmáticos. El
primero es el apoyo brindado a Baja California Sur tras el paso del huracán
Odile. Este apoyo se dio en dos vertientes, una encaminada a contribuir al
mantenimiento del orden y la paz pública cuando no existían condiciones
técnicas para ello por las afectaciones causadas por el meteoro.
La
segunda fue el acompañamiento social que se brindó para evacuar a las personas
afectadas, así como asistir con el reparto de agua y despensas a los
damnificados en los municipios de Los Cabos y La Paz.
El
segundo caso que quiero destacar es la tarea de búsqueda de los normalistas de
Ayotzinapa, en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República y con
un marcado acento social como se ha realizado.
Hasta
el momento se han efectuado 2 mil 720 patrullajes, y se han inspeccionado 456
puntos, estos derivados no sólo de las investigaciones ministeriales, sino
también de las versiones o informaciones que han recibido los padres de familia
con los cuales se ha mantenido una comunicación y coordinación constante.
Señoras
y señores legisladores, ante los trágicos e inaceptables sucesos de Iguala que
nos han agraviado y lastimado a todos los mexicanos, creo que es pertinente
recuperar en esta sesión de trabajo las acciones realizadas por el gobierno de
la República.
Inicialmente
se efectuó la detención de los policías de Iguala y de Cocula que estuvieron
involucrados en la agresión y secuestro de los jóvenes normalistas. También fue
el gobierno de la República quien detuvo a los autores intelectuales de los
sucesos y a los líderes de la banda delincuencial autodenominada “Guerreros
Unidos”.
Asimismo
se ha logrado la detención de aquellos que presuntamente recibieron de los
policías municipales a los jóvenes normalistas. Todavía el jueves pasado fue
detenido Felipe Rodríguez Salgado, a quien diversas declaraciones lo señalan
como uno de los responsables directos de los hechos en Cocula.
Hasta
el momento, el número de detenidos presuntamente involucrados en estos hechos
es de 97 personas. Más allá de estas detenciones y de la acuciosa investigación
ministerial son de destacar las 38 reuniones que diversos servidores públicos
del gobierno de la República han tenido con los padres de familia, con
estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, con sus asesores jurídicos y con
diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
Reitero,
el esfuerzo realizado durante las tareas de búsqueda en las cuales no ha
quedado un solo señalamiento sin ser atendido, en la inmensa mayoría de los
casos de manera conjunta con representantes de los padres de familia.
También,
es de destacar que fue el gobierno de la República con el acompañamiento de
forenses argentinos propuestos por los padres de familia de los estudiantes de
Ayotzinapa quien trasladó a Innsbruck, Austria, los restos óseos encontrados en
el río San Juan, para ser sometidos a las pruebas de ADN mitocondrial más
avanzadas que existen en el planeta.
Señoras
legisladoras y señores legisladores, refrendo mi firme convicción de que el
tema de seguridad pública debe ser atendido bajo una óptima de Estado, y por
ello ratifico mi disposición a que esta sesión de trabajo resulte útil en
beneficio de nuestro país. Por su invitación y por su atención, muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, licenciado Monte
Alejandro Rubido.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra la maestra
Mariana Benítez Tiburcio, hasta por 20 minutos.
La
subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Gracias. Muy buenas tardes a todos,
señoras legisladoras y señores legisladores, señora presidenta de esta Primera
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión
Permanente, diputada Aleida Alavez.
Agradezco
respetuosamente la invitación que nos han hecho, así como la oportunidad de
venir a exponerles e informarles sobre las acciones que ha venido realizando la
Procuraduría General de la República, así como los avances y resultados, lo
cual tiene una gran relevancia para nuestro país.
A
poco más de dos años de que asumió el cargo el procurador general de la República
éste es un momento oportuno para presentar a esta soberanía las acciones
desarrolladas y resultados obtenidos por el Ministerio Público de la Federación
durante la presente administración.
Para
empezar, resulta fundamental recordar que desde el primer día en que llegamos a
la procuraduría nos abocamos a realizar un diagnóstico profundo y exhaustivo
para conocer el estado en que se encontraba la institución y poder tener la
posibilidad de diseñar un programa de trabajo para la procuración de la justicia
federal.
El
diagnóstico elaborado fue hecho del conocimiento del Congreso de la Unión y a
partir de esta primera radiografía comenzamos a trazar una ruta que nos
permitiera superar los retos a los que nos enfrentábamos. Todo ello fue
concentrado en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, del
cual en este momento entrego un ejemplar, entregaré un ejemplar a la presidenta
de esta comisión.
A
partir de este Programa Nacional definimos cuatro ejes esenciales que han dado
marco a nuestra actuación en estos dos años.
El
primer eje que contempla, el fortalecimiento de la confianza en las
instituciones, se planteó a partir del análisis de diferentes estudios y datos
que demostraban la existencia de una percepción desfavorable de la sociedad sobre
las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. En la PGR estamos
convencidos de que la confianza ciudadana es un pilar fundamental, sin el cual
resulta insostenible la actuación oportuna y eficaz de las autoridades.
El
segundo eje trazado fue lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente,
para alcanzarlo había que mejorar las capacidades y herramientas
institucionales en el combate al fenómeno delictivo. La revisión realizada a
los métodos y mecanismos utilizados para la investigación de los delitos nos
llevó a dos conclusiones: primero, era impostergable generar una coordinación
plena entre las áreas de análisis de información, servicios periciales e
investigación.
Segundo.
Resultaba indispensable fortalecer el uso de la inteligencia y la investigación
científica para mejorar la calidad del trabajo ministerial.
El
tercer eje consiste en lograr la implementación en tiempo y forma del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio. A menos de
dos años de que venza el plazo constitucional para complementar la transición
al nuevo sistema, se requería establecer un plan de implementación integral que
contemplara todos los ejes a ser trabajados a fin de lograr una implementación
eficaz y efectiva.
Finalmente,
el cuarto eje hace eco de una demanda que por largo tiempo ha tenido la
sociedad mexicana, misma que se concreta en la reducción de la impunidad. Ésta
es una tarea que requiere de esfuerzos conjuntos y unívocos y pasa de manera
fundamental por garantizar la consolidación de un cuerpo de servidores públicos
comprometidos con su país y que entiendan la alta responsabilidad que tienen
encomendada al ser parte de la institución que procura justicia a nivel
federal.
El
gobierno de la república, a través de la Procuraduría ha llevado a cabo
acciones con el propósito firme de dar cumplimiento a este Programa Nacional de
Procuración de Justicia. En efecto, las siguientes acciones que se relatan a
continuación constituyen esfuerzos consistentes tendientes a lograr una
procuración de justicia eficaz y eficiente; a recuperar en consecuencia la
confianza ciudadana; a reducir la impunidad y a lograr la transición en tiempo
hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Una
de las primeras acciones fue la creación de la Agencia de Investigación
Criminal. La Agencia fue creada mediante acuerdo del procurador el 25 de
septiembre de 2013, a la que le adscribieron a su estructura tres grandes
unidades; la Policía Federal Ministerial; la Coordinación General de Servicios
Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia, conocido como Cenapi.
Desde
entonces la Agencia de Investigación Criminal de la PGR ha venido trabajando en
la consolidación y articulación de las tareas de generación de información e
inteligencia; investigación y servicios forenses con una lógica distinta que
permite estar a la altura de los desafíos que la tecnología, la ciencia y las
comunicaciones imponen a las instituciones de procuración de justicia.
La
operación de este nuevo órgano de inteligencia y de investigación ha empezado a
generar resultados que se reflejan en una mejor integración de las
investigaciones de los delitos apoyados en la ciencia y en métodos más
modernos, para aumentar la eficiencia de la autoridad ministerial en la
persecución de delitos, poniendo a la ciencia al servicio de la justicia.
Uno
de los primeros trabajos llevados a cabo por la Agencia fue el rediseño de los
procesos de análisis de información y generación de inteligencia, lo que ha
permitido aumentar la efectividad en la atención del fenómeno delictivo, así
como ampliar y diversificar la persecución de los delitos, principalmente de
aquellos de alto impacto.
El
aumento de la eficacia en el uso de la información y la inteligencia ha
consolidado las investigaciones de carácter científico y ha permitido la
desarticulación de importantes estructuras delictivas.
Como
resultado de la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal con las
instancias de seguridad federal se han llevado a cabo una serie de acciones u
operativos que han logrado la detención exitosa –como ya dijo mi compañero, el
comisionado nacional de seguridad– detención exitosa de líderes de grupos de la
delincuencia organizada relacionados con delitos contra la salud, falsificación
o alteración de moneda, concesión o portación de arma de uso exclusivo del
Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de
hidrocarburos y secuestro, primordialmente.
Asimismo
ha venido trabajando planes estratégicos para conformar bases nacionales de
información, entre las que destacan armas de fuego, base nacional genética, de
análisis de voz, perfiles de drogas y monitoreo de cultivos ilícitos, un sistema
de intercambio de información internacional, entre otros.
Otro
aspecto que quisiera subrayar en cuanto al fortalecimiento de las capacidades
institucionales es el proceso de modernización tecnológica que lleva a cabo la
PGR. En efecto, se puso en operación el proyecto para la modernización y
equipamiento del laboratorio central y laboratorios estatales.
Con
esta acción se adquirió equipo automatizado con tecnología de punto para el
laboratorio de genética y balística forense y se modernizaron los laboratorios
de las especialidades del área central, fortaleciendo y actualizando el
equipamiento con tecnología de vanguardia que asegure la calidad del trabajo y
responda a las exigencias que en materia de prueba exige el nuevo sistema de
justicia penal acusatorio.
Asimismo
se llevó a cabo la distribución de 95 laboratorios móviles en las 32 entidades
federativas para las especialidades de criminalística de campo, delitos
ambientales, fosas clandestinas y laboratorios clandestinos. Estos laboratorios
apoyan igualmente las tareas forenses de alguno de los estados de la República.
Desde
el inicio de la presente administración se trabaja en el fortalecimiento de la
colaboración con las instituciones de seguridad y procuración de justicia en
México y del extranjero, así como con otras autoridades de los estados, del
Distrito Federal y de los municipios. Para ello se estableció un sistema de
coordinación y cooperación permanente del que forma parte la Procuraduría
General de la República.
A
través de este sistema se llevan a cabo reuniones mensuales del gabinete de
seguridad, del gobierno de la República con los gobernadores y el jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
En
el ámbito interno, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha
consolidado su carácter de mecanismo e instrumento por excelencia para
articular esfuerzos, políticas y coordinar acciones para la efectiva
investigación y persecución de los delitos en el país.
Como
resultado de los diversos encuentros y reuniones sostenidas entre la
Procuraduría General de la República y los procuradores y fiscales del país se
lograron concretar esfuerzos muy importantes que permitirán eficientar la labor
de las instituciones de procuración de justicia, lo que redundará en una mayor
eficacia del combate e investigación de los delitos que más lastiman a la
sociedad.
Entre
los acuerdos que es importante subrayar menciono los siguientes. Se acordó
crear en cada procuraduría o fiscalía unidades de análisis de información, lo
que permitirá ampliar, facilitar y dinamizar el intercambio de información
relevante entre dichas instituciones.
La
integración de un Protocolo de Identificación Forense, en el que participan los
servicios forenses de todo el país y la Procuraduría General de la República en
apoyo de otras instituciones forenses y periciales.
Se
lleva a cabo un diagnóstico nacional de los servicios médicos forenses y se
trabaja en la creación de la Base Nacional de Información Genética, que dará
sustento al Sistema Nacional de Información Genética, anunciado por el
presidente de la república el 27 de noviembre de 2014.
Se
adoptó, por parte de todas las procuradurías, el acuerdo de aplicar el
Protocolo de Estambul en las investigaciones relativas a los delitos de
tortura.
Se
creó una Red de Fiscales para la búsqueda de personas.
Se
adoptó un Plan Nacional de Capacitación que homologará la capacitación de todos
los ministerios públicos, investigadores y peritos de todo el país.
Se
elaboraron protocolos únicos de actuación, que el personal de las procuradurías
aplicará para homologar las investigaciones por primera vez y en particular se
trabaja en aquellas relativas a los casos de tortura, desaparición forzada y
búsqueda de personas.
Se
impulsó la creación de la base de datos Ante Mortem y Post Mortem, con el apoyo
del Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de que la PGR, así como las
procuradurías y fiscalías la implementen a la brevedad.
En
materia internacional, dentro de la Procuraduría General de la República se ha
hecho un esfuerzo muy grande por articular una política internacional vinculada
más a los intereses y prioridades que hoy tiene el Estado mexicano en materia
de procuración de justicia y en particular la Procuraduría.
Ello
se refleja en las nuevas sinergias construidas con autoridades de procuración
de justicia de diversos países, entre los que destacan: Estados Unidos,
Alemania, España, Guatemala, entre otros. Así como con los convenios e
instrumentos internacionales suscritos durante la presente administración, que
suman ya 15, con países como: Turquía, España, Sudáfrica, Perú, Portugal, Cuba,
Chile y El Salvador.
Con
la firma de esos instrumentos pretendemos generar mejores sinergias con otros
países con quienes nos interesa tener una fluida y estrecha colaboración para
mejor enfrentar los delitos, particularmente narcotráfico, ciberdelitos,
delitos financieros, entre otros.
En
lo relativo a la generación de mejores capacidades de nuestro personal, la PGR ha
venido trabajando en las tareas de reclutamiento, selección, formación de
cuadros, desarrollo de habilidades, capacitación del personal, así como en la
difusión del nuevo sistema de justicia penal al interior de la institución.
Dentro
de este nuevo sistema de profesionalización y desarrollo humano diseñado en
esta administración, la PGR ha puesto especial énfasis en la reivindicación del
aspecto humano y profesional de sus funcionarios, con el fin de crear una nueva
vocación de servicio y fortalecer el servicio de pertinencia e identidad
institucional.
En
la PGR estamos decididos a captar el talento humano. Por ello diseñamos un
nuevo modelo de reclutamiento focalizado, a fin de captar a los mejores
perfiles egresados de las mejores universidades.
Se
han graduado, hasta el momento, dos generaciones de investigadores, quienes se
encuentran ya trabajando como investigadores de la Procuraduría General de la
República.
Por
otro lado, debe señalarse que como parte de la estrategia trazada por la
Procuraduría General de la República, en el sentido de hacer de la capacitación
y el desarrollo de conocimientos y habilidades una prioridad, se construyó en
el estado de Querétaro, dentro de una extensión de tres hectáreas, el nuevo
Instituto de Formación Profesional, que es un centro de profesionalización de
vanguardia con equipamiento e instalaciones modernas que permite capacitar
simultáneamente a cerca de mil 500 funcionarios.
Este
instituto permitirá fortalecer la profesionalización de ministerios públicos,
agentes, investigadores, peritos de la Procuraduría, así como contribuir en la
formación de policías y fiscales de todo el país.
Solo
por dar algunas cifras, se realizaron 527 actividades académicas de
actualización, especialización, capacitación, formación y desarrollo humano en
la que participaron 17 mil 774 servidores públicos.
La
PGR, asimismo, está llevando a cabo una reorganización funcional y de diseño
estructural en las delegaciones estatales, con el fin de mejorar las
capacidades para la atención y persecución de los delitos federales en las
entidades federativas.
