El Gobernador de Sinaloa, @rochamoya_ acaba de emitir un tuit, informamdo que Ceci Patricia "fue localizada sana y salva. Se trató de una falla mecánica del vehículo en un lugar sin señal para utilizar los teléfonos celulares..."
Gracias Rubén, el c. presidente adelantó en mañanera que estaba sana y salva pero evitó dar detalles, el tiene cosas más importantes que informar..
Gracias.
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El general secretario Crescencio Sandoval hace viajes de lujo con todo y familia.., inmoral para la 4T.
Reportaje..publicado en varios medios, es de Nacho Rodriguez Reyna..
https://contralacorrupcion.mx/los-viajes-del-general-secretario/
Su cuenta de Twitter.. @RodriguezReyna_
El general Sandoval suele viajar acompañado. Varias de las plazas de los jets del Ejército mexicano son ocupadas por su esposa, su hija, su hijo (un alto funcionario federal de inteligencia), su nuera, su pequeña nieta y a veces su consuegra.
Esto se puede saber gracias a las guacamaya leaks, gracias a los correos filtrados
Esto se puede saber gracias a las guacamaya leaks, gracias a los correos filtrados ...
Y aunque los cientos de correos electrónicos examinados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo proporcionan minuciosos detalles sobre los preparativos y los viajes, su revisión no permite determinar de manera fechaciente si, por ejemplo, los vuelos de la familia del general Sandoval hechos en Clase Premier a Nueva York son parte de los 3 mil 800 vuelos internacionales que la Sedena contrató con Aeroméxico en junio de 2019 por 85 millones de pesos.
La falta de información en el ejercicio del cada vez mayor presupuesto militar impide conocer más sobre estos viajes: tampoco es posible saber, por ejemplo, si los 2 millones 489 mil pesos pagados por una estancia de dos semanas en cuatro ciudades italianas, en las que el hospedaje se realizó en palacios y exclusivos hoteles, salieron de la tesorería del Ejército.
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AMLO acusa “intromisión abusiva, prepotente” de la DEA ...; no tiene idea de como funciona la inteligencia norteamericana, piensa que le van a pedir permiso..
Quiere persuadirlos de que no hagan eso. Mmm. Ingenuo, con todo respeto..
AMLO calificó como “una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo”, el que elementos de la DEA haya estado en México infiltrada en los niveles más altos del Cártel de Sinaloa .
General de la República.
“¿México fue informado de esta operación de la DEA? Y saber si México cooperará con estos cargos que está haciendo el Departamento de Justicia en contra del cártel”, se le preguntó en el Salón Tesorería.
“Tenemos que verlo, pero no puede haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que puede intervenir, la Fiscalía General de la República”, dijo,
“¿Esta acción cómo la califica entonces presidente?”, se le cuestionó.
“Es una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¡Cómo van a estar espiando!”, respondió López Obrador.
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Las columnas políticas hoy, lunes 17 de abril de 2023
Templo Mayor/ Reforma,
CUENTAN que entre las angustias de Andrés Manuel López Obrador está el retraso en varias obras hidráulicas que nomás no quedan, como el Canal Centenario en Nayarit, que muy al estilo de la 4T apenas se entregó la primera etapa.
HACE POCO, dicen que el mandatario le pidió explicaciones de los retrasos a Germán Martínez Santoyo, director de Conagua, y a Alejandro Gascón, encargado de la construcción del canal. La respuesta fue que el atorón estaba en la oficina de la administradora general: Alejandra Icela Martínez Rodríguez.
Y POR lo que se cuenta, la funcionaria dejaría de serlo muuuy pronto, tanto por los retrasos en las obras, como por las constantes denuncias de extorsiones a empresarios y cobros de diezmo a proveedores.
¿SERÁ que el Presidente le pida a Rosa Icela Rodríguez que así como está investigando la corrupción en el ISSSTE, se meta en la Conagua? Obviamente no, porque ni modo que la secretaria de Seguridad Pública le ponga lupa a su hija Alejandra Icela.
EL DEBATE de anoche entre los candidatos de Coahuila debería transmitirse de nuevo, pero en Comedy Central. El intercambio entre los aspirantes a la gubernatura fue un show de ocurrencias, incoherencias y diferencias.
AL ALIANCISTA Manolo Jiménez le bastó con nadar de muertito para llevarse la noche, mientras Armando Guadiana y Ricardo Mejía se daban con la cachiporra y Lenin Pérez, del Partido Verde, jugaba el papel de convidado de piedra.
FUE muy evidente que Guadiana no se preparó ni tantito para el debate y quedará para la historia su petición para ir al baño. Y de Ricardo Mejía, el candidato del PT, se confirmó como la mejor arma... ¡del PRI! En resumen: fue un debate que generó risas a todos... excepto a los coahuilenses.
EN EL EQUIPO de Delfina Gómez ya empezaron a integrar un archivo con las irregularidades que dicen haber venido encontrando en la elección del Estado de México. Si algo sabe hacer Horacio Duarte es, precisamente, armar esos enormes legajos de impugnación, pa' lo que haga falta. Por lo pronto ayer la candidata habló de entrega de dádivas en la zona sur de la entidad. Habrá que ver a dónde lleva esa pista.
YA DIJO el Presidente que no se necesita la agencia de noticias Notimex, porque para eso está la mañanera. Es decir, lo que importa en México es lo que diga el Presidente. Quizás por eso le incomoda la transparencia y quiere desaparecer al INAI: la información pública es la que él diga, cuando la diga y como la diga.
