–¿Pero Malova sí está?
De momento no tenemos nada contra el ex gobernador Malova.#
Contra Malova “no tenemos nada”: admite gobierno de Ordaz Coppel
Riodoce, 10 julio, 2017
Nota de Miriam Ramírez
El ex gobernador no se encuentra entre los nueve ex funcionarios investigados
Contra Mario López Valdez, ex gobernador de Sinaloa, no hay procedimientos administrativos, ni posibles denuncias penales por el uso irregular de 2 mil 164 millones de pesos, admitió la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la cual esta mañana dio una rueda de prensa para revelar que investiga a nueve ex servidores públicos.
A pesar de que las autoridades se negaron a proporcionar nombres de los ex funcionarios contra quienes se abrieron procedimientos de responsabilidades administrativas, sí fueron enfáticos al señalar que el nombre del ex gobernador mochiteco no se encuentra entre los probables responsables por el daño al erario.
Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, respondió a una pregunta directa de la prensa que el ex mandatario no estaba en la lista de nueve ex servidores públicos a quienes se han llamado a rendir cuentas.
–¿En estos tres expedientes que dice cuántas personas involucradas hay?.
Los procedimientos administrativos que se iniciaron implica al menos hasta ahora hemos llamado a procedimiento a nueve ex servidores públicos.
–¿Malova está entre ellos?
No podemos dar información.
–¿Pero esos nueve son de cuestión penal o administrativa?
La cuestión administrativa, la parte penal se va a analizar en conjunto por la parte jurídica de Gobierno del Estado para en su caso formule las denuncias o querellas respectivas, como lo informó la secretaria.
–¿Pero Malova sí está?
De momento no tenemos nada contra el ex gobernador Malova.
En rueda de prensa, Guadalupe Yan Rubio, titular de Transparencia y Rendición de Cuentas dio lectura a un informe de resultados, luego de seis meses de haber revisado las condiciones en las que se recibió la administración pública.
Entre las irregularidades se detectó el faltante de 667 millones de pesos en las cuentas bancarias del gobierno de Sinaloa y una deuda de mil 934 millones de pesos por cuotas de trabajadores que no se entregaron al Instituto de Pensiones, ni al ISSSTESIN. Además de facturas apócrifas y contratos de obra pública en terrenos que no eran propiedad de gobierno, entre otros.
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La versión estenográfica de la conferencia..., concedida por la Secretaría de Trasparencia, Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario, Rogelio Avila..
Culiacán, Sinaloa, julio 10 del 2017.
Guadalupe Yan Rubio: Representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por atender esta convocatoria. El objetivo es ofrecerles un informe sobre rendición de cuentas y para ello les pido que me permitan dar lectura a un documento.
Durante su campaña electoral, en la toma de protesta como gobernador y en los meses que han transcurrido de su gestión, el señor licenciado Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado ha reiterado el compromiso de encabezar una administración eficaz, honesta y transparente en el ejercicio de los recursos públicos.
A tono con ese compromiso y en el marco de sus atribuciones y competencias, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a mi cargo ha trabajado intensamente a lo largo de estos seis meses en una revisión a fondo de los saldos presentados en cuenta pública al 31 de diciembre de 2016, así como en la compulsa de gasto federalizado y no federalizado.
Conviene aclarar que los resultados presentados en este informe no cubren lo correspondiente al sector educativo y salud, que se darán a conocer en una etapa posterior. El trabajo realizado ha sido amplio y detallado, se revisaron los siguientes conceptos: saldos de 841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal, 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto federalizado y no federalizado, 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras.
El cumplimiento con la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria de 700 proveedores; el análisis de todos estos rubros nos ha permitido identificar irregularidades y prácticas inadecuadas siendo las principales las siguientes:
Saldos bancarios presentados en cuenta pública al 31 de diciembre de 2016. Se revisaron 841 cuenta de cheques de nueve instituciones bancarias que comprenden del 2011 al 2016 con el fin de verificar que el registro en bancos fuera consistente con el reportado en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2016, para ello se solicitó a las diferentes instituciones bancarias las confirmaciones de saldo correspondientes.
De la revisión pormenorizada se determinó un saldo real en bancos por 421 millones de pesos, que comparado con el registrado en la cuenta pública presenta una diferencia de 667 millones de pesos. De estos, 594 millones de pesos corresponden al Banco Interacciones, lo anterior refleja una contabilidad que no presenta de forma veraz la información financiera del Gobierno del Estado, ya que es evidente que no se hicieron los registros contables de manera adecuada en los términos que marca la normatividad aplicable, Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que denota una grave falta de transparencia.
Cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas. Al cierre de 2016 se registra un pasivo acumulado por mil 934 millones de pesos de cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al ISSSTESIN. Esta práctica se observa desde 2012 registrándose un incremento importante del 47 por ciento en el ejercicio del 2016.
El que no se hayan realizado los enteros de las cantidades retenidas mes con mes, que es como lo establece la normatividad, generó un problema financiero para el Estado debido a que los recursos no enterados se destinaron a otros fines. Los acreedores han venido realizando gestiones para que se cumpla con las obligaciones de realizar el entero correspondiente.
