Las “minas de la muerte”, que abastecen al nuevo aeropuerto

Revista Proceso # 2127, 5 de agosto de 2017.
Las “minas de la muerte”, que abastecen al nuevo aeropuerto/
DIEGO TONATIUH CALAMARD
Los ejidatarios que viven en las inmediaciones de los cerros del oriente del Estado de México están solos en su lucha por preservar el entorno ecológico, seriamente dañado por las mineras que extraen tezontle y otros materiales pétreos de la zona para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Las autoridades mexiquenses ignoran sus peticiones, mientras ellos respiran el tóxico polvo que desprende el tezontle, pierden sus ejidos y ven cómo algunos personeros del PRI también lo son de las empresas que explotan el subsuelo mexiquense.

En julio del año pasado comenzaron las actividades en las faldas del cerro Tlaltepec, en el Estado de México, para extraer materiales pétreos –tepetate, grava y arena, pero sobre todo tezontle– para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Desde el principio, las comunidades aledañas de Temascalapa y San Martín de las Pirámides advirtieron de los riesgos que entraña esa actividad minera para sus viviendas y el entorno ecológico, que incluye los cerros de Tlatepeque y Tepozayo.
En diciembre de 2016, gracias a la movilización de los lugareños, la mina fue clausurada. En febrero pasado, policías y funcionarios de la Secretaría de Gobernación mexiquenses amedrentaron a los vecinos que se oponían a los trabajos de extracción; y aunque éstos resistieron los embates, siguieron los trabajos hasta que en junio pasado volvió a ser clausurada

Pese a esas jornadas de resistencia, el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Temascalapa envió un documento a los habitantes de la colonia Álvaro Obregón en el cual les informa que el ayuntamiento nunca ha dado permisos para la extracción de tezontle.

La instancia que autorizó la explotación del cerro de Tlaltepec es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, de acuerdo con el oficio 212090000/DGOIA/RESOL/675/16 dirigido al alcalde de Temascalapa, Héctor Quezada Quezada. Sin embargo, las empresas autorizadas –Constructora y Andamios Galaxi, Grupo Tobías, Grupo Edilberto Serrano y CCR Logística en Tlaltepec– no se han ajustado a la normatividad.

Hasta ahora no han sembrado árboles para sustituir los que han talado. Peor aún: trabajan a menos de 10 metros de las viviendas, como observó el reportero. Hoy por lo menos una decena de viviendas tienen cuarteaduras a causa de la actividad minera y el paso de las “góndolas” –los camiones que transportan el tezontle– en los cerros Tlaltepec y Tepozayo.

Ese trajín también provoca el hundimiento de los caminos de terracería. Lo grave es que a sólo 40 centímetros de profundidad pasan los ductos de Pemex, advierten Quezada y su par de San Martín de las Pirámides, Francisco Robles Badillo, en carta dirigida al coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Arturo Vilchis Esquivel.

El paso de las góndolas preocupa a los pobladores del Lago de Texcoco y a los asentados en las faldas de los cerros, comentan Heriberto Salas Amac y Baltazar Robles Hernández, representantes del Frente Amplio no Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México.

Oriundos de Nexquipayac, municipio de San Salvador Atenco, ambos campesinos comentan que ya han ocurrido varios accidentes que afectan a los infantes de la zona. “También hay brotes de dermatitis y asma provocada por ‘la nieve roja’ (el polvo de tezontle) que levantan las góndolas”, sobre todo cuando no llueve, explica Robles Hernández.

La dañina “nieve roja”

Algunas de las compañías que trabajaron en los cerros lo hicieron sin autorización o rompiendo las reglas establecidas en los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Los contratos hablan de “bancos de material” en lugar de minas, lo que les permite extraer el tezontle sin tener que pagar cuotas, comenta Saúl Espinoza Sánchez, secretariado del ayuntamiento de Temascalapa.

Desde los cerros Tepetzinco y Coatépetl puede verse la nube de polvo que envuelve la zona de construcción. Las calles de Nexquipayac incluso están cubiertas por la “nieve roja”.

En el cerro Tepozayo, los habitantes se organizaron y a finales de marzo pasado sacaron a las empresas de Grupo Edilberto Serrano, CCR Badillo, Grupo Tobías y Constructor y Arrendador FAG, antes de que dañaran el sitio arqueológico, a finales de marzo.

