Declaración final de la Sexta Cumbre de la Celac

Declaración final de la Sexta Cumbre de la Celac

44 puntos claves para la unidad.

Texto íntegro:

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) consciente de la importancia que tiene este mecanismo de concertación, unidad y diálogo político que incluye a los treinta y tres países de América Latina y el Caribe, sobre la base de los lazos históricos, los principios y valores compartidos de nuestros pueblos, la confianza recíproca entre nuestros gobiernos, el respeto a las diferencias, la necesidad de afrontar los retos comunes y avanzar en la unidad en la diversidad a partir del consenso regional, se reúne en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2021. Por conducto de su Presidencia Pro Témpore, la Celac reitera el compromiso con la unidad e integración política, económica, social y cultural, y la decisión de continuar trabajando conjuntamente para hacer frente a la crisis sanitaria, social, económica y ambiental, ocasionada por la pandemia de Covid-19, el cambio climático, desastres naturales y la degradación de la biodiversidad del planeta, entre otros.

Decidida a continuar colaborando por el bienestar de nuestros pueblos, destaca los acuerdos y principios consagrados y plasmados en el acervo y patrimonio histórico de la Comunidad, que se encuentra constituido por las declaraciones políticas, las declaraciones especiales, la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, los comunicados especiales, los planes de acción adoptados en las anteriores Cumbres Celac, los Procedimientos para el Funcionamiento Orgánico de la Comunidad y las decisiones aprobadas en el Grupo de Río y en la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), incluidas la Cumbre Fundacional de Caracas, celebrada los días 2 y 3 de diciembre de 2011, y la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, realizada en Cancún, México, el 23 de febrero de 2010.

Reitera su compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo, equitativo y armónico, basado en el respeto al Derecho Internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto de los derechos humanos.

Reafirma que el proceso histórico de consolidación, preservación y el ejercicio pleno de la democracia en nuestra región es irreversible, no admite interrupciones ni retrocesos y seguirá estando marcado por el respeto a los valores esenciales de la democracia; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; y el respeto a las facultades constitucionales de los distintos poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos; la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad, la lucha contra la corrupción, así como el respeto a todas las libertades públicas reconocidas en los instrumentos internacionales. Reitera su compromiso con la promoción, la protección y el respeto a los derechos humanos sin discriminación alguna como uno de los elementos para sostener la vida democrática de nuestras naciones.

Reafirma su compromiso con la consolidación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, proclamada formalmente en la II Cumbre de la Celac, celebrada en La Habana, en enero de 2014, como referente para las relaciones interestatales, y que contribuye a un clima de respeto mutuo y fomento de la confianza entre los Estados miembros de la Celac. Destaca el llamado a todos los Estados a que respeten los postulados de la Proclama en sus relaciones con América Latina y el Caribe, dirigidos a la solución de controversias por medios pacíficos y al reconocimiento del derecho de los Estados a tener su propio sistema político, económico, social y cultural como base indispensable para fomentar la paz y la armonía en la región.

Reitera la condena y lamenta el cobarde asesinato del Presidente de Haití, su excelencia, Jovenel Moïse, ocurrido el día 7 de julio de 2021, en Puerto Príncipe. Respalda el orden constitucional, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, al tiempo que rechaza categóricamente la violencia en todas sus expresiones e insta al diálogo para la restauración de la paz en el país. Confía en que este crimen no quede impune y reafirma las más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos, al pueblo y al gobierno haitiano, reitera todo su apoyo y solidaridad. Se compromete a consolidar nuestra cooperación con Haití en su recuperación, estabilidad y desarrollo en un ambiente de paz.

Hace un llamado para democratizar la producción y eliminar los obstáculos que dificultan el acceso justo y equitativo a las vacunas contra Covid-19, en tanto bienes públicos globales. Reitera su llamado a la comunidad internacional y al sector farmacéutico mundial a sumarse a los esfuerzos de los gobiernos y de los organismos multilaterales, incluyendo las discusiones en diversos foros encaminadas a incrementar la cooperación para asegurar una distribución pronta, equitativa, solidaria y a precios asequibles, de vacunas, insumos y equipamientos médicos, además de otros tratamientos contra Covid-19. Así como otros esfuerzos solidarios para acelerar el escalamiento de la investigación, desarrollo, producción y distribución mundial de las vacunas y los tratamientos contra Covid-19 sobre la base de la solidaridad internacional y la condición de bien público global, acordada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la vacunación extensiva.

