Reconocen
senadores y expertos dificultades para la implementación de la reforma en
justicia penal
Simposium
“Reforma a la justicia penal: cuando los transitorios nos alcancen”, a
convocatoria del Instituto Belisario Dominguez, con la participación de los
senadores Angélica de la Peña Gómez, Luis Humberto Fernández Fuentes, Félix
Benjamín Hernández.
Boletín,
12 Mayo 2016
Las
facultades siguen educando conforme al sistema anterior, advirtió la senadora
Angélica de la Peña, al tiempo que propuso una capacitación permanente.
El
reto es que la reforma no se convierta en agente de injusticia y un equilibrio
entre derechos humanos y operatividad, dijo el senador Luis Humberto Fernández.
Durante
la inauguración del simposium “Reforma a la justicia penal: cuando los
transitorios nos alcancen”, advirtió que la de justicia penal es una de las
reformas estructurales más profundas y, por este carácter, necesariamente tiene
que enfrentar una gran cantidad de obstaculizadores.
Sostuvo
que los problemas tienen qué ver con la forma en “cómo vemos un sistema que
tenemos que sepultar y rápidamente entrar a un nuevo sistema que nos está
costando mucho trabajo, no sólo a México. Ese es un problema que se está
viviendo en todos los países donde se ha implementado el nuevo sistema de
justicia penal”.
Expuso
las experiencias de naciones como Chile y Colombia, donde varios años después
de la entrada en vigor del nuevo sistema siguen enfrentando una gran cantidad
de dificultades. Además, reconoció que cambiar las inercias para entrar a
dinámicas distintas es muy complicado.
Las
facultades de derecho, indicó la senadora, siguen educando a los estudiantes
conforme al sistema anterior; consideró necesario hacer el esfuerzo para
capacitar permanentemente, para evaluar dónde están las dificultades en
policías, fiscales, ministerios públicos, a fin de lograr cambios en el Poder
Judicial.
Implica
“deconstruir” hacia dentro de las instituciones para armonizar lo que señala la
Constitución Política para transitar hacia un nuevo sistema. Adelantó que el
Centro de la Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC) ha realizado un
diagnóstico de la Federación y los estados con respecto a esta reforma.
El
secretario de la Mesa Directiva, senador Luis Humberto Fernández Fuentes,
consideró que la reforma no trae la certeza de que el nuevo sistema dé los
resultados que esperamos o de que vaya a haber más justicia.
“Cómo
abordamos un problema para evitar precisamente que las instituciones se
conviertan en algo contrario a lo que fueron creadas”, preguntó. Advirtió que
cuando las instituciones dejan de cumplir su objetivo funcionan para lo
contrario: una institución que busca justicia y no lo hace, se vuelve agente de
la injusticia.
El
tema de fondo es cómo hacemos que esta reforma no se convierta en un agente de
la injusticia y cómo logramos un equilibrio entre los derechos humanos ya
ganados contra una operatividad de un Estado.
A
nombre del presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, el senador
Fernández Fuentes hizo la declaratoria de inauguración del simposium.
Ante
representantes de la sociedad civil, abogados y universitarios, la directora de
Justicia del CIDAC, María Novoa, dijo que durante los últimos tres años han
dado seguimiento y realizado una evaluación sistemática al proceso de
implementación y a la operación del sistema penal acusatorio.
“En
estos tres años hemos dado alertas de que no se están creando las condiciones mínimas
y las capacidades que se requieren a nivel de nuestras instituciones para ir
teniendo ya resultados”, advirtió.
Es
un proceso joven, que necesita estabilizarse, desarrollarse y madurar, no es un
proceso fácil, indicó. Sin embargo, María Novoa insistió en la necesidad de una
transformación radical y profunda de todas las instituciones y de la sociedad,
pues la reforma plantea un nuevo concepto del servicio de justicia.
En
conferencia magistral, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell, destacó que la
reforma de 2008 es amplia y omnicomprensiva: “Se trata de la reforma más
profunda y ambiciosa de la justicia penal de los últimos cien años”.
Dijo
que los primeros que no han cumplido con la reforma han sido los senadores:
“Vamos a llegar al 18 de junio sin tener el edificio normativo construido. Y es
lo más fácil. Perdónenme, pero aprobar leyes en este país es lo más fácil. Lo
más difícil es ejecutarlas, es llevarlas a la práctica”.
Carbonell
Sánchez afirmó que se cumplirá el plazo sin la Ley Nacional de Ejecución de
Sanciones, sin la reforma a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, sin el
Código Único en materia de Justicia para Adolescentes. “La parte estrictamente
normativa nos la quedaron a deber legisladores y legisladores de este Senado de
la República. Violaron la Constitución, nos fallaron a la ciudadanía”.
El
director de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD),
Alejandro Encinas Nájera, dijo que la reforma representa un cambio de paradigma
en la impartición de la justicia criminal en México.
A
37 días de que comience su operación formal en todo el país, añadió, esta
reforma establece el tránsito de un modelo inquisitivo mixto a uno de carácter
acusatorio, en cuyo núcleo se encuentra la protección de los derechos humanos.
En
la inauguración del simposium también estuvo presente el senador del Grupo
Parlamentario del PRD, Félix Benjamín Hernández Ruiz.
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