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Funcionario de la UNAM miente y firma como maestro sin serlo
Bajo Reserva/El Universal
Nos dicen que dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hay una bomba de tiempo que en cualquier momento le explotará al rector Enrique Graue. Se trata, nos comentan, de que quien durante años ha sido su director de Comunicación, Néstor Martínez Cristo, pues se ha ostentado durante varios años con el grado de Maestría, cuando realmente registró su maestría, con número de cédula 13338827 de la SEP, apenas este año 2023. Nos hacen ver que, este hecho, además de constituir un delito, es una grave falta a la moral. El rector, nos comentan, está obligado a tomar medias ante esta situación y demostrar que, en el castigo a este tipo de ilícitos, el buen juez por su casa empieza.Preparan reducción de concesiones a minerasEste lunes sesionarán las Comisiones Unidas de Energía y de Economía en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta de reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente. Nos comentan que el proyecto contempla, entre otras cosas, reducir el tiempo de concesiones mineras de 50 a 15 años y limita a cinco años las concesiones de agua. Para Morena, nos dicen, se trata de una propuesta para recuperar la rectoría del Estado en los bienes de la nación, por lo que trabajan a marchas forzadas para sacar adelante la iniciativa. Se prevé que hoy se apruebe en comisiones, y muy probablemente, mañana mismo pase a votación del pleno.
La crítica de AMLO a su Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones
Ayer, en su gira de trabajo por San Pedro Coxcaltepec, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no le gustó nada el cambio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizado en noviembre de 2021. Y como su pecho no es bodega, dijo, para él el titular de la dependencia, Jorge Nuño Lara, es su secretario de Obras del Gobierno Federal. “No sé los técnicos cómo se complican la vida, dicen: ‘Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Está larguísimo eso, no se entiende. Es secretaría de obra pública, ya, para que se entienda bien. Pero está muy presumido el nombre”. Nos hacen ver que, lo más curioso de la queja del mandatario, es que él firmó y envió la reforma el 23 de febrero de 2021 para cambiar el nombre de la Secretaría.
Inai dejará de poner la otra mejilla a las bofetadas presidenciales
Nos dicen que en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) han acordado cambiar de estrategia y dejar de ser un órgano autónomo callado. Aseguran que no dejarán pasar las acusaciones e insultos que vengan desde el gobierno federal o desde la conferencia mañanera que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que ahora que solamente trabajan con cuatro de siete comisionados y que sus resoluciones en el pleno están paradas, emprenderán una campaña para dejar en claro en la sociedad la importancia de la transparencia en la democracia y el sistema político mexicano. Tan solo el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Inai, al decir que no sirve y que sólo cubre corruptelas. Ya se verá si ahora que acabaron los días santos, el instituto dejará de poner la otra mejilla a las bofetadas presidenciales.
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Con Los Chapitos en la mira/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
El saldo más importante de la reunión binacional entre México y Estados Unidos ha sido el anuncio de que Washington ha puesto como su objetivo claro al cártel de Los Chapitos. Son 26 los personajes de esta organización criminal, dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los que están en las listas prioritarias de la justicia estadunidense y sobre los que ese país demanda a México colaboración para detenerlos y extraditarlos.
No es nuevo. Desde hace años se sabe que Los Chapitos son los principales productores de fentanilo ilegal en México. Desde que comenzó a decomisarse esta droga en forma amplia (todavía a fines del sexenio pasado) los cargamentos casi siempre tenían como destino a Los Chapitos. Son ellos, además, con una estructura heredada de su padre, los que tenían los contactos adecuados en Asia como para poder proveerse de los precursores químicos suficientes para comenzar a producir fentanilo ilegal en gran escala.
Fue esa organización también la que identificó cómo las restricciones en la venta, durante mucho tiempo indiscriminada, de opiáceos legales abría una enorme puerta para la distribución y venta de fentanilo ilegal, más potente y mucho más barato que los opiáceos farmacéuticos. Eso terminó siendo no lo que originó, pero sí lo que detonó la epidemia de opiáceos y el enorme crecimiento de muertes por sobredosis de fentanilo.
No tiene sentido en esta coyuntura mandar cartas a China para preguntarle al gobierno de ese país si ellos exportan precursores para el fentanilo ilegal o negar que en México se produce esta sustancia. Por supuesto qué hay redes enormes de distribución de drogas en la Unión Americana para que la droga llegue a los consumidores, de la misma forma que allí se lava buena parte del dinero obtenido y con ese dinero se compran armas que terminan fortaleciendo a los cárteles en México.
Pero lo que no se puede ignorar es que Los Chapitos y otras organizaciones criminales han crecido y se han empoderado en México en los últimos años. En su caso particular, aquel saludo del presidente López Obrador a la madre de El Chapo Guzmán, la liberación de Ovidio Guzmán al inicio de esta administración y la captura posterior de Ovidio, sin que se concrete su extradición a los Estados Unidos, son acciones muy desafortunadas que, aunadas a la estrategia de abrazos y no balazos, han generado una profunda desconfianza en las autoridades estadunidenses.
Es verdad que el capítulo México se ha convertido y se convertirá aún más, en la medida en que se acerque la campaña electoral en EU, en un tema de agenda, pero sería poco sensato ignorar la trascendencia que tiene para nuestro país.
No sólo por la forma en que el gobierno estadunidense está visualizando a Los Chapitos y sus aliados como los principales productores y proveedores de fentanilo, sino también por las sospechas de que el incremento de las remesas se relaciona con lavado de dinero proveniente de ese comercio. El cierre de operaciones para recepción de remesas del Banco del Bienestar se relaciona con ello, después de que se detectó que un porcentaje relativamente elevado de remesas se dirigían a zonas del país con fuerte presencia del crimen organizado y pocos migrantes, como Sinaloa, e incluso zonas conurbadas de la Ciudad de México.