Traspasos de cuentas federales no justificados. Como parte de las acciones de fiscalización realizadas al gasto federalizado destinado a obra pública, por 8 mil 367.6 millones de pesos se detectaron traspasos no justificados de cuentas federales por 563.7 millones de pesos. El traspaso del recurso no permite cumplir con las obligaciones contractuales que estaban previstas en los convenios de obra pública, teniendo que ser subsanados con recursos no presupuestados.
Asimismo, no se cumple con las obligaciones financieras que establece la norma aplicable Ley de Contabilidad Gubernamental por haber trasferido desde la cuenta específica aperturada para llevar a cabo el manejo de los recursos del convenio a una cuenta específica, etiquetada como de recursos propios.
Pagos sin soporte documental. Como resultado de la revisión de 4 mil 800 pólizas correspondientes a 830 millones de pesos de gasto operativo, se detectaron pagos que carecen de soporte documental que compruebe la adquisición de bienes y/o servicios. Se identificaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso de contratación, ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto.
Este tipo de pagos transgreden las disposiciones que imponen la obligación de tener un procedimiento adecuado de contratación de un bien o servicio y de que la entrega y pago de esos bienes y servicios esté suficientemente documentada. Conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Convenios modificatorios de contratos de obra pública con incremento mayor al 25 por ciento. Derivado de la revisión de 115 convenios de obra pública de gasto federalizado correspondiente a mil 137 expedientes de obra, se identificaron 23 contratos que presentan convenios modificatorios con un incremento mayor al 25 por ciento respecto al contrato original, en varios casos se observan incrementos mayores al 50 por ciento. Lo anterior deriva en una violación a las disposiciones de las leyes de obra pública estatal y federal, lo que representa pagos en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes del contrato.
Contratos otorgados a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria, a partir de la revisión de 700 proveedores contra la base de proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y por el Servicio de Administración Tributaria, por incumplimiento del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, se identificaron varios proveedores sancionados por algunas de las instituciones.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras Públicas establecen el impedimento de adjudicar contratos a proveedores o contratistas que se encuentran sancionados o hayan incumplido con sus obligaciones fiscales, por lo que su adjudicación es indebida y transgrede dichas disposiciones legales.
Contratación y ejecución de obra. Derivado de la fiscalización a los contratos de obra pública se detectó lo siguiente: se realizaron traspasos no justificados entre cuentas, lo que generó que se adeudara a los contratistas más del 40 por ciento de la parte del pago de las obras contratadas, debido a que el Estado distrajo recursos económicos que le correspondía aportar. Aun así la obra fue recibida formalmente mediante acta de entrega-recepción.
Celebración de contratos de obra pública sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno del Estado una obligación financiera. Contratos de obra pública sin contar con los derechos de propiedad de los terrenos en que se ejecutaría la obra. Se omitió reintegrar a la cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del programa el anticipo por concepto de contrato de obra pública.
Todo esto deriva en un incumplimiento de lo establecido en los convenios de coordinación que firma el Gobierno del Estado con distintos entes del gobierno federal, ya que los convenios obligan al Estado a destinar ese recurso a los fines establecidos y su incumplimiento provoca la devolución de los recursos, además los convenios establecen que los traspasos solo pueden hacerse entre cuentas bancarias registradas en los mismos convenios y que estén registradas en la Tesorería de la Federación. Al generarse esta irregularidad no se cumple el impacto y proyectos objeto de los convenios y deben reintegrarse los fondos, lo que produce además una afectación financiera al Estado.
Falta de actas de entrega-recepción de contratos de obra pública. De una revisión a 671 contratos de obra pública, se detectaron faltantes de 58 actas de entrega-recepción, esta falta provoca que en términos de la Ley de Obra Pública la obra no se considere legalmente entregada, lo que impide verificar si la obra se recibió conforme al calendario establecido y con todas las especificaciones contratadas para poder finiquitarla financieramente de forma adecuada.
Acciones de posible responsabilidad. Derivado de las irregularidades que se han detectado y ante el posible daño causado a las finanzas públicas del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha iniciado los correspondientes procedimientos de responsabilidades administrativas aperturando tres expedientes que importan mil 021 millones de pesos y que involucran a diversos ex servidores públicos.
A los involucrados ya les fue iniciado el procedimiento de responsabilidades que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo cual deberán comparecer ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a rendir el informe que marca la ley en contra de los hechos que se les imputa.
En próximos días se llamará a procedimiento de responsabilidades administrativas a otros ex servidores públicos sobre diferentes asuntos que involucran irregularidades administrativas y manejo indebido de recursos por más de mil 143 millones de pesos. En relación a estos casos se les brindará información próximamente.