Recalca la importancia de observar lo dispuesto en la Resolución 74/274, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 20 de abril de 2020, en la que se solicita fortalecer las cadenas de suministro que promuevan y garanticen el acceso universal, justo, inclusivo, transparente, equitativo, eficiente y oportuno a los medicamentos, vacunas e insumos para la salud, con el fin de enfrentar la pandemia de Covid-19. Aprecia los esfuerzos e iniciativas de cooperación regional con el propósito de promover una respuesta más inclusiva a la pandemia.

Reconoce la urgente necesidad global de continuar respondiendo a la prevención y contención de la pandemia de Covid-19 y reitera su compromiso de incrementar la cooperación internacional y la solidaridad, a fin de apoyar y fortalecer las capacidades e infraestructuras para la producción y distribución de vacunas, medicamentos e insumos para la salud en América Latina y el Caribe. Apoya las labores de la Red de Especialistas en Agentes Infecciosos y Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Celac, la Red Regional de Vigilancia Genómica de Covid-19 (COVIGEN), coordinada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para garantizar el acceso de nuestras poblaciones y reducir la dependencia extrarregional.

Reconoce los logros alcanzados por los diferentes países de la región en el desarrollo de vacunas y candidatos vacunales en diferentes etapas de ensayo clínico los cuales contribuirán al incremento de la capacidad de respuesta de la región frente a la pandemia. En ese sentido, reconoce y aprecia la colaboración establecida entre Argentina y México, para producir y envasar vacunas contra Covid-19, que ya han comenzado a distribuirse en países de la región, el desarrollo, producción y suministro de las vacunas cubanas (Abdala, Soberana02 y Soberana Plus); así como otras iniciativas en curso para la investigación y desarrollo de vacunas en México (Patria), Argentina (ARVAC Cecilia Grierson), Cuba (Soberana 01, Mambisa, Pasteur y PanCorona), Chile (PedCoVax), Brasil (Butan Vac).

Toma nota de la decisión WHA74(16), en la que se acordó convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud del 29 de noviembre al 1º de diciembre de 2021, para considerar, entre otros puntos, las ventajas de elaborar un convenio u otro instrumento internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la preparación y respuesta frente a pandemias, teniendo en cuenta el informe del Grupo de Trabajo sobre el fortalecimiento de la preparación y respuesta de la OMS , según el análisis y categorización de las recomendaciones efectuadas por el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia (IPPPR), el Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS (IOAC) y el Comité de Examen del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

Agradece la estrecha colaboración y apoyo ofrecido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por la publicación del “Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la Enfermedad por coronavirus (Covid-19)” y del “Plan Integral de Autosuficiencia Sanitaria”, enfocado en el fortalecimiento de capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamentos en la región. Asimismo, respalda la Declaración celebrada entre la Presidencia Pro Témpore de la Celac, ostentada por México y la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, para la creación del fondo Celac para la respuesta integral a Desastres, que beneficiará a los Estados miembros.

Toma nota del informe sobre “Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de Covid- 19”, presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que complementa el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Celac 2025 (SAN- Celac). Agradece los avances del Programa de Cooperación Sur-Sur FAO-China para la recuperación y respuesta al impacto de Covid-19 en los medios de vida rurales y sistemas alimentarios en los países de la Celac. Se compromete a fortalecer la cooperación para lograr, según corresponda, sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, a fin de mejorar la producción, la nutrición, el medio ambiente y la calidad de vida en los países de la Celac, sin dejar a nadie atrás.

Reconoce en la educación un elemento vertebral para el desarrollo sostenible de los países y nuestra región, que debe ser inclusiva, equitativa, de calidad, con perspectiva de género y que atienda a un enfoque intercultural acorde a las características de cada Estado miembro de la Comunidad. Asimismo, renueva el compromiso de impulsar políticas públicas y programas regionales que garanticen el acceso a la educación para todas las personas en nuestros países, en línea con lo dispuesto por el Objetivo 4 de la Agenda 2030, buscando atender particularmente las brechas de desigualdad educativas y sociales agudizadas por la pandemia de Covid-19, así como la brecha digital y los impactos desproporcionados en mujeres y niñas, pueblos indígenas, originarios y Afrodescendientes, para recuperar el derecho a la educación para todos.