Por supuesto que hay apetitos e injerencias respecto a México en ciertos sectores de los Estados Unidos, siempre los ha habido. No es nada nuevo. El mismo Trump, al que ahora defiende el presidente López Obrador, fue el primero que intentó que se usaran fuerzas militares o drones para atacar laboratorios de meta y fentanilo en México. Eso lo pensó en su momento Ronald Reagan y ha estado en la agenda ultraconservadora desde tiempo atrás.
Lo nuevo es que se haya dado está conjunción de una evidente participación de cárteles mexicanos en un fenómeno tan terrible y costoso para la sociedad estadunidense, como es el de las miles de muertes por sobredosis de fentanilo, al mismo tiempo que un distanciamiento evidente de las agencias de seguridad mexicanas con las estadunidenses, con una estrategia de seguridad que no genera confianza del otro lado de la frontera y que demuestra ser inoperante ante la contundencia de los 150 mil asesinados y 40 mil desparecidos en lo que va de este sexenio. Todo eso sumado con la sospecha de que parte de las remesas tienen que ver con esas operaciones criminales. Es una tormenta perfecta.
Las Fuerzas Armadas han acrecentado desde hace ya algún tiempo el accionar contra el tráfico de fentanilo. Han caído laboratorios importantes y también se han dado decomisos millonarios en las fronteras y en el mar. Apenas esta semana fue detenido en Culiacán César Osvaldo “N”, un joven identificado por las fuerzas militares como el responsable de los centros de confección y trasiego de pastillas de fentanilo ilegal para el grupo criminal de los Tapia, cercano a los de El Mayo Zambada. La caída de El Lupe Tapia, hace algunas semanas, y ahora de este personaje son dos golpes importantes para los grupos de El Mayo.
Pero el foco de los estadunidenses está puesto en Los Chapitos, a los que consideran mucho más importantes en este ámbito y a los que perciben que se les deja actuar con mayor permisividad. Quizás se trata sólo de un tema de percepciones, pero lo cierto es que esa percepción es la que las autoridades mexicanas tendrán que romper para recomponer una relación con Estados Unidos que pasa por un momento mucho más complejo y delicado del que se quiere asumir públicamente. Por lo pronto, Los Chapitos están en la mira.
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Estrictamente Personal
Adiós Notimex/Raymundo Riva Palacio
El Financiero,
Este día empieza en la Secretaría de Gobernación la eutanasia de la agencia Notimex, que difícilmente llegará a cumplir sus 55 años en agosto. Es muy triste cuando muere un medio de comunicación, pero en este caso el pesar es mayor por las circunstancias de su extinción, la notoria desinformación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la agencia y su carente visión de Estado, y el terrible error de haber nombrado a una protegida de su familia, Sanjuana Martínez, como directora, una periodista que como administradora fue una troglodita autoritaria, incapaz de resolver una huelga durante tres años.
Pero más grave que padecer a la incompetente Martínez al frente de Notimex, es la forma como López Obrador percibe la agencia. El viernes dijo que era un instrumento de propaganda, que ya no era necesario porque tenía la mañanera. Cándidamente reconoció que lo que realmente tiene en aquello que llama “un diálogo de comunicación circular”, es un instrumento de propaganda. La mañanera es su espacio de gobierno cuyo componente central, disfrazado de conferencia de prensa, es utilizado para disparar obuses a todos los que lo critican o disienten, amenazar y mandar a la plaza pública para ser linchado.
Notimex fue creada en 1968 como una sociedad anónima con participación mayoritaria del gobierno, para proveer información organizada y centralizada sobre las Olimpiadas, que iniciaron el 12 de octubre de ese año. La información era oficialista, pero al mismo tiempo, desde un principio llenó los enormes vacíos de información que había. Casi desde sus inicios produjo contenidos para la televisión mexicana y para periódicos, cuando no existían noticieros o no tenían posibilidades de generarlos. Años después transmitió programas de radio y más adelante fotografía.
Durante casi dos décadas perduró el enfoque oficialista en la información, hasta que al ganar la elección presidencial Carlos Salinas, en un proceso lleno de opacidad y sospechas de fraude, su equipo vio la necesidad de legitimarse. La información fue una vía. Su vocero Otto Granados invitó a varios profesionales a dirigir los medios públicos. Pensó en mí para Notimex, pese a que sabía que había votado por Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988. Para aceptar el cargo, planteé escenarios de cobertura como condición, que eran impensables en Notimex hasta ese momento, y por experiencia, en los medios privados. No habría censura, aseguró. Lo cumplieron cabalmente y aceptaron informaciones negativas para el gobierno, algunas incluso que periódicos influyentes habían optado por no publicar.
Por primera vez se transmitieron acciones y declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y se cubrió a la izquierda. Se dejaron de consultar informaciones delicadas y se trabajó bajo criterios periodísticos, que permitieron tener noticias exclusivas como la detención de Joaquín Hernández Galicia, la Quina. Habían prometido recursos para una expansión, y se otorgaron: se crearon cinco agencias de noticias para fortalecer la integración regional y hubo una expansión internacional con corresponsalías, como en Estados Unidos, que en un año creció de dos a 35, y en Centroamérica, zona de influencia mexicana, que se cubrió en su totalidad.
En 1989 se planteó transitar hacia una agencia de Estado y se dieron los primeros pasos, aunque se concretó hasta 2006, en gran parte porque los presidentes Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox tuvieron una visión de Estado sobre Notimex, y continuaron el respaldo presupuestal para que todos los directores que me sucedieron siguieran ampliando la cobertura y la calidad periodística. Muchos de sus periodistas obtuvieron trabajos con medios internacionales; otros avanzaron hacia puestos ejecutivos de medios mexicanos. No era propaganda lo que se hacía, era periodismo. Hasta que llegó la señora Martínez, era consabido que al ser una agencia con recursos públicos, por definición debía de ser plural y abierta.