Como
punto nodal de la reorganización institucional iniciamos la ejecución de un
modelo delegacional de transición, que es un esquema que permite crear las
condiciones óptimas en los ámbitos de gestión de los procesos personal,
equipamiento e infraestructura en cada una de las delegaciones estatales para
implementar el nuevo modelo de sistema de justicia penal.
Este
modelo empezó a operar en abril de 2014 en las delegaciones de Puebla y Durango
a partir del 1 de julio del año pasado en Yucatán y Nayarit, y del 1 de octubre
de 2014 en Querétaro y Zacatecas.
Durante
2015 y el primer semestre del 2016 se continuará gradualmente implementando
este modelo hasta cubrir la totalidad de las delegaciones de la Procuraduría
General de la República desplegadas en todo el país.
La
operación del modelo delegacional de transición nos permitió establecer
controles para mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y prevenir la
corrupción. Al mismo tiempo que nos ha permitido acumular experiencia para
hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento institucional, a partir de la
entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por
último, quisiera señalar que dentro de este modelo de reorganización se ha
puesto un mayor énfasis en mejorar los espacios de atención al público en
nuestras delegaciones.
Se
ha creado un área denominada Unidad de Atención Temprana, la cual es la
encargada de dar información y atención a todo ciudadano que solicite la
actuación de la Procuraduría, a fin de brindarle un servicio oportuno y útil.
Canalizar los casos susceptibles de ser resueltos a través de mecanismos
alternativos de solución de controversias. Así como de agilizar la
determinación de las averiguaciones previas iniciadas.
Acciones
tan simples como ésta reflejan el interés de la institución de generar
confianza y de hacer que la ciudadanía se vuelva a acercar a esta institución.
En
materia de combate a la corrupción quisiera mencionar que dentro de la
institución la Visitaduría General perfilada ahora como el área de asuntos
internos de la institución, se ha duplicado en tamaño y en recursos y ha venido
desarrollando una estrategia que pretende reducir la impunidad y combatir la
corrupción a través:
1o.
Del fortalecimiento de los mecanismos de evaluación técnico-jurídica,
inspección, supervisión, fiscalización y control de la actuación de los
Ministerios Públicos, policías y peritos.
2o.
A través del fortalecimiento de mecanismos para la recepción, atención y
seguimiento de la denuncia de los ciudadanos.
3o.
A través del combate a la corrupción y transparencia de la actuación del
personal sustantivo de la procuraduría ante la ciudadanía, a fin de garantizar
la oportuna prevención y sanción de conductas irregulares del personal de la
procuraduría.
Tan
solo en estos dos años tenemos cerca de 360 servidores públicos de la PGR
consignados penalmente, 149 procedimientos de remoción y practicadas cerca de 4
mil 200 evaluaciones técnico-jurídicas. Se libraron 202 órdenes de aprehensión
en contra de 37 agentes del Ministerio Público, 86 agentes de la Policía
Federal Ministerial, peritos, mandos medios o superiores, 47 servidores
públicos con funciones administrativas, entre otros. Se emitieron 79 sentencias
condenatorias en contra de 15 agentes del Ministerio Público, 23 agentes de la
Policía Federal Ministerial, entre otros.
En
lo que concierne a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
A fin de cumplir con el mandato constitucional para concluir la transición al
nuevo sistema, recordaremos que la fecha límite es el mes de junio de 2016.
En
la Procuraduría General de la República hemos llevado a cabo acciones
sistematizadas a través de un plan maestro de implementación que durante 2013
fue elaborado, el cual funge como eje rector para coordinar el conjunto de
acciones necesarias para lograr una transición eficaz dentro de la Procuraduría
General de la República.
Debemos
señalar que finalmente en el mes de noviembre del año pasado, la implementación
gradual del nuevo Sistema de Justicia Penal se hizo realidad al haber entrado
en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en dos entidades
federativas, Durango y Puebla.
La
implementación continuará en los estados de Zacatecas y Yucatán, en el mes de
marzo del presente año y se trabaja con el Poder Judicial de la Federación y
otras autoridades federales en la posible entrada en vigor en noviembre de 2015
a nivel federal en los estados de Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí,
Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Hidalgo,
Nayarit, Colima, Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz.
Como
ya hemos referido, la capacitación y la generación de habilidades entre nuestro
personal, principalmente entre nuestros Ministerios Públicos, investigadores y
peritos es una prioridad. Por esa razón a partir de un Plan Nacional de
Capacitación, diseñado por la procuraduría, hemos capacitado un total de 4 mil
495 servidores públicos de la institución y 847 personas de otras procuradurías
y fiscalías.
En
materia de derechos humanos, la actual administración de la Procuraduría ha
centrado una parte importante de los esfuerzos institucionales en dar cumplimiento
cabal a la reforma en materia de derechos humanos del 2011.
Con
esta premisa se han desarrollado trabajos encaminados fundamentalmente en dar
atención prioritaria a las víctimas de delitos. Con ello el Ministerio Público
de la federación cumple con la obligación de ser un auténtico representante
social.
En
materia de búsqueda de personas no localizadas, el Estado mexicano trabaja en
el diseño de un sistema nacional de búsqueda de personas que tenga carácter
permanente y en la elaboración de un plan nacional de búsqueda, para lo cual se
estableció un grupo de trabajo conformado por el Comité Internacional de la
Cruz Roja, la Secretaría de Gobernación, la PGR, el secretariado ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la actual Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas.
Se
impartieron 136 actividades de capacitación en materia de derechos humanos con
la asistencia de siete mil 909 personas.
Por
último, quisiera agregar que en materia de combate a la delincuencia
organizada, desde el inicio de este gobierno definimos la estrategia puntual
para desarticular a las organizaciones del crimen organizado que son las
generadoras de la violencia en ciertas zonas del país.
Como
la lo dijo mi compañero, el comisionado nacional, a través de un trabajo
coordinado en el que se ha privilegiado el uso de la inteligencia, las
instituciones del Estado mexicano han logrado neutralizar a 88 de los 122
objetivos relevantes definidos por el gobierno federal.
Asimismo,
sebe destacarse que desde el inicio de la presente administración al 31 de
diciembre de 2014, el Ministerio Público de la federación especializado en
materia de delincuencia organizada, ha logrado que se dicte auto de formal
prisión para tres mil 701 personas, así como la resolución de 396 sentencias
condenatorias para 820 personas, principalmente por los delitos de delincuencia
organizada, delitos contra la salud, portación, posesión y acopio de armas de
fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, homicidio y privación ilegal
de la libertad.
Además,
con la plena colaboración de las áreas de inteligencia y, en seguimiento a los
trabajos tendientes a debilitar las fuentes del financiamiento de las
organizaciones criminales, solamente en la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada, durante 2013 y 2014 se ha logrado
asegurar en total la cantidad de dos mil 465 millones de pesos y cerca de 33
millones de dólares americanos.
Estamos
convencidos de que combatir eficazmente a las estructuras financieras de la
delincuencia, permitirá debilitar y posteriormente desarticular sin provocar
una espiral de violencia que afecte a los ciudadanos.
Ahora
bien, por lo que respecta a las estrategias de operativos diseñados por el
gobierno federal en los estados de México, Guerrero y Michoacán, en los que
participa la Procuraduría General de la República se informa lo siguiente.
Ya
lo dijo el comisionado Rubido, en el estado de Guerrero se puso en marcha la
estrategia de Seguridad Guerrero y se interviene en los operativos Acapulco
Seguro y Chilpancingo Seguro, mismos que iniciaron en enero y marzo de 2014.
Asimismo, a partir del 3 de diciembre del mismo año empezó a ejecutarse el
operativo especial de seguridad Tierra Caliente.
En
cuanto a las acciones en materia de procuración de justicia, dentro del
operativo de Tierra Caliente se ha logrado la detención de 129 probables
responsables, se han iniciado 85 averiguaciones previas de las cuales se han
consignado 26 indagatorias; se han obtenido 10 autos de formal prisión contra
20 personas y se han asegurado 339 armas, entre otros bienes.
Aquí
vale la pena destacar la detención en mayo del 2014 de Leonor Nava Romero,
quien era líder de la organización criminal de Los Rojos.
Asimismo
se detuvo en marzo del 2014 a su hermana Carmen Nava Romero, quien fungía como
operadora financiera de dicha banda criminal.
En
el estado de Michoacán se participó hasta el 13 de enero del 2014 en el
operativo Corredor Franco, y a partir del 14 de enero se inició la ejecución
del operativo Nuevo Michoacán, mismo que contempló 27 municipios –ya lo dijo el
comisionado Rubido–, el intercambio de información técnica y el reforzamiento
con más efectivos de las instancias de seguridad federal.
En
materia de procuración de justicia se han iniciado 3 mil 638 averiguaciones
previas de las cuales se han consignado mil 515.
Hemos
logrado la consignación de mil 787 personas y se han dictado mil 148 autos de
formal prisión, obteniéndose hasta el momento 179 sentencias de las cuales 171
han sido condenatorias.
En
el estado de México se participó desde el 24 de enero del 2013 hasta marzo del
2014 en la denominada operación Blindaje, y desde el 29 de marzo del 2014 se
puso en marcha el operativo estratégico coordinado Seguridad Mexiquense.
En
materia de procuración de justicia se iniciaron 337 averiguaciones previas
obteniéndose 385 órdenes de aprensión y se han obtenido hasta el momento siete
sentencias condenatorias.
Aquí
cabe destacar la detención conjunta de José María Chávez Magaña alias El Pony,
quien era uno de los líderes fundadores de La Familia Michoacana, a quien se le
cumplimentó una orden de aprehensión obtenida por la Procuraduría General de la
República por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Otra
detención destacada, derivada de un esfuerzo conjunto de las autoridades
federales, es la de Juan León Jaimes, alias El Pavorreal, quien fuera líder de
un grupo de secuestradores en Valle de México. Tan sólo en 2014 e detuvieron a
261 presuntos secuestradores y se desarticularon 92 bandas dedicadas al
secuestro.
Para
concluir quisiera refrendarles, señores legisladores, que en la Procuraduría
General de la República se está trabajando día con día para recuperar la
confianza en nuestra institución.
Se
han encaminado todos los esfuerzos por generar mayores capacidades humanas,
tecnológicas y científicas para lograr una procuración de justicia eficaz y
eficiente que permita disminuir la impunidad, que favorezca el cumplimiento de
la ley –y más importante aún–, que le brinde justicia y repare el daño a las
víctimas de los delitos.
Si
bien se han hecho grandes esfuerzos, estamos conscientes de que faltan aún
muchos retos por superar y problemas por resolver. Sin embargo tenemos claro
que para transitar adecuadamente hacia un nuevo sistema de justicia penal y
hacia una nueva fiscalía general tenemos que sentar bases sólidas para que eso
ocurra adecuadamente, y estas bases se lograrán a partir de consolidar al
Ministerio Público como auténtico representante de la sociedad y a partir de la
construcción de capacidades humanas y técnicas que permitan desarrollar de
manera eficaz nuestro trabajo para así poder recuperar la confianza y
credibilidad en la institución del Ministerio Público.
El
reto es muy grande y sin embargo puedo asegurarles que en estos dos años se han
emprendido las acciones necesarias que permitirán, en el mediano y largo plazo,
obtener resultados favorables para los fines antes mencionados. Muchas gracias
y estoy a sus órdenes para las preguntas que consideren.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias a la maestra Mariana
Benítez.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a dar paso al posicionamiento de
los grupos parlamentarios. En primer lugar tiene la palabra la diputada Lilia
Aguilar Gil para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
hasta por cinco minutos. Por favor, diputada.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Apatzingán,
Iguala, San Fernando, Michoacán, Guerrero, el estado de México, los crímenes
contra periodistas, los feminicidios, la desaparición forzada, la desaparición
en general, las ejecuciones extrajudiciales y las autoridades vinculadas con el
crimen organizado, sin importar color o partido político, un diagnóstico de
seguridad pública dudoso y la negación a un grave problema de seguridad pública
y como consecuencia de seguridad nacional son el rostro de la estrategia de
seguridad de este gobierno.
México
enfrenta retos muy serios en el tema de seguridad, particularmente en lo que
tiene que ver con la seguridad pública que pareciera es la parte más débil de
la seguridad nacional en lo que se relaciona con el crimen organizado.
El
gobierno federal, al igual que lo hizo el gobierno de Felipe Calderón, quiso
enfrentar este problema sin estrategia y sin una adecuada y firme táctica que
estuviera basada en instituciones limpias y que no estuvieran corrompidas.
La
diferencia aparentemente es que Calderón inició esta guerra para poder acabar
con la duda que existía sobre su gobierno; sin embargo, Peña ni siquiera ha
aceptado el gran problema de seguridad que hoy se presenta.
La
violencia y la inseguridad, contrario a lo que se nos presentaba en esta
pantalla, pareciera que han aumentado. 33 mil 040 homicidios registrados, según
el secretariado ejecutivo, de enero a noviembre del 2014, 60 por ciento, como
ustedes mismos lo han aceptado, ocurrieron en 10 entidades: el estado de
México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua,
Chiapas, Sinaloa y Guanajuato.
Fuentes
periodísticas inclusive, indican que las ejecuciones extrajudiciales o
inclusive las que tienen que ver con el crimen organizado ascienden a 83 mil en
el sexenio de Felipe Calderón, uno de los más nefastos para este país, pero solamente
en 23 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se llevan ya 41 mil 15
homicidios sumados a ejecuciones.
El
tema de la desaparición forzada, una de las heridas abiertas de este país que
tiene como ejemplo claro la desaparición en Iguala de los estudiantes de los
Ayotzinapa, nos ha dejado en evidencia primero, que no hay una tipificación
adecuada del delito y, segundo, que hay 5 mil 98 casos más denunciados de
desaparición forzada; es decir, donde de una u otra manera han participado
elementos del Estado, y es importante destacar que sobre este tema no existe si
quiera una investigación abierta o una condena ejecutada.
El
total declarado por la Procuraduría, el total acumulado de las personas
desaparecidas o no ubicadas como ustedes lo quieran llamar, asciende ya a 23
mil personas. Ayotzinapa, como ya lo dije, el ejemplo más claro de este tema,
nos ha dejado en evidencia no solamente la participación de una policía
municipal, porque pareciera que en el diagnóstico equivocado también tratamos
de repartir culpas.
Hay
indicios de que hay participación de la policía estatal, al menos así lo han
dicho parte de los afectados de esta desaparición. Hay también una no acción
del Ejército y una no acción de la policía estatal.
Adicional
a esto tenemos una investigación difusa basada en las confesiones y una
ineficacia y una insensibilidad en esta investigación que ha movilizado ya al
país completo.
El
caso de la tortura y su ejemplo claro que tenemos en Tlatlaya, donde tres mujeres
fueron detenidas luego del operativo del pasado 30 de junio, y elementos de la
Procuraduría General de Justicia del estado de México golpearon y amenazaron
para que éstas accedieran a declarar lo que se les indicaba, sin hablar de la
adecuación que hubo de la escena del crimen para que pareciera un
enfrentamiento y no una ejecución extrajudicial.
