Revista Proceso
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2040, 5 de diciembre de 2015..
La
verdad de Iguala, tapada con un manto verde olivo/GLORIA
LETICIA DÍAZ
Hace
un par de meses Proceso ya había mencionado la inocultable participación
militar en los hechos trágicos de Iguala, el 26 y 27 de septiembre del año
pasado, cuando 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Ahora, este
semanario pudo consultar los mismos documentos que dieron pie a aquellas
revelaciones, pero esta vez, sin censura, sin los nombres tachados… Son las
declaraciones ministeriales de 36 oficiales y soldados del 27 Batallón de
Infantería, que dan nombres, apellidos y rangos de quienes presenciaron lo
ocurrido, y que evidencian contradicciones y lagunas que el mismo personal
castrense ha tratado de ocultar.
Las
declaraciones originales, sin tachar, obtenidas por este semanario abundan en
contradicciones y en falta de pericia de los agentes ministeriales de la
Federación al interrogar al personal castrense; esto justifica la insistencia
del GIEI en aplicar cuestionarios directos al menos a 27 militares.
Las
declaraciones de los 36 militares fueron tomadas en Iguala los días 3 y 4 de
diciembre del año pasado, 67 y 68 días después de ocurridos los hechos y están
incluidas en los tomos 19 y 20 de la averiguación previa
PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014.
En
su calidad de comandante del 27 Batallón de Infantería, el coronel José
Rodríguez Pérez –relevado en julio pasado– da cuenta de su mando sobre 600
personas, pero a partir de las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014 sólo
habría comisionado a menos de 40 efectivos del Servicio de Fuerza de Reacción
para dar seguimiento a los ataques armados a los normalistas.
Rodríguez
Pérez envió a personal del Servicio de Fuerza de Reacción. Al teniente Roberto
Vázquez Hernández le asignó 20 soldados y una camioneta blindada y al capitán
segundo de Infantería José Martínez Crespo “un oficial y doce de tropa”.
El
primero acudió al Hospital General a tomar datos de los primeros tres heridos
de arma de fuego, y a la carretera a Santa Teresa, donde fueron atacados integrantes
del equipo de futbol Avispones, que viajaban en un camión, y tripulantes de dos
taxis. En el sitio hubo tres fallecimientos.
A
Martínez Crespo se le asignaron patrullajes frente al Palacio de Justicia, al
Hospital Cristina y a la calle Juan N. Álvarez (Proceso 2027).
Los
ausentes
Rodríguez
Pérez se enteró de los movimientos de los normalistas a las 19:30 horas por los
informes que le proporcionó personal militar asignado al C-4, el sargento
segundo de infantería, Felipe González Cano; el cabo de Infantería Alejandro
Soberanes Antonio; soldado de Infantería David Aldegundo González Cabrera; el
soldado de Infantería José Manuel Rebolledo de Loya, y el cabo de Infantería
Ezequiel Carrera Rifas, todos pertenecientes a los Órganos de Búsqueda de Información.
Ninguno de esos militares fue interrogado por los agentes ministeriales.
Otros
militares que tampoco han sido interrogados y habrían participado en los
operativos de septiembre son los soldados de Infantería, Iván Hernández Rubio y
Guillermo Cortés Barrera, así como el soldado de sanidad Juan Javier Cruz
Muñoz, quienes –según el comandante– habrían acudido a un curso en Acapulco
cuando los agentes ministeriales acudieron a Iguala.
Tampoco
se tomó el testimonio de Santiago Muñoz Pilo, quien “causó baja del 27 Batallón
y de Infantería y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea con fecha 01
de diciembre de 2014”.
En
su declaración, el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería sostuvo
que a las 10:00 horas del 27 de septiembre de 2014 “personal que se encuentra
en el C-4” le informó sobre el hallazgo de un cuerpo en la calle Industria
Textil, de la colonia Ciudad Industrial, por lo que envió al teniente de
Infantería Jorge Ortiz Canales “a verificar la información”.