Notimex era una agencia de noticias, cuya función era registrar todo lo que sucedía que tuviera interés público, que reportaba de manera justa y balanceada. Llenaba los vacíos de información que dejaban los medios privados, que estaban ausentes de mercados que no daban audiencias suficientes para lograr buenos ratings o circulación, y por tanto, publicidad, sin entrar a la importancia estratégica que tendría hoy ante tantas mentiras y desinformación en las redes sociales. De eso se trata una agencia de Estado, y el apego al derecho a la información y a ser informado.
Notimex tenía un sindicato combativo, profesional y responsable. Quienes tratamos con ellos reconocemos su calidad y compromiso con sus agremiados, sin ser unos aventureros temerarios que pusieran en peligro su fuente de trabajo, pero sin líderes charros o cómplices, que traicionaran a los trabajadores. Por la experiencia de muchos de nosotros, es inconcebible que Martínez haya sido incapaz de llevar a resolver un conflicto con el sindicato al que acusa de corrupción, y evitar que la empresa se pudriera. Fueron sus limitaciones prácticas y conceptuales, expuestas en una entrevista en Los Periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, donde señaló, entre otras cosas, que cerrar Notimex “era la decisión más adecuada”.
La enterradora de Notimex quiso lavarse la cara diciendo que había sido un botín “durante décadas”, cuyos actos de corrupción eran públicos y notorios, lo que es una falacia para justificar sus torpezas. “Era una agencia secuestrada por una mafia que ya no era un sindicato… saqueada, vilipendiada”, justificó. “La mayoría no eran periodistas. Había una lista de 60 aviadores. Pasaban seis meses y veíamos personas y preguntábamos quiénes son esos”. ¿Por qué no hizo nada en medio año para frenar esa irregularidad?
Afirmó que hay más de 150 denuncias por presunta corrupción. Aun si fuera cierto, ¿no pudo eliminar las frutas podridas y hacer un trabajo profesional? Lo que hizo, como escribió Alejandra Escobar en Etcétera a un año de su gestión, fue “un periplo… plagado de anomalías: trabajadores despedidos injustamente, una huelga desconocida por la directiva que, por ello, conculca derechos laborales y un sinfín de desatinos e imprecisiones en la información proporcionada por la agencia…”.
Ni administrar ni hacer periodismo pudo hacer Martínez. Pero que duerma tranquila. El Presidente la respalda porque al final, en su visión y acción, son tal para cual.
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Coordenadas
AMLO y ‘la demolición’ de instituciones/Enrique Quintana
Coordenadas
El Financiero,
El proceso de demolición institucional que ha llevado adelante el gobierno de López Obrador ha sido sistemático y consistente a lo largo de toda esta administración.
Aún no se puede calcular de manera razonable cuál será el costo para el país en el largo plazo. Sin embargo, de lo que se puede estar seguro es que va a ser muy elevado.
En días recientes se anunciaron otras medidas en la misma senda de la destrucción institucional.
Se confirmó la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), que integraba lo que alguna vez fue la Financiera Rural.
También se confirmó la liquidación de Notimex, la agencia de noticias del Estado Mexicano.
Adicionalmente se anunció que no habría nombramientos de los comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Pero estas medidas de los últimos días simplemente se suman a muchas otras.
Se pretendió un desmantelamiento de grandes proporciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que afortunadamente se detuvo a partir de que el ministro Javier Laynez suspendió la vigencia de las reformas legales denominadas plan B.
Pero si se hace un recorrido amplio por los órganos del Estado, se pueden encontrar muchos otros casos… o el intento de realizarlos.
Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, falló la intentona de colocar a una ministra incondicional al frente de la institución y con ello se impidió por ahora una gestión que apuntaría al debilitamiento del Poder Judicial.
En el sector energía no se corrió con la misma suerte, pues los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Comisión Reguladora de Energía o el Centro Nacional de Control de Energía, han sido o subordinados o debilitados.
Por muchos meses la Comisión Federal de Competencia Económica también sufrió de omisiones en los nombramientos de su Junta de Gobierno.
No puede dejar de mencionarse la eliminación del Seguro Popular, que afectó severamente a una amplia capa de la población que se quedó sin servicio médico.
Igualmente, en el ámbito educativo se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se erosionó gravemente la capacidad de promoción de innovaciones del Conacyt.
Se cancelaron el Consejo Nacional de Promoción Turística y ProMéxico, dos instancias que hubieran sido cruciales para la promociones de las inversiones en el país en esta coyuntura.
En el ámbito financiero y económico, también se debilitó severamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las áreas dedicadas a las negociaciones comerciales en la Secretaría de Economía.
No le sigo, pues la lista sería prácticamente interminable.
El argumento que muchos partidarios del régimen plantean es que, con todo este conjunto de cambios, se han logrado liberar recursos para poder asignarlos a los programas sociales, así como a la inversión del gobierno federal.
Cuando se miran los números, resulta que las cosas no son tan claras.
El porcentaje del gasto total que se destinó al desarrollo social representó 60.5 por ciento del gasto programable del sector público el año pasado.
En el último año del gobierno de Peña, ese porcentaje ya era de 59.7 por ciento. Es decir, la diferencia son apenas 8 décimas de punto porcentual.
Habrá que esperar próximamente los resultados de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares que realiza el INEGI para poder apreciar el impacto en materia de pobreza que ha tenido la política de este gobierno, pero me temo que los resultados van a ser malos, como ya lo fueron con los datos de 2020.