Ahora,
alrededor de 20 servidores públicos de la Procuraduría del estado de México
están en investigación. El gobierno entonces pierde el control de la situación,
el crimen organizado se apodera del Estado a través de la corrupción y la
percepción de ciudadanía en el tema de seguridad es cada vez más grave aunque
el virrey Castillo diga que eso no es importante, 67.9 por ciento de la
población mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
En
los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad, han
considerado que sería igual o es peor. La ciudadanía está entonces tomando la
opción de defenderse a sí misma.
Se
ha demostrado no solamente una falta de responsabilidad y de aceptación, de un
problema de seguridad, sino una falta a veces de investigación y también de
honestidad en las investigaciones por parte –y no estoy hablando solamente de
la Procuraduría General de la República, sino también de las procuradurías de
los estados.
Vivimos,
señoras y señores, el fortalecimiento de los grupos armados y desgraciadamente
la incapacidad gubernamental para enfrentarlos, que quienes ahora ocupan el
gobierno tanto le cuestionaron a Felipe Calderón.
Aceptar
el problema y no evadir con gráficas y números sería lo que nosotros
esperaríamos en esta comparecencia, justificar la creación de la autonomía de
una fiscalía –y con esto concluyo, señora presidenta– y sobre todo darle la
sensación a los ciudadanos de que se tiene idea de lo que se está haciendo,
pero sobre todo de que se tiene un plan, es lo que nosotros esperamos de las
instituciones encargadas de la seguridad pública y nacional en este país.
Muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Estamos en la fijación de posturas de
los grupos parlamentarios. Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez
Tejada Padilla, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, hasta por cinco minutos, por favor.
El
diputado David Pérez Tejada Padilla: Con su venia, diputada presidenta.
Estimados legisladores integrantes de la Primera Comisión. Bienvenidos, señor
comisionado nacional de Seguridad, señora subprocuradora, a esta reunión de
trabajo.
Durante
mucho tiempo hemos escuchado abordar el tema de la seguridad pública como si
éste fuera un problema, lo cual es un craso error metodológico con impactos
mediáticos.
La
seguridad en las calles, así como la prevención, persecución e investigación de
los delitos en es una función pública, ello implica que quien la prestará de
acuerdo al artículo 21 constitucional será siempre el Estado, las entidades
federativas, los municipios y el Distrito Federal, velando en todo instante por
el orden público y el interés social.
En
este orden de ideas aquello que causa un caos, inestabilidad o temor social no
es la seguridad pública, sino la inseguridad, es decir, las anomalías que
derivan de una errática actividad gubernamental de protección a la persona, la
cual es –de acuerdo a la ciencia política y al derecho– la primera obligación
del Estado como institución.
En
este sentido nuestra labor como órgano de contrapeso con la función ejecutiva
es reflexionar desde el punto de vista de las inquietudes sociales para obtener
resultados benéficos. En la actualidad no es un secreto la alta incidencia
delictiva, la cual permea las instituciones, todo esto produce impunidad, una
lamentable calificación de la ciudadanía, los servidores del Ministerio
Público, un bajo índice de denuncias por parte de las víctimas, la llamada
cifra negra, consistente en delitos que de plano no se inicia investigación
formal y una alta población en los reclusorios, con costos importantes al
erario.
Todo
lo descrito no puede combatirse solamente con gasto público direccionado a
conseguir la anhelada seguridad, sino con un término propio de la
administración; la eficacia.
Los
mexicanos y mexicanas están hartos de los políticos, odian en la actualidad los
informes o los discursos retóricos, por el contrario, el ciudadano en términos
generales está ansiosos de soluciones efectivas que demuestren un auténtico
cambio. En este caso es mucho más conveniente comentar los resultados exitosos
y potenciar los métodos utilizados para mejorar el actual estado de cosas,
proveer soluciones y no seguir lanzando palabras al viento.
Necesitamos
actuar con determinación y tratar el tema con agudeza y las estadísticas que
reflejan el problema, aunque tristes, debemos manifestarlas. En este caso
apreciamos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública en 2014, hecha por el INEGI, resultados sobre hechos
delictuosos del fuero común registrados en las agencias del Ministerio Público
durante 2013.
Al
respecto, apreciamos que el robo es el delito con mayor incidencia, con un
total de 605 mil casos, más 81 mil 895 robos con o sin violencia que fueron
cometidos contra negocios, transportistas, instituciones bancarias, camiones de
carga y autobuses. Por su parte, los delitos sexuales sin tomar en cuenta la
violación, equivalen a 19 mil 903 casos. La violación por sí misma asciende a
13 mil 504. Por su parte, el secuestro fue igual a mil 698 casos.
Como
apreciamos, los datos son crudos, reflejan una alta incidencia delictiva
haciendo ver que todavía se está lejos del deseado estado de derecho que tanto
esperamos. A esto se suman percepciones derivadas de acontecimientos atroces,
como los casos de Ayotzinapa o Tlatlaya.
No
obstante todo lo descrito, también hemos sido testigos de una presión
importante por parte de la sociedad, quienes han denunciado los delitos en
plazas públicas con indignación. Consecuentemente a esto, las autoridades
encargadas de asegurar la función pública están más que nunca muy al pendiente
de estos delicados temas, y en términos generales de todo aquello que provoca
inseguridad.
Así,
hemos visto un actuar constante del procurador general de la República en las
investigaciones, dando la cara, encabezando pesquisas en pos de una mejor
seguridad que aquí ya fue dado a conocer por ustedes muy puntualmente, señor
comisionado y señora subprocuradora.
En
este orden de ideas, creemos que todos los integrantes del Poder Legislativo
debemos de coordinarnos con el Ejecutivo con miras a abatir todo aquello que
nos produce un resquemor por falta de seguridad. Por esta razón no es ético
dedicarnos solamente a denunciar lo que está mal hecho, sin proponer ideas o
participar para mejorar la realidad, como tampoco es adecuado los mismos
términos quedarnos en la trinchera de los insensibles, quienes se distinguen
por su tibieza.
Recordemos
que todos tenemos una franja de responsabilidad, la cual se acentúa de muy
importante cuando llegamos como fuerza política a convertirnos en función
ejecutiva. Aquella responsabilidad la vive hoy el PRI a nivel federal; el PRD,
en el ya referido municipio de Iguala o en la gubernatura de Guerrero, e
incluso la vivió el PAN durante la llamada y lamentable guerra contra el narco.
Ya
para concluir, diputada presidenta, en este tenor de ideas queremos participar
activamente en la solución, no ser parte del problema.
Por
esto, los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Verde en esta
Comisión Permanente actuaremos con las autoridades ejecutivas encargadas de
garantizar la seguridad pública, pero también seguiremos detalladamente su
proceder, les exigiremos cuentas a la luz pública cada que así se amerite,
proveeremos las leyes que sean necesarias para abatir la inseguridad y
apoyaremos con todos los medios posibles, ya que la seguridad es un valor
superior, el cual debe ser gozado por todos los seres humanos en este suelo
nacional. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias por su atención.
La
Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
La
Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora tiene el uso de la palabra para
hablar por el Grupo Parlamentario del PRD el diputado Roberto López Rosado,
hasta por cinco minutos.
El
diputado Roberto López Rosado: Gracias, presidenta. Licenciado Alejandro Rubido
García, comisionado de Seguridad Nacional; maestra Mariana Benítez Tiburcio,
subprocuradora jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, saludamos su
presencia en esta reunión de trabajo y esperamos sinceramente se sirva para
intercambiar puntos de vista y combinar seguramente aspectos de la visión que
se tiene para darle a nuestro país la seguridad y la justicia que requiere.
Esto
efectivamente, como aquí se ha dicho, no sólo depende de mencionar las cifras y
los datos importantes seguramente, pero que no pueden concluir con una
estrategia que requiere nuestro país. Nuestro país requiere una estrategia
integral para poder realmente en la vía de los hechos atender este tema que al
Estado mexicano sin duda preocupa, pero que más preocupa a mexicanos y
mexicanas que vivimos en el territorio y que nosotros, los legisladores, que
tenemos el contacto directo escuchamos el sentir directo, palpamos la vivencia
que se siente en territorio.
En
tal virtud, la voz de los diversos sectores de nuestro país, lastimados por la
extorsión, por el secuestro, por el crimen de la delincuencia organizada,
quiere efectividad. Las cifras no son suficientes, porque no se siente que
avance el dar seguridad al país y aplicar la justicia, por el contrario.
Sienten que la inseguridad y la violencia en nuestro país crecen.
Para
eso, creemos que ahí es donde había que escuchar estas voces de empresarios, de
comerciantes, de productores del campo y trabajadores en general, que son
víctimas permanentes y que piden a gritos puedan tener la tranquilidad
necesaria para trabajar y seguir contribuyendo al progreso y el desarrollo
económico social de nuestro país.
En
qué consiste, para quienes pensamos desde la izquierda, quienes pensamos en la
construcción de una estrategia de Estado que sirva a la gente. Bueno, primero,
revisar las grandes causas que han derivado en este problema, sobre todo, que
convulsiona al país, y para eso se necesita revisar estas causas.
Enfrentar,
efectivamente, con una política sistemática, como aquí se está planteando,
indudablemente, que tiene que ver desde la prevención, el combate mismo de los
delitos, y aquí es donde nosotros creemos que esa primera parte de la revisión
de las causas y enfrentar las causas por el Estado mexicano no se ha atendido.
¿De
qué estoy hablando? Si hay un déficit muy grande en el desempleo, que impacta
directamente en la vida, hay un crecimiento porcentual de la extrema pobreza de
mexicanos y mexicanas y obviamente son presa fácil del crimen organizado, que
paga más, que da más, que propone más recursos económicos para mucha gente, que
ante la necesidad imperiosa de subsistir caen en las redes de éstas bandas criminales.
Se
tiene que sentir en los hogares mexicanos el peso de esta estrategia general
que incluye esta parte social, porque cómo explicarnos la forma en que irrumpe
la violencia en Guerrero, en Michoacán, indistintamente de que efectivamente se
tiene que revisar la actuación de los órdenes de gobierno: municipal, estatal y
federal ahí, que bueno, irrumpió de manera muy grotesca, de manera muy horrenda
el problema en Iguala. Y bueno, entonces los mexicanos se preguntan, ¿no había
inteligencia ahí? ¿No había una coordinación elemental, mínima de las fuerzas
de seguridad municipal, estatal y federal? ¿O existe omisión, complicidad? ¿De
qué tamaño es la responsabilidad de todos esos órdenes de gobierno?
Y
algo que también es muy elemental para el país y para todos. No se puede
politizar el combate a la delincuencia, la aplicación de la justicia, porque
esto, digo, no tiene colores. Lo mismo lo podemos encontrar en cualquier
partido, en cualquier sector de la sociedad y por tanto, la política tiene que
ser muy clara, del combate a la delincuencia.
Y
por último, sí es cierto que para la aplicación de una estrategia general es
condición necesaria el respeto total, absoluto a los derechos humanos, el
fortalecimiento del federalismo es materia de una discusión porque hay toda la
intención de centralizar toda la vida púbica de todas las instituciones del
Estado mexicano y creo que sí había que revisar porque ahí hay una visión que
no compartimos desde la izquierda en este país. Es cuanto, presidente.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Solo recordarles que el tiempo
para las intervenciones son cinco minutos, por lo que pido se sujeten a este
tiempo.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra ahora la senadora
Mariana Gómez del Campo Gurza, para hablar por el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La
senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, presidenta.
Agradezco, agradecemos la presencia a la subprocuradora, la maestra Mariana Benitez
Tiburcio. Y por supuesto, del comisionado nacional de Seguridad, el licenciado
Monte Alejandro Rubido. Bienvenidos a esta Comisión.
Ayotzinapa,
Guerrero. Tlatlaya, estado de México, Apatzingán, Michoacán, son lugares que
han sufrido el fuerte embate del crimen organizado y desafortunadamente hoy sus
habitantes se encuentran sumidos en la desesperación y el miedo. No se vive en
paz y exigen medidas efectivas en materia de protección.
En
días recientes y con motivo de la reunión del gabinete de seguridad pública,
encabezado por el secretario de Gobernación, el licenciado Osorio Chong,
comentó que los indicadores delictivos registraron una tendencia a la baja en
el 2014 respecto a 2013.
De
igual manera, el presidente de la República hace unos días, en Ciudad Juárez
Chihuahua afirmó que todas las mediciones indican una tendencia a la baja en la
comisión de delitos, homicidios y secuestros en el país.
Estas
declaraciones reflejan el distanciamiento entre lo que percibe el gobierno
federal y lo que están padeciendo, lo que estamos padeciendo millones de
mexicanos.
La
seguridad en México está en una de sus peores crisis, lo que se traduce en un
impacto negativo sobre la imagen de nuestro país ante la comunidad
internacional.
Como
nunca antes hemos sido testigos de manifestaciones en diferentes ciudades del
mundo y ya pasamos y nos olvidamos del the mexican moment, cuándo fueron
aprobadas todas las reformas para este momento de inseguridad tan desbordado
que se siente a lo largo y ancho del país.
En
algunas entidades federativas el incremento en la tasa de incidencia delictiva
ha sido dramático. Como muestra, el estado de México en el que los delitos en términos
relativos aumentaron un 63.88 por ciento pasando de 56 mil 752 a 93 mil 3
delitos.
Los
delitos graves como el secuestro también crecieron notablemente, la cifra negra
de la misma manera ha ido a la alza. Hoy nueve de cada 10 delitos no se
denuncian ante las autoridades producto de la profunda desconfianza en las
instituciones de procuración de justicia. El 73.3 por ciento de los habitantes
considera que su entidad es insegura y el 77.1 por ciento se percibe así mismo
como posible víctima de al menos un delito.
Instancias
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico refuerzan esta visión, ubican a México en el último lugar de sus
miembros en materia de seguridad, a partir de criterios como el índice de
homicidios. Incluso el Papa Francisco denunció la dramática situación y
realidad por la que atraviesa nuestro país. El gobierno norteamericano ha
recomendado también a sus ciudadanos no acudir a diversos estados de la
República.
Comisionado
Rubido García, los legisladores del PAN vemos en usted a alguien con capacidad
y experiencia en el tema de la seguridad pública y seguridad nacional, por lo
que no queremos que se preste a la simulación y a la negación de la realidad.
En el PAN jamás le apostaremos al fracaso del gobierno federal y al fracaso de
su estrategia en materia de seguridad pública, incluso aprobamos las reformas
necesarias para que ustedes puedan hacer su trabajo.
En
el PAN también reprobamos tajantemente la manera de proceder del gobierno
federal, creando figuras por encima de la Constitución, como ocurrió en
Michoacán con el comisionado Castillo.
Estamos
con el presidente para superar esta crisis, pero no lo secundaremos al pedirnos
que demos carpetazo o superemos lo acontecido en Iguala, Guerrero, con los 43
estudiantes. Exigimos una estrategia integral y definida para erradicar la
violencia que aqueja a gran parte de los estados y municipios de nuestro país.
En
Acción Nacional exigimos que no haya más violaciones a los derechos humanos y
que se detenga el uso desmedido de la fuerza por parte de las corporaciones
policiacas que deberían resguardar el orden en el país.
La
política de seguridad del gobierno federal desafortunadamente ha fracasado.