Se compromete a continuar promoviendo un sistema multilateral de comercio, basado en reglas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y espera alcanzar resultados positivos en la 12° Conferencia Ministerial de la organización en 2021, que contemple entre otros, acuerdos sobre subsidios a la pesca y las discusiones sobre las reglas agrícolas comerciales, conforme a sus respectivos mandatos.

Saluda la Declaración Política de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2021 contra la Corrupción, en la que se establecieron importantes compromisos para afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción, así como reforzar la cooperación internacional. Asimismo, reafirma su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y su Mecanismo de Revisión y reitera su compromiso con la Declaración Conjunta emanada de la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, celebrada en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 2020, y uniremos esfuerzos para erradicar la corrupción en América Latina y el Caribe.

Afirma su compromiso para avanzar en la erradicación de la pobreza en todas sus formas, especialmente la pobreza extrema, así como la desigualdad en todas sus dimensiones, ambas circunstancias agravadas por la pandemia de Covid-19, como un requisito indispensable para el desarrollo sostenible y garantizar una recuperación económica y social, justa e inclusiva, frente a la actual crisis ocasionada por las consecuencias adversas de la pandemia. Asimismo, se deben promover proyectos de asociatividad que permitan la organización de la población informal, su tránsito hacia la formalidad y la cobertura en seguridad social.

Hace un llamado a las diversas instituciones financieras regionales e internacionales para continuar desplegando una respuesta eficaz contra los efectos de la pandemia que permita acelerar la recuperación económica y social inclusiva, equitativa y sostenible para los países de la región, con presencia efectiva de los Estados y la implementación de mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas sobre el financiamiento para el desarrollo a los países que así lo soliciten. También llama a dichas instituciones a garantizar mecanismos sostenibles de financiamiento para el desarrollo, el clima y la naturaleza a los países que lo necesiten, considerando sus particularidades estructurales, tales como la condición de los Países en Desarrollo Sin Litoral, así como la promoción de un conjunto de medidas complementarias que contemplen el mejoramiento de condiciones en el tratamiento de la deuda, el reconocimiento de las necesidades de financiamiento en condiciones flexibles para mejorar la infraestructura de los países de ingresos bajos y medianos. Apoya también la promoción de un conjunto de medidas complementarias que contemplen el mejoramiento de las condiciones en el tratamiento de la deuda, incluyendo la posibilidad de renegociar las condiciones de pago de la deuda de los países de ingresos medios que así lo soliciten. Hace un llamado urgente a la revisión de las políticas de acceso y sobrecargos en los préstamos de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada uno de los países en el contexto de la actual pandemia, para contribuir a la financiación de los países que más lo necesitan, manteniendo simultáneamente la solidez financiera de esa institución.

Hace un llamado al FMI a asegurar el acceso oportuno a los Derechos Especiales de Giro (DEGs). Apoya la instauración inmediata de mecanismos de redistribución de DEGs para todos los países vulnerables, incluídos los países de renta media. Esto permitirá una recuperación económica más expedita, justa, inclusiva e igualitaria en nuestra región, asegurando el uso eficiente de los recursos financieros, así como enfrentar las múltiples necesidades que derivan de la pandemia y sus efectos negativos en las economías. Toma nota de los recientes avances en las reestructuraciones con acreedores bilaterales, pero resalta la importancia de avanzar hacia el establecimiento de un mecanismo más completo para el tratamiento de la deuda soberana, incluso con acreedores privados. Apoya el uso de indicadores universales y multidimensionales para medir la vulnerabilidad y sus criterios de accesibilidad al financiamiento concesional para países de renta media y baja. Exhorta al fortalecimiento de los bancos multilaterales de desarrollo de América Latina y el Caribe, promoviendo la generación y distribución de recursos financieros en condiciones blandas y en proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible de la región.

Reitera su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional, y reafirma su compromiso con la plena vigencia del Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

Reafirma su compromiso de garantizar el pleno respeto de la democracia y la participación ciudadana, el Estado de Derecho, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho a la paz, en un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo enfocado en sus dimensiones económica, social y medioambiental, que coloque a las personas en el centro de nuestras políticas, para contribuir a la recuperación de la región frente al impacto de la pandemia de Covid -19.