A la hora de ponderar los costos y beneficios, creo que el impacto de la destrucción institucional será enorme y con repercusiones negativas para el largo plazo para el país.
Esperemos que no transcurra demasiado tiempo para empezar la indispensable reconstrucción.
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La cartera del cártel/Paola Rojas
El Universal, 17 de abril de 2023
El combate contra el fentanilo se ha convertido en una prioridad para Estados Unidos. La enorme cantidad de muertos y adictos que está generando a diario ha obligado a poner el tema en el centro y a tomar medidas determinantes.
Ya desde hace semanas el secretario de Estado, Antony Blinken, adelantaba que están dispuestos a desarticular la cadena de suministro de esta droga negando el acceso al sistema financiero internacional a los delincuentes que están detrás de su producción y distribución.
Fue el 22 de febrero cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló a seis integrantes del Cártel de Sinaloa y a seis entidades con sede en México como responsables de este tráfico letal.
El viernes pasado, luego de la reunión Mexico-Estados Unidos para tratar temas de seguridad, el gobierno de Biden reveló que la Administración para el Control de Drogas (DEA) infiltró desde hace 18 meses al Cártel de Sinaloa, encabezado por “Los Chapitos” y confirmó que este grupo está detrás de la producción de fentanilo. Detallaron incluso las rutas que usan para su distribución.
Si bien Estados Unidos ha sido el gran consumidor global de sustancias ilegales desde hace décadas, nunca antes se había enfrentado a una crisis de esta magnitud. El fentanilo afecta, según reporta el propio gobierno estadounidense, a todos los sectores geográficos, demográficos y económicos de su país. Es un problema de salud pública y es ya también un problema social grave. En las escuelas toman medidas desesperadas, en las prisiones reparten antídotos y en los hospitales se saturan las áreas de urgencias debido a los afectados por sobredosis.
Esta vez sí parecen tener la voluntad de ir a fondo. Ante la emergencia que esta droga representa, no se pueden permitir actuar con la misma tibieza del pasado. Eso de señalar a los países latinoamericanos como productores sin hacerse responsables de su parte en la cadena criminal de consumo dejó de ser válido hace tiempo. Pero ahora toca ir más allá. Estados Unidos no solo ha sido históricamente el principal consumidor de drogas, ha sido también el principal beneficiado económicamente por ese mercado ilegal. Si quieren realmente debilitar a los grandes cárteles, tendrán que hacerlo por la vía financiera.
De este lado frontera, corresponde asumir la realidad de México como país productor de fentanilo y reconocer que el consumo está aumentando. Hay ciudades, como Tijuana, donde ya hay afectaciones importantes por el uso de esta sustancia. Negar la existencia del problema no lo resuelve, al contrario, nos aleja de una posible solución. Es una realidad que requiere de acciones urgentes para evitar que se convierta también acá en una crisis nacional de salud.
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Uso de Razón
Su cinismo mata/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Financiero
Ya se dio cuenta del desastre que ha causado y, en lugar de corregir, simula que todo va bien y que irá mejor. Cinismo, pues.
En febrero de este año el Departamento de Estado entregó al Congreso de EU el informe anual, donde señala que en México hay violaciones a los derechos humanos, secuestro, torturas, homicidios, tráfico de personas, intimidaciones, hostigamiento y ataques a periodistas, complicidad de agentes del gobierno con bandas criminales internacionales y corrupción.
La respuesta del Presidente fue una cátedra de cinismo:
“Están mintiendo, es pura politiquería… En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados, nunca decían nada; en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión”.
Al mes siguiente vino el crimen contra 40 migrantes centro y sudamericanos que murieron calcinados en una pocilga del gobierno federal en Ciudad Juárez.
En ese crimen confluyeron corrupción, ilegalidad, tortura, extorsión, complicidad con bandas criminales y desprecio a la libertad de expresión. Todo lo que señaló el Departamento de Estado.
No era necesario que se lo dijeran “los gringos”. Para saber qué pasaba era suficiente con que el Presidente viera las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (encabezada por una leal a él).
Ahí venía todo lo que, el 27 de marzo, se transformó en la más cruel masacre masiva de migrantes cometida por un gobierno en este siglo.
Lo señalado por la CNDH coincide con lo expuesto en medios de comunicación que narraron las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en los galerones del INM en el sur y en el norte.
Para el Presidente eran exageraciones de los “zopilotes” de la prensa conservadora que “nos quieren afectar” para recuperar privilegios.
Su cinismo hecho gobierno mata.
Periodistas mexicanos (destacadamente en El Universal), con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, han publicado que, del 1 de enero al 10 de abril del año en curso, se han registrado 810 desapariciones de extranjeros procedentes de Centro y Sudamérica.
Las desapariciones, señalan, son ejecutadas principalmente por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, derivadas de la pugna por el control del secuestro, extorsión, el derecho de tránsito hacia el norte y el reclutamiento forzado.
En casi cuatro años, la CNDH ha emitido 54 recomendaciones al Instituto Nacional de Migración por torturas, agresiones sexuales, lesiones y extorsión a migrantes y a sus familiares.
Señalan los reportes de la prensa nacional que las estaciones migratorias, retenes y garitas, se han convertido en cuevas para el cobro de moches por parte de agentes y funcionarios del gobierno del presidente López Obrador.
De entrevistas con migrantes, se publicó ‘El tarifario de la corrupción’ (El Universal, 6 de abril): botella de agua, 15 dólares. Jabón, 10 dólares. Llamada telefónica de 5 minutos, 25 dólares. Trámites, dos mil a cinco mil dólares. Por no detenerlos, 25 dólares. Un cigarrillo, tres dólares.