Como consecuencia de los hallazgos encontrados, independientemente de los procedimientos administrativos que se están instaurando, el Gobierno del Estado presentará las denuncias y/o querellas penales que en cuanto a derecho proceda. Con estas acciones se cumple el compromiso de señor gobernador licenciado Quirino Ordaz Coppel de combatir la impunidad mediante la aplicación estricta de la ley.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas seguirá trabajando en la revisión de los ejercicios financieros, así como en la implementación de diversas iniciativas que permitan mejorar la ejecución y control interno del gasto público en la presente administración.
A la fecha hemos aplicado las medidas preventivas siguientes: instrumentación del Programa de Auditoría en Tiempo Real a obra pública y programas federalizados. En el primero se verifica que se cumpla con las variables de tiempo, costo, calidad intrínseca de los materiales impactos y en el segundo se verifica su aplicación correcta de acuerdo a normativa. En ambos casos se le da seguimiento estricto a la trazabilidad del recurso recibido para esos efectos.
Cancelación de las cuentas bancarias de convenios de años anteriores que no tengan pendiente ejecución u observación de alguna instancia fiscalizadora. Para dejar solo las cuentas requeridas para operar 2017 se recibieron 841 cuentas bancarias de las cuales se procederá a cancelar más del 85 por ciento.
Conciliación mensual y registro oportuno de los saldos que permitan la certeza en contabilidad, control de los recursos de materia oportuna y generación de los reportes necesarios para que se pueda analizar puntualmente el destino de los recursos, evaluación de la razonabilidad de pago de pasivos de años anteriores y definición de parámetro de pago de los mismos, pues estos ocasionan un problema financiero en la disponibilidad de los recursos del Estado.
Con estas medidas se está dando cumplimiento al compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel para lograr eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio del gasto público. Por su atención, muchas gracias.
P.- Guillermo Barraza, (NN).- Secretaria, preguntarle el número de denuncias penales si ya tienen cuántas es de las que se van a presentar y en estos 13 expedientes que dice cuántas personas involucradas hay, además preguntarle cuáles son las obras que se realizaron sin tener la propiedad del terreno.
Rogelio Aviña: Los procedimientos administrativos que se iniciaron implica al menos hasta ahora hemos llamado a procedimiento a nueve ex servidores públicos. Estamos preparando junto con Comunicación Social si es factible dar información que no comprometa datos reservados ni confidenciales, entonces esa información a detalle seguramente se las haremos llegar más adelante.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿Malova está entre ellos?
R.- No podemos dar información.
P.- Guillermo Barraza, (NN).- ¿Pero esos nueve son de cuestión penal o administrativa?
R.- La cuestión administrativa, la parte penal se va a analizar en conjunto por la parte jurídica de Gobierno del Estado para en su caso formule las denuncias o querellas respectivas, como lo informó la secretaria.
P.- Ramón Beltrán, (El Debate).- ¿Pero Malova sí está?
P.- De momento no tenemos nada contra el ex gobernador Malova.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Tengo varias preguntas, cuando habla de ex servidores públicos qué nivel son, son secretarios, son directores, de qué áreas son, porque hablaba mucho de obras públicas pero quiero saber qué tanto se va a extender, de qué áreas son los funcionarios involucrados; si ya han venido a comparecer o a partir de cuándo, cuál es la fecha en que ya van a comparecer y van a estar aquí desfilando los ex funcionarios. Me quedan dudas sobre cuotas no enteradas y transferencia de recursos federales de cuentas a cuentas, se sabe a qué cuentas se fueron, es decir, son de Gobierno del Estado, si eran cuentas personales, privadas o de quiénes eran esas cuentas a las que se transfirió el dinero; qué tipo de sanciones se pueden aplicar a los funcionarios que cometieron todas estas irregularidades, es decir, van a ser solamente sanciones administrativas o también caben las penales; ante quién se harían denuncias, ante la PGR o a la propia Fiscalía del Estado; qué tipo de delitos se pueden imputar por todos estos hechos.
R.- Primero que nada, como les comentaba, como parte de la estrategia de Comunicación Social y a efecto de no brindar información que realmente no sea correcta, de momento no podemos señalar las áreas a los que están adscritos los ex servidores públicos llamados; lo que sí les puedo informar es que muchos de ellos corresponden a funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Hablando de nivel de secretarios, subsecretarios?
R.- Son niveles, regularmente mandos.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿Está Armando Villarreal?
R.- No podemos dar esa información de momento.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Y a qué cuentas.
R.- Sí tenemos identificadas las cuentas, muchas de ellas o hasta ahorita lo que hemos verificado es que son cuentas estatales, legales, no son cuentas particulares, sin embargo, son cuentas a las que no se debió haber hecho ese movimiento de manera legal.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Se sabe a qué se aplicó ese recurso?
R.- No tenemos ese dato, es parte de lo que estamos complementando en algunas investigaciones.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Qué tipo de delitos se pueden imputar?
R.- La Secretaría de Transparencia solamente hace referencia a hechos, nosotros no tenemos la atribución de clasificar los delitos, es una atribución de la Fiscalía.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Pero en su experiencia qué tipo de delitos pudieran ser.