Reconoce que la juventud constituye un segmento significativo de nuestras poblaciones, se compromete a proveerle mayores oportunidades, y dotarla de las habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar sus metas deseadas y facilitar su completa participación en los procesos de toma de decisión en el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

Afirma su compromiso de promover la igualdad de género, así como las condiciones necesarias para alcanzar el pleno ejercicio y disfrute de las libertades fundamentales y de todos los derechos humanos; cumplir con los objetivos y metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 –en particular el ODS 5- y especialmente, implementar políticas públicas que promuevan la autonomía económica de las mujeres mediante su mayor participación en el mercado laboral y emprendimiento de escala y acceso a puestos jerárquicos y decisorios. Asimismo, refrenda su compromiso para garantizar la igualdad, libertad, derechos y participación de las mujeres indígenas y Afrodescendientes, así como su inclusión en toda política pública. Reitera su compromiso de continuar trabajando en la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación, en particular aquella en contra de las mujeres y niñas, tanto en la esfera pública y privada y en el mundo laboral que afectan a su empoderamiento económico, reconociendo la plena y efectiva aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará y demás obligaciones internacionales de las que nuestros países sean parte. Asimismo, se compromete a promover la igualdad de género, el trabajo decente y trabajaremos para erradicar de nuestra región el trabajo infantil como parte de las acciones encaminadas a priorizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.

Expresa también su compromiso con el respeto, la promoción y la protección a los derechos humanos de todas las personas con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminados. Reafirma que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad de derechos, sin discriminación alguna por su sexo, religión, raza, origen nacional, opinión política, edad, discapacidad, idioma, orientación sexual o cualquier otra índole, y en concordancia a leyes nacionales de cada país.

Se congratula por el establecimiento del Foro Permanente de Afrodescendientes, por medio de la resolución 75/314 adoptada el 2 de agosto de 2021 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como mecanismo consultivo y como órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Recuerda la Resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 23 de diciembre de 2013 que proclama el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024 con el tema "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo". Así como la adopción de la resolución 75/170 de la AGONU, adoptada el 16 de diciembre del 2020, en la que se proclama el 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes.

Reafirma su compromiso con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios y Afrodescendientes, reconociendo su contribución al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades. Se compromete a generar políticas públicas con perspectiva intercultural, considerando la importante necesidad de eliminar todas las formas de discriminación a las que se enfrentan. Asimismo, asume el esfuerzo conjunto para que dichos pueblos tengan un acceso justo y equitativo a medicamentos e insumos para la salud, así como a las vacunas contra Covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas, reconocidas y aplicadas en los países de la región.

Acoge con beneplácito la Resolución 74/135 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclama el periodo 2022-2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y toma nota de la Declaración de Los Pinos (Chapultepec) – “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, adoptada en el evento de alto nivel “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, celebrado en México los días 27 y 28 de febrero de 2020. Asimismo, manifiesta su apoyo para el pronto establecimiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI) como firme compromiso de la Celac para el uso, promoción, conservación y revitalización de la cultura y de las lenguas de los pueblos indígenas en todos los ámbitos.

Se compromete a seguir trabajando en el marco del Derecho Internacional, y en particular, de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de América Latina y el Caribe pueda ser un territorio libre de colonialismo y colonias.

Reitera el más firme respaldo regional a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como el permanente interés de los países de la región en la reanudación de negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a fin de encontrar, a la brevedad, una solución definitiva y pacífica a esta disputa, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Reitera que la trata transatlántica de esclavos y el genocidio indígena en la región fueron crímenes atroces contra la humanidad y reconoce los esfuerzos realizados hasta el momento para buscar establecer recursos y medidas compensatorias y reparadoras efectivas a nivel nacional, regional e internacional, incluyendo los esfuerzos de la Comisión de Reparaciones de CARICOM, de conformidad con la Declaración de Durban. Reconoce también que dichas injusticias han tenido un impacto negativo en el desarrollo regional, sobre todo para las personas indígenas y Afrodescendientes. Por ello, hace un llamado a los socios extrarregionales de la Celac para abordar los múltiples desafíos de desarrollo secundarios, considerando las condiciones de vulnerabilidad existentes en la región.

