Se realiza en San Lázaro, el foro “La tortura, práctica recurrente en México”
Fue convocado por la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, diputada Rocío Nahla García.
Dijo que el tema de los derechos humanos es prioritario, es base y esencia de cada ciudadano, sobre todo ahora que “vivimos sometidos a una guerra y tenemos más de seis años con una violencia que ha escalado niveles inimaginables”.
A nivel mundial, dijo, “México tiene el primer lugar en violencia, mientras hay guerra en Medio Oriente, lo que nos dice que la situación no es nada halagadora; eso va de la mano, con la violación constante de los derechos humanos y la descomposición social”.
Nahle García precisó que se trabaja todos los días para reivindicar y buscar el bienestar de los mexicanos, con empleo digno, libertad y soberanía nacional que enorgullezca; este foro ayuda a tener mayor información para legislar en esta materia.
De ese mismo grupo parlamentario, Juan Romero Tenorio expresó que, a pesar de que hay un marco internacional que ha avanzado en la prevención y contención de esta práctica desdeñable de violación de derechos humanos y que en el sistema jurídico nacional se cuenta con una Ley Federal contra la Tortura, aún existen prácticas recurrentes.
Organizaciones de la sociedad civil y la visitaduría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado cuenta de violaciones a los derechos humanos; urge reflexionar, analizar, revisar y proponer nuevos esquemas para atender este problema de la práctica recurrente de la tortura en México.
Aún está pendiente combatirlo y hacerlo visible; no es perceptible porque están involucradas autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, lo que genera una cadena de impunidad que marca todo proceso penal si no se llega a una verdad con elementos objetivos y aplicando la justicia en cualquier asunto.
Romero Tenorio subrayó que prevalecen puntos por regular en la Ley General de la Tortura, aprobada por el Senado de la República y actualmente se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados. Se pronunció por la urgencia de dictaminar en los próximos días y en favor de que se dé una discusión abierta para subsanar las omisiones que haya.
Su compañera de bancada, Araceli Damián González, refirió que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un “delito que lleva más de dos años sin esclarecerse” y hay un proceso en el cual varios de los implicados argumentan una cuestión de tortura.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, refirió que en octubre del año pasado se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, con la cual se acordó establecer los parámetros con los que deberá actuar el Ministerio Público de la Federación para atender la investigación de este delito.
Destacó que mucho de lo encontrado son estrategias de defensa vinculadas con el crimen organizado, sobre todo porque se ha podido concentrar de manera estadística, los principales estados donde se da la denuncia del delito de tortura: Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, fundamentalmente, una correlación entre elementos de delincuencia organizada y el tema de tortura.
Con este diseño se ha tenido la posibilidad de tener esquemas de prevención e identificación plena de lo que está vinculado con la probable comisión del delito de tortura y lo que no, pero que ha sido considerado dentro del catálogo de un delio federal; por ejemplo, abusos de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
El funcionario subrayó que es un esquema de defensa en el que no se puede criminalizar a quien defienda a una persona, independientemente de la comisión del delito que se le haya acreditado. La “tortura es un tema que debe correr de manera paralela e independiente con el delito imputado a la persona que se encuentra sujeto a proceso”.
El director general del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Alfredo López Martínez, calificó como desdeñable la práctica de este delito y afirmó que la tortura no debe ser aceptada ni regulada; erradicarla, advirtió, es uno de los grandes desafíos que enfrenta la defensa de los derechos humanos.
Puntualizó que en México existen alrededor de 5 mil lugares que albergan personas privadas de la libertad, tales como cárceles, separos de seguridad pública, instituciones psiquiátricas, centros de entrenamiento para adolescentes, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público, fiscalías, entre otros.
En nueve años del Mecanismo Nacional, se acudió a todos los estados del país y se llevaron a cabo 4 mil 546 visitas tanto iniciales como de seguimiento, con un total de 126 informes. Hay que conocer no sólo la parte reactiva de los casos de tortura que ya fueron perpetrados y dijo que Naciones Unidas, en un momento dado, viola la necesidad de ir más allá de una situación reactiva pues se avocó a establecer un instrumento preventivo.