Este gobierno pensó que volteando para otro lado o escondiendo la cabeza como
avestruz, el problema de la seguridad se iba a solucionar. Hoy vemos que no es
así y exigimos desde el Senado y desde la Cámara de Diputados una estrategia
integral en materia de seguridad que al día de hoy no hemos visto con claridad.
Es cuanto y muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, senadora.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último tiene la palabra para fijar
postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el
senador Miguel Ángel Chico Herrera. Por favor, senador, hasta por cinco
minutos.
El
senador Miguel Ángel Chico Herrera: Muchas gracias, diputada presidenta. Quiero
agradecer a nombre de los legisladores del PRI la presencia y disposición del
comisionado Monte Alejandro Rubido y de la subprocuradora Mariana Benítez,
quienes hoy nos acompañan para analizar e intercambiar opiniones con el Poder
Legislativo respecto a la situación que guarda la seguridad de nuestro país.
Sean muy bienvenidos.
También
el Grupo Parlamentario del PRI reconoce al gobierno de la República el gran
esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad.
Quienes
nos encontramos en este salón sabemos que la seguridad como tarea fundamental
del Estado democrático y federal compete a los tres órdenes de gobierno, por
ello resulta oportuno tener en el contexto de esta reunión que la prevención de
los delitos, así como la investigación y la persecución para hacer efectiva la
justicia demanda el compromiso y la corresponsabilidad de las distintas
autoridades, tal como lo mandata nuestra Carta Magna.
Como
se ha dicho en diversas ocasiones, no se trata de diferenciar competencias sino
de insistir en la trascendencia del trabajo en equipo para alcanzar mejores
resultados en favor de la ciudadanía. Nos pronunciamos en contra de politizar
la seguridad.
México
enfrenta un episodio de su historia donde la violencia en sus diversas
expresiones se ha convertido en un gran desafío importante en materia de
seguridad. Pretenden omitirlo sería incongruente por parte de quienes buscamos
transformar a esta gran República. Sociedad y gobierno tenemos mucho por hacer
para alcanzar niveles de seguridad que permitan un entorno óptimo para el
desarrollo de las actividades económicas, ésas que nos propulsen a un mayor
crecimiento y podamos así aminorar con éxito la grave brecha de desigualdad que
persiste en toda la región de América Latina.
Por
lo que corresponde al Poder Legislativo, hemos impulsado y aprobado leyes que
permitan general dentro del marco del irrestricto respeto a los derechos
humanos el ejercicio de las tareas de los cuerpos de seguridad.
Ahí
están las nuevas facultades del Congreso para legislar sobre los delitos de
secuestro y trata de personas, mecanismos alternativos de solución de
controversias, así como para que las autoridades federales puedan conocer de
los delitos del fuero común cuando éstos tengan conectividad con delitos
federales o contra periodistas, entre otros tan importantes como el nuevo
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin
embargo combatir el fenómeno de la violencia requiere persistencia, unión de
fuerzas, compartir información y particularmente tener una meta común: lograr
un México en paz y con orden.
Vamos
en la ruta correcta, los datos así lo revelan. Por el contrario quienes
abanderan la justicia mediante el ejercicio de la violencia, no solamente son
víctimas de un ideario reaccionario que no propone, sino destruye.
Además
lacera una y otra vez al régimen de instituciones que legítimamente como sociedad
nos hemos dado y que ciertamente reconocemos es perfectible.
El
derecho como actividad y la justicia como ideal, tienen un punto de encuentro:
proteger y resguardar la seguridad de los individuos y de su patrimonio.
Cuando
en una gráfica se alejan ambos factores, algo estamos haciendo mal. En el PRI
estamos convencidos de que la seguridad mediante el uso legítimo de la fuerza
enmarcada en la ley, es la acción de gobierno primaria para devolver a los
mexicanos un territorio donde se puedan llevar a cabo las actividades
cotidianas con tranquilidad.
Advertimos
que como en todo régimen plural hay voces que critican las tareas de las
autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia; pero
también observamos que en el discurso no son congruentes con sus acciones.
Por
ello el grupo parlamentario del PRI, los priistas celebramos que en la casa de
la representación del pueblo se intercambien ideas y opiniones con honestidad,
libertad y respeto para sumar y aportar ideas que nos permitan salir avante
como nación a propósito de la seguridad.
Nos
congratulamos de contar con instituciones fuertes como la Comisión Nacional de
Seguridad y la Procuraduría General de la República, porque son instrumentos
fundamentales para preservar las libertades, el orden social y la paz, aún en
escenarios donde resulta evidente la manifestación de intereses ajenos a la
república, que pretender alcanzar fines contrarios a los valores de la
democracia.
Dicho
lo anterior, no omito agradecer al señor comisionado y a la señora
subprocuradora su presencia en este recinto parlamentario.
En
el PRI reconocemos su apertura para tratar los temas derivados de sus
funciones, que en mucho fortalecen las relaciones entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo. Muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, senador.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación daremos parte a la
primera ronda de preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. Cada
legislador tendrá derecho a tres minutos para la pregunta, el funcionario o
funcionaria tres minutos para la respuesta, y una réplica, si es que así lo
desea el legislador o legisladora que haga la pregunta.
Vamos
a empezar con el diputado David Pérez Tejada Padilla, por el Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El
diputado David Pérez Tejada Padilla: En un contexto de crisis que pone en
riesgo la tranquilidad de la población como el que actualmente enfrentamos en
México, la labor de las fuerzas de seguridad del Estado de por sí difícil se
complica aún más pues se deben hacer grandes esfuerzos para encontrar el punto
de equilibrio entre garantizar el respeto de los derechos y libertades
ciudadanas, por un lado y, por el otro, hacer prevalecer el orden y la paz
sociales.
El
ejercicio de funciones especiales por parte de las fuerzas de seguridad como la
utilización de medios violentos de coerción implica un compromiso especial con
los derechos humanos, ya que practicados de una forma abusiva puede dar lugar a
violaciones de los derechos fundamentales de las personas.
Bajo
esta lógica, quisiéramos que expusiera –y esto va dirigido al comisionado
nacional de seguridad– qué mecanismos se están implementando para la protección
de los derechos humanos de la población en el ejercicio de las funciones
propias de la seguridad pública en nuestro país. Es cuanto.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado Monte Alejandro.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias por su pregunta, diputado
Pérez Tejada. Quiero destacar que la instrucción que tenemos del presidente de
la república es que cualquier acción de seguridad pública tiene que hacerse con
un pleno apego, con un respeto irrestricto a los derechos humanos.
Así
hemos trabajado en lo que corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad,
particularmente en la vertiente de la actuación de Policía Federal.
En
ese sentido, déjeme señalarle que de diciembre de 2012, es decir, cuando inicia
la administración, hasta el día de hoy se han realizado 18 mil 396 actos de
capacitación a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno; en
particular han sido 13 mil 204 policías federales, cuatro mil 601 policías
estatales y municipales invitados por Policía Federal y 591 custodios de
prevención y readaptación social, los que han estado inmersos en estos cursos
de capacitación de respeto a derechos humanos.
Estos
cursos no los realizamos nosotros directamente, sino que contamos con la
participación de instituciones académicas y de instituciones internacionales;
particularmente destacaría al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al
respecto quisiera destacar que el número de quejas que se han presentado ante
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el número de recomendaciones que nos
han sido emitidas han venido en descenso, y por otra parte, señor diputado
Pérez Tejada, ratificar en este foro que todas y cada una de las
recomendaciones que han sido emitidas, las hemos acatado a cabalidad, están
unas ya cumplidas y otras en proceso de cumplimiento.
De
la misma manera, cualquier medida que nos haya sido solicitada por parte de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la hemos atendido de manera puntual. Es
decir –y con esto cierro– no podemos nosotros como Comisión Nacional de
Seguridad o como Policía Federal, aspirar a tener un acompañamiento social
sólido en las tareas de seguridad pública si nuestra actuación no es con un
absoluto apego a los derechos humanos, por eso hemos actuado en esta manera.
Gracias por la pregunta.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Va hacer uso de su réplica, diputado?
El
diputado David Pérez Tejada Padilla: No, muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Bien.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Le damos ahora entonces la palabra a la
diputada Roxana Luna Porquillo, para realizar la primera pregunta por el PRD.
La
diputada Roxana Luna Porquillo: Buenas tardes. Bienvenido licenciado Rubido,
comisionado y a la maestra Mariana, sean bienvenidos.
Es
importante que nos aclaren primero si es que han existido operativos,
evaluación de los operativos que implica en este caso la participación de las
fuerzas federales, ¿cuáles han sido los resultados de estas evaluaciones, si es
que existen? y si no se han practicado, que nos expliquen la razón.
En
relación a sus resultados ¿se ha propuesto algún redireccionamiento en cuanto a
las acciones? ¿Cómo son diseñados estos operativos y cuáles son las acciones
complementarias que llevan a cabo para compensar la presencia armada federal
respecto de la protección de los derechos humanos en las entidades que ustedes
ocupan? Esto va para el licenciado Rubido.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias diputada Luna por la
pregunta. Desde luego cada una de las acciones que lleva a cabo la policía
federal responde a una estrategia previamente diseñada. Hay una orden de
operación la cual seguimos al pie de la letra y la cual, una vez desarrollado
el evento, nos permite hacer una evaluación sobre los resultados del mismo.
Cuando
encontramos de que puede haber alguna situación que sea no apegada a nuestro
procedimiento, a nuestro procedimiento llamémosle sistemático de operación,
hacemos los ajustes pertinentes.
Y
si llegáramos a encontrar que hubo alguna desviación por parte de algún
elemento en el momento de la operación, se aplican los mecanismos internos de
sanción para evitar que esto nos pueda suceder.
No
es algo sencillo porque generalmente son operativos que se realizan de manera conjunta,
pero hay casos –casos recientes– donde no se actuó ciñéndonos a los protocolos,
así lo hemos aceptado públicamente y así se ha sancionado a aquellos servidores
públicos que no acataron las instrucciones que tenían. Muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica?
La
diputada Roxana Luna Porquillo: Sí, claro. Bueno, da la impresión de que este
gobierno ha redireccionado para querer justificar el abatir la delincuencia
mediante la extinción de las guardias comunitarias o autodefensas, pero son muy
compasivos con el narcotráfico y en concreto con La Tuta.
La
pregunta sería: ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo entre las
autoridades responsables para llevar controles que impiden la infiltración de
la delincuencia organizada en organizaciones de defensa comunitaria?
¿Cuáles
son los controles y evaluaciones de los integrantes de estas autodefensas que
deben seguir para poder brindar sus servicios armados?
A
partir de los enfrentamientos entre guardias comunitarias, específicamente en
La Ruana y Apatzingán, cuáles son las medidas que ha tomado la comisión para
evitar este tipo de acciones y además para que pueda quedar claro cuáles son
las acciones o el posicionamiento como usted, comisionado, y las autoridades en
la entidad.
La
Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sólo que fue réplica.
La
Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Entonces, si me permiten tengo que dar
la palabra a la senadora Pilar Ortega Martínez para que haga la primera
pregunta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por favor,
senadora.
La
senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Comisionado
licenciado Monte Alejandro Rubido García, señora subprocuradora Mariana Benítez
Tiburcio, bienvenidos a esta reunión de trabajo.
Hemos
escuchado con atención sus intervenciones iniciales en esta reunión de trabajo
y después de escucharlos cualquiera diría que estamos hablando de otro país o
que en el nuestro se respira tranquilidad y seguridad. La realidad, sin
embargo, que viven millones de mexicanos en este país desmiente estas
afirmaciones. Esta realidad ignora las cifras optimistas y la larga lista de
acciones, actividades que hoy nos han venido a dar cuenta.
Lo
cierto es que México hoy está señalado en la comunidad internacional como un
país en donde se violan de manera sistemática los derechos humanos. La
realidad, señoras legisladoras y señores legisladores, comisionado, señora
subprocuradora, es la que nos tiene el día de hoy aquí en esta reunión.
Y
luego de escucharlos es difícil pensar en que la estrategia emprendida por el
gobierno federal pueda tener un rumbo cierto si no comenzamos por reconocer los
errores cometidos hasta la fecha.
Hay
que reconocer que la estrategia emprendida, si es que hubo alguna, no ha
funcionado y mis preguntas serían encaminadas justamente a este tema; la
estrategia en distintos aspectos.
La
primera pregunta tiene que ver con la forma en que las organizaciones
criminales han permeado las estructuras institucionales de seguridad y
justicia. ¿Cómo, ante embate del crimen organizado y esta penetración, se ha
generado alguna estrategia al interior de la propia Comisión o de la
Procuraduría? ¿Cómo erradicar estas acciones del crimen organizado que llegan a
los Ministerios Públicos, a los agentes ministeriales, a la Policía Federal y
por supuesto a las policías locales y municipales?
¿Cómo
se ha enfrentado esta situación, cómo enfrentar esta corrupción en estas
instituciones?
La
segunda pregunta para la subprocuradora Benítez es la siguiente. A escasos 18
meses de que venza el plazo para la implementación del Sistema de Justicia
Penal, ¿por qué sólo se ha presentado al Congreso las solicitudes de inicio en
el ámbito federal de cuatro entidades? ¿Qué pasa con la planeación y
gradualidad de las 28 restantes?
Otra
pregunta para ambos es, ¿por qué no han funcionado los mecanismos
institucionales de detección temprana de posibles delitos, a efecto de evitar
casos tan complejos y difíciles como los sucedidos en Guerrero y Michoacán?,
delitos que no nacieron de la noche a la mañana, sino que requirieron actos
previos. ¿Por qué estos mecanismos institucionales no han funcionado? Por sus
respuestas, muchas gracias.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Muchísimas gracias, saludo con
afecto a la senadora Ortega.
En
relación a las acciones que hemos llevado a cabo en la Policía Federal para
atender cualquier caso de desviación de conducta de servidores públicos,
déjenme dar alguna numeralia que creo que puede resultar ejemplificativa.
En
el año de 14, 2014, se realizaron 838 inspecciones, las cuales derivaron en mil
8 medidas disciplinarias. De éstas, 172 concluyeron en denuncia ante el
Ministerio Público. Aparte, tuvimos con operativos internos la detención de 81
elementos detenidos en flagrancia.
Por
otra parte, no sólo se trata de ver la parte punitiva. En la parte de
formación, durante 2014 hubo capacitación para 30 mil 237 elementos de la
Policía Federal en la modalidad presencial y poco más de siete mil 400 en la
modalidad de capacitación a distancia.
También
se sigue evaluando el desempeño y se siguen aplicando los exámenes de control
de confianza, que como lo hemos señalado en diversas ocasiones podrá no
constituir una panacea, pero sin duda es el instrumento más sólido con el que
se cuenta por parte del Estado, por parte de las corporaciones de seguridad y
de procuración de justicia, para tener la certeza de cómo se comporta cada uno
de sus elementos.
Respecto
a las cifras que mostrábamos, senadora, creo que nos falta mucho para que
estemos satisfechos con los resultados que se alcanzan, pero creo que no
podemos bajo ninguna circunstancia dejar de reconocer que las tendencias son
favorables.
