Penales de Chihuahua: corrupción y opacidad/Patricia Mayorga.

Revista Proceso # 2063, 14 de mayo de 2016..

Penales de Chihuahua: corrupción y opacidad/Patricia Mayorga.

El penal federal de Ciudad Juárez es –a decir de la CIDH y diversas ONG– reflejo fiel de la situación que impera en todas las cárceles del país: medidas de seguridad inadecuadas, corrupción generalizada, opacidad e incluso prostitución alentada desde la dirección penitenciaria. Así, resulta inexplicable que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya decidido enviar al Chapo Guzmán a esa prisión.

CHIHUAHUA, Chih.- El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, al cual llegó Joaquín El Chapo Guzmán Loera la semana pasada, ha sido utilizado para prostituir mujeres, como se demostró el año pasado durante el juicio a cinco hombres acusados de homicidio y trata de personas en perjuicio de 11 jóvenes desaparecidas entre 2010 y 2013.

La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, señala que las jueces del Tribunal Oral que sentenciaron a los cinco acusados a 697 años de prisión en aquel juicio, también ordenaron investigar a las autoridades penitenciarias y de los tres niveles de gobierno que participaron en la trata de jóvenes que ingresaban al penal con fines de prostitución.

Marrufo enfatiza que la investigación sigue pendiente y no se ha demostrado que haya cambiado la situación en el Cefereso 9 ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, el penal estatal.

 Entre otros problemas a los que se enfrenta la prisión, los custodios se han manifestado con frecuencia contra sus precarias condiciones laborales y cuestionan las certificaciones de los penales ubicados en el estado que impulsó como fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Eduardo Guerrero Durán, actual comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social.

 Además, durante la audiencia temática del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la opacidad del manejo gubernamental de las prisiones.

 El principal argumento de las autoridades para negar que haya violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como cobro de cuotas y hasta trata de personas en los penales del estado, es que no se han presentado denuncias. Sin embargo, los reclusos, hombres y mujeres, viven un infierno que no pueden dar a conocer directamente por temor a que los maten o las autoridades acosen a sus familias.

 “Aquí te dicen: ‘si quieres vivir bien, te va a costar’”, indica una fuente en una carta que entregó a la reportera durante una visita realizada al Cereso 1, en Aquiles Serdán (municipio conurbado con la capital de Chihuahua). Es necesario pagar 300 pesos para pasar a comer con un interno o interna en un día y horario distintos a los autorizados, sin ser familiar (requisito indispensable para visitar a un reo, según el reglamento).

 No se pueden introducir en la prisión papel ni pluma, celulares ni bolsos. Fue a través de una carta como algunas internas expusieron la situación.

 En el Cereso funciona una tiendita, que en el tiempo de aquella visita dirigía la coordinadora Rosario Quiñónez Martínez, quien fue cambiada de penal después de la visita del Papa Francisco a la ciudad, en febrero pasado.

 En ese establecimiento un sándwich cuesta 40 pesos, un café pequeño 20, un platillo 100, el desayuno 60 y las quesadillas 40. Si alguien lleva alimentos de fuera, debe pagar 300 pesos, que la autoridad penitenciaria cobra a través de los internos para no dejar evidencia.

 La comida del penal nunca ha sido buena, aseguran las mujeres consultadas, “pero eran raciones moderadas. Cuando se le ocurrió a la señora comandante y coordinadora del Cereso la idea de poner un restaurante… la comida que nos dan es pésima, a diario son frijoles, pero viejos, de desecho de animales, quebrados. También nos dan mucha soya, un caldo tan desagradable de pescado que está incomible, panes duros, tortillas frías… para que no quede de otra que comprarle en su restaurante y así terminar endrogados”.

 Además, en la actual administración comenzó el traslado constante de los presos de un penal a otro, con el argumento de que así no crearán arraigo, como sucedió con Guzmán Loera. Pero si la familia quiere evitar el traslado, tiene que entregar alrededor de 20 mil pesos a la autoridad.

 También hay diversas categorías de “alojamiento”. Sacar a una interna de la celda de castigo cuesta entre 2 mil y 3 mil pesos. Y el ingreso al área de sujetos vulnerables, donde hay cierta calma, se tasa en 7 mil pesos, pero hay que pagar 2 mil pesos mensuales.

 Si una interna no quiere permanecer en los módulos, donde todos los días hay sexo lésbico explícito y corren drogas, puede pagar 3 mil pesos para evitarlo. Por tener televisión de 14 pulgadas se da una cuota de 500 pesos, por una de 21 pulgadas son 800.

 También hay una tarifa para el cuidado personal. Por un tinte de cabello se pagan 150 pesos, por cada cosmético 30 y por llevar una plancha para el cabello son 300. “Ella (Quiñónez) le pone precio a todo lo que entra”.

