Informe preliminar de la CIDH en el caso Ayotzinapa, denuncia el ocultamiento y

El Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" el 26 de septiembre del 2014, presentó un informe preliminar del caso en el que denuncia el ocultamiento y desaparición de evidencias.

Se desaparecieron y ocultaron evidencias en caso Ayotzinapa, dicen los expertos internacionales.

Lamentaron que el gobierno mexicano siga negando que los militares sean interrogados de forma directa; entregarán su informe el próximo 6 de septiembre.

Solicitaron a la CNDH emitir una recomendación que atienda a las familias de las víctimas de desaparición y obtengan todos los beneficios.

Piden seis meses más..para seguir investigando…y seguramente se los darán ya que el acuerdo dice  que los seis meses serán prorrogables.

Claudia Paz, durante una conferencia de prensa, dijo que el informe final de su trabajo será presentado el próximo 6 de septiembre, pero anunció que ya solicitaron a las autoridades mexicanas que se amplíe el tiempo de trabajo seis meses más.
Detalló que durante la investigación se encontraron 19 prendas de vestir de los estudiantes sin rasgos de sangre, pero la PGR nunca reportó esta información a las familias de los jóvenes desaparecidos. Paz refirió que se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho grave desde el punto de vista de la investigación.

Paz precisó que del 29 al 30 de julio se tomaron muestras de laboratorio a la ropa localizada en dos autobuses en los que se transportaban los normalistas la noche del 26 de septiembre en Iguala.

 Actualmente, los especialistas preparan a los padres de los normalistas para la identificación de esas prendas.

Francisco Cox Vial, abogado chileno, informó que el gobierno mexicano ha impedido que este grupo se entreviste con el personal militar del 27 Batallón del Ejército, a pesar de que se les propuso la realización de una entrevista por escrito y sin la presencia de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual rechazaron.

Por otro lado, el equipo de expertos de la CIDH solicitó una necropsia al cuerpo de Julio César Mondragón, quien fue desollado, luego de determinar que la primera autopsia no incluyó todas las lesiones, debido a que se omite la dinámica de lesiones y tampoco se evalúan heridas.

Explicaron que de acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento, personal del Palacio de Justicia de Guerrero confirmó al grupo de expertos que se captó un video del secuestro de entre 10 a 16 normalistas, sin embargo, el Poder Judicial de la entidad niega la existencia de esa evidencia.

Adelantaron que otros videos pudieron haber sido destruidos y son clave pues evidencian lo ocurrido el día en el que desaparecieron los 43 estudiantes, uno de estos videos es de la cámara ubicada en el Palacio de Justicia del municipio.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas de la CIDH fueron elegidos  para elaborar una investigación de lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre.

Las acciones del grupo abarcan la elaboración de planes de búsqueda en vida de los desaparecidos; el análisis de líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas.

El Grupo  fue designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado -en noviembre de 2014- con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.

Actuará "con autonomía e independencia" y su trabajo tendrá en cuenta "los estándares internacionales en los diferentes aspectos del mandato".

Su mandato inicial será de seis meses prorrogables y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.
El Estado mexicano está financiando las actividades del grupo. De entrada depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto..
El Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH

Lo componen  Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.

Carlos Martín Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinador del informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador con las  Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos. Tiene experiencia en atención a víctimas y sobrevivientes de violencia, comunidades y organizaciones de derechos humanos, y en peritajes para la evaluación psicosocial e investigaciones sobre la reparación.

Angela Buitrago, colombiana, es abogada y Doctora en Derecho y Sociología, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; cuenta con una Maestría en Derecho Penal; y es Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.

Francisco Cox Vial, abogado chileno, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es Profesor de Derechos Constitutional de la Universidad Diego Portales; y Profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Litiga casos penales y constitucionales, ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Palamara, Atala e hijas, Melinka, entre otros).  Trabajó igualmente en apoyo de la extradición del General Pinochet a España, fue asesor principal del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.

Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General de su país, nombrada en 2010. Es experta en derecho penal, fue jueza durante 18 años, y recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala.  Durante su periodo como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido varios premios de derechos humanos y actualmente vive en Estados Unidos, donde es Profesora Residente.

Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trabajado con Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington. 

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Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR: se nombra a grupos de expertos

Viernes 16.01.15|México, D. F. | Comunicado conjunto SEGOB-SRE-PGR

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de noviembre de 2014.

En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.

Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por las siguientes personas:

• Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional

• Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos

• Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas

• Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud

• Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario

A la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.

El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.

Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.

El Estado mexicano continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr implementar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014. Esta colaboración complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dan origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos.

 '@SRE_mx, 16 de Enero de 2015 18:33