En el de Tlaltepec, ubicado a unos cientos de metros y colindante con la comunidad Álvaro Obregón, los ejidatarios establecieron un campamento el 2 de febrero pasado para impedir el paso de maquinaria. Gracias a esa movilización las compañías se fueron el 29 de marzo. Sin embargo, dejaron en riesgo toda la zona habitacional de las comunidades de Álvaro Obregón y San Luis Tecuahutitlán. En caso de lluvias, existe el riesgo de que los montículos de tierra se precipiten sobre el caserío.

La autopista Peñón-Pirámides se construye sobre tierras ejidales que sus dueños terminaron por malbaratar a la empresa Ferrovalle ante las múltiples presiones y engaños a que fueron sometidos.

“Se trata de parcelas para las cuales no se ha hecho el trámite de cambio de régimen ejidal a dominio pleno; tampoco se ha hecho el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial”, asegura Gabriela Vega Téllez, de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, Agua y su Cultura.

Ferrovalle, insiste la activista, “está cometiendo un delito con la complicidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, el GACM (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México) y el comisariado ejidal de Nexquipayac”.

Advierte también que, al vender sus parcelas, los ejidatarios se vuelven aliados de las empresas y la población se divide. Y, como ya no hay resistencia, la meta de las compañías llega a su objetivo”.

Y quienes se niegan a entregar sus bienes, entre ellos los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, padecen los embates de la empresa y del comisariado ejidal. Es frecuente que las máquinas entren directamente en algunos terrenos para intimidar a sus propietarios.

Complicidades

Para defender los cerros, las comunidades de San Luis Tecuahutitlán y Álvaro Obregón pidieron ayuda a Vilchis Esquivel. Acudieron al lugar uno de sus subalternos –a quien no pudieron identificar– y Sergio Alfonso Tejada Ramírez, secretario particular del director general de gobierno del distrito de Otumba.

Los ejidatarios mostraron al reportero varias fotos en las que ambos funcionarios aparecen abrazados con el dueño de una mina. Y es que algunos apoderados legales de esas compañías están ligados con partidos políticos, lo que provoca un conflicto de interés en la adjudicación de las obras.

El empresario José Alfredo López Badillo, de CCR Logística, estuvo presente en la mina durante su explotación, lo que atestiguan los vecinos. En su página de Facebook, López Badillo se ostenta como militante del PRI, incluso presume el emblema del partido y al presidente Enrique Peña Nieto en su foto de perfil. También incluye una foto de Alfredo del Mazo Maza, el gobernador electo.

López Badillo también subió a su sitio una foto del 11 de mayo de 2014 en la que aparece acompañado de Raymundo Martínez Carbajal, secretario de Educación del Estado de México en esa época –hoy es diputado del PRI en el Congreso mexiquense– y la entonces presidenta del gabinete del gobernador región XI de Texcoco, Carolina Alanís Moreno, actual directora general de Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México.

Meses después, también en Facebook, López Badillo presumió una foto con el gobernador Eruviel Ávila Villegas con el pulgar levantado, en señal de triunfo.

López Badillo no es el único empresario de las minas vincu­lado con el PRI mexiquense, el gobernador Ávila y con el presidente Enrique Peña Nieto. También está José Neri Ortega Blancas, apoderado legal de la mina Ixtla­huaca, situada en el cerro Tecomazuchitl, que cuenta con seis sitios arqueológicos, algunos de los cuales han sido damnificados por esas empresas.

Ortega Blancas es el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Campesinos Por Una Conciencia Superior del Estado de México, un sindicato afiliado al PRI, según la página oficial del partido.

Con respecto a la Constructora y Andamios Galaxi, el contrato de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México estipula que su apoderado legal se llama Mario Óscar Gutiérrez Suárez.

Después de que los pobladores expulsaron a las compañías del cerro Tlaltepec, Mario Ramos, un exempleado, cuenta a Proceso que se había cambiado la razón social de empresa.

En febrero pasado Habitantes de Temascalapa y San Martín de las Pirámides solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolver el problema de las minas. Sin embargo, ni el gobierno federal ni el Estado de México muestran voluntad para atender el reclamo ni parecen estar dispuestos a detener la devastación.

En el oficio PFPA/5.3/2C.28.4.2/, la Semarnat respondió: “Corresponde conocer de la denuncia de referencia al gobierno del Estado de México, por conducto de la Propaem (Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México)”.

El reportero envió un cuestionario a la Propaem y al Centro del Instituto Nacional de Antropología en el Estado de México para conocer su opinión sobre la problemática de las minas. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Los habitantes de la zona de Teotihuacán comentan al reportero que ellos también siguen esperando una señal de la Propaem. “Traté de hablar con ellos. Les marqué, pero me hicieron esperar y se cortó la llamada”, comenta Alfonso Franco, de Temascalapa.­