Una semana después de la masacre en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración envió un reporte a la Cámara de Diputados, que el periodista Víctor Chávez publica hoy en El Financiero:
Se otorga a los migrantes “instalaciones seguras, hospedaje, agua y alimentos gratis, kits de higiene”.
Además, “apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes, mejoras en la infraestructura de albergues, insumos para la adecuada estancia de personas migrantes y refugiadas, el acompañamiento de los organismos internacionales para los nuevos albergues que las autoridades locales y estatales implementen para recibir flujos de personas migrantes”.
El cinismo del Presidente permea como política pública.
Humanismo mexicano, mi legado: AMLO, tituló el diario La Jornada (“el único” que dice la verdad, sostiene el Presidente) la nota del cuarto Informe de Gobierno de López Obrador, el 27 de noviembre pasado.
En el Zócalo, AMLO caviló en voz alta sobre las virtudes esenciales de su gobierno y concluyó: “Mi propuesta sería llamarle Humanismo mexicano, porque tenemos que formar un distintivo. Humanismo mexicano porque, como diría el césar, Publio Terencio: nada de lo humano nos es ajeno”.
El cinismo gobierna y muchos le aplauden.
Para decirlo en palabras de María Herrera Magdalena, destacada en Forbes por la búsqueda de sus cuatro hijos, víctimas de desaparición forzosa: tenemos “un Estado y una sociedad ahogados en indiferencia”.
Cuando mataron al periodista Antonio de la Cruz junto con su hija –el número 35 de los que van asesinados en su sexenio, con cifras a julio del año pasado–, López Obrador dijo
“Que no estén pensando los autores intelectuales y materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo… Aunque parezca disco rayado, debo seguir advirtiendo que ya no es lo mismo. No somos iguales. No se confundan”.
Algo parecido ha dicho luego de otras masacres ocurridas en su gobierno, como el asesinato de mujeres y niños en Bavispe, o al día siguiente del intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva (aunque 24 horas después dijo que pudo ser un autoatentado para subir el rating).
El ataque a Gómez Leyva ocurrió dos días después de que AMLO afirmara que escuchar a Ciro, Loret y Sarmiento podría producir un tumor en el cerebro.
Hace tres días, el viernes, autoridades municipales de Guerrero detuvieron al periodista Bertín González por criticar un programa social del presidente López Obrador.
El acta de la comisaría dice: “Se detiene al señor Bertín Chino González, periodista del periódico Prensa del Sur, por subir a las redes sociales que los grupos de Sembrando Vida que dirige el presidente López Obrador no están funcionando en todo Guerrero”.
Al Departamento de Estado, que señaló el hostigamiento a periodistas, el Presidente le soltó por respuesta una descarga de cinismo: “En México se garantiza la libertad de expresión”.
¿Qué sigue?
Con ese cinismo, seguiremos viendo más de lo mismo. Asesinatos incluidos.
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Sobremesa
Influyentismo y nepotismo en el 20 de Noviembre/Lourdes Mendoza
El Financiero, abril 17, 2023 |
Tal es el caso de la doctora Lucía Achell Nava, quien recientemente fue impuesta como titular del curso de dermatología por órdenes de la actual directora del hospital, Martha Alvarado Ibarra, pese a que, desde meses antes, otra especialista había sido seleccionada por la vía legal. ¡Así como lo están leyendo!
Médicos residentes y personal del 20 de Noviembre se unen para denunciar la irregularidad con que opera la dirección del centro médico, a la par que exigen deshacer la colocación arbitraria de una mujer que además ha sido acusada por incurrir en actos de discriminación, generar tensiones e incluso negarse a enseñar técnicas al alumnado, alegando que “le podían copiar sus técnicas”. ¡Quihúboles!
El conflicto surgió a raíz de la salida de Sagrario Hierro como encargada del área, quien se jubiló.
Desde un principio, Hierro propuso a la doctora Valeria Díaz como ideal para sustituirla, e incluso fue nombrada profesora sustituta hasta el inicio del siguiente ciclo, cuando se concretara la renuncia de la titular.
La doctora Valeria no solo contó con el visto bueno de la especialista, sino que se creó una convocatoria para concursar la titularidad del servicio de dermatología, en el cual sólo hubo dos interesadas. Una de ellas fue Valeria, mientras que la otra inscrita fue la doctora Lucía Achell.
Los resultados fueron contundentes: Valeria Díaz Molina fue la mejor calificada para dirigir el área de dermatología, y por una distancia considerable, de 325 puntos curriculares ante los 288 de Achell Nava.
Aunque la resolución era un hecho, nunca se oficializó del todo, pues Denisse Añorve y Miguel Ángel Minero, encargados del área de división de posgrado, comenzaron a dar largas a la hora de girar un oficio que concretara el nombramiento de Valeria Díaz:
“Si en todo este tiempo les pedí el documento unas 20 veces, fueron pocas; y jamás me lo entregaron”, acusa la doctora, quien meses más tarde fue repentinamente informada de que de nada sirvió el proceso en el que contendió, pues la dirección tomó la decisión arbitraria de colocar a Achell como titular de dermatología.
¿Exceso de experiencia?
Palabras más, palabras menos, el argumento de Alvarado Ibarra para justificar la imposición de una amiga cercana suya para el puesto fue que no comprendía cómo, siendo más joven que Achell, Valeria Díaz tuviera un currículum más extenso.
“Básicamente dijo que ella podía elegir a quien ella quisiera, pues era la directora”, recuerda la afectada, quien además ve en el argumento de la dirección un acto de discriminación por edad.
“¿Para qué hacen una convocatoria?”, cuestiona. “Desde un principio le hubieran dado el cargo, en lugar de hacer un proceso que no iban a respetar”.