Reafirma su compromiso de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, promover esfuerzos regionales integrales para fortalecer la gobernanza migratoria efectiva, bajo los principios de una migración responsable, segura, ordenada y regular, trabajando por erradicar las causas de la migración irregular, facilitando las vías para la regularización migratoria, sobre la base de un enfoque transversal cuyo centro sean las personas migrantes, la protección de sus derechos humanos y la integración socioeconómica.

Hace un llamado, tomando en consideración la coyuntura actual, para intensificar el trabajo coordinado, a fin de manejar los movimientos migratorios en la región, que garanticen la protección de los derechos humanos, para una recepción digna y segura de los retornados.

Rechaza la criminalización de la migración irregular y de toda forma de racismo, discriminación racial, xenofobia, discursos de odio y otras formas conexas de discriminación e intolerancia contra personas migrantes y solicitantes de refugio.

Reconoce que, solo por estas vías y mediante la cooperación e intercambios de información entre nuestros países, se concretarán, de forma exitosa, los procesos migratorios que optimicen el desarrollo de los países de origen, tránsito, destino y retorno. De igual forma, reconoce los esfuerzos institucionales e iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer los sistemas de protección internacional de los países de tránsito y destino en toda la región para garantizar el derecho de las personas a solicitar protección internacional acorde al derecho internacional de los refugiados.

Ratifica su más alto compromiso político en la lucha contra el cambio climático, la desertificación, la contaminación, la defaunación y la pérdida de biodiversidad, como urgentes desafíos que enfrenta la humanidad, para lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Toma nota del último reporte del Grupo Intergubernametal de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en torno a la contribución del “Grupo de Trabajo I: Bases Físicas” sobre el Cambio Climático como parte de su 6to. Ciclo de Evaluación, y en ese sentido, expresa la necesidad de promover el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, tomando en consideración que nuestros países están ubicados en una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático.

Insta a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de financiamiento en todos los acuerdos multilaterales ambientales, en materia de mitigación, adaptación, daños y perdidas, y faciliten las condiciones para su acceso a recursos financieros garantizando la transferencia de tecnología, de construcción, y de desarrollo de capacidades, en condiciones favorables e incluso preferenciales. En este sentido, reitera su apoyo para abordar los desafíos ambientales urgentes, por medio de, entre otras medidas, el fomento de enfoques basados en los ecosistemas, funciones ambientales y/o soluciones basadas en la naturaleza, de tal forma que se promuevan el bienestar y el crecimiento socioeconómico, un aumento considerable en la proporción de energĺa renovable en el conjunto de fuentes energéticas y su acceso para todas las personas y la seguridad alimentaria, incluyendo el reconocimiento y fortalecimiento de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, con su consentimiento libre, previo e informado, considerando que han contribuido desde siempre a la conservación de la diversidad biológica.

Se compromete a incrementar la ambición climática en los Estados Miembros en torno a los objetivos del Acuerdo de París, conforme a los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Asimismo, reafirma la necesidad de considerar las diferentes circunstancias nacionales y las implementaciones de medidas urgentes para fomentar la mitigación, adaptación y resiliencia, reduciendo al mínimo las pérdidas y daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, facilitar el acceso al financiamiento climático internacional, incluyendo el cumplimiento del compromiso para la provisión y movilización por parte de los países desarrollados de 100 mil millones de dólares anuales destinados a apoyar a los países en desarrollo entre el 2020 y el 2025. Además, insta a que una parte considerable de este monto se de en forma de recursos financieros concesionales o de donaciones. Para cumplir con este desafío, urge también que durante la COP26 se logren iniciar las deliberaciones sobre la nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento climático para los países en desarrollo, mediante la adopción de un ítem de agenda y de una decisión con un objetivo, cronograma e hitos claros del proceso de negociación hasta 2024. Subraya la necesidad de mejorar la cantidad, calidad, accesibilidad, previsibilidad y eficacia de la financiación para la acción climática; incrementando los recursos para adaptación de manera tal que se mantenga un equilibrio con la mitigación en la asignación de financiamiento climático y de acuerdo a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.

Resalta la necesidad, de establecer estrategias comunes para fortalecer la coordinación en materia de gestión y reducción de riesgo de desastres, la asistencia humanitaria, la recuperación y la resiliencia, sobre la base de los mandatos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y los principios rectores de la Asistencia Humanitaria Internacional aprobados por la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, respalda el establecimiento de un fondo voluntario para facilitar una mejor respuesta regional a desastres.