José Mosqueda, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que México tiene un bloque de constitucionalidad que “nos lleva a tener en cuenta que de acuerdo con el artículo primero de la Carta Magna, es un gran ordenamiento y es protector de los derechos humanos”.
Planteó redundar en más leyes secundarias, circulares e instrumentos internos para los operadores jurídicos y que estén en armonía con todos los marcos internacionales, a fin de tener un marco jurídico de mayor protección; sin embargo, dijo, se está obligado “desde ahora a seguirlo más allá de las leyes que vienen en camino”.
A partir del caso Acteal, expuso, se dan los lineamientos que obligan a las juzgadoras y juzgadores a atender violaciones a derechos humanos como la tortura. Afirmó que México tiene un sistema sistemático en este delito, pues las infracciones ocurren de manera concomitante con las detenciones arbitrarias y eso “nos coloca en un grado muy lejano de un Estado democrático y de derecho”.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), aseguró que este problema no se acota de manera jurídica, pues “ya son cinco años de reformas constitucionales y no se puede delimitar”.
La corrupción y el tráfico de influencias son los principales problemas de la seguridad y la justicia, y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial “perpetúan y legitiman la tortura, ya que en Ayotzinapa se atormentó para que los que sabían la verdad se callaran y replicaran una verdad a modo”.
Se manifestó a favor de una iniciativa contra la tortura que ponga a la persona por encima de todo, que logre tipificarla como un ilícito contra la humanidad en el Código Penal Federal y, con ello, tener todas las sanciones que establece el modelo internacional, pues son delitos que se investigan de oficio, no tienen la amnistía, asilo e inmunidad y, por lo tanto, deberán tener graves penalidades.
Andrés Díaz Fernández, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, sostuvo que diversos “estados cometen tortura y desapariciones” y subrayó que la primera se ha vuelto en un método de investigación. “Aunque en nuestro marco normativo es de prohibición absoluta, pareciera que las actitudes de los juzgadores o de quienes persiguen los delitos como el Ministerio Público, la regulan”, apuntó.
Afirmó que “es un crimen de Estado la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, pero no podemos seguir manteniendo un esquema donde se pueda torturar abiertamente, no se tome con seriedad la prohibición absoluta de la tortura y no haya ningún mecanismo de prevención en general”.
Recalcó que la tortura no es una argucia legal, es un delito, es una violación a los derechos humanos y es una práctica que se sigue presentando en este país.
El defensor de Derechos Humanos, Alfonso García Castillo, señaló que en la mayoría de los estados existen quejas por tortura, por lo que se podría decir que es una “práctica generalizada”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que entre 2006 y 2014 hubo cerca de 11 mil quejas.
Resaltó que “vivimos en un país donde la tortura ha sido normalizada y parece que no nos sorprende que haya miles de quejas y muchísimas recomendaciones”. Se pronunció por que se tenga un sistema de justicia confiable y garantice los derechos humanos tanto de las personas imputadas como de las víctimas de los delitos. Consideró que la nueva ley debe contemplar, por una parte, a quienes están acusados de cometer tortura, pero también los impactos de la gente que alega haber sido torturada.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director ejecutivo de Idheas, señaló que no se requieren modificaciones normativas, porque ya se tiene un cúmulo de avances, como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. “Si se atendieran, darían los elementos necesarios para avanzar en la investigación adecuada de la tortura. El problema ha sido la falta de voluntad para investigar estos hechos y algunos vicios en la investigación de los temas de tortura”, explicó.
Consideró que un Estado democrático de derecho no puede fundamentar, bajo ninguna circunstancia, pruebas obtenidas en confesiones bajo tortura. Tampoco, “bajo ninguna circunstancia, puede favorecer a los derechos de las víctimas un proceso plagado de irregularidades o de violaciones a derechos humanos”. Enfatizó que la mejor manera de garantizar estas garantías de las víctimas, es la certeza del debido proceso en cualquier investigación.