Las
cifras de las que hablamos del secretariado ejecutivo son las cifras que provee
cada una de las 32 entidades federativas. El Centro Nacional de Información
solamente las procesa. Y aparte, por eso intencionalmente trajimos aquí las
cifras que nos marca Inegi, para que se vea la similitud, el espejeo que existe
y cómo las tendencias nos van marcando.
Ahora
bien –y con esto aprovecho los 10 segundos que me quedan– si hablamos de
homicidio intencional en América Latina, México está registrando cifras muy
inferiores a la de países hermanos que nos son afines. Por ejemplo, en el año
2013 en México se hablaba de 15.5 por cada 100 mil, mientras que Brasil
registra 25, Colombia 30 y ya no digamos Honduras, que registra hasta 90.
Son
cifras, insisto, no para echar campanas al vuelo, pero sí para reconocer los
esfuerzos y los logros alcanzados. Gracias por su pregunta, senadora.
La
Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, maestra, por favor.
La
subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Gracias. Agradezco, diputada, su
pregunta.
La
senadora María del Pilar Ortega Martínez: Senadora.
La
subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Perdón, senadora. Agradezco su
pregunta.
En
cuando a la primera pregunta en relación con cuáles son las acciones que ha
venido llevando a cabo la Procuraduría General de la República para prevenir y
erradicar corrupción de los agentes de investigación, ministerios públicos y
demás personal sustantivo.
Primero
que nada le quiero decir, lo que expresé y expuse es de la Procuraduría, que
existe, son acciones que verdaderamente se están llevando a cabo. Coincido con
Alejandro, no estamos echando campanas al vuelo, inclusive cerré diciendo: hay
muchos retos y muchos problemas, un rezago importante, graves problemas
sistémicos en todas las instituciones de procuración de justicia, no se diga en
la PGR. Sin embargo, estamos tratando de generar bases sólidas para construir
sobre eso, para edificar sobre eso lo que pueda ser la futura Fiscalía General
de la República.
En
cuanto a las acciones, lo mencioné de alguna forma en mi intervención. He dicho
que la Visitaduría General es el órgano competente que ha duplicado, por
cierto, en su tamaño y en recursos para prevenir y sancionar conductas de los
propios servidores públicos de la institución que cometan ilícitos o conductas
irregulares.
En
ese sentido, no me parece poco, en realidad, que en un periodo de dos años se
hayan obtenido, por ejemplo, 79 sentencias condenatorias en contra de
servidores públicos solamente de la institución. O que se hayan librado 202
órdenes de aprehensión en contra de ministerios públicos, agentes de
investigación, peritos, mandos medios o superiores, servidores públicos con
funciones administrativas, policías municipales y otros particulares.
Me
parece que es una prioridad para nosotros el sancionar, pero también el
generarle capacidades a nuestro personal. Por eso no nada más sancionamos,
también estamos desarrollando, más bien, se ha desarrollado un sistema nuevo de
desarrollo humano y profesional de los integrantes de la Procuraduría, y en ese
sentido se les ha generado no sólo esquemas de capacitación y
profesionalización, sino se han creado los incentivos correctos para que este
tipo de personal vea, dentro de la institución, que existe una carrera
profesional que desempeñar.
Rápidamente,
en cuanto a la implementación del nuevo sistema acusatorio. Quiero decirle que
no es una decisión unilateral de la Procuraduría General de la República de
cuanto entra en vigor o no a nivel federal el Código. Es una decisión conjunta
con el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, y otras instituciones
federales, pero principalmente con el Poder Judicial.
Pero
como dije en mi exposición, tenemos planeado que además de los estados de
Zacatecas y Yucatán en los que vamos a entrar en vigor en este marzo de 2015,
15 estados más puedan incorporarse en este año en cuanto a la aplicación del
nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Hay
un grupo federal trabajando constantemente, dedicado nada más a trabajar todas
las aristas y los ejes que tienen que ver con la implementación a nivel federal
y ha dado muy buenos resultados.
Desde
el punto de vista normativo, se han trabajado en un sinnúmero de proyectos
legislativos para armonizar las leyes federales con el Código Nacional. Se han
generado esquemas únicos de capacitación. Se han trabajado en la emisión de
protocolos únicos de actuación para todas las procuradurías y fiscalías. Se han
generado esquemas de capacitación conjunto el Poder Judicial, con fiscales, en
fin. Se ha venido trabajando sistemáticamente en esta implementación a nivel
federal. Gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, maestra.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Senadora, va a hacer uso de su
réplica? Por tres minutos, por favor.
La
senadora María del Pilar Ortega Martínez: Sí. Gracias, presidenta. Solamente
para señalar que en el Grupo Parlamentario del PAN nunca seremos un obstáculo,
a fin de que se generen las mejores estrategias que regresen la tranquilidad a
todas las mexicanas y mexicanos.
Estaremos
siempre, como ya lo dijo mi compañera senadora, muy pendiente, muy atentos como
órgano de control y contrapeso de las acciones que se emprendan. Queremos
soluciones y hechos que logren que los mexicanos recuperen la confianza en las
instituciones pero, sobre todo, que los mexicanos y mexicanas vivan en un país
sin violencia y pierdan el miedo que hasta la fecha sigue subsistiendo en gran
parte del territorio nacional. Gracias, es cuanto, presidenta.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, senadora.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el diputado Ricardo Fidel
Pacheco Rodríguez la palabra para formular la pregunta por el grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El
diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, presidenta. Muy
buenas tardes, colegas legisladores. Señora subprocuradora de la República.
Señor comisionado nacional de Seguridad. Reiterarles, a nombre del Grupo
Parlamentario del PRI la bienvenida a esta reunión de trabajo.
Hacer
una reflexión general que nos permita reconocer las presentaciones que ambos
funcionarios federales han hecho, pero sobre todo, los datos y el contenido de
dichas presentaciones. Porque amén de posiciones políticas, la realidad es que
todos quienes estamos en esta mesa reconocemos la dificultad que vive nuestro
país en términos de seguridad, y no tenemos por qué dejar de señalar que ese
momento de dificultad, las acciones de gobierno, de los órdenes de gobierno y
de la sociedad en general han reflejado avances y entonces esto hay que
reconocerlo indudablemente.
Hecho
lo anterior, quisiera hacer un cuestionamiento concreto. En los últimos años,
en ejercicio y nombre del derecho de manifestación consagrado en nuestra Carta
Magna, se han realizado diferentes y recurrentes acciones de protesta en muchas
partes del país.
Las
más extremas de éstas, debatidas en la opinión pública desde la perspectiva
justa de su ejercicio por sobre otros o del mismo tamaño de otros derechos
fundamentales, también consagrados en nuestra Carta Magna y justo por eso de la
misma jerarquía normativa.
Una
de estas formas ha sido la toma de casetas en carreteras federales con la
finalidad de presionar al Estado en la atención de peticiones, y también en
algunos casos, de recaudar fondos que permitan solventar su lucha.
La
Autopista del Sol ha sido una de las más afectadas por esta situación, tras
bloqueos y la presencia de manifestantes, poniendo en riesgo la seguridad de
los usuarios, así como generando daños y perjuicios económicos a terceros.
Otras
de las vías que se han tenido afectadas son las de Oaxaca, las de Michoacán,
que sufren de constantes bloqueos y movilizaciones. Asimismo, el Distrito
Federal y el estado de México son otras entidades con mayores afectaciones.
La
cuestión concreta, señores servidores públicos federales es, ¿cuál es la
postura del gobierno federal frente a estas circunstancias y cuáles las
acciones emprendidas o a emprender en este contexto para garantizar los
derechos constitucionales de todos los ciudadanos mexicanos? Por su respuesta,
muchísimas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, licenciado Monte Alejandro,
por favor.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, presidenta. Gracias
también, señor diputado Ricardo Fidel Pacheco, por la pregunta.
Cuando
se han dado cualquier tipo de manifestación, el gobierno de la República ha
actuado con la finalidad de salvaguardar el derecho de cada uno de los
manifestantes y actuar –insisto– como lo mencioné en la anterior intervención,
con pleno apego a los derechos humanos.
Señalaba
usted el bloqueo de carreteras, particularmente Autopista del Sol. Cuando en
los meses de octubre, noviembre, empezamos a tener este tipo de
manifestaciones, creo que queda registrado que Policía Federal ha llegado hasta
el punto donde se efectúa el bloqueo para iniciar procesos de negociación con
los manifestantes y con base en esas negociaciones las cuales se complementan
con negociación que se lleva a cabo en otras instancias es que se ha logrado
que finalmente se retiren dichos bloqueos.
Como
ha quedado mostrado, las fuerzas federales han estado atentas en el lugar para
intervenir si fuera necesario. Afortunadamente con base en la negociación,
reitero, no ha habido necesidad de que los grupos antimotines efectúen el
despliegue de desbloqueo.
En
relación al tema de las casetas. Sabemos que es algo que agravia a algunos
ciudadanos, pero también sabemos que es en la coyuntura un fenómeno que tenemos
que procesar con madurez y con tranquilidad. Déjenme poner un ejemplo: decía yo
en mi intervención que el puerto de Acapulco tuvo una ocupación del 98.6 en
habitaciones de hotel. Para nadie es un secreto que el estado de Guerrero tiene
su principal fuente de ingresos en las tareas turísticas que se llevan a cabo
en Acapulco.
¿Qué
fue lo que se logró a través de la negociación del diálogo en estos casos? Que
no se afectara el tránsito vehicular sobre la carretera. Si la carretera se
hubiese bloqueado, seguramente la asistencia de turistas hubiese sido baja.
Tengo
un dato referencial que creo que es importante, en el puente de 20 de
noviembre, la ocupación que hubo en Acapulco fue de aproximadamente 51 o 52 por
ciento, mientras que el año anterior había sido superior al 70 por ciento. Es
decir, aquí se tiene que tomar la decisión de cómo actuar para privilegiar lo
que más convenga al interés, en este caso, de la entidad guerrerense.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica, diputado?
El
diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Sólo para agradecer la respuesta,
presidenta. Muy amable.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con esto concluimos la primera ronda de
preguntas.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Daremos inicio a la segunda. Para la
misma se ha inscrito por el Partido del Trabajo la diputada Lilia Aguilar Gil,
que tiene la palabra hasta por tres minutos.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Antes de iniciar
sobre mis preguntas, primero diría que definitivamente yo no justifico la
violencia de ninguna manera. Me parece que no es la forma de llegar a ningún
lado.
Sin
embargo, me parece que la gran preocupación que debería de tener el Estado
mexicano es sobre resolver no solamente de la desaparición de los 43, en lugar
de distraer el tema sobre los bloqueos o las manifestaciones, porque éstas son
el resultado de la indignación y la impotencia que tiene la ciudadanía ante el
no resultado definitivamente de la justicia en el tema de la desaparición
forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Iniciaré
mi intervención haciendo referencia a mi amiga, la subprocuradora Mariana
Benítez. Mariana ha dicho que en esta administración se ha enfocado a desterrar
la compra de testigos y la invención de imputaciones, a no negociar la ley y
que se ponga a disposición de los jueces a los presuntos responsables.
No
se inventarán testimonios o se fabricarán testigos, sin embargo la percepción
es distinta. Por ejemplo, un juez federal de Michoacán dejó en libertad a 43 de
las 44 personas detenidas el pasado 6 de enero luego de un enfrentamiento en
Apatzingán y dictó auto de libertad a 38 de los acusados al estimar que la PGR
no ofreció ningún elemento que ameritara sujetarlos a juicio por el delito.
Los
11 detenidos por los disturbios del 20 de noviembre, los cuales han indignado a
la nación en el Zócalo capitalino, salieron en libertad luego de que se
determinó que eran insuficientes e insostenibles las pruebas aportadas por la
PGR y, de forma inusual, la PGR presenta una apelación sin expresar agravios.
Yo
le preguntaría si usted considera que el aparato entonces de procuración de
justicia es ineficiente para poder llevar a cabo las investigaciones, o es que
la estrategia de la PGR es la represión autoritaria.
Yo
viví los hechos del 20 de noviembre y me pareció que más que controlar las
manifestaciones que había en un grupo muy, muy cerrado de manifestantes que
evidentemente estaban tratando de llamar la atención de las fuerzas públicas,
me pareció que el ejercicio de la represión fue excesivo aunque en éste
participaron otros elementos de seguridad que no necesariamente dependían de la
PGR.
Y
yo preguntaría también específicamente a cualquiera de los dos, cuál es la
diferencia real que existe entre la estrategia de Calderón y la estrategia de
Peña, además de la falta de diagnóstico.
Como
parte de las 10 acciones para mejorar la seguridad y la justicia, Enrique Peña
Nieto envió al Senado de la República una iniciativa para reformar siete
artículos de la Constitución donde centralmente culpa a los municipios de todos
los problemas de seguridad de este país.
Yo
preguntaría: ¿no se considera que esto vulnera la soberanía de los municipios y
que es dar atrás a la capacidad democrática regional que hay en este país? No
es una salida fácil decir que son los municipios y solamente los municipios los
que tienen vínculos con el crimen organizado; la Procuraduría –y lo sabemos–,
tiene estudios de vínculos de gobernadores e inclusive puede haber vínculos de
funcionarios federales con el crimen organizado y yo le pregunto si los hay y
por qué no han actuado en consecuencia.
Terminaría
preguntándole por qué la PGR tardó dos años para tener una cifra oficial de
personas no localizadas y cuántas averiguaciones previas se han iniciado por la
desaparición forzada y si ustedes consideran que el delito de desaparición
forzada está adecuadamente tipificada en nuestro país. Agradezco sus
respuestas.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra la maestra Mariana
Benítez, para dar respuesta, hasta por tres minutos.
La
subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Agradezco muchísimo las preguntas que
me hace la diputada Lilia Aguilar. Trataré de ser muy eficiente en mis dos
minutos 55 segundos, para contestar varios aspectos que se tocaron.
Primero,
usted comentó que por qué razón se había dictado auto de libertad en contra de
los detenidos en Michoacán. Bueno, yo con toda sinceridad le tengo que decir, a
nosotros se nos puso a disposición a estas personas y nosotros tenemos que
poner inmediatamente, consignar, en este caso fue un delito en flagrancia el
delito de portación de armas y teníamos que consignar inmediatamente como lo
mandata la Constitución.
Comprenderá
que nosotros no tuvimos un tiempo muy prolongado para poder armas una
investigación, saber, conocer, tener mayores elementos.
En
consecuencia se consignó con los elementos que se tenían en ese momento y
bueno, el juez fue quien determinó que eran insuficientes para determinar la
probable responsabilidad de estas personas.
Sin
embargo no obstante se detectó que hubo irregularidades en la actuación del
Ministerio Público y quiero decirle que precisamente el día de hoy el
procurador general ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado
de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán.
Por
otro lado quisiera decir, bueno, en cuanto a las cifras de las personas no
localizadas, no es que nos hayamos tardado dos años. La procuraduría inició en
2011 la labor de integrar y depurar en una sola base de datos cifras de las
personas que se tenían como no localizadas de todo el país. No son cifras que
nada más tenga la procuraduría, sino que nos dimos la labor de coordinar los
esfuerzos con las procuradurías estatales a fin de obtener información
actualizada de cuántas denuncias tenían cada una de estas procuradurías y
fiscalías sobre reportes de personas no localizadas.
