Revista Proceso No. 2001, 7 de marzo de 2015
Legisladores,
especialistas en derecho y al menos 20 mil firmantes de una petición formal
entregada al Senado repudian la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna de
la cual saldrá el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Coinciden
en que –además de su cuestionada trayectoria y su nexo con Televisa–, su
imposición por parte del Ejecutivo acabará de trastocar el ya de por sí frágil
equilibrio de poderes en el país. Para el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas,
la terna de Enrique Peña Nieto “tiene una clarísima dedicatoria y sería ingenuo
suponer que de resultar electo (Medina Mora) vaya a poder cortar el cordón
umbilical con el Ejecutivo”.
Embajador
desde 2009 en el Reino Unido y a partir de 2013 en Estados Unidos, Medina Mora
llevaba casi seis años fuera del país. El Artículo 95 establece una residencia
mínima de dos años en México previos a la elección como ministro.
Respecto
a la residencia, el también constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas se dice
convencido de que el espíritu del legislador se dirige a que quien asuma como
ministro viva, conozca y esté familiarizado con la situación del país, por lo
cual no se satisface la exigencia constitucional que pretende evitarse con la
Ley del Servicio Exterior que establece como domicilio el último ocupado
durante la estancia en el país.
Además,
en su paso por diferentes instituciones públicas, Medina Mora fue y es objeto
de severas críticas, recuerda Carrancá en entrevista. En alusión a las
organizaciones de la sociedad civil, los 20 mil firmantes, subraya las
numerosas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Procuraduría General
de la República (PGR), cuando Medina Mora fue titular de esas instancias.
Pero
el problema va más allá y tiene que ver con el mecanismo, que si bien está
establecido en la Constitución, afecta la división de poderes y la impartición
de justicia. Es decir, para el jurista, la Constitución otorga un poder
descomunal al presidente, quien no sólo puede enviar la terna sino que en caso
de que no se apruebe, puede mandar otra.
En
este caso, subraya, “la terna tiene una clarísima dedicatoria y sería ingenuo
suponer que de resultar electo (Medina Mora) vaya a poder cortar el cordón
umbilical con el Ejecutivo”.
Con
la sola mención de los documentados vínculos de Medina Mora con Televisa y
empresas del sector energético, el constitucionalista suelta una expresión:
“¡Es una barbaridad!”.
Asunto
de lealtades
Cuando
Peña Nieto envió la terna al Senado, el pasado 17 de febrero, los
cuestionamientos por la inclusión y casi segura elección de Eduardo Tomás
Medina Mora fueron inmediatos.
Junto
con él, Peña Nieto propuso a Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando
Hernández Orozco, dos magistrados federales de carrera en el Poder Judicial
Federal, aunque poco conocidos en el ámbito público. El nombre de Medina Mora
se posicionó como el favorito presidencial.
Hernández
Orozco descalificó que se propusiera a Medina Mora, pues a pregunta expresa
sobre los vínculos con la industria mediática, el magistrado respondió que
definitivamente no podía ser independiente; citó incluso los cuatro principios
éticos de un juzgador: imparcialidad, independencia, profesionalismo y
objetividad (Proceso 2000).
Medina
Mora tiene relación con Televisa y altos ejecutivos de esa empresa. Por
ejemplo, en Grupo Crea TV (Proceso 1525) era vicepresidente y apoderado, además
de accionista, junto con el escritor Héctor Aguilar Camín; también poseía
acciones del Consorcio Interamericano de Entretenimiento, de Alejandro Soberón
Kuri, y del Grupo TV Promo, de Carlos Quintero Íñiguez.
El
hermano de Carlos Quintero, Alejandro, hasta enero pasado fue vicepresidente de
comercialización de Televisa y según el diario The Wall Street Journal se ufanó
de haber “creado” a Enrique Peña Nieto desde ese consorcio televisivo. El
periódico lo identificó así en su edición del 1 de julio de 2012, un día antes
de la elección de Peña Nieto como presidente (Proceso 1999).
Pero
la independencia de Medina Mora está comprometida aún más, según diferentes
organizaciones que en días pasados recordaron casos polémicos en los cuales se
implicó a lo largo de su trayectoria.
El
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) –asociación civil defensora
de los derecho de las mujeres, la cual desempeñó un papel relevante durante la
aprobación de la despenalización del aborto– ha sido de las más activas.
En
mayo de 2007, siendo titular de la PGR, Medina Mora promovió una acción de
inconstitucionalidad a fin de que se invalidara la reforma penal del Distrito
Federal que desincorporaba del catálogo de delitos la interrupción del
embarazo. Los argumentos del entonces procurador eran idénticos a los de la
Iglesia católica.
La
SCJN desechó el recurso que, pese a todo, Medina Mora defendió al comparecer
ante el Senado el jueves 5.
La
coordinadora del GIRE, Regina Tamés, advierte: “Lo que está en juego es la
autonomía cuando el país está en un momento que requiere de una Corte
independiente y autónoma del Ejecutivo. Ese es un riesgo en el nombramiento de
él como ministro”.
A
juicio de Tamés, además de la dependencia con el titular del Ejecutivo, Medina
Mora responde a intereses de la jerarquía católica, y el debate del aborto es
un botón de muestra que refleja sus convicciones ideológicas y doctrinarias,
tanto como su ignorancia del derecho.
La
activista cree que hay una intromisión del Poder Ejecutivo. Le preocupa el
perfil conservador y plantea que la postulación debe retirarse.
“El
problema es que él tiene una postura ideológica que responde a la jerarquía de
la Iglesia católica, lo que se suma a la falta de autonomía del Ejecutivo. Es
el peor de todos los mundos.
“Me
preocupa que aún siga insistiendo –lo dijo en la audiencia ante el Senado– en
que la Constitución protege la vida desde la concepción. Las convenciones, el
derecho internacional de los derechos humanos y los alcances de la reforma
constitucional de 2011 le son ajenos. Lo mínimo para ser ministro es saber los
fundamentos jurídicos, no morales o ideológicos. Demuestra que es ignorante
frente al tema”, advierte Tamés, quien extiende su preocupación a los dos
puestos que se renovarán a finales de año y podrían hacer variar la correlación
de fuerzas en la SCJN.
Por
su parte, Raúl Carrancá considera que a la SCJN deben llegar las más brillantes
mentes jurídicas, y advierte:
“(Medina
Mora) Traza un perfil definitivamente negativo para llegar al máximo tribunal
de justicia de la República. Es claro, en este sentido, que no se trata de un
jurista de talla excepcional. Es abogado, pero sus actividades no son las de un
jurista de gran calidad.
“A
la Corte deben llegar personas del más alto nivel jurídico. Dicen que ha dado
clases. Que escribió un libro, pero a menos que fuera la Teoría pura del
derecho, de Kelsen, eso no quiere decir mucho. Abogado, sí; servidor público,
sí; pero con esos inconvenientes, no”, ataja el constitucionalista.
De
hecho, para Carrancá y Rivas ninguno de los prospectos que propuso Peña Nieto
cumple el perfil de jurista que debe llegar a la SCJN.
“No
los conozco. Se dice que son individuos de carrera judicial sólida; pero no
todo es la carrera… es también lo que han hecho en esos cargos y el peso de
jurista e impartidor de justicia. Por eso critico el mecanismo mediante el cual
se envió la terna”.
La
fama y la excusa
Durante
la comparecencia del jueves 5, las senadoras perredistas Dolores Padierna y
Angélica de la Peña insistieron en la mala reputación de Medina Mora.
En
entrevista, Padierna sostiene: “La buena reputación es un requisito, y es de
percepción social y colectiva. No se puede permitir que una persona tan
cuestionada y señalada se presente a la Suprema Corte, máximo tribunal,
faltando a uno de los requisitos principales, por el acuerdo del PRI y PAN con
mayoría”.
Además
de la inelegibilidad por mala reputación, que contraviene la fracción IV del
Artículo 95 constitucional, Padierna se refiere también al último párrafo del
precepto donde se establece que el nombramiento debe recaer en personas que
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
“Medina
Mora está vinculado a hechos vergonzosos que tienen al país enlutado y sumido
en una crisis de violencia y una crisis humanitaria que no debería tener perdón
ni olvido, mucho menos debe premiarse a uno de los artífices de esta situación
lamentable por la que pasa México”, dice en alusión a sus gestiones en la SSP y
la PGR.
La
perredista integró un voluminoso expediente para sustentar los contratos con
los cuales Medina Mora adquirió equipos como director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional que se utilizaron para espionaje político.
También
señala que la Auditoría Superior de la Federación reprobó el paso de Medina
Mora por la PGR al detectar que sólo 21% de los detenidos llegaba a ser
consignado. La cifra era incierta pues la misma instancia fiscalizadora
registró que en 2009, en la gestión de Medina Mora, ni siquiera se determinó el
número de consignados y sentenciados; no se evaluó la claridad de las
averiguaciones previas, no hubo evaluación del personal ni mucho menos se aplicaron
programas de supervisión y evaluación por las deficiencias de las
averiguaciones previas detectadas.
Además,
según la perredista, hay diferentes asuntos que se resolverán en el futuro
inmediato y están relacionados con el paso de Medina Mora por la PGR.
No
es todo. Ante la implementación de las reformas estructurales, como la de
telecomunicaciones y la energética, por las cuales se prevé una andanada de
amparos, le corresponderá votar en asuntos relacionados con sectores en los que
tiene intereses personales y de negocios.
“Sabemos
cómo votaría, lo maquillaría, pero el voto se tendría que inclinar por gravedad
derivada de compromisos, presiones, antecedentes. No se quedaría en la equidad
que debe conservar el fiel de la balanza”, dice Carrancá, quien insiste en el
trazo inadecuado para el cargo.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue integrando el expediente por
las violaciones a los derechos humanos en el operativo policiaco-militar en San
Salvador Atenco en 2006. Padierna recuerda que el Estado mexicano admitió
responsabilidad del entonces titular de la SSP, Eduardo Medina Mora, el 14 de
marzo de 2014.
“¿Cómo
puede (Peña Nieto) nombrar candidato a ministro a quien está señalando pública
e institucionalmente de haber cometido graves violaciones a los derechos
humanos?”, se pregunta Padierna.
La
contradicción se acentuó luego de que el pasado lunes 2, en Canadá, Peña Nieto
defendió la postulación de Medina Mora y de la ya ratificada nueva titular de
la PGR, quien también tiene vínculos con Televisa:
“(Gómez
y Medina Mora están) muy acreditados en el servicio público, con amplia
experiencia, con haber cumplido con tareas importantes y de relevancia en el
ámbito de procuración de justicia, en el ámbito del poder judicial.
“Y
me parece que a partir de esos merecimientos, de esa ponderación, es que me he
permitido a uno de ellos hacerlo parte de una terna que está a consideración
del Senado de la República para ocupar el espacio que está en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y, por el otro caso, para desempeñarse como
procuradora general de la República.”;
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