Alejandro Lugo, víctima de tortura en la Ciudad de México, aseguró que del 1 de diciembre de 2012 al 1 diciembre de 2015 se detuvo a 500 personas en el contexto de protestas y manifestaciones sociales en la capital, de las cuales 400 declararon haber sido víctimas de tortura.
De ese total, 200 son procesados por detenciones arbitrarias, sin fundamento y con acusaciones fabricadas. Existen 34 documentos de acompañamiento; de ellos, siete han terminado en una recomendación de derechos humanos, la cual tardó entre uno y tres años, y solo tres contienen casos de tortura. “Las comisiones de derechos humanos, en muchas ocasiones, promueven y son tolerantes a la tortura”, añadió.
El abogado y asesor del grupo parlamentario de Morena, Luis Álvaro López Trinidad, precisó que el plazo para emitir una ley contra este delito, ya venció el pasado 10 de enero de 2016, “por lo que el Congreso se encuentra ante una gran omisión legislativa”.
Edith Escareño, de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que en los peritajes médico-psicológicos para casos de posible tortura, los exámenes se deben practicar con plena garantía y seguridad para las personas examinadas. Subrayó que la ausencia de lesiones físicas en el momento de la documentación, no significa que no haya habido tortura, y planteó que las personas examinadas desde el punto de vista clínico deben tener derecho a impugnar jurídicamente el resultado del dictamen.
Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, estimó necesaria una ley que deje en claro el tema de la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, pues de no hacerlo sería contraproducente y “muy poco servirá tipificar bien a la tortura y ordenar investigaciones si, por el otro lado, estamos enviando el mensaje de que se puede usar la tortura para generar pruebas o tener sentencias condenatorias”.
Lucía Chávez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C, resaltó que de acuerdo con la PGR y desde 2006 al 2014, se presentaron más de 4 mil denuncias de tortura y solo hay 15 sentencias. “Hay impunidad, lo que quiere decir que se incentiva o se comete muy seguido; no se investiga y menos del 1 por ciento de las personas torturadas son las que acceden a la justicia. Celebramos que el Legislativo haga una ley que abone a erradicarla y prevenirla” ”.
Fuente: Comunicado
Fue convocado por la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, diputada Rocío Nahla García.
Dijo que el tema de los derechos humanos es prioritario, es base y esencia de cada ciudadano, sobre todo ahora que “vivimos sometidos a una guerra y tenemos más de seis años con una violencia que ha escalado niveles inimaginables”.
A nivel mundial, dijo, “México tiene el primer lugar en violencia, mientras hay guerra en Medio Oriente, lo que nos dice que la situación no es nada halagadora; eso va de la mano, con la violación constante de los derechos humanos y la descomposición social”.
Nahle García precisó que se trabaja todos los días para reivindicar y buscar el bienestar de los mexicanos, con empleo digno, libertad y soberanía nacional que enorgullezca; este foro ayuda a tener mayor información para legislar en esta materia.
De ese mismo grupo parlamentario, Juan Romero Tenorio expresó que, a pesar de que hay un marco internacional que ha avanzado en la prevención y contención de esta práctica desdeñable de violación de derechos humanos y que en el sistema jurídico nacional se cuenta con una Ley Federal contra la Tortura, aún existen prácticas recurrentes.
Organizaciones de la sociedad civil y la visitaduría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado cuenta de violaciones a los derechos humanos; urge reflexionar, analizar, revisar y proponer nuevos esquemas para atender este problema de la práctica recurrente de la tortura en México.
Aún está pendiente combatirlo y hacerlo visible; no es perceptible porque están involucradas autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, lo que genera una cadena de impunidad que marca todo proceso penal si no se llega a una verdad con elementos objetivos y aplicando la justicia en cualquier asunto.
Romero Tenorio subrayó que prevalecen puntos por regular en la Ley General de la Tortura, aprobada por el Senado de la República y actualmente se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados. Se pronunció por la urgencia de dictaminar en los próximos días y en favor de que se dé una discusión abierta para subsanar las omisiones que haya.