La doctora Valeria denunció el caso ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE, donde le dijeron -increíble pero cierto- que no hay mucho que pueda hacer, pues no existe un documento que la declare como titular del servicio de dermatología.
El perfil manchado
En redes sociales médicos residentes y el personal del hospital exigen que la selección del personal se haga de manera limpia y basada en los conocimientos de los candidatos, y no por influyentismos y amistades.
Además, les cuento que la cosa no se queda ahí, pues esta polémica ha sacado a flote al menos dos denuncias contra la doctora Lucía Achell Nava, por distintas conductas poco profesionales, que van desde maquillarse en clase hasta negarse a enseñar técnicas a los residentes de primer año.
Uno de estos oficios proviene de la propia Sagrario Hierro, la titular saliente, quien en 2019 prescindió de la labor de Achell como profesora adjunta en el curso, exponiendo, entre otras cosas, que:
No permitía la entrada a los residentes en cirugías que ella realizaba, argumentando que le copiaban sus técnicas.
Se reportaron constantes ausencias en el curso entre 2017 y 2018, ya que acudía a dar conferencias en otros laboratorios.
Propició tensiones a raíz de una mala relación con los residentes de primer año R1 en dermatología, que incluían mofarse de sus alumnos con muecas cuando exponían algún punto.
Se negó deliberadamente a dar clases que le correspondían.
Luego en 2021, un oficio más, promovido por el doctor Félix Octavio Martínez Alcalá, revela que había quejas contra la doctora por tratos discriminatorios, por el que se pedía a la titular tomar cartas en el asunto.
“Nada de lo expuesto ha sido suficiente para cambiar la decisión, firme, opaca y arbitraria de Martha Alvarado Ibarra, quien ostenta la dirección del CMN 20 de Noviembre desde el 19 de noviembre de 2021, de mantenerla en el cargo, sólo porque es su amiga”.
Otra de Almendra Ortiz y sus secuaces
Y ya que hablo de temas médicos, cómo ven que el brazo derecho de Almendra Ortiz -sí, la exgacela de AMLO que contrató por sus pistolas a Imedic, y que por no dar el servicio los derechohabientes se quedaron sin servicio de imágenes, lo cual les costó la vida a varios de ellos-, Juan Manuel López Ramírez, subdirector de personal del ISSSTE, tiene tres chambas en el gobierno federal. ¿Cómo les quedó el ojo? Trabaja al mismo tiempo en el ISSSTE, la SEP y el IMSS. ¿Será por eso que el IMSS, de Zoé Robledo, les mandó las batas recicladas, a pesar de tener un presupuesto en el ISSSTE de 750 mdp? Sí, los trabajadores del ISSSTE recibieron batas recicladas del IMSS. ¿Cómo se supo? Muy fácil, sólo había que darle la vuelta a la manga de la bata. ¡Ver para creer! ¿Acaso los 750 mdp de la partida de 2022 se irán a la campaña para la gubernatura de Chiapas que tanto presume Zoé Robledo (su estado natal)? ¿Habrá sido idea de Almendra y Juan Manuel? Lo cierto es que el dinero estaba y las batas eran recicladas y este señor, brazo derecho de Almendra, trabaja en el IMSS, el ISSSTE y la SEP.
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“Fuera máscaras”, viva la opacidad/Carlos Marín
Milenio,
Lo de “fuera máscaras” a que tanto llama el presidente López Obrador incluye a su gobierno, resuelto a ejercer el poder de los poderes por encima de los otros dos que mandata la Constitución y de los organismos autónomos del Estado, contrapesos que el Ejecutivo se empeña en disolver.
En la variedad de instituciones con funciones que le desagradan sobresalen las dedicadas a la información, y el viernes explicitó su desprecio por la rendición de cuentas con una fulminante descalificación al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
“¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios…”, dijo al recordársele que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confió a los senadores de Morena lo que su jefe le había instruido para congelar el nombramiento de comisionados y dejar al INAI en estado virtual de coma:
“Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de impasse…”.
En la opinión presidencial, son las instancias bajo su control las únicas a las que debe recurrir la sociedad cuando demanda de la información que normalmente se le escamotea:
“¿Qué no existe la oficina de la Función Pública? ¿Qué no existe en el Poder Legislativo la facultad de aprobar el presupuesto y de darle seguimiento al ejercicio del gasto? ¿Qué no existe la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué no existe la Fiscalía General de la República? ¿Qué no todas las dependencias del gobierno federal y organismos del Poder Judicial y del Poder Legislativo están obligados a informar?”.
Sí, pero lo habitual es que se niegan.
Pretextó:
“Tenemos una oficina (el INAI) nada más para estar contestando todo, hasta cuánto papel sanitario utilizamos en el departamento (de Palacio) y hace unos días, en la última sesión que tuvieron, que si mi título y mi tesis…”.
Sus ejemplos fortalecen la importancia del INAI: antes de existir, la presidencia de Vicente Fox consignó en CompraNet hasta el precio de sus toallas; y los plagios universitarios de su amiga ministra, Yasmín Esquivel, explican el interés público por la legitimidad académica de López Obrador.
Encarrilado en la opacidad, también le dio puntillazo a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano que imagina como de mera propaganda:
“Ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso; además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera…”.
—¿Confirma entonces que se extinguirá Notimex, Presidente?
—Sí.
Deplorable concepción del derecho a la información y de una degradada agencia estatal de noticias.