Después
de varios meses de trabajar conjuntamente con todas las procuradurías y
fiscalías dimos con la cifra que efectivamente en el mes de agosto se dio a
conocer.
Por
último quisiera decir que en cuanto a las investigaciones en materia de
desaparición forzada, en total tenemos 293 averiguaciones previas abiertas,
iniciadas en esta materia y a pregunta expresa de si consideramos que es
insuficiente el marco legal, desde luego, y precisamente por ello el presidente
de la república ha mandado una iniciativa de reforma primero para homologar el
tipo penal y después, la más reciente, en el mes de diciembre, a fin de expedir
una ley general que permita homologar no sólo el tipo penal de desaparición
forzada, sino otros delitos que merecen tener una homologación a nivel nacional
como es, por ejemplo, el caso de la tortura.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, maestra.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para hacer uso de su réplica, diputada.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Aunque me quedaron dos preguntas sin responder.
Esperaba que el señor Monte Rubido lo hiciera.
La
Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado Monte Alejandro.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, señora presidenta. Gracias
también, diputada Aguilar por la pregunta. Comento y lo hago de manera
categórica que no se pretende, bajo ninguna circunstancia, culpar a los
municipios ni culpar a nadie.
En
la administración del presidente Peña estamos convencidos de que las tareas de
seguridad pública no sólo no son politizables, sino que no son partidizables.
Tenemos que verlo con esa gran integridad.
Por
qué la propuesta de reforma al 21 y al 115 constitucional. Porque sentimos que
hoy en día las corporaciones de seguridad municipal no están preparadas para
combatir a la delincuencia. Y déjenme brevemente decir por qué. Las policías
municipales, cuando fueron concebidas, era para hacer valer los actos y los
bandos de buen gobierno, no para combatir a la delincuencia. En la medida en
que el crimen organizado ha hecho presencia en nuestro país, para la
realización de sus actividades termina implantándose en el hampa común y a esa
hampa común es a la que tienen que combatir todas las instancias de seguridad.
En
la medida en que contemos con corporaciones mejor preparadas, mejor
tecnificadas, mejor armadas, mejor pagadas, sin lugar a dudas el Estado
mexicano en su conjunto, contará con las condiciones favorables para combatir
en cualquier orden a la delincuencia.
Se
puede decir algunas voces, en ese sentido se manifiestan que esto podría
violentar la autonomía del municipio, pero recordemos que por ejemplo hay zonas
donde tareas tan cotidianas como la recolección de basura se hace de manera
conjunta y en ningún momento ello afecta la autonomía municipal. Por el
contrario, lo que busca la iniciativa del presidente Peña es tener 32 policías
sólidas, 32 policías capacitadas para combatir a la delincuencia en beneficio
de la ciudadanía, y la iniciativa que se manda hace énfasis en que las
erogaciones que se tengan que efectuar para nivelar salarios, para capacitar,
para equipar a esas corporaciones, provendrán los recursos del gobierno de la
República. Esa es la intención de la iniciativa que presentó el señor
presidente Peña Nieto.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, licenciado.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Lilia Aguilar, tres minutos
para su réplica, por favor.
La
diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. En Chihuahua, la
ciudad de donde yo soy, la gente se pregunta en las calles por qué demonios el
crimen sí es organizado y el gobierno no. Creo que eso más o menos nos da idea
de cuál es el sentimiento de la gente frente a lo que pareciera que nos está
ganando los espacios no solamente públicos, sino también ahora los espacios de
gobierno.
Yo
he dicho que este es un problema sistémico, lo sostengo, y que tiene que tener
una solución sistémica, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer el
problema, aunque el señor Monte Alejandro Rubido dice que no se están echando
culpas a los municipios, eso pareciera al menos en los discursos del Ejecutivo.
Yo
entiendo que el mando único pareciera ahora la solución, sin embargo a mí me
quedan dos dudas, la primera es: por qué cuando en 2010 Calderón presentó la
iniciativa para el mando único, el PRI, incluido el señor procurador, dijeron
que esto era una trampa para poder empoderar a la Secretaría de Seguridad
Pública y que vulneraría la soberanía de los municipios en materia de
seguridad.
Sin
embargo, yo tengo que ser honesta. Creo, igual que usted, que el haber armado a
las policías municipales fue un gran error, porque los pusimos vulnerables
frente al crimen organizado, sobre todo en las comunidades más pequeñas donde
el crimen no solamente manda y dicta, sino también aterroriza.
Pero
preocupa y preocupa mucho que estos mandos únicos vayan a centralizar el tema
de la seguridad pública y como consecuencia vayan a incrementar la corrupción,
porque yo le recordaría, porque sé que ustedes lo saben, que cuando se
iniciaron las actividades contra el crimen organizado muchas veces la policía
federal y el Ejército actúan sin avisar a las policías estatales por los
niveles de corrupción que han en las mismas, quiere decir que ahora vamos a
tener a lo mejor sí 32 policías unificadas o 32 policías donde prive la
corrupción, porque no tenemos tampoco seguridad de que no haya vínculos con el
crimen organizado de estas policías estatales.
Simplemente
les diría que no estoy mucho menos afirmando que éste sea un tema –y como lo
dice bien el señor Monte Alejandro Rubido, no es ni politizable ni
partidisable, estoy de acuerdo con usted, porque en el momento en que perdamos
la lucha contra el crimen organizado perdemos el país, pero la preocupación
está ahí y me parece que la crítica debe ser tomada como una crítica
constructiva primero, insisto, para reconocer que tenemos un problema, porque
pareciera que después de Calderón, cuando entra el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, la seguridad no era un problema hasta que nos estalló en la
cara. Muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora la palabra el diputado
David Pérez Tejada para hacer la pregunta del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. Hasta por tres minutos, diputado, por favor.
El
diputado David Pérez Tejada Padilla: Sí. Muchas gracias, diputada presidenta.
Al señor comisionado nacional de Seguridad, se ha venido ya comentando aquí,
tanto por la diputada Lilia Aguilar y usted lo hizo durante su presentación en
un inicio, que es un tema que creo a muchos nos preocupa y nos ocupa, acerca de
cómo fortalecer las capacidades de las policías locales, ahorita lo abordó
brevemente.
A
mí me gustaría que abundara un poco en el tema, porque a partir de ello se va a
empezar a recobrar la confianza de la ciudadanía. Y esto requiere una actuación
decidida, coordinada y eficaz. Usted ya comentaba hace un momento acerca de que
se quiere mejorar los salarios de los cuerpos policiacos, este tema va a
implicar incrementos presupuestales considerables también en materia de seguridad
por parte tal vez de las siguientes Legislaturas.
De
aquí a que se implementen todos los cambios que se han planteado –como lo
comentaba la subprocuradora como usted– a lo mejor van a tardar meses en que
veamos resultados, entonces sería bueno que nos comentaran cuáles son las acciones que están llevando ustedes a
cabo desde que inició esta administración y ahorita, cuando se ha agudizado los
temas en Guerrero y en Michoacán, acerca del apoyo que están ustedes brindando
–ya lo decía usted en un principio y comentó algunas cifras de intervención de
la federación en los ayuntamientos.
Comentó,
por ejemplo, que en Morelos ha habido intervención en cuatro municipios, en los
cuales ha sido de manera coordinada porque comentó que hay un mando único, comentó
que ya se tomó las riendas en dos ayuntamientos de Michoacán, ocho en Guerrero,
etcétera. Entonces qué acciones son las que se están tomando a cabo en
gobiernos locales para apoyarlos, y en el desarrollo capacidades se les permita
cumplir con su obligación de garantizar la seguridad en los ciudadanos en esos
territorios, en esas demarcaciones. Por su respuestas, muchas gracias señor
comisionado.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, señor diputado. Tenemos que
ser muy objetivos con las condiciones que tiene cada una de las corporaciones
de seguridad del país, y depende de coyunturas y de circunstancias muy
puntuales.
En
el país hay, incluyendo las 16 delegaciones del Distrito Federal, 2 mil 246
ayuntamientos, lo cual representa que tenemos capacidades total y absolutamente
diferenciadas en cada uno de ellos. Yo creo que nos sorprenderíamos, o no nos
sorprenderíamos porque estoy cierto que lo conocemos, que hay policías
municipales que perciben sueldos de 4 mil pesos mensuales. Ello, ¿qué
propicia?, que sean ciudadanos que entran a trabajar a las corporaciones de
seguridad por la necesidad de tener un empleo y no por una vocación de servicio
que se requiere, y más en tareas de seguridad pública.
En
la medida en que nosotros podamos avanzar con esta iniciativa de reforma que
caerá en menos de ustedes en funciones de Constituyente Permanente, vamos a
poder dar saltos cualitativos en la materia.
Qué
vamos a tener. Primero. Hoy en día ya estamos trabajando con un programa de
profesionalización, pero ese programa de profesionalización es parte
fundamental, pero no total, de lo que tenemos que hacer para adecuar a las
policías a las condiciones reales que está viviendo el país.
Usted
decía, y lo dice con justa razón, es algo que va a llevar muchos meses. De
hecho la propuesta está programada para que la totalidad de las 31, porque el
Distrito Federal ya existe, de las 31 entidades federativas tengan esta figura
de policía única, nos lleve ocho años.
En
la iniciativa presentada se propuso que se iniciaran los trabajos con cuatro
entidades federativas. Ustedes como parte del Constituyente Permanente en su
momento definirán qué tenemos que hacer en la materia.
Ahora
bien. Hablaba usted de los municipios donde hemos asumido tareas de seguridad
pública a petición de los gobiernos estatales. Aquí tengo algunos datos que son
importantes.
En
Michoacán, lo decía yo en mi presentación, desde enero del año pasado asumimos
en 26 municipios, prácticamente de la región de Tierra Caliente hasta la costa.
Hoy estamos en Acapulco. También en la Tierra Caliente, integrada por Morelos,
México, Michoacán y Guerrero, tenemos 22 municipios de Guerrero, ocho del
estado de México y dos más de Michoacán.
Sí
fui enfático en señalar que en el caso de los cuatro municipios de Morelos es
una tarea de coordinación, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas Morelos, al haber
implementado la figura de mando único le ha dado una solidez a su corporación
policial y con ello permite que con una tarea de coordinación, no de sustitución
provisional de la función de seguridad pública vayamos avanzando. Muchas
gracias por la pregunta, diputado.
El
secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, señor comisionado.
El
secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Diputado Pérez Tejada, ¿quiere
hacer uso de su réplica?
El
diputado David Pérez Tejada Padilla: Únicamente felicitarlo por la claridad de
su exposición. Como usted bien lo comentó, ahora sí que el balón está del lado
de nuestra cancha y debemos de asumir nuestro papel como legisladores de sacar
lo antes posible estas iniciativas que presentó el presidente Enrique Peña
Nieto, para que puedan ustedes llevar a cabo sus estrategias y planes de acción
para combatir la inseguridad que está prevaleciendo en varios estados de la
República. Muchas gracias y felicidades a los dos por sus intervenciones muy
puntuales.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra la
diputada Roxana Luna Porquillo, para formular la pregunta por el Grupo
Parlamentario del PRD.
La
diputada Roxana Luna Porquillo: Es para que los dos pudieran participar en
estas preguntas. De acuerdo a la información de los padres de los 42
estudiantes desaparecidos, que se presume que estuvieron en algún momento en
las instalaciones del Cuartel número 27 del Batallón de Infantería, la pregunta
es, ¿cuáles han sido los avances que se han tenido? ¿Existe alguna línea de
investigación que pudiera involucrar a algunos o a varios elementos militares
en estos hechos? ¿Cuáles son las líneas de investigación que aún se encuentran
en proceso? ¿Por qué se ha mostrado cerrazón para abrir una línea de
investigación sobre el grado de participación del Ejército en estos terribles
hechos de barbarie? ¿Se tendrá que esperar acaso la investigación de la Corte
Interamericana para que se finquen responsabilidades?
La
PGR informó en días pasados que recibió un informe de resultados de los
estudios científicos aplicados a los 16 restos hallados en el basurero de
Cocula, Guerrero, por parte del Instituto de Medicina Forense de la Unidad de
Innsbruck, en la que se concluye que no se encontró la cantidad útil de ADN que
permitiera obtener el perfil genético y la Procuraduría solicitó que se
hicieran nuevos análisis que van a tardar otros tres meses aproximadamente.
Al
respecto la pregunta es, ¿cuáles han sido las acciones emprendidas para la
búsqueda de los estudiantes, más allá de lo que pareciera la estrategia que se
centra en buscar el ADN en los restos encontrados?
En
el último mes se han dado a conocer informaciones que señalan que los policías
municipales pudieron haber participado en la masacre de San Fernando, ¿cuántas
personas han sido detenidas? ¿Estas personas forman o formaron parte de alguna
instancia municipal, estatal o federal? ¿Cuáles son, en términos generales, las
líneas de investigación que aún están abiertas? Es cuanto, señora presidenta.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Va a empezar la maestra Mariana Benítez
y posteriormente el licenciado Monte Alejandro.
La
subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Empezaré con las preguntas que se nos
hacen sobre la consignación del caso Ayotzinapa.
Primero
que nada sí quisiera ser sumamente contundente en lo siguiente. El procurador ya
ha señalado que de la propia investigación, que ha sido una investigación
inédita en cuanto al despliegue de esfuerzos, recursos para dar con el paradero
de los estudiantes y para fincar las responsabilidades a quienes presumimos
cometieron los delitos, no tenemos ningún elemento que nos permita orientarnos
hacia qué elementos de las Fuerzas Armadas participaron.
No
es hablar de cerrazón, simplemente que de todas las indagatorias que, por
cierto, son muy grandes, son muy extensas, no hemos obtenido que ningún
elemento que nos indique ese vínculo.
Simplemente
quisiera referir que se han recabado un total de 385 declaraciones
ministeriales, 444 dictámenes periciales, y de extracción de información de 93
equipos de comunicación, lo que ha permitido la integración de 85 tomos y 3
anexos al expediente.
Se
ha cumplimentado 163 órdenes de aprehensión, 31 órdenes de aprehensión
pendientes por cumplimentar, 16 órdenes de cateo ejecutadas, en fin. Es un
despliegue importante y se han realizado las acciones que ustedes han sido
informados oportunamente. O sea, ustedes, la opinión pública, sobre los avances
de esta investigación.
Por
otro lado, dejaré la parte de las acciones de búsqueda como tal, que mi
compañero comisionado la refiera.
En
cuanto a San Fernando. Sí, efectivamente, se consignaron en su momento 16
policías a quienes se les dictó auto de formal prisión y, bueno, la
investigación, en el caso de San Fernando sigue en instrucción y se continúa.
La investigación no está cerrada, se continúa recabando los indicios que
permitan dar con todos los responsables.
Monte
Alejandro, no sé si quieras abordar sobre el tema de la búsqueda.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Con su permiso, señora presidenta.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Nuestra tarea de búsqueda de los
muchachos normalistas de Ayotzinapa, se hizo con apego a un plan que se adecuó
a cabalidad a lo que recomienda el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Y
lo hemos hecho, señora diputada, en una gran vinculación con el grupo de padres
de familia, con el grupo de alumnos, con los asesores jurídicos del grupo y con
las organizaciones defensoras de derechos humanos que están participando en la
búsqueda.