Su compañera de bancada, Araceli Damián González, refirió que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un “delito que lleva más de dos años sin esclarecerse” y hay un proceso en el cual varios de los implicados argumentan una cuestión de tortura.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, refirió que en octubre del año pasado se creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, con la cual se acordó establecer los parámetros con los que deberá actuar el Ministerio Público de la Federación para atender la investigación de este delito.
Destacó que mucho de lo encontrado son estrategias de defensa vinculadas con el crimen organizado, sobre todo porque se ha podido concentrar de manera estadística, los principales estados donde se da la denuncia del delito de tortura: Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, fundamentalmente, una correlación entre elementos de delincuencia organizada y el tema de tortura.
Con este diseño se ha tenido la posibilidad de tener esquemas de prevención e identificación plena de lo que está vinculado con la probable comisión del delito de tortura y lo que no, pero que ha sido considerado dentro del catálogo de un delio federal; por ejemplo, abusos de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
El funcionario subrayó que es un esquema de defensa en el que no se puede criminalizar a quien defienda a una persona, independientemente de la comisión del delito que se le haya acreditado. La “tortura es un tema que debe correr de manera paralela e independiente con el delito imputado a la persona que se encuentra sujeto a proceso”.
El director general del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Alfredo López Martínez, calificó como desdeñable la práctica de este delito y afirmó que la tortura no debe ser aceptada ni regulada; erradicarla, advirtió, es uno de los grandes desafíos que enfrenta la defensa de los derechos humanos.
Puntualizó que en México existen alrededor de 5 mil lugares que albergan personas privadas de la libertad, tales como cárceles, separos de seguridad pública, instituciones psiquiátricas, centros de entrenamiento para adolescentes, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público, fiscalías, entre otros.
En nueve años del Mecanismo Nacional, se acudió a todos los estados del país y se llevaron a cabo 4 mil 546 visitas tanto iniciales como de seguimiento, con un total de 126 informes. Hay que conocer no sólo la parte reactiva de los casos de tortura que ya fueron perpetrados y dijo que Naciones Unidas, en un momento dado, viola la necesidad de ir más allá de una situación reactiva pues se avocó a establecer un instrumento preventivo.
José Mosqueda, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que México tiene un bloque de constitucionalidad que “nos lleva a tener en cuenta que de acuerdo con el artículo primero de la Carta Magna, es un gran ordenamiento y es protector de los derechos humanos”.
Planteó redundar en más leyes secundarias, circulares e instrumentos internos para los operadores jurídicos y que estén en armonía con todos los marcos internacionales, a fin de tener un marco jurídico de mayor protección; sin embargo, dijo, se está obligado “desde ahora a seguirlo más allá de las leyes que vienen en camino”.
A partir del caso Acteal, expuso, se dan los lineamientos que obligan a las juzgadoras y juzgadores a atender violaciones a derechos humanos como la tortura. Afirmó que México tiene un sistema sistemático en este delito, pues las infracciones ocurren de manera concomitante con las detenciones arbitrarias y eso “nos coloca en un grado muy lejano de un Estado democrático y de derecho”.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), aseguró que este problema no se acota de manera jurídica, pues “ya son cinco años de reformas constitucionales y no se puede delimitar”.
La corrupción y el tráfico de influencias son los principales problemas de la seguridad y la justicia, y los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial “perpetúan y legitiman la tortura, ya que en Ayotzinapa se atormentó para que los que sabían la verdad se callaran y replicaran una verdad a modo”.
Se manifestó a favor de una iniciativa contra la tortura que ponga a la persona por encima de todo, que logre tipificarla como un ilícito contra la humanidad en el Código Penal Federal y, con ello, tener todas las sanciones que establece el modelo internacional, pues son delitos que se investigan de oficio, no tienen la amnistía, asilo e inmunidad y, por lo tanto, deberán tener graves penalidades.
Andrés Díaz Fernández, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, sostuvo que diversos “estados cometen tortura y desapariciones” y subrayó que la primera se ha vuelto en un método de investigación. “Aunque en nuestro marco normativo es de prohibición absoluta, pareciera que las actitudes de los juzgadores o de quienes persiguen los delitos como el Ministerio Público, la regulan”, apuntó.