Lo cierto es que gracias al INAI puede obtenerse información de cualquier autoridad, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicales, y que promedian (SPIN) ¡94! las mentiras en cada mañanera...
cmarin@milenio.com
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Guerra de EU contra "Los Chapitos", a pesar de AMLO/Salvador García Soto
El Universal
El mensaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue contundente y sin derecho de réplica. Con el anuncio del fiscal general Merrick Garland desde la misma Casa Blanca, la ofensiva contra el narcotráfico mexicano y, en particular contra el Cártel de Sinaloa y sus actuales líderes “Los Chapitos”, subió al más alto nivel y la colaboración del gobierno de México en la que será una guerra contra el fentanilo y sus principales productores y exportadores de origen mexicano fue obligada y con esta decisión, Washington prácticamente ignora y hace a un lado al presidente López Obrador y a su discurso absurdo de negar el procesamiento de esa droga letal en territorio mexicano y a su política de “abrazos, no balazos”, que tolera y arropa a los narcotraficantes.
No fue casualidad, para nada, que el mensaje de la administración Biden se diera justo un día después de que el gabinete de seguridad de México, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, fuera llevado hasta la Casa Blanca y se negociaran algunos de los términos de la ofensiva en contra del Cártel de Sinaloa y sus socios chinos y guatemaltecos que participan en la cadena para producir la droga del Fentanilo. Es claro que en el plan lanzado el viernes y anunciado como “rigurosas acciones ejecutivas en contra de la operación más grande, más violenta y más prolífica de tráfico de fentanilo en todo el mundo”, fue diseñado y ordenado, casi en su totalidad por el gobierno de los Estados Unidos, y que México si acaso pudo negociar la inclusión del tema de las armas de alto poder vendidas por empresas estadounidenses al narco sinaloense, que también fue incluido entre las acusaciones y persecuciones que hará el Departamento de Justicia.
Y es que las 28 acusaciones y órdenes judiciales emitidas por el gobierno estadounidense en contra de los participantes en la red de producción, tráfico y exportación del fentanilo mexicano a su territorio, son en su mayoría contra ciudadanos mexicanos y tienen como objetivo principal a los tres hijos de Joaquín Guzmán Loera: Ovidio Guzmán López “El Ratón”, actualmente preso en México y cuya extradición inmediata es parte del acuerdo, además de sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, actualmente en libertad en el territorio mexicano y por quienes se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares.
No hay duda de que la ofensiva estadounidense contra el Cártel de Sinaloa y su producción de fentanilo, es una respuesta fría y contundente de la administración Biden a dos temas que presionan fuertemente a la Casa Blanca y de los que parecen estar hartos: por un lado las fuertes presiones y exigencia de los republicanos desde el Congreso, con iniciativas para declarar “terroristas” a los cárteles mexicanos y acusaciones de “tibieza e incapacidad” del presidente Biden frente al gobierno mexicano y su tolerancia al narcotráfico, y por otra parte, también responden de manera directa al discurso provocador y autoexculpatorio del presidente López Obrador que pretende negar la participación de los criminales mexicanos en la elaboración, tráfico y exportación del la amenaza letal de la droga de fentanilo a los Estados Unidos.
Por eso, aunque López Obrador finalmente cedió al enviar a todos los secretarios de su militarizado gabinete de seguridad, encabezado por los titulares de la Defensa y Marina, junto con la vocera de los militares, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, el canciller Marcelo Ebrard y los titulares de Salud y Cofepris, al final es más que evidente que los acuerdos de Washington, para iniciar la guerra jurídica y policial en contra del Cártel del Sinaloa y sus principales capos, si bien se dan con la concurrencia de las agencias mexicanas de seguridad, también ocurren a pesar del presidente mexicano y su extraña e inexplicable tolerancia a los narcos sinaloenses, marcadamente a la familia de “Guzmán Loera”, como prefiere llamar el mandatario mexicano al capo preso en los Estados Unidos, al que incluso pidió disculpas en una de sus conferencias por referirse a él como “El Chapo”.
Veremos, pues, cómo hace el gobierno mexicano para que su cuestionada política de seguridad de “abrazos, no balazos” que ha sido tema de mofa y cuestionamientos desde todos los sectores políticos de Washington, desde el Congreso hasta la Casa Blanca y lo mismo por demócratas que republicanos, sea compatible con la guerra declarada por la administración Biden contra el Cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.
Habrá que observar qué dice hoy, en su mañanera, el presidente López Obrador de la que se plantea como una auténtica “cacería” en contra de Los Chapitos que finalmente son mexicanos. Ya que no haya dicho nada en sus discursos durante sus giras del fin de semana sobre un tema de la mayor relevancia y haya seguido con sus trillados mensajes contra “los conservadores, los corruptos” y hasta de las “corcholatas” morenistas, es un indicador claro de que a AMLO no le debió gustar nada lo que aceptó su gabinete de seguridad y se anunció el viernes desde la Casa Blanca. Porque al final, todo ese acuerdo y los anuncios se hicieron con él al margen y a pesar de él.
NOTAS INDISCRETAS… Qué tan aburrido, plano y soso resultó el primer debate entre los candidatos al gobierno de Coahuila, que el momento más interesante resultó ser cuando los seguidores de los distintos partidos, que estuvieron presentes en la transmisión del debate, comenzaron a gritar porras, rechiflas y ataques unos en contra de otros. Faltaban aún dos minutos para que terminara el evento, que resultó casi somnoliento, cuando la gritería del público hizo que los moderadores, Javier Solórzano y Sandra Romandía, tuvieran que alzar la voz y pedir, también a gritos, que se calmaran las porras y que permitieran concluir el debate. Y es que lo que se vio en poco más de una hora de transmisión fue a un candidato de la alianza Va Por México, Manolo Jiménez, demasiado sobrado y acartonado, hablando de sus propuestas genéricas, a un candidato de Morena, Armando Guadiana, queriendo verse fresco y atacando reiterativamente al PRIAN y ofreciendo como cambio a los coahuilenses una beca de 1,500 pesos “para todos, todas y