 De eso hay más muestras: una cerveza cuesta 60 pesos y un six sale a 350, y si se pide preparada con clamato hay que soltar 100 por cada una.

 Las visitas íntimas fuera de matrimonio valen mil 800 pesos. “Se llaman visitas íntimas del nuevo sistema porque son con personas que no son el esposo y son ilegales”.

 Eso es lo de menos. “Si quieres, y por sugerencia de la coordinadora, para que agarres más dinero te puedes prostituir en el reclusorio varonil. Hay horarios, los más comunes son de seis de la tarde a seis de la mañana, también de dos a cinco de la tarde.

 “La señora dice: ‘Vayan, mis hijas, traigan dinero. Quítenle a aquellos para que vengan y me lo dejen aquí’. La mayoría de chicas y señoras pasan a varonil a visita íntima del nuevo sistema, o sea a prostituirse, por 300, 500, 700 o hasta mil, según cómo esté económicamente el galán”, comenta una interna. Otras afirman que han sabido de embarazos y abortos en esa prisión.

 Además, las mujeres pagan 200 pesos por salir a prostituirse. A decir de una de las internas, la coordinadora las alienta: “Les dice que taloneen, ‘así sacan para pagarme y sacan para sus antojitos’. Y sí van de 20 a 30 internas cada fin de semana a ‘trabajar’. Es triste cómo van a prostituirse para poder drogarse y alcoholizarse”.

 Las internas y los internos que desean trabajar, deben consumir droga para que el dinero vuelva al negocio de los jefes.

 Custodios vulnerables

 Desde el año pasado los custodios de cuatro centros penitenciarios estatales se han manifestado para evidenciar sus malas condiciones de trabajo.

 El diputado panista por Juárez, Rogelio Loya Luna, advirtió el jueves 12 en tribuna del problema de seguridad que puede de­sencadenar esa inconformidad.

 Por eso exhortó al gobernador César Duarte Jáquez para que atienda sus quejas: carecen de uniformes y los obligan a firmar que los recibieron sin que se los entreguen; reciben salarios y prestaciones que no son proporcionales a los riesgos y condiciones del servicio; existe un sistemático hostigamiento de los jefes de seguridad y custodia; son sujetos de cambio a diversos Ceresos sin proporcionarles viáticos y ni tomar en cuenta su opinión.

 Loya Luna indicó que hay un déficit de custodios, ya que actualmente hay uno por cada módulo de 250 reos, y manifestó su preocupación de que esas condiciones no existan también en el Cefereso 9, donde está El Chapo Guzmán. “De ser así, podríamos ser de nueva cuenta noticia internacional”.

 Su principal demanda es que desde 2011 se les descuentan hasta 2 mil pesos mensuales porque el gobierno de Duarte reformó la Ley de Pensiones, que obliga a todos los trabajadores del sector público a “ahorrar” 12% de su sueldo. En el caso de los custodios, ese porcentaje implica de 500 a 600 pesos por quincena.

 Ese descuento no incluye el seguro médico. Dicho servicio lo presta el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), que también usan de manera gratuita los afiliados del Seguro Social. A los custodios, como a agentes estatales y empleados de gobierno, y sobre todo a los que no son sindicalizados, les descuentan entre 100 y 200 pesos más. Además, se les aplica otro descuento mensual por el Centro de Esparcimiento Familiar para policías, que no utilizan.

 Como los líderes de los inconformes han recibido amenazas, el abogado Jacobo Pérez, explica: “Les dicen que las pensiones hasta 2011 eran cuentas individuales y ahora van a un fondo revolvente, pero ellos no saben dónde está el dinero y cómo se lo van a regresar. En el caso de las afores, son inversiones bancarias y entregan estados de cuenta cada mes, pero en este caso, aunque sea más seguro, ellos no lo sienten así: hay mucha incertidumbre porque no tienen nada”.

 Además, se quejan de que en el Ichisal hay escasez de medicamentos, por lo que deben comprarlos ellos mismos y sólo les cubren 50% de la atención a familiares.

 El director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles, Álvaro Rodríguez Lerma, les recordó a los inconformes que el fondo de pensiones es para su jubilación. Y en cuanto al reclamo de que han pedido préstamos y no se los otorgaron, aclara que están sujetos a la disponibilidad del presupuesto.

 En una de las manifestaciones de custodios en Ciudad Juárez, días después de la visita del Papa Francisco, el exfiscal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Jorge Bissuet Galarza, se comprometió a atender oportunamente las demandas y se firmó un oficio para dejar de comisionarlos en otros penales.

 La semana pasada Lorenzo Flores Galván sustituyó oficialmente a Bissuet Galarza.