R.- Por cuestiones legales y como estamos ahorita en estos procedimientos, no nos resulta viable hacer esa clasificación.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Sería competencia estatal o federal?
R.- Pueden ser federal y estatal.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- Nada más me quedan algunas dudas, en cuanto a los procedimientos de responsabilidad administrativa dijo tres expedientes o trece y mencionó mil 021 millones de pesos ¿estos expedientes son por esa cantidad o la cantidad que dijo después? es que después dijo mil 143.
Guadalupe Yan: Esos expedientes importan mil 021 millones de pesos y están en proceso de integrarse mil 147.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- O sea que serían 2 mil y feria millones .
R.- Así es.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- Y se abrirían más expedientes.
R.- Y seguimos trabajando.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- En cuanto a las denuncias o querellas no nos ha comentado cuántas son, aunque no nos diga de qué áreas, solamente ponerles un número y a partir de cuándo se presentarían.
Rogelio Aviña: Conforme nosotros vamos iniciando los procedimientos de responsabilidad administrativa, paralelamente vamos informando al área jurídica de Gobierno del Estado los hechos y esa área en coordinación con la Fiscalía o a través de los canales adecuados, formulará las denuncias o querellas que proceden.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- ¿Se derivarían de estos 2 mil millones las denuncias?
R.- Así es, nosotros únicamente formulamos hechos y precisamos si existe algún daño patrimonial o manejo indebido del recurso y esas áreas específicas son las que catalogan si existe o no delito.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Ante la PGR podrían haber dichos canales o solamente la Fiscalía?
R.- Esos temas los va a decidir el área jurídica de Gobierno del Estado.
P.- Jazmín Tapia, (TVP Noticias).- ¿En total son nueve ex funcionarios públicos los señalados?
R.- De momento tenemos en proceso administrativo de responsabilidades a nueve ex servidores públicos y en los sucesivos procedimientos que estamos notificando en estos días involucra a otros ex servidores públicos.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- Secretaria, estas empresas a lsa que dice que se les asignaron obras que no les aparecen registros, no sé si pueden dar nombres, de qué tipo de obras son y también esos terrenos que dice que no estaban liberados o que no era propiedad del Estado, en los cuales sí se hizo la obra.
Guadalupe Yan: Nombres no podemos dar ahorita en este momento porque nos obliga la secrecía, nosotros determinamos hechos, se arma el caso, se pasa al área de Quejas, lo trata Responsabilidades y de ahí pasa a otra parte del Gobierno del Estado.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- ¿También actuarán contra las empresas?
R.- Es contra los funcionarios públicos.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿A quienes aprobaron la asignación en este caso la obra, sería sobre ellos?
Rogelio Aviña: Contra los ex servidores públicos.
P.- Carola Rojo, (Línea Directa).- Preguntarle cuánto tiempo tienen para solventar o dar respuesta los ex funcionarios sobre este proceso y también si tienen que regresar dinero de cuánto es.
R.- La Ley de Responsabilidades del Estado establece un plazo de siete días hábiles contados a partir de que se realiza la notificación al ex funcionarios y efectivamente en aquellos hechos en que implique daño patrimonial, el daño patrimonial es parte de la imputación que se formula en el procedimiento, si la sentencia es condenatoria este daño se convierte en un crédito fiscal que se vuelve cobrable contra el ex servidor público.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- ¿Los 2 mil millones es solo del 2016 o todo el sexenio?
R.- Involucra varios hechos, algunos del 2011.
P.- Irene González, (Viva la Noticia).- Preguntarle si no hay una cacería de brujas, es lo que se va a preguntar la gente, por qué hasta ahora se da conocer y si realmente van a ir contra quienes atentaron contra el patrimonio del Estado.
Guadalupe Yan: No es una cacería de brujas, el trabajo de la Secretaría de Transparencia por mandato obliga a revisar hechos y procesos, no estamos pensando en personas. En la revisión de acuerdo al resultado obviamente se tiene que hacer lo pertinente.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Sí van por los jefes? porque puede quedar a nivel de directores o ex funcionarios, pero realmente este tipo de cosas no pasa si no está desde el gobernador y los secretarios enterados.
R.- Es por quien resulte responsable de acuerdo a derecho.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿Los siete días hábiles a partir de cuándo?
Rogelio Aviña: En algunos procedimientos ya se notificaron en días pasados, la semana anterior para ser exactos, entonces cada uno fue notificado en distintos días, cada uno le van corriendo los plazos de manera individual.
P.- César López, (Sinaloa en línea).- ¿Y de no presentarse qué pasaría?
R.- Si no se presentan se tiene por cierto los hechos.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- Independientemente del informe que ellos van a presentarles, ¿la denuncia penal se va a presentar, o sea, no hay momento que ustedes decidan no presentar denuncias?
R.- Básicamente lo que hacemos es informar al área jurídica como lo comenté, hechos, esa área jurídica valorará si a lugar o no a una denuncia o querella.
P.- Irene González, (Viva la Noticia).- ¿Salud y educación para cuándo?