El
teniente confirmó “que se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino
(…) desollado”. Eran los restos del normalista Julio César Mondragón. Según
Rodríguez Pérez su subalterno y la tropa reguardaron el cuerpo hasta que llegó
personal del Ministerio Público y del Servicio Médico Forense.
La
hora del hallazgo del cuerpo del normalista es una de las contradicciones
inquietantes.
De
acuerdo con el testimonio de Rodolfo Antonio López Aranda, soldado de
Infantería comisionado en el área de transportes del 27 Batallón, el cuerpo se
localizó cuatro horas antes, tras recibirse una llamada de emergencia.
López
Aranda, quien la noche del 26 de septiembre y hasta las 03:00 horas del 27 fue
chofer del teniente Vázquez Hernández en sus recorridos, testifica que tres
horas después fue requerido para conducir el vehículo del teniente Ortiz
Canales y para que “patrullara” las calles de Iguala a fin de verificar una
denuncia sobre la localización de un cuerpo sin vida en las inmediaciones de
las instalaciones de Pemex.
López
Aranda describe: “Se encontraba sobre el piso un cuerpo sin vida de una persona
de sexo masculino, el cual se encontraba en una posición viendo hacia arriba
(sic); me percaté que al cadáver le habían arrancado la piel del rostro, la
lengua se la habían cortado y no tenía ojos; observo que uno de los ojos se
encontraba a un lado”.
Tras
describir la vestimenta de Julio César, el soldado conductor sostiene que
“recibimos la instrucción de peinar la zona para verificar si había indicios”,
mientras Ortiz Canales dio aviso a las autoridades.
López
Aranda sostiene que llegaron al lugar efectivos de la Policía Estatal y del
Servicio Médico Forense y que a las 10:00 horas los militares abandonaron el
lugar al que habían dado protección perimetral.
La
declaración de López Aranda coincide con el Informe Ayotzinapa, presentado el 6
de septiembre por el GIEI, el cual señala que a las 09:55 horas del 27 de
septiembre, personal de la entonces Procuraduría General del Estado llevó a
cabo la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver de Mondragón
“con visibles muestras de tortura”.
El
GIEI incluyó en las acotaciones una descripción de la diligencia que concuerda
con lo visto por López Aranda: “Asimismo del lado poniente se observa un globo
ocular de un ojo ubicado a treinta y cinco centímetros del cadáver”.
De
las declaraciones del entonces comandante del 27 Batallón, como de otros
oficiales, se omite el nombre del capitán primero Eliseo Beltrán Noriega,
plenamente identificado por personal de tropa como un oficial que tuvo
participación los días 26 y 27 de septiembre.
El
teniente Vázquez Hernández incurre incluso en encubrimiento. Al ser cuestionado
por el agente del Ministerio Público Federal, Luis Armando García Sánchez,
sobre la responsabilidad que tuvo Beltrán Noriega, su superior inmediato, en el
operativo militar, respondió: “No tuvo participación, pues no se encontraba en
el Batallón, sin saber si se encontraba de vacaciones o comisionado en otra
plaza”.
El
sargento primero de Infantería Carlos Díaz Espinoza, responsable de entradas y
salidas del personal, registró a las 00:10 horas del 27 de septiembre la salida
de Beltrán Noriega, “con un oficial más, cuatro de tropa y un vehículo
orgánico, o sea un vehículo Cheyenne, quien salió con el fin de recabar
información en las instalaciones de la Policía Federal, en Iguala”.
El
soldado conductor Uri Yashiel Reyes Lazos, quien en otro vehículo acompañó el
patrullaje de Vázquez Hernández al Hospital General y después al capitán
Martínez Crespo, ubica a Beltrán Noriega alrededor de las 23:00 horas en el
área de la Fuerza de Reacción, como el mando que “empieza a organizar y dar
órdenes para salir con rumbo a la carretera a Chilpancingo, porque había un
autobús estacionado y destrozado”.
El
testimonio de Beltrán Noriega es otro de los faltantes en el expediente.