En
un determinado momento llegamos a tener a mil cien elementos de la Gendarmería
haciendo tareas de búsqueda, partiendo del centro de Iguala a todos los
municipios de la periferia. Es decir, con círculos concéntricos ir avanzando en
la búsqueda.
Destaco,
y lo hago de manera enfática, que en la inmensa mayoría de las ocasiones
estuvimos acompañados por una comisión de los padres de familia. Y en estas
búsquedas se hicieron 456, se han realizado 456 inspecciones. Y hemos entrado a
minas. Hemos recorrido brechas, hemos recorrido cerros. Uno de ellos fue un
despliegue que obligó a que moviésemos, porque fe de pernocta de tres días, que
moviésemos a un contingente de aproximadamente 2 mil elementos de fuerzas
federales para ir recorriendo todo el cerro, donde algunos de los padres de
familia tendrían versiones de que podrían estar los muchachos.
Nosotros,
y así fue la instrucción que nos dio el presidente Peña y el secretario Osorio,
no hemos escatimado absolutamente ningún esfuerzo en la búsqueda de los
normalistas de Ayotzinapa.
En
alguna ocasión, de las distintas reuniones que hemos tenido con ellos, el
secretario de Gobernación me instruyó presentarles a los padres de familia y
sus grupos de asesores el equipamiento que estaba poniendo Policía Federal a
disposición de ellos para la búsqueda.
Les
llevamos los helicópteros, les llevamos los aviones no tripulados. Les llevamos
el equipo de detección térmica.
Sin
lugar a duda, también estuvieron el grupo de bomberos, los binomios caninos,
los binomios equinos.
Todo
eso, les enseñamos a los padres de familia cómo estaba funcionando para que
tuvieran la certeza, insisto, de que no estamos escatimando ningún esfuerzo por
atenderlos.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica?
La
diputada Roxana Luna Porquillo: Sí. Desafortunadamente el formato no nos
permite seguir argumentando un poco más. Sin embargo, la falta de transparencia
e información ha generado que siga un movimiento pidiendo justicia y que la
autoridad no haya dado respuesta de manera inmediata.
Creo
que queda en la mesa, y yo espero que ambos me pudieran contestar en el momento
que vayan a fijar su posición, en la última parte, respecto a los hechos
lamentables en Tlatlaya. Es la misma historia respecto al papel que ha jugado
la Procuraduría en esta investigación, en los hechos del 23 de septiembre del
2014. Cuando desde el primer momento existía la posibilidad de violaciones a
los derechos humanos por parte de militares. No hay una información concreta.
Cuál
ha sido la interacción de las instancias a su cargo por parte de ustedes que
haya generado las condiciones para dar certeza de la participación nuevamente
del ejército. Yo lo dejo como preguntas abiertas y que pudieran contestarlo,
puesto que si la sociedad y los mexicanos no denunciaran este tipo de
atrocidades y barbaries, esto sería parte de las omisiones de la historia de
los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad de impartición de justicia
en este país. Es cuanto, señora presidenta.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra, la
senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para hacer la segunda pregunta del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La
senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, presidenta.
Comisionado, como responsable directo del Sistema Penitenciario Federal y
atento al mandamiento constitucional sobre el cual descansa el Sistema
Penitenciario Nacional, en su artículo 18 señala lo siguiente: Que se
organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir.
Es
evidentemente desgraciadamente que el Sistema Penitenciario Federal no está
alcanzando los objetivos planteados por el constituyente y lo vemos porque
hemos estado escuchando a lo largo de estos meses, sucesos de violencia que
azotan al país y con esto pensamos y hacia allá van mis preguntas y
preocupaciones por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Primero,
¿qué acciones se han llevado a cabo de manera coordinada con autoridades
locales y federales, a efecto de poder cumplir el mandato constitucional sobre
la readaptación social de sentenciados?
Quisiera
que nos compartiera si existe algún mecanismo de seguimiento posterior de las
personas que compurgaron su sentencia, a efecto de conocer si realmente se
reinsertaron en la sociedad, si cuentan hoy con un empleo, si estudian, en
general, si se tiene un modo honesto de vivir.
Por
otra parte también, si nos pudiera informar, dado el hacinamiento en que se
encuentran los centros penitenciarios del país, si existe por parte del
gobierno federal la posibilidad de construcción de un nuevo centro
penitenciario, que dé alivio a la saturación y que cuente también con las más
altas medidas de seguridad, dados los estándares internacionales.
Por
supuesto nos gustaría ver a menos jóvenes, que están en algunos de estos
centros penitenciarios por haber robado, por ejemplo, para comer o por haber
robado también un autoparte de algún automóvil, nos gustaría que esto no
ocurriera, desafortunadamente sí sigue ocurriendo. Y además, desde la Comisión
de los Derechos Humanos del Senado de la República hemos realizado diversas
giras a diferentes cárceles.
La
segunda pregunta tiene que ver con una preocupación de mi partido y es el tema
electoral. Este año se llevará a cabo un proceso electoral fuerte, intenso. En
nueve estados de la República tendremos cambio de gobernador, se renueva en su
totalidad la Cámara de Diputados, así como también 993 alcaldías en 16 estados
y en el caso de la Ciudad de México, 16 jefaturas delegacionales.
Sabemos
que en todo proceso electoral siempre hay incidencias, en algunas ocasiones hay
incluso irregularidades. Nos preocupa el rol que vaya a jugar el crimen
organizado y los grupos organizados de la sociedad civil.
Ya
han manifestado –por ejemplo– en el caso Guerrero que no permitirán que se
lleve a cabo el proceso electoral. Yo sí quisiera externarle nuestra
preocupación y la de la sociedad también para hacer valer el derecho al voto.
Esperemos
que la institución que usted dignamente preside, pueda de alguna manera enfocar
sus energías en la protección del derecho al coto de millones de mexicanos y de
mexicanas. Es cuanto, muchas gracias por sus respuestas.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por favor, licenciado Monte Alejandro.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: De nuevo gracias, senadora. En
relación al tema del sistema penitenciario, permítame compartirle algunas
cifras. En el sistema penitenciario federal administramos actualmente 22
centros de internamiento. En éstos 22 centros de internamiento tenemos una
capacidad instalada de 31 mil 170 espacios y hasta el último corte que tenía,
el número de internos es de 24 mil 776. Es decir, estamos al 79 por ciento de
nuestra capacidad instalada.
Aquí
yo quiero destacar que hay dos mil 45 internos del fuero común que están en
instalaciones federales ante la petición de los ejecutivos estatales por la
complejidad que representaba este tipo de internos.
Nos
pregunta usted que si estamos pensando en incrementar, en ampliar nuestra
capacidad. Sí, en las próximas semanas –yo creo que no nos llevará más allá de
un mes, mes y medio– estaremos en condiciones de que inicie operaciones un
centro de internamiento en Chiapas con capacidad para dos mil 520 internos.
Tenemos
cuatro centros en construcción. Uno en Michoacán, que me reporta un 75 por
ciento de avance. Otro en Coahuila, concretamente en Ramos Arizpe, con un 70
por ciento de avance. También en Morelos con un 72 por ciento de avance y el
complejo penitenciario de Papantla, que tiene un 82 por ciento de avance
global.
Creo
que entre 2015 y 2016, habremos fortalecido de manera significativa la
capacidad instalada en los centros penitenciarios.
Quiero
destacar también que el orden prevalece dentro de los centros. En lo que va de
la administración no hemos tenido problemas mayores. Lo más significativo fue
en un penal de mediana seguridad donde se fugaron cinco internos, los cuales
han sido ya reaprehendidos. Esa es la situación que hay en cuanto al sistema
penitenciario.
Y
respecto del proceso electoral, creo que a todos como mexicanos nos interesa
ser muy cuidadosos, ser muy prístinos en nuestro comportamiento para que la
delincuencia organizada no vaya a participar en este proceso.
Nos
corresponde principalmente a los partidos políticos, ser muy puntuales en la
selección de sus candidatos y eventualmente a las instancias gubernamentales
–federal o estatal– alertar a los propios partidos cuando tengamos algún
indicio de que existen irregularidades en el comportamiento de los mismos.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Hará uso de su réplica?
La
senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Sí.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, hasta por tres minutos, por
favor.
La
senadora mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, presidenta,
muchísimas gracias, comisionado por sus respuestas. Agradezco siempre su
disposición para el diálogo y además también su eficiencia cuando se le, bueno,
por mi parte le he solicitado apoyo para los ciudadanos, para diversas gestiones
y eso se agradece porque no todos los servidores públicos dan respuesta
inmediato, al contrario, incluso hay algunos que ni siquiera contestan el
teléfono o incluso no le dan seguimiento a las mismas.
Me
parece interesante lo que expresa aquí de los centros de internamiento; me
encantaría poder acudir a algunos de ellos, conocer un poco más a fondo cómo
funcionan, si usted me lo permite, que pudiéramos hacer un recorrido a algunos
de ellos y poder también ayudar de manera más intensa desde el Senado de la
República.
Por
otro lado decirle, me parece crucial también el que como parte de los objetivos
que usted tiene, y también lo dijo, lo expresó la subprocuradora, la parte de
recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Creo que esa es
tarea de todos, y parte de las instituciones que más están golpeadas son las
instituciones que tienen que ver con procuración de justicia y seguridad
pública.
Hace
un momento, y no quiero dejar de mencionar el tema de los salarios para los
policías, que ya lo mencionaba hace unos instantes el diputado. Me parece
crucial. Desde que estuve en la Asamblea Legislativa insistimos en que los
policías debían tener salarios dignos, lo que va de la mano con capacitación y
muchas otras cosas para que puedan tener un trabajo digno y puedan ser
respetados.
Es
triste ver que el policía raso pueda ganar seis mil pesos y que en el gobierno
federal puedan ganar mucho más. Yo quisiera que hubiese una estrategia no nada
más para que puedan ganar mejor los policías a nivel federal, sino también que
se hiciera lo necesario para que a nivel local se dé un esquema que venga desde
la federación para que podamos tener policías con salarios dignos y no policías
que solamente están viendo de qué manera pueden hacerse de un poquito más de
dinero, por los malos sueldos. Obviamente esto no es justificable, pero es una
realidad por la que atravesamos.
En
cuanto al proceso electoral, me parece crucial que no nada más se les alerte a
los presidentes de los partidos políticos, sino también a la sociedad en
general. Y si algún partido político se pasa de listo y a pesar de esa alerta
pone como candidato a algún personaje vinculado con el crimen organizado, que
también se le haga saber a la población en general. Me parece un tema que va a
ser bien importante en este 2015, que no puede quitar el dedo del renglón el
gobierno federal.
Si
esto se hubiera hecho desde hace un tiempo, no estaríamos atravesando por casos
como el que hoy tristemente ensucia nuestra imagen a nivel internacional y por
supuesto a nivel nacional, como es el caso Ayotzinapa, los 43 desaparecidos.
Muchísimas gracias, comisionado, muchísimas gracias, subprocuradora.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra la
senadora Diva Gastélum para hacer la pregunta por el Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La
senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, presidenta. Quisiera
empezar por felicitarlos porque desde el inicio de su intervención hablaron de
venir preparados. Pero no reflejan estar preparados, reflejan estar adentro del
problema intentando resolverlo, lo que es muy distinto.
Me
parece un despropósito el querer borrar esta construcción en positivo que se
está haciendo para transformar el país y para poder ir eliminando el problema
de la inseguridad, tan serio en México. Es muy fácil decirlo, pero una
descomposición de un Estado no se da de la noche a la mañana; no bastan dos
años, ni tres, ni cuatro.
Quiero
decir tres cosas muy puntuales. Primero, es una mentira decir que Enrique Peña
Nieto está buscando repartir culpas. A la vista de todos está quiénes son los
culpables de Iguala y no usó ese medio el presidente de la república. Dos. Es
una mentira decir que no tiene estrategia, cuando la estrategia más clara aquí
está puesta en la mesa. Cada estado, cada municipio, cada ciudad, cada capital
que lo ha requerido tiene una estrategia puntual no general.
3.
Yo sí me felicito como grupo parlamentario del PRI, de una cosa muy importante:
Enrique Peña Nieto y su equipo tienen rectoría de las cosas, y la rectoría de
Estado es más importante que cualquier cosa, es responsabilizarse de lo más
interesante que es la seguridad de este país.
Los
felicito y me felicito de estar en la fila de ustedes formados, no enfrente
tirando y apostándole a que esto no transite. En el PRI no le apostamos a que
no transite, junto con ustedes como grupo parlamentario, como un Poder
Legislativo que tenemos una responsabilidad, queremos caminar junto con
ustedes.
La
sociedad, el gobierno, Medellín es un ejemplo, cómo Colombia cambió porque la
sociedad no solamente juzgó al gobernante, sino que se puso en la fila
correcta.
Yo
solamente una pregunta, la alerta de género es un éxito ya. Era una mentira
ante la alerta de género, hoy es una realidad, cuatro estados tienen la alerta
de género. Hoy el tema del feminicidio está ahí, latente y se está juzgando por
un delito que nos ofende mucho más porque el número lo dejaron sin explicación.
Le
quiero preguntar a los dos servidores públicos, ¿qué se está haciendo no
solamente para aplicar la ley, sino para la otra etapa que la sensibilización
de los que procuran, imparten justicia en este país, que llevan a cabo las
investigaciones correspondientes? Por sus comentarios, muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Maestra Mariana Benítez, por favor.
La
subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Gracias. Senadora, si me permite,
quisiera tomar parte de mi tiempo también para dar respuesta a una pregunta que
quedó, y posteriormente le voy a contestar.
Primeramente
quiero, a fin de que no quede incompleta mi respuesta en cuanto al tema de
Ayotzinapa, ya se han detenido 98 personas, en total hasta el momento son 132
el número de personas consignadas, y tenemos ya 49 autos de formal prisión en
este caso.
Preguntaba
la presidenta de la comisión al principio ¿qué había pasado con la información
en relación con el dato de un GPS de un normalista que lo ubicaba en donde está
el 27 Batallón?
Quiero
decir que en la averiguación previa que tenemos, en la que obran datos de
telefonía, obran datos de las redes técnicas y de cruces telefónicos que traían
algunos normalistas, en ningún caso, en ningún caso se ubica a persona alguna
en las coordenadas de la ubicación de este 27 Batallón.
En
el caso de Tlatlaya quiero decirle, diputada, que las respuestas, digamos no
hay como en este caso en el que se actuó de manera responsable. Y en el caso,
por lo que hace a la Procuraduría General de la República, la investigación se
consignó para dar el resultado de siete elementos consignados.
Recordemos
que estos siete elementos son elementos del Ejército, se responsabilizaron por
la comisión de los delitos de abuso de autoridad, en algunos casos de
homicidio, ejercicio indebido del servicio público, alteración ilícita del lugar
y encubrimiento en la hipótesis de procurar impedir la consumación del delito.
Se cumplimentó la orden de aprehensión y se evitó, respecto a los siete
militares, auto de formal prisión.
Finalmente,
señora senadora, quiero decirle lo que nosotros hemos estado haciendo, usted
fue testigo, en noviembre del año pasado publicamos el protocolo de
investigación, es un protocolo que aplicarán Ministerios Públicos,
investigadores y peritos para las investigaciones en los caso de feminicidio y
violencia contra las mujeres.