Guadalupe Yan. No incluye salud y educación porque nuestra revisión involucra todas las fuentes de financiamiento, toda la aplicación de ese presupuesto y obviamente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación manejan un presupuesto bastante grande. Aquí el avance ha sido sumamente difícil tenerles un informe de esta naturaleza en seis meses, lo de salud y educación está en proceso en ese tenor que le comento y esperemos tener cerrado toda esa revisión de hechos y procesos de todas la secretaría para fines del mes de agosto.
P.- Irene González, (Viva la Noticia).- ¿Van a tomar en cuenta el punto de acuerdo del Senado …(inaudible)…?
R.- Nosotros vamos a considerar toda la operación y eso queda dentro de la verificación de la aplicación de gasto federalizado asignado al sector salud, eso es lo que vamos a hacer y automáticamente ahí queda eso formando parte.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Secretaria, me quedó una duda sobre la primera parte donde habla de lo que no se registró en el Banco Interacciones, ¿no se registró este adeudo o cómo es, no entendí?
R.- Claramente, el saldo que se reporta en cuenta pública son aproximadamente mil 088 millones,
Internacional
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La versión estenográfica de la conferencia..., concedida por la Secretaría de Trasparencia, Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario, Rogelio Avila..
Culiacán, Sinaloa, julio 10 del 2017.
Guadalupe Yan Rubio: Representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por atender esta convocatoria. El objetivo es ofrecerles un informe sobre rendición de cuentas y para ello les pido que me permitan dar lectura a un documento.
Durante su campaña electoral, en la toma de protesta como gobernador y en los meses que han transcurrido de su gestión, el señor licenciado Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado ha reiterado el compromiso de encabezar una administración eficaz, honesta y transparente en el ejercicio de los recursos públicos.
A tono con ese compromiso y en el marco de sus atribuciones y competencias, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a mi cargo ha trabajado intensamente a lo largo de estos seis meses en una revisión a fondo de los saldos presentados en cuenta pública al 31 de diciembre de 2016, así como en la compulsa de gasto federalizado y no federalizado.
Conviene aclarar que los resultados presentados en este informe no cubren lo correspondiente al sector educativo y salud, que se darán a conocer en una etapa posterior. El trabajo realizado ha sido amplio y detallado, se revisaron los siguientes conceptos: saldos de 841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal, 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto federalizado y no federalizado, 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras.
El cumplimiento con la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria de 700 proveedores; el análisis de todos estos rubros nos ha permitido identificar irregularidades y prácticas inadecuadas siendo las principales las siguientes:
Saldos bancarios presentados en cuenta pública al 31 de diciembre de 2016. Se revisaron 841 cuenta de cheques de nueve instituciones bancarias que comprenden del 2011 al 2016 con el fin de verificar que el registro en bancos fuera consistente con el reportado en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2016, para ello se solicitó a las diferentes instituciones bancarias las confirmaciones de saldo correspondientes.
De la revisión pormenorizada se determinó un saldo real en bancos por 421 millones de pesos, que comparado con el registrado en la cuenta pública presenta una diferencia de 667 millones de pesos. De estos, 594 millones de pesos corresponden al Banco Interacciones, lo anterior refleja una contabilidad que no presenta de forma veraz la información financiera del Gobierno del Estado, ya que es evidente que no se hicieron los registros contables de manera adecuada en los términos que marca la normatividad aplicable, Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que denota una grave falta de transparencia.
Cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas. Al cierre de 2016 se registra un pasivo acumulado por mil 934 millones de pesos de cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al ISSSTESIN. Esta práctica se observa desde 2012 registrándose un incremento importante del 47 por ciento en el ejercicio del 2016.
El que no se hayan realizado los enteros de las cantidades retenidas mes con mes, que es como lo establece la normatividad, generó un problema financiero para el Estado debido a que los recursos no enterados se destinaron a otros fines. Los acreedores han venido realizando gestiones para que se cumpla con las obligaciones de realizar el entero correspondiente.
Traspasos de cuentas federales no justificados. Como parte de las acciones de fiscalización realizadas al gasto federalizado destinado a obra pública, por 8 mil 367.6 millones de pesos se detectaron traspasos no justificados de cuentas federales por 563.7 millones de pesos. El traspaso del recurso no permite cumplir con las obligaciones contractuales que estaban previstas en los convenios de obra pública, teniendo que ser subsanados con recursos no presupuestados.
Asimismo, no se cumple con las obligaciones financieras que establece la norma aplicable Ley de Contabilidad Gubernamental por haber trasferido desde la cuenta específica aperturada para llevar a cabo el manejo de los recursos del convenio a una cuenta específica, etiquetada como de recursos propios.
Pagos sin soporte documental. Como resultado de la revisión de 4 mil 800 pólizas correspondientes a 830 millones de pesos de gasto operativo, se detectaron pagos que carecen de soporte documental que compruebe la adquisición de bienes y/o servicios. Se identificaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso de contratación, ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto.