Afirmó que “es un crimen de Estado la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, pero no podemos seguir manteniendo un esquema donde se pueda torturar abiertamente, no se tome con seriedad la prohibición absoluta de la tortura y no haya ningún mecanismo de prevención en general”.
Recalcó que la tortura no es una argucia legal, es un delito, es una violación a los derechos humanos y es una práctica que se sigue presentando en este país.
El defensor de Derechos Humanos, Alfonso García Castillo, señaló que en la mayoría de los estados existen quejas por tortura, por lo que se podría decir que es una “práctica generalizada”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que entre 2006 y 2014 hubo cerca de 11 mil quejas.
Resaltó que “vivimos en un país donde la tortura ha sido normalizada y parece que no nos sorprende que haya miles de quejas y muchísimas recomendaciones”. Se pronunció por que se tenga un sistema de justicia confiable y garantice los derechos humanos tanto de las personas imputadas como de las víctimas de los delitos. Consideró que la nueva ley debe contemplar, por una parte, a quienes están acusados de cometer tortura, pero también los impactos de la gente que alega haber sido torturada.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director ejecutivo de Idheas, señaló que no se requieren modificaciones normativas, porque ya se tiene un cúmulo de avances, como la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. “Si se atendieran, darían los elementos necesarios para avanzar en la investigación adecuada de la tortura. El problema ha sido la falta de voluntad para investigar estos hechos y algunos vicios en la investigación de los temas de tortura”, explicó.
Consideró que un Estado democrático de derecho no puede fundamentar, bajo ninguna circunstancia, pruebas obtenidas en confesiones bajo tortura. Tampoco, “bajo ninguna circunstancia, puede favorecer a los derechos de las víctimas un proceso plagado de irregularidades o de violaciones a derechos humanos”. Enfatizó que la mejor manera de garantizar estas garantías de las víctimas, es la certeza del debido proceso en cualquier investigación.
Alejandro Lugo, víctima de tortura en la Ciudad de México, aseguró que del 1 de diciembre de 2012 al 1 diciembre de 2015 se detuvo a 500 personas en el contexto de protestas y manifestaciones sociales en la capital, de las cuales 400 declararon haber sido víctimas de tortura.
De ese total, 200 son procesados por detenciones arbitrarias, sin fundamento y con acusaciones fabricadas. Existen 34 documentos de acompañamiento; de ellos, siete han terminado en una recomendación de derechos humanos, la cual tardó entre uno y tres años, y solo tres contienen casos de tortura. “Las comisiones de derechos humanos, en muchas ocasiones, promueven y son tolerantes a la tortura”, añadió.
El abogado y asesor del grupo parlamentario de Morena, Luis Álvaro López Trinidad, precisó que el plazo para emitir una ley contra este delito, ya venció el pasado 10 de enero de 2016, “por lo que el Congreso se encuentra ante una gran omisión legislativa”.
Edith Escareño, de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que en los peritajes médico-psicológicos para casos de posible tortura, los exámenes se deben practicar con plena garantía y seguridad para las personas examinadas. Subrayó que la ausencia de lesiones físicas en el momento de la documentación, no significa que no haya habido tortura, y planteó que las personas examinadas desde el punto de vista clínico deben tener derecho a impugnar jurídicamente el resultado del dictamen.
Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, estimó necesaria una ley que deje en claro el tema de la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura, pues de no hacerlo sería contraproducente y “muy poco servirá tipificar bien a la tortura y ordenar investigaciones si, por el otro lado, estamos enviando el mensaje de que se puede usar la tortura para generar pruebas o tener sentencias condenatorias”.
Lucía Chávez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C, resaltó que de acuerdo con la PGR y desde 2006 al 2014, se presentaron más de 4 mil denuncias de tortura y solo hay 15 sentencias. “Hay impunidad, lo que quiere decir que se incentiva o se comete muy seguido; no se investiga y menos del 1 por ciento de las personas torturadas son las que acceden a la justicia. Celebramos que el Legislativo haga una ley que abone a erradicarla y prevenirla” ”.
Fuente: Comunicado
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