 La CIDH pide transparencia

 El mes pasado, durante el 157 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, se realizó, a petición de diversas organizaciones civiles, la audiencia temática “Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México”. Versó acerca de los modelos de privatización y el modelo de acreditación “con los que –según la solicitud de audiencia de los activistas– el gobierno federal pretende afrontar la ausencia de una prisión con ley en el país”.

 Participaron en el acto el Instituto de Justicia Procesal Penal, A. C.; una representante de Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur; Documenta, A. C. y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (Universidad Iberoamericana Puebla), quienes abordaron la problemática en la implantación del sistema penal acusatorio.

 En representación del gobierno federal asistió Eduardo Guerrero Durán, quien dirigió el capítulo México de la American Correctional Association (ACA) y como funcionario de Duarte Jáquez se encargó de impulsar las acreditaciones de los penales.

 Para las organizaciones, la inversión privada y la acreditación de ACA, lejos de resolver la crisis en prisiones mexicanas, pueden agravarla. Con testimonios y cifras mostraron que no hay reinserción social y que a los internos se les cobra por todo, que existen irregularidades como el retraso de beneficios preliberacionales y advertencias para que dejen de presentar amparos por las medidas de las autoridades de la prisión.

 María Sirvent, representante de Documenta, señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó varias solicitudes de acceso a la información entre 2013 y 2015 para obtener copias de los contratos de obra en penales, pero la Secretaría de Gobernación los reservó por considerar que comprometen la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

 Galilea Cariño Cepeda, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, señaló que desde 2011 el modelo promovido con fondos de la Iniciativa Mérida a cargo de la ACA ha acreditado 12 centros estatales, cinco federales, tres para adolescentes y la Academia Nacional de Administración Penitenciaria.

 “En agosto de 2014 se anunció que la ACA empezaría a trabajar con una sede en México –expuso Cariño Cepeda–. La ciudad de Chihuahua fue elegida para conformar la ACA Capítulo México y el presidente nombrado fue Eduardo Guerrero Durán, exfiscal de Ejecución de Penas del estado de Chihuahua y actual comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

 “A la fecha, Eduardo Guerrero Durán todavía aparece en el sitio de la ACA como miembro de su comité, por lo que resulta preocupante su posición, por un lado como funcionario y por el otro como miembro del comité de esta empresa.”

 Ese modelo, advirtió Cariño Cepeda, no ha resuelto los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario porque persisten la violación de derechos humanos, los servicios deficientes de salud, alimentación, custodia y prevención de la violencia, los autogobiernos y la corrupción, debido a que sus estándares no son adecuados para una certificación penitenciaria con perspectiva de derechos humanos.

 Guerrero Durán respondió que renunció a la empresa en septiembre de 2015. Además, informó que se ha iniciado un proceso de actualización normativa que concluirá este año y señaló que las cárceles no se están privatizando:

 “Bajo ninguna circunstancia significó ni significa en la actualidad la privatización del sistema penitenciario, toda vez que la organización y administración de las prisiones en México es una responsabilidad indelegable de los poderes ejecutivos federal y de los estados.”

 En cuanto a la acreditación de la ACA, dijo que es una de las plataformas hacia una “verdadera” política penitenciaria nacional, porque busca estandarizar los procesos de evaluación de las prisiones.

 El funcionario aseguró que las certificaciones no le cuestan nada al erario porque se pagan con recursos de la Iniciativa Mérida para apoyar a México en el manejo más eficiente del sistema penitenciario desde 2011.

 La secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, cuestionó a Guerrero Durán: “Si escuché bien, el Estado reconoce que enfrenta desafíos y la pregunta es si está tomando medidas actualmente para enfrentar esta cuestión; de ser así, bajo qué plan, con qué pasos y con qué presupuesto”. El funcionario reconoció que aún persiste el reto de garantizar el acceso a la salud de internos e internas.

 A su vez, James L. Cavallaro, presidente de la CIDH, conminó al funcionario a informar sobre la inversión del Estado en cada persona privada de libertad y evidenció la falta de transparencia: “Nadie exige saber dónde están todas las salidas de los centros, pero saber cuánto se está gastando en la construcción y cuánto se gasta por mes es básico para fiscalizar y saber lo que está pasando”.

 En dicha audiencia, Cavallaro señaló la opacidad en la administración de las prisiones, ya que el gobierno no respondió a la comisión cuánto le cuesta un reo al país, ni a quiénes se concesionan los servicios y administración de los centros penitenciarios.

 Refirió que el año pasado se solicitó dos veces al gobierno mexicano que le diera a conocer la lista de los 132 estándares de la ACA, pero la comisión no obtuvo respuesta. Finalmente, pidió que se les dé acceso a los penales a las organizaciones civiles enfocadas en el tema y a las comisiones de derechos humanos. l