Este tipo de pagos transgreden las disposiciones que imponen la obligación de tener un procedimiento adecuado de contratación de un bien o servicio y de que la entrega y pago de esos bienes y servicios esté suficientemente documentada. Conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Convenios modificatorios de contratos de obra pública con incremento mayor al 25 por ciento. Derivado de la revisión de 115 convenios de obra pública de gasto federalizado correspondiente a mil 137 expedientes de obra, se identificaron 23 contratos que presentan convenios modificatorios con un incremento mayor al 25 por ciento respecto al contrato original, en varios casos se observan incrementos mayores al 50 por ciento. Lo anterior deriva en una violación a las disposiciones de las leyes de obra pública estatal y federal, lo que representa pagos en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes del contrato.
Contratos otorgados a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria, a partir de la revisión de 700 proveedores contra la base de proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y por el Servicio de Administración Tributaria, por incumplimiento del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, se identificaron varios proveedores sancionados por algunas de las instituciones.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras Públicas establecen el impedimento de adjudicar contratos a proveedores o contratistas que se encuentran sancionados o hayan incumplido con sus obligaciones fiscales, por lo que su adjudicación es indebida y transgrede dichas disposiciones legales.
Contratación y ejecución de obra. Derivado de la fiscalización a los contratos de obra pública se detectó lo siguiente: se realizaron traspasos no justificados entre cuentas, lo que generó que se adeudara a los contratistas más del 40 por ciento de la parte del pago de las obras contratadas, debido a que el Estado distrajo recursos económicos que le correspondía aportar. Aun así la obra fue recibida formalmente mediante acta de entrega-recepción.
Celebración de contratos de obra pública sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno del Estado una obligación financiera. Contratos de obra pública sin contar con los derechos de propiedad de los terrenos en que se ejecutaría la obra. Se omitió reintegrar a la cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del programa el anticipo por concepto de contrato de obra pública.
Todo esto deriva en un incumplimiento de lo establecido en los convenios de coordinación que firma el Gobierno del Estado con distintos entes del gobierno federal, ya que los convenios obligan al Estado a destinar ese recurso a los fines establecidos y su incumplimiento provoca la devolución de los recursos, además los convenios establecen que los traspasos solo pueden hacerse entre cuentas bancarias registradas en los mismos convenios y que estén registradas en la Tesorería de la Federación. Al generarse esta irregularidad no se cumple el impacto y proyectos objeto de los convenios y deben reintegrarse los fondos, lo que produce además una afectación financiera al Estado.
Falta de actas de entrega-recepción de contratos de obra pública. De una revisión a 671 contratos de obra pública, se detectaron faltantes de 58 actas de entrega-recepción, esta falta provoca que en términos de la Ley de Obra Pública la obra no se considere legalmente entregada, lo que impide verificar si la obra se recibió conforme al calendario establecido y con todas las especificaciones contratadas para poder finiquitarla financieramente de forma adecuada.
Acciones de posible responsabilidad. Derivado de las irregularidades que se han detectado y ante el posible daño causado a las finanzas públicas del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha iniciado los correspondientes procedimientos de responsabilidades administrativas aperturando tres expedientes que importan mil 021 millones de pesos y que involucran a diversos ex servidores públicos.
A los involucrados ya les fue iniciado el procedimiento de responsabilidades que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo cual deberán comparecer ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a rendir el informe que marca la ley en contra de los hechos que se les imputa.
En próximos días se llamará a procedimiento de responsabilidades administrativas a otros ex servidores públicos sobre diferentes asuntos que involucran irregularidades administrativas y manejo indebido de recursos por más de mil 143 millones de pesos. En relación a estos casos se les brindará información próximamente.
Como consecuencia de los hallazgos encontrados, independientemente de los procedimientos administrativos que se están instaurando, el Gobierno del Estado presentará las denuncias y/o querellas penales que en cuanto a derecho proceda. Con estas acciones se cumple el compromiso de señor gobernador licenciado Quirino Ordaz Coppel de combatir la impunidad mediante la aplicación estricta de la ley.
La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas seguirá trabajando en la revisión de los ejercicios financieros, así como en la implementación de diversas iniciativas que permitan mejorar la ejecución y control interno del gasto público en la presente administración.
A la fecha hemos aplicado las medidas preventivas siguientes: instrumentación del Programa de Auditoría en Tiempo Real a obra pública y programas federalizados. En el primero se verifica que se cumpla con las variables de tiempo, costo, calidad intrínseca de los materiales impactos y en el segundo se verifica su aplicación correcta de acuerdo a normativa. En ambos casos se le da seguimiento estricto a la trazabilidad del recurso recibido para esos efectos.
Cancelación de las cuentas bancarias de convenios de años anteriores que no tengan pendiente ejecución u observación de alguna instancia fiscalizadora. Para dejar solo las cuentas requeridas para operar 2017 se recibieron 841 cuentas bancarias de las cuales se procederá a cancelar más del 85 por ciento.