No
sólo eso, en nuestra institución, en la procuraduría, se han capacitado un
número importante de servidores públicos que trabajan día con día en las
investigaciones en esta materia. Y nosotros estamos totalmente convencidos de
que es muy importante un programa de sensibilización, lo hemos venido haciendo,
lo hemos venido desplegando en la institución.
Se
han certificado, por ejemplo, 13 áreas de la Procuraduría General de la
República en temas que tienen que ver con la prevención de la violencia contra
las mujeres, les decía, el protocolo que se aprobó para regir las
investigaciones en esta materia. Muchas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Senadora, ¿va a hacer uso de su
réplica?
La
senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Así es. Quiero terminar diciéndole que,
contrario a lo que muchos buscan, el desprestigio del país, al PRI le importa
mucho lo que es México. Le importa mucho que México fuera de sus fronteras se
conozca como un país de grandes oportunidades, un país que está intentando por
todos los medios mover, transformar, hacer las cosas correctamente.
Nosotros
lo comprendemos muy bien, hay fuerzas que les importa mucho el caos. En el
pasado reciente a sangre revuelta –no río revuelto, a sangre revuelta– ganancia
del crimen organizado. Nosotros no. No se tuvo ni una lista confiable de
desaparecidos, nunca.
Hoy
hay un intento de poner orden. Es lógico, es igual que en tu casa, cuando tú
intentas poner orden en una casa desordenada el primero que grita es el que
pone el desorden. Nosotros le apostamos a que Enrique Peña Nieto va a poner
orden a este país. Y los felicito porque la tarea que tienen es muy, muy
difícil.
El
callarse la boca y no decir quiénes son los responsables, al contrario, en
positivo trabajar cuesta. Nosotros los vamos a acompañar, porque le apostamos a
que México es más que hablar mal los mexicanos del propio país.
Nosotros
le apostamos que las cosas van a cambiar, y van a cambiar exactamente como lo
están haciendo, con estrategia, decididos a que paguen los responsables, no
filtrando ni ofreciendo pruebas ficticias. Muy por el contrario, haciendo
justicia como se debe de hacer. Pero más aún, las reformas que hoy tenemos no
solamente en materia penal, sino toda esta reforma que se hizo en el país va a
rendir sus frutos.
Yo
soy muy optimista y le creo no solamente a Enrique Peña Nieto, creo porque soy
una mexicana convencida que México ha pasado por los peores momentos. La
postrevolución más o menos quedó igualito que dejaron el sexenio pasado y
México supo salir adelante. Vamos a salir adelante. Ustedes no le aflojen,
nosotros estamos formados en la fila del prestigio de este país.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con esto hemos concluido la segunda
ronda de participación de los grupos parlamentarios y vamos a dar cabida a los
comentarios finales.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene para esto la palabra el comisionado
de Seguridad Nacional, licenciado Monte Alejandro Rubido, para conclusiones
finales hasta por cinco minutos. Por favor.
El
comisionado Monte Alejandro Rubido García: Gracias, presidenta. Señoras y
señores legisladores, refrendo que para mí ha sido un privilegio participar en
esta sesión de trabajo. Déjenme concluir en estos cinco minutos con los que
cuento, para enfatizar sobre la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto en
materia de seguridad pública.
Creo
que vale la pena recordar que en su momento el señor presidente presentó 10
acciones de política pública de seguridad y procuración de justicia al inicio
de su mandato. Haciendo un ejercicio de memoria, ¿cuáles fueron esos 10
componentes que anunció el señor presidente?
El
primero fue prevención del delito y reconstrucción del tejido social. Hoy en
día se ha trabajado a través de una Comisión Intersecretarial en la que
participan nueve dependencias, y se han canalizado 248 mil millones de pesos a
los polígonos que representan mayor incidencia delincuencial.
El
punto número dos. La acción número dos de la política pública de seguridad y
procuración de justicia es justicia penal eficaz. Como ya lo señaló la
subprocuradora Benítez, en 25 entidades federativas ya hay una operación
parcial del nuevo sistema de justicia penal; en cuatro la operación es plena;
en 19 entidades se está operando con el Código Nacional de Procedimientos
Penales en el ámbito local, y en dos entidades con el Código Nacional de
Procedimientos Penales en el ámbito federal.
La
tercera de las acciones, profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos
policiales. Aquí destaco, en lo que va de la administración se creó la Comisión
Especial de Desarrollo Policial en el seno del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, que es el órgano rector en la materia; se actualizó el programa rector
de profesionalización; se creó y se puso a funcionar la división de Gendarmería
en la Policía Federal, y se ha capacitado a 840 mandos en el Centro Nacional de
Formación de Mandos, que se encuentra en Amozoc, Puebla.
El
punto número cuatro, transformación del sistema penitenciario. No me repito con
lo que le señalé a la senadora Mariana Gómez del Campo, sobre las capacidades
instaladas y lo que vamos a crecer.
Quinto,
promoción y articulación de la participación ciudadana. Se aprobó en la primera
sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública al inicio de la administración
la participación de cinco representantes ciudadanos en el mismo. También cuando
se constituye la Consejo Nacional Antisecuestro en enero del año pasado se da
representatividad social.
Sexta
acción, cooperación internacional. Se han intensificado, sin lugar a dudas, las
estrategias de intercambio de información, principalmente de inteligencia y con
los países de la región.
Si
la delincuencia actúa de manera organizada, los países que sufrimos el flagelo,
sean países de producción, de tránsito o de consumo, también tenemos que actuar
de manera coordinada.
Séptimo,
información que sirva al ciudadano. Recuerdo lo que señalaba con las cifras
durante mi presentación, la publicación mensual de los índices delincuenciales
por parte del Consejo Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo.
Pueden
estar ciertos que México es uno de los países, si no es que el más medido en el
mundo en cuanto a la situación de variación del índice delincuencial. Y hay que
destacar que desde enero del año pasado no sólo hablamos del número de
averiguaciones previas que se registran, sino del número de víctimas que va
aparejado a cada una de esas averiguaciones previas.
Octavo,
una coordinación entre autoridades. Aquí se han establecido reuniones de
trabajo permanentes para que los operativos conjuntos que anunciamos estén
funcionando y se hace no con el ánimo de exhibir a ninguna entidad, sino de
contribuir y coadyuvar a reestablecer las condiciones de seguridad en las
mismas.
Noveno,
regionalización. Es un componente que está estrechamente vinculado al anterior
y recordemos que al inicio de la administración del presidente Peña, el país se
divide en materia operativa en cinco grandes regiones y el gabinete de
seguridad asiste regularmente a esas regiones para charlar con los señores
gobernadores, revisar en dónde estamos teniendo avances, en dónde no los
estamos teniendo, para poder intercambiar experiencias que resulten exitosas.
Y
finalmente, el décimo componente de esta estrategia, de esta política pública
de seguridad y procuración de justicia, fue el fortalecimiento de la
inteligencia. Los resultados que se han tenido cuando hemos insistido que se
logran detenciones sin efectuar un solo disparo, nos ratifican que la inteligencia
es una tarea fundamental en la lucha contra la inseguridad.
El
presidente Peña anunció que contaremos con cinco centros de fusión de
inteligencia, los primeros tres de ellos se pondrán en funcionamiento en los
próximos días. Por su atención, señoras y señores senadores y diputados,
muchísimas gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, licenciado Monte
Alejandro Rubido.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para sus conclusiones tiene también el
uso de la palabra la maestra Mariana Benítez, hasta por cinco minutos.
La
subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio: Muchas gracias. Seré breve, porque el
comisionado ha sintetizado muy bien cuál es la gran estrategia en materia de
seguridad de procuración de justicia que ha definido el gobierno de la
república.
Simplemente
quisiera yo refrendar cuál es el proyecto de la Procuraduría General de la
República para los siguientes años, enmarcado, como ya he dicho, en un Programa
Nacional de Procuración de Justicia.
Un
programa que fue diseñado con mucha precisión a partir de un diagnóstico. Aquí
refería algún legislador que se tiene que contar con diagnóstico. Esos
diagnósticos se hicieron, en esos diagnósticos nos apoyaron instituciones
académicas, como el CIDE para adentrarse en la institución y poder tomar
decisiones correctas y establecer las medidas acertadas para poder fortalecer a
la institución.
Reitero,
nosotros estamos abocados no solamente a resolver las investigaciones de casos
tan relevantes, como el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya y los demás que
se han presentado, en donde, de verdad, hemos actuado con toda responsabilidad,
poniendo todos los elementos, todos los recursos, todo el personal más
capacitado que tenemos a nuestro alcance, sino que además pretendemos también,
como ya he dicho, trabajar para el largo plazo, no trabajar para el inmediato,
sino construir las bases de lo que les puede permitir a la futura Fiscalía
General ser una fiscalía autónoma plenamente, en donde ejerza plenamente el
papel de representante de la sociedad antes que nada. En donde ejerza con
eficacia su función, que es la de ejercer la acción penal en nombre de la
sociedad.
Yo
creo que se están construyendo esas bases, se está construyendo primero que
nada capacidad en nuestro personal. No es fácil. Créanme que no es fácil,
primero, identificar a los talentos, convencerlos de venir a trabajar con
nosotros en temas tan delicados. No es fácil generar las capacidades y mantener
una actualización constante en nuestro personal. Pero se está haciendo. Se está
haciendo.
Alguien
por aquí, la senadora Mariana del Campo, comentaba que, bueno, es muy
importante también generar estos incentivos, aumentos salariales y prestaciones
a los servidores públicos que trabajan en estas materias, quiero decirles que
el procurador general de la República, desde hace más de un año aumentó en un
porcentaje muy importante, en un 73 por ciento el salario de los agentes
investigadores. Lo cual habla de la importancia que le damos no solo a generar
capacidades sino también a generar los incentivos buenos, positivos para que
esta gente que trabaja en la procuración de justicia esté comprometida con los
temas.
Insisto,
estamos también enfocados en fortalecer las capacidades tecnológicas y
científicas de la procuraduría. Casos como los que hemos visto nos han exigido,
nos han demandado poner al servicio de estas investigaciones la ciencia, los
recursos más avanzados, los recursos tecnológicos más avanzados. En eso también
estamos abocados.
Estamos
también desarrollando un sistema de reorganización de procesos dentro de la
Procuraduría. Es necesario. Desde luego, hay muchos retos, son muchos los
rezagos que tenemos todavía, pero estoy convencida que estamos trabajando en el
camino correcto, en el camino del fortalecimiento institucional, en el camino
de la generación de capacidades.
Y
quisiera esto ligarlo también con lo que ha venido haciendo el presidente de la
República a través de las iniciativas que ha presentado. El presidente de la
República presentó y promovió la reforma constitucional para expedir una
legislación única en materia procedimental penal, lo cual tuvo como resultado
que tengamos un Código Nacional de Procedimientos Penales, que se ha convertido
en el principal detonador de la transición efectiva del sistema de justicia
penal acusatorio.
¿Por
qué? Porque a partir de este código se han generado esquemas homologados de
capacitación. Se han generado protocolos de actuación únicos para toda la
República, que van a aplicar investigadores, ministerios públicos peritos.
Porque
a partir de ahí también, y de la iniciativa que presentó para expedir una
legislación única en mecanismos alternativos, también ya es una realidad en
muchos estados de la República.
Esta
justicia que nos ayudará a despresurizar en un gran porcentaje la justicia
penal. En consecuencia, reitero lo dicho también por el comisionado, se está
trabajando una estrategia, hay una estrategia y hay una decisión clara de
sentar las bases para construir mejores instituciones de seguridad y de
procuración de justicia.
Muchas
gracias por la oportunidad de venir aquí a explicar lo que se está haciendo. A
dar respuesta a cuestionamientos razonables que ustedes tienen. Y bueno, estoy
a sus órdenes siempre. Gracias.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchísimas gracias, maestra Mariana
Benítez, por sus respuestas.
La
presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Hemos conocido cifras en esta reunión
de trabajo tanto del comisionado nacional de Seguridad como de la PGR, de la
subprocuradora, que en otros momentos podrían ser alentadoras, pero la
violencia e inseguridad que privan en todo el territorio nacional nos vuelven
más escépticos de lo que hace esta materia.
No
apostamos al fracaso de los encargados de combatir el crimen organizado, al
contrario, buscamos alternativas para abatirlo, sin embargo la sociedad
mexicana sigue siendo el tema de mayor preocupación, incluso por encima del
empleo.
La
realidad nos rebasa a todos, que quede claro que la justicia es una asignatura
pendiente en este gobierno. Digo esto porque saber de la detención de algunos
narcotraficantes, de todos los números que aquí se nos documentan, pero que el
narcotráfico y la delincuencia sigan creciendo y que no haya control, eso
también es una realidad.
No
se ha podido aclarar el caso de los 43 normalistas, las agresiones a
periodistas y activistas sociales, los feminicidios, las desapariciones
forzadas, y bueno un largo etcétera que evidencia una crisis de la violación
grave a los derechos humanos.
El
objetivo de estas reuniones es hacer patente la preocupación de la población
que día a día es víctima de la inseguridad. Nuestro deber es conocer qué se
está haciendo, cómo y con quién, conocer a detalle y con toda transparencia la
información que en cada una de las instituciones se esté trabajando.
A
los mexicanos nos urge recobrar la confianza en las autoridades de seguridad y
procuración de justicia, pero lamentablemente en los acontecimientos que nos
han estremecido como nación, hemos visto que estamos muy por debajo de las
expectativas de los mexicanos.
Tener
toda esta información ayudará a valorar no solamente las iniciativas que hemos
recibido del Ejecutivo federal que aquí se han comentado sobre la policía
única, sino también sobre el qué está pasando con el tránsito al sistema
acusatorio. ¿Será que hay mucha atención y mucha habilitación para poner en
marcha este sistema que nos está volviendo, no tan eficaces en la parte de la
atención puntual a los delitos que se van cometiendo en cada uno de los
rincones de este país? Y por qué no, si sabemos que ya desplegaron toda una
serie de elementos en diferentes puntos del estado de Guerrero para la búsqueda
de los normalistas. ¿Por qué entonces no agotar todas las vías de investigación?
Eso es algo que yo dejo en la mesa porque es una demanda latente entre quienes
hacen también investigación periodística y van documentando de algunas
versiones que tendríamos también que poner en la mesa para seguir aclarando y
manifestando el cómo estamos haciendo el trabajo ante la población.
Muchas
gracias ambos funcionarios por haber acudido, les rogaría si alguna pregunta
del algún grupo parlamentario quedó sin respuesta, la podamos hacer llegar por
escrito y seguir en comunicación sobre todo para lo que implica estas reformas
que tenemos en ciernes en el Congreso sobre la policía única, el mando único y
que ése es un análisis que tenemos que hacer a la brevedad. Muchas gracias a
todos.
Se
levanta la sesión (20:13 horas), agradecemos su asistencia. Siendo las veinte
horas con trece minutos del día 20 de enero de 2015 declaramos formalmente
cerrada esta reunión de trabajo y citamos a la Primera Comisión para su sesión
ordinaria el próximo martes a las 12 del día. Muy buenas noches a todos.
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