RAÚL MONGE
Revista Proceso # 2123, 9 de julio de 2017
El jueves 6, poco después del mediodía, la dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de la oficina del procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, dio entrada a dos denuncias penales contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y otros servidores públicos.
En ambas se acusa al funcionario federal por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones y acciones contra la administración de justicia.
El promovente de las querellas es el abogado Carlos Mauricio Salazar Douglas, quien se desempeñó como responsable de la Coordinación General de Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) bajo el mando de Diódoro Siller Argüello, del 1 de marzo al 28 de noviembre de 2014; es decir, fue subordinado de Navarrete.
Siller Argüello dejó la Junta Federal envuelto en el escándalo, luego de que en enero de 2015 dos empleados lo acusaron ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública de incurrir en ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos contra la administración de la justicia y desvío de recursos humanos y financieros en colusión con otros directivos.
Salazar Douglas arguye que fue invitado a trabajar a la dependencia por el propio Navarrete Prida, quien incluso le prometió hacerlo presidente de la JFCA. Sin embargo, argumenta, como no se sometió a los “caprichos” del titular de la STPS, fue suspendido de manera dolosa y le abrieron los procedimientos administrativos PAD/34/2015 y PAD/37/2015.
Refiere que las autoridades simularon diligencias, fabricaron pruebas y boicotearon su defensa, de manera que los dos procedimientos radicados en la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la JFCA en diciembre de 2015 y enero de 2016 concluyeron con una inhabilitación para ejercer cargos o encomiendas públicas por un periodo de 25 años en conjunto.
Inconforme con el fallo, el afectado promovió un amparo indirecto para echar abajo la sanción y el 10 de marzo último el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, dejó sin efecto la inhabilitación y ordenó a las autoridades competentes restituir los procedimientos en todas sus etapas.
Sin embargo, meses antes de que Salazar Douglas solventara favorablemente los dos procesos administrativos, Navarrete Prida ejerció otra acción legal contra su excolaborador en el terreno penal.
En su carácter de titular de la STPS, Navarrete adjuntó a su demanda copia de su nombramiento suscrito por el presidente Enrique Peña Nieto el 18 de junio de 2015, e incluyó a Salazar Douglas y a quien o quienes resulten responsables por el presunto delito de tentativa de extorsión.
Ataques y contraataques
En sus alegatos, Navarrete Prida admite el derecho del acusado a utilizar todos los medios legales para salvaguardar su reputación y el respeto a sus garantías individuales, pero aclara que Salazar Douglas se apartó de ese camino al emprender acciones “a todas luces ilegales, inmorales e incluso con pretensiones económicas oscuras”.
Navarrete Prida se refiere concretamente a varias notas periodísticas sobre sus frecuentes viajes al extranjero en aviones privados y hasta cuestiones personales como su divorcio, de cuya autoría inculpa a la parte demandada.
Manifiesta también que, por medio del director general de Inspección Federal del Trabajo de la JFCA, Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, se enteró que Salazar Douglas pretendía extorsionarlo con 3 millones de pesos por haberlo despedido. Según él, Salazar Douglas le confió a su colaborador y testigo que de no recibir el dinero seguiría filtrando información a los medios para dañar su imagen.
Con base en estos hechos, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a cargo de Jorge Nader Kuri, abrió inicialmente el expediente número AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/60A/2015.
El 30 de octubre de 2015 Figueroa Velázquez rindió su declaración testimonial ante el agente del Ministerio Público Federal Arturo Bayardo Rosas. El testigo de cargo relató que entre el 8 y el 12 de diciembre de 2014 –nunca precisó el día– se encontró a Salazar Douglas en el Sport City ubicado en el centro Comercial Santa Fe y que este último le pidió que intercediera con Navarrete Prida porque quería platicar con él.
En su testimonial, Figueroa Velázquez expuso que, como se negó a mediar, Salazar Douglas le dijo que tenía información confidencial sobre su jefe que podría causarle daño si se difundía.
El 25 de mayo de 2015 David Páramo publicó en la sección Dinero del periódico Excélsior información sobre los viajes de Navarrete al extranjero. Dos días después, dijo Figueroa, tuvo un segundo encuentro en el restaurante Puerto Madero, en Polanco, con Salazar Douglas, quien le confesó que fue él quien filtró la información a Páramo y le pidió decirle a Navarrete que si no le daba 3 millones de pesos daría a conocer los datos a los medios de comunicación.
De acuerdo con el mismo testimonio, cuando salió del restaurante Figueroa se comunicó con Navarrete y lo puso al tanto del encuentro. El titular de la STPS le adelantó que iba a formular la denuncia. Y así lo hizo el 18 de junio y la ratificó casi un mes después, el 16 de julio.
El expediente incluye las declaraciones de Adriana Llaca Sánchez y Marco Antonio Gama Guerra. Llaca se desempeñó como secretaria general de Conciliación y Asuntos Individuales de la JFCA hasta enero de 2015, cuando fue suspendida por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Los argumentos de Salazar
En un escrito del pasado 13 de junio dirigido al procurador Raúl Cervantes, Salazar Douglas desbarata punto por punto los dichos de Navarrete Prida y de su testigo principal, el director general de Inspección Federal del Trabajo de la JFCA.
Asimismo, acusa a Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, y a Jorge Nader Kuri, director general de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control de Procesos de la PGR, de violentar sus garantías fundamentales al fabricar delitos, manipular actuaciones y constancias e impedir su legítima defensa en los dos años que lleva el caso.
Refiere que con “hechos y testigos falsos”, y sin haber agotado la investigación, los funcionarios de la PGR pasaron de investigarlo de tentativa de extorsión a uso de recursos de procedencia ilícita y que ahora pretenden fincarle el delito de fraude fiscal.
En su escrito, Salazar sostiene que nunca se reunió con Figueroa Velázquez en el Sport City de Santa Fe “entre el 8 y el 12 de diciembre de 2014”, pues dejó de ser miembro del club en agosto de ese año.
Con respecto al segundo encuentro –el del 27 de marzo de 2015 en el restaurante Puerto Madero de Polanco– tampoco se realizó porque, dice el abogado, ese día estaba fuera del país, como lo acreditó ante la autoridad ministerial.
También expone en su escrito que Figueroa Velázquez funge como “gestor oficioso” de Navarrete Prida, pues se reúne cotidianamente con Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, responsable de la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la oficina del titular de la PGR.
Salazar Douglas insiste en la extraña aparición de dos testigos de cargo más en la indagatoria iniciada en su contra: Marco Antonio Gama Guerra y Adriana Llaca Sánchez.
Asimismo, informa al titular de la PGR que promovió diversos amparos para lograr que Díaz Cervantes exhibiera copia certificada de todas las constancias que obran en el expediente. Al revisarlas, dice, observó que una de ellas, su declaración ministerial, fechada el 12 de septiembre de 2016, fue alterada.
El jueves 6 Salazar también interpuso dos denuncias penales contra Navarrete Prida y los funcionarios de la PGR Crisógono de Jesús Díaz Cervantes y Jorge Nader Kuri por los presuntos delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones y contra la administración de justicia.
El reportero buscó vía telefónica al abogado Armando Martínez, uno de los tres representantes legales designados por Navarrete Prida, para conocer su punto de vista en torno a las querellas promovidas por Salazar Douglas. No logró contactarlo debido a que los dos celulares de Martínez estaban saturados de mensajes.
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