Conciliación mensual y registro oportuno de los saldos que permitan la certeza en contabilidad, control de los recursos de materia oportuna y generación de los reportes necesarios para que se pueda analizar puntualmente el destino de los recursos, evaluación de la razonabilidad de pago de pasivos de años anteriores y definición de parámetro de pago de los mismos, pues estos ocasionan un problema financiero en la disponibilidad de los recursos del Estado.
Con estas medidas se está dando cumplimiento al compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel para lograr eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio del gasto público. Por su atención, muchas gracias.
P.- Guillermo Barraza, (NN).- Secretaria, preguntarle el número de denuncias penales si ya tienen cuántas es de las que se van a presentar y en estos 13 expedientes que dice cuántas personas involucradas hay, además preguntarle cuáles son las obras que se realizaron sin tener la propiedad del terreno.
Rogelio Aviña: Los procedimientos administrativos que se iniciaron implica al menos hasta ahora hemos llamado a procedimiento a nueve ex servidores públicos. Estamos preparando junto con Comunicación Social si es factible dar información que no comprometa datos reservados ni confidenciales, entonces esa información a detalle seguramente se las haremos llegar más adelante.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿Malova está entre ellos?
R.- No podemos dar información.
P.- Guillermo Barraza, (NN).- ¿Pero esos nueve son de cuestión penal o administrativa?
R.- La cuestión administrativa, la parte penal se va a analizar en conjunto por la parte jurídica de Gobierno del Estado para en su caso formule las denuncias o querellas respectivas, como lo informó la secretaria.
P.- Ramón Beltrán, (El Debate).- ¿Pero Malova sí está?
P.- De momento no tenemos nada contra el ex gobernador Malova.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Tengo varias preguntas, cuando habla de ex servidores públicos qué nivel son, son secretarios, son directores, de qué áreas son, porque hablaba mucho de obras públicas pero quiero saber qué tanto se va a extender, de qué áreas son los funcionarios involucrados; si ya han venido a comparecer o a partir de cuándo, cuál es la fecha en que ya van a comparecer y van a estar aquí desfilando los ex funcionarios. Me quedan dudas sobre cuotas no enteradas y transferencia de recursos federales de cuentas a cuentas, se sabe a qué cuentas se fueron, es decir, son de Gobierno del Estado, si eran cuentas personales, privadas o de quiénes eran esas cuentas a las que se transfirió el dinero; qué tipo de sanciones se pueden aplicar a los funcionarios que cometieron todas estas irregularidades, es decir, van a ser solamente sanciones administrativas o también caben las penales; ante quién se harían denuncias, ante la PGR o a la propia Fiscalía del Estado; qué tipo de delitos se pueden imputar por todos estos hechos.
R.- Primero que nada, como les comentaba, como parte de la estrategia de Comunicación Social y a efecto de no brindar información que realmente no sea correcta, de momento no podemos señalar las áreas a los que están adscritos los ex servidores públicos llamados; lo que sí les puedo informar es que muchos de ellos corresponden a funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Hablando de nivel de secretarios, subsecretarios?
R.- Son niveles, regularmente mandos.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿Está Armando Villarreal?
R.- No podemos dar esa información de momento.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Y a qué cuentas.
R.- Sí tenemos identificadas las cuentas, muchas de ellas o hasta ahorita lo que hemos verificado es que son cuentas estatales, legales, no son cuentas particulares, sin embargo, son cuentas a las que no se debió haber hecho ese movimiento de manera legal.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Se sabe a qué se aplicó ese recurso?
R.- No tenemos ese dato, es parte de lo que estamos complementando en algunas investigaciones.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Qué tipo de delitos se pueden imputar?
R.- La Secretaría de Transparencia solamente hace referencia a hechos, nosotros no tenemos la atribución de clasificar los delitos, es una atribución de la Fiscalía.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Pero en su experiencia qué tipo de delitos pudieran ser.
R.- Por cuestiones legales y como estamos ahorita en estos procedimientos, no nos resulta viable hacer esa clasificación.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Sería competencia estatal o federal?
R.- Pueden ser federal y estatal.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- Nada más me quedan algunas dudas, en cuanto a los procedimientos de responsabilidad administrativa dijo tres expedientes o trece y mencionó mil 021 millones de pesos ¿estos expedientes son por esa cantidad o la cantidad que dijo después? es que después dijo mil 143.
Guadalupe Yan: Esos expedientes importan mil 021 millones de pesos y están en proceso de integrarse mil 147.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- O sea que serían 2 mil y feria millones .
R.- Así es.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- Y se abrirían más expedientes.
R.- Y seguimos trabajando.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- En cuanto a las denuncias o querellas no nos ha comentado cuántas son, aunque no nos diga de qué áreas, solamente ponerles un número y a partir de cuándo se presentarían.
Rogelio Aviña: Conforme nosotros vamos iniciando los procedimientos de responsabilidad administrativa, paralelamente vamos informando al área jurídica de Gobierno del Estado los hechos y esa área en coordinación con la Fiscalía o a través de los canales adecuados, formulará las denuncias o querellas que proceden.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- ¿Se derivarían de estos 2 mil millones las denuncias?