Ratifica el carácter de zona libre de armas nucleares de nuestra región. Reafirma que un mundo sin armas nucleares es fundamental para el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la humanidad como son la paz, la seguridad, el desarrollo, y la protección del medio ambiente; así como la necesidad urgente de lograr la eliminación total de las armas nucleares. Asimismo, reconoce la entrada en vigor del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el 22 de enero de 2021, y su contribución al régimen de desarme nuclear. En este sentido, llama a redoblar esfuerzos para avanzar en pasos concretos que nos acerquen hacia el fin último de un mundo sin armas nucleares.

Reafirma que el Problema Mundial de las Drogas es una responsabilidad común y compartida, que ha de abordarse de conformidad con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, que constituyen la piedra angular del sistema de fiscalización internacional de drogas, y otros instrumentos internacionales pertinentes, en un entorno multilateral mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva. Exige un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, sostenible, amplio, respetuoso de los Derechos Humanos y basado en la evidencia científica, con medidas que se refuercen mutuamente. Reconoce los resultados emanados en la XXX Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU, dedicada al Problema Mundial de las Drogas, celebrada en abril de 2016, en Nueva York y subraya su compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el Problema Mundial de las Drogas.

Reitera su profundo rechazo a todo acto de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sin importar sus motivaciones, financiamiento, lugar y persona que lo haya cometido. Reitera su preocupación por el extremismo violento que pueda conducir al terrorismo. Destaca su compromiso para fortalecer la cooperación internacional, sobre la base de asistencia judicial recíproca, y robustecer los mecanismos regionales para combatir la financiación al terrorismo incluido el lavado de activos que tienen una relación directa con la Delincuencia Organizada Transnacional. Reafirma la necesidad de negar cobijo, libertad de operación, circulación y reclutamiento y apoyo financiero, material o político a grupos terroristas o a todo aquel que apoye o facilite la financiación, planificación o preparación de actos terroristas o participe o trate de participar en estas actividades, y renueva su compromiso de adoptar las medidas prácticas que sean necesarias para que nuestros territorios no se utilicen para ubicar instalaciones terroristas o campamentos de adiestramiento ni para preparar u organizar un acto terrorista o actos terroristas contra otros Estados o sus ciudadanos o incitar a su comisión. Reitera su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, incluyendo las listas y certificaciones que afectan países de América Latina y el Caribe.

Destaca la importancia de las tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación, incluido el internet, como herramientas para fomentar la paz, el bienestar humano, el desarrollo, el conocimiento, la inclusión social y el crecimiento económico. Reafirma el uso pacífico de las TIC e insta a la comunidad internacional a evitar y abstenerse de realizar actos unilaterales que no sean compatibles con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, tales como aquellas que tienen como objetivo subvertir sociedades o crear situaciones con el potencial de fomentar conflictos entre Estados. Al propio tiempo, subrayan la necesidad de que, con el uso de las TIC, no se vulnere el derecho a la privacidad de las personas.

Saluda la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) con miras a fortalecer las capacidades regionales e impulsar la cooperación, colaboración, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías entre los Estados latinoamericanos y caribeños, para la realización de actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Resalta el compromiso, apoyo y avances que facilitaron la conclusión del proceso de reflexión, el pasado 24 de julio de 2021, en el marco de la XXI Reunión de Cancilleres de la Celac, celebrada en la Ciudad de México; y toma nota de las lecciones aprendidas en ese proceso para la revitalización de nuestra Comunidad, a través de la ejecución de los planes de trabajo desarrollados por la Presidencia Pro Témpore, ostentada por México durante el bienio 2020 y 2021 y el empeño para contribuir al fortalecimiento y posicionamiento de América Latina y el Caribe, en el actual contexto político regional y global, y continuar pronunciándose como región en las Naciones Unidas y otras sedes multilaterales, cuando corresponda y sin detrimento de los grupos de concertación existentes, en temas de interés y relevancia para los Estados miembros de la Comunidad, así como presentar, cuando sea posible, iniciativas conjuntas y consensuadas en aquellos casos donde se requiera.

Los Estados miembros la Celac, expresan su más amplio agradecimiento al pueblo y al gobierno de México por el excelente recibimiento brindado y la exitosa realización de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, celebrada en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2021.