Vigilancia
distante
De
la declaración del entonces comandante Rodríguez Pérez llama la atención la
omisión del trabajo de inteligencia realizado por el soldado Eduardo Mota
Esquivel, “operador del Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos”, quien
tampoco aparece en los registros de entradas y salidas del sargento Díaz
Espinoza.
Por
el testimonio de Mota Esquivel y el de su superior, el teniente de Infantería
Joel Gálvez Santos, se reconoce la presencia militar cuando policías
municipales atacaron a los estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de
Oro 1531 y los detuvieron.
De
acuerdo con la declaración ministerial, el soldado llegó a las 22:30 horas en
su motocicleta particular a la zona de conflicto, frente al Palacio de
Justicia, donde observó que el autobús estaba “rodeado de elementos de la
policía municipal de Iguala quienes iban en cinco camionetas tipo pick up (…)
quienes trataban de bajar a las personas que venían en el autobús, pero como
las personas que venían a bordo estaban muy agresivas no podían bajarlos”.
Guardando
distancia de los hechos, según se lo recomendó su superior vía celular, Mota
atestiguó que los jóvenes arrojaban piedras a los policías desde dentro del
autobús, y que en apoyo arribaron más policías en tres camionetas oficiales
más, quienes “llegaron más agresivos ya que les aventaron dos granadas
lacrimógenas por las ventanillas del autobús. Después de eso empezaron a
bajarse personas jóvenes”.
Una
vez fuera del vehículo, vio que los policías esposaban a los normalistas “con
las manos hacia atrás y en forma agresiva los tendían en el piso boca abajo,
siendo esto un número aproximado de 10 estudiantes, y como recibí la
instrucción de que no me arriesgara mucho, opté por retirarme del lugar”.
Todo
lo anterior fue comunicado a Gálvez Santos, a quien Mota le entregó también
“como cuatro o cinco fotografías” tomadas con su teléfono celular.
Una
vez en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, Mota fue comisionado
para acompañar al capitán Martínez Crespo en sus recorridos por la ciudad. Fue
testigo de la irrupción de los militares en el hospital Cristina, a donde llegó
uno de los estudiantes heridos en el ataque de la calle Juan N. Álvarez, Édgar
Andrés Vargas, acompañado de una veintena de sus compañeros y un profesor.
En
su testimonio, Mota dice que tomó “tres fotos” del estudiante herido y se las
entregó a su superior.
Del
material gráfico sólo se conocen imágenes tomadas en la sala de espera del
hospital, incluidas en la declaración de Rodríguez Pérez y divulgadas por la
Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del diario Milenio, en su
edición del pasado 25 de febrero.
El
trabajo de vigilancia de Mota fue encomendado por Gálvez Santos una vez que
supo, por el sargento González Cano, que entre las 21:30 y las 22:00 horas
“personal de la Policía Municipal de Iguala y normalistas tenían
confrontamiento; los normalistas les estaban tirando piedras a los policías”.
Gálvez
asegura en su declaración haber recibido nueve llamadas del C-4 con información
sobre los acontecimientos violentos, entre las 19:30 del 26 de septiembre y
“entre las 10:00 y 12:00 horas” del día siguiente, datos que replicó en todo
momento al comandante del 27 Batallón y al “cuartel general de la 35 Zona
Militar”, que en ese momento comandaba el general Alejandro Saavedra Hernández.
El
Gabinete Nacional de Seguridad designó a Saavedra coordinador de la nueva
estrategia de seguridad en Guerrero, tras la toma de posesión del gobernador
Héctor Astudillo Flores.
Algunos
agentes ministeriales preguntaron al personal militar si habían recibido
órdenes de no ayudar a los estudiantes. La mayoría respondió que no recibió
ninguna indicación, y otros, como el soldado Roberto de los Santos Eduviges,
respondió. “No tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento,
si hubiera tenido el conocimiento les hubiera brindado el apoyo, bajo las
órdenes de mi comandante del Batallón”.
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