R.- Así es, nosotros únicamente formulamos hechos y precisamos si existe algún daño patrimonial o manejo indebido del recurso y esas áreas específicas son las que catalogan si existe o no delito.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Ante la PGR podrían haber dichos canales o solamente la Fiscalía?
R.- Esos temas los va a decidir el área jurídica de Gobierno del Estado.
P.- Jazmín Tapia, (TVP Noticias).- ¿En total son nueve ex funcionarios públicos los señalados?
R.- De momento tenemos en proceso administrativo de responsabilidades a nueve ex servidores públicos y en los sucesivos procedimientos que estamos notificando en estos días involucra a otros ex servidores públicos.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- Secretaria, estas empresas a lsa que dice que se les asignaron obras que no les aparecen registros, no sé si pueden dar nombres, de qué tipo de obras son y también esos terrenos que dice que no estaban liberados o que no era propiedad del Estado, en los cuales sí se hizo la obra.
Guadalupe Yan: Nombres no podemos dar ahorita en este momento porque nos obliga la secrecía, nosotros determinamos hechos, se arma el caso, se pasa al área de Quejas, lo trata Responsabilidades y de ahí pasa a otra parte del Gobierno del Estado.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- ¿También actuarán contra las empresas?
R.- Es contra los funcionarios públicos.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿A quienes aprobaron la asignación en este caso la obra, sería sobre ellos?
Rogelio Aviña: Contra los ex servidores públicos.
P.- Carola Rojo, (Línea Directa).- Preguntarle cuánto tiempo tienen para solventar o dar respuesta los ex funcionarios sobre este proceso y también si tienen que regresar dinero de cuánto es.
R.- La Ley de Responsabilidades del Estado establece un plazo de siete días hábiles contados a partir de que se realiza la notificación al ex funcionarios y efectivamente en aquellos hechos en que implique daño patrimonial, el daño patrimonial es parte de la imputación que se formula en el procedimiento, si la sentencia es condenatoria este daño se convierte en un crédito fiscal que se vuelve cobrable contra el ex servidor público.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- ¿Los 2 mil millones es solo del 2016 o todo el sexenio?
R.- Involucra varios hechos, algunos del 2011.
P.- Irene González, (Viva la Noticia).- Preguntarle si no hay una cacería de brujas, es lo que se va a preguntar la gente, por qué hasta ahora se da conocer y si realmente van a ir contra quienes atentaron contra el patrimonio del Estado.
Guadalupe Yan: No es una cacería de brujas, el trabajo de la Secretaría de Transparencia por mandato obliga a revisar hechos y procesos, no estamos pensando en personas. En la revisión de acuerdo al resultado obviamente se tiene que hacer lo pertinente.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- ¿Sí van por los jefes? porque puede quedar a nivel de directores o ex funcionarios, pero realmente este tipo de cosas no pasa si no está desde el gobernador y los secretarios enterados.
R.- Es por quien resulte responsable de acuerdo a derecho.
P.- Cristina Medina, (ADN Informativo).- ¿Los siete días hábiles a partir de cuándo?
Rogelio Aviña: En algunos procedimientos ya se notificaron en días pasados, la semana anterior para ser exactos, entonces cada uno fue notificado en distintos días, cada uno le van corriendo los plazos de manera individual.
P.- César López, (Sinaloa en línea).- ¿Y de no presentarse qué pasaría?
R.- Si no se presentan se tiene por cierto los hechos.
P.- Miriam Ramírez, (Ríodoce).- Independientemente del informe que ellos van a presentarles, ¿la denuncia penal se va a presentar, o sea, no hay momento que ustedes decidan no presentar denuncias?
R.- Básicamente lo que hacemos es informar al área jurídica como lo comenté, hechos, esa área jurídica valorará si a lugar o no a una denuncia o querella.
P.- Irene González, (Viva la Noticia).- ¿Salud y educación para cuándo?
Guadalupe Yan. No incluye salud y educación porque nuestra revisión involucra todas las fuentes de financiamiento, toda la aplicación de ese presupuesto y obviamente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación manejan un presupuesto bastante grande. Aquí el avance ha sido sumamente difícil tenerles un informe de esta naturaleza en seis meses, lo de salud y educación está en proceso en ese tenor que le comento y esperemos tener cerrado toda esa revisión de hechos y procesos de todas la secretaría para fines del mes de agosto.
P.- Irene González, (Viva la Noticia).- ¿Van a tomar en cuenta el punto de acuerdo del Senado …(inaudible)…?
R.- Nosotros vamos a considerar toda la operación y eso queda dentro de la verificación de la aplicación de gasto federalizado asignado al sector salud, eso es lo que vamos a hacer y automáticamente ahí queda eso formando parte.
P.- Gabriela Soto, (Noroeste).- Secretaria, me quedó una duda sobre la primera parte donde habla de lo que no se registró en el Banco Interacciones, ¿no se registró este adeudo o cómo es, no entendí?
R.- Claramente, el saldo que se reporta en cuenta pública son aproximadamente mil 088 millones,
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