Este martes 24 de marzo el Senado de la República le hizo un reconocimiento a la activista mexicana Alejandra Ancheita Pagaza, defensora de derechos humanos, y quienes fundadora y directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). La labor de dicha institución no gubernamental se destaca por el acompañamiento y seguimiento que hace de conflictos relacionados con tierra, territorio y bienes naturales de comunidades frente a intereses empresariales. Ella realiza, entre otras actividades, la defensa de comunidades agrarias en Oaxaca frente a empresas de energía eólica; en Durango contra una minera canadiense y en Sinaloa brinda acompañamiento a trabajadoras y trabajadores migrantes temporales.
El reconocimiento fue aprobado por el pleno senatorial el 14 de diciembre del año pasado, semanas después de que la abogada Ancheita recibía en Ginebra el Premio Martín Ennals, considerado el máximo galardón en la materia y comparado por algunos como el Nobel de los Derechos Humanos.
El premio lo entrega anualmente la Fundación Martin Ennals con la finalidad de proporcionar reconocimiento y publicidad protectora a todos aquéllos que están actualmente implicados en el trabajo en primera línea en favor de la promoción y la protección de los derechos humanos.
Es otorgado por un jurado integrado por diez destacadas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Derechos Humanos Primero, Federación Internacional de Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura, Comisión Internacional de Juristas, Front Line Defenders, Servicio Internacional por los Derechos Humanos, Diakonie Deutschland y HURIDOCS.
La ceremonia se llevó en el marco de la sesión ordinaria del Senado de este martes 24 de marzo, donde la activista pudo alzar la voz para solicitar entre otras cosas, mayor atención para la protección de los defensores de derechos humanos, en especial, de las mujeres activistas que enfrentan severos riesgos; al tiempo consideró de “vital importancia que el Senado atienda cabalmente todas las problemáticas en materia de derechos humanos”.
Habló de muchos temas, entre ellos de tortura y desaparición forzada, “son los dos problemas más dolorosos y urgentes de atender, subrayó, pues de acuerdo a cifras oficiales, desde 2006 no se ha sancionado a nadie por casos de desaparición forzada.
Habló del caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el caso de Tlatlaya.
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Dirigió el siguiente mensaje en la alta tribuna.
Alejandra Ancheita Pagaza:
Buenas tardes a todas y a todos.
Principalmente quisiera empezar esta participación agradeciendo a todos los asistentes, Senadoras y Senadoras, de manera particular a la Senadora Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvo tan amable gesto de invitarme a participar con ustedes en este recinto. Mi nombre es Alejandra Ancheita, soy abogada y defensora de Derechos Humanos, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Organización No Gubernamental, de diez años de trabajo en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de comunidades indígenas, comunidades ejidales, comunidades de bienes comunales y de colectivos de trabajadores y trabajadoras que han visto afectado sus derechos humanos.
El día de hoy, quisiera iniciar dirigiéndome a todos y a todas ustedes para aprovechar la oportunidad de hablar sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivimos actualmente en México, la impunidad parece ser el común denominador.
Según el reporte del programa Nacional de Procuración de Justicia del 2013 al 2018, quedan en impunidad el 93 por ciento de los delitos cometidos en México.
Los casos de tortura y desaparición forzada son dos de los problemas más dolorosos y urgentes a atender en el país. Hasta abril del 2014, de acuerdo a la información oficial, nadie había sido condenado por algún caso de desaparición forzada cometidos después del 2006.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el caso de Tlatlaya, ilustran claramente que hay una necesidad apremiante de atender estas problemáticas.
En este sentido, es de vital importancia que el Senado atienda cabalmente todas las problemáticas en materia de derechos humanos, que tiene como obligación poner especial atención.
En su agenda, el Senado ha planteado tres temas que quisiera rescatar por su relevancia, por el trabajo que realizamos en la sociedad civil, pero principalmente en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
El primero es el tema de la migración; el segundo es la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas; y el tercero es la atención que el propio Senado ha puesto sobre las diversas reformas estructurales que se han impulsado en los últimos años.
Vemos que el tema de la migración, desde el Senado, sobre todo en el tema de los niños migrantes y la situación de los migrantes centroamericanos, ha sido de su interés.
Sin embargo, es importante también visibilizar la problemática de los trabajadores temporales, mexicanos y mexicanas que viajan cada año a Estados Unidos con las Visas H2A y H2B.
En este tema, ProDESC ha trabajado concretamente con el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero en el cual también quisiéramos trabajar con el Senado para atender la problemática específica que enfrentan los trabajadores y trabajadoras temporales, principalmente la problemática relacionada con los abusos, fraudes durante el reclutamiento y la violación a sus derechos humanos laborales.
La situación de los trabajadores que laboran en México también requiere principal atención, como muestra está el reciente caso de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, decenas de miles de jornaleros con condiciones deplorables en derechos humanos y derechos laborales se han organizado para exigir mejoras de trabajo.
Entre las exigencias de su pliego petitorio, podemos encontrar el alto al abuso sexual contra las mujeres, mujeres trabajadoras, jornaleras; que a las embarazadas se les respeten seis semanas antes y después del parto, no obligar a las madres a que lleven a sus hijos para que les ayuden con el trabajo; pago de 300 pesos por jornada laboral de ocho horas y no de 14 horas, contar con el derecho básico de la seguridad social, parar las represalias en contra de los trabajadores que se reúnan o participan en organizaciones para defender sus derechos.
Sabemos bien que en el Senado, como es muy evidente, comparten el interés por dar atención y solución a esta situación, y proponemos que como una primera acción envíen una misión de observación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para atender las solicitudes y las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de San Quintín.
En el tema de la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, reconocemos, sin duda, el interés por realizar un trabajo para mejorar el respeto y promover y proteger, así como garantizar, los derechos humanos a través del seguimiento que el propio Senado ha dado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Celebramos que el Senado está visibilizando el riesgo que corren los periodistas y comunicadores, así como el respeto de sus derechos civiles y políticos, principalmente el derecho a la libertad de expresión, pero también exhortamos a no perder de vista el riesgo que corren los defensores y defensoras de derechos humanos.
De manera particular, las mujeres defensoras de derechos humanos, corremos riesgos muy específicos que se tienen que atender de manera integral.
Cabe destacar que, según la documentación que ha realizado la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, sólo en el 2013 se documentaron 242 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos, de los cuales el 95 por ciento están, a la fecha, en impunidad.
En lo relativo a las reformas estructurales, observamos también con beneplácito el interés que tiene el Senado de dar atención efectiva a los efectos negativos del desarrollo, principalmente de proyectos energéticos que no toman en cuenta a las comunidades ni al entorno donde se pretenden implantar dichos proyectos.
Sin embargo, vemos con preocupación algunos intentos de regresar en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
Un ejemplo muy específico, es la iniciativa de la Ley General de Aguas, que desde la perspectiva de las organizaciones de la defensa de derechos humanos, carece de varios criterios fundamentales, en que los derechos humanos establecen como el acceso al agua y saneamiento, que es uno de los elementos fundamentales para una vida digna.
En este proceso, es importantísimo que se dé la participación de la sociedad civil, y como lo recomendó la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, se debe incluir un debate público, objetivo, plural e informado, que dé voz y espacio a todas las partes interesadas. En el mismo tenor, tras la aprobación de la reforma energética, es necesario poner sobre la mesa el tema de la consulta a los pueblos indígenas sobre megaproyectos.
ProDESC forma parte de la misión de observación con la Organización Proyecto Poder, Código DH y Brigadas de Paz Internacional, sobre la consulta que se está realizando actualmente en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, para dar cabida a la construcción del proyecto de la empresa Energía Eólica del Sur, en el municipio de Juchitán.
De acuerdo a los reportes que hemos publicado desde ProDESC, se han identificado graves violaciones a los principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, principalmente el carácter libre, previo e informado, culturalmente adecuado y de buena fe que debe de prevalecer en todas las consultas.
En particular, preocupa la serie de amenazas, intimidaciones y hostigamientos que han sufrido integrantes de la comunidad zapoteca, especialmente quienes pertenecen a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, quienes han hecho pública su posición crítica ante la manera en cómo se va desarrollando el proceso de consulta, impulsado por el gobierno federal y el gobierno del estado de Oaxaca.
Hoy, más que nunca, se hace urgente la actuación efectiva, integral y bajo la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
El Senado tiene la oportunidad histórica de trabajar por el bien común en el país. Esto lo podrá hacer sí, y sólo sí, se compromete a la escucha y al trabajo en conjunto, no sólo con la sociedad civil, también con los colectivos de trabajadores y trabajadoras y las comunidades indígenas, ejidales y de bienes comunales, que son quienes detentan el desarrollo real y cotidiano de los derechos humanos en este país.
Muchísimas gracias a todos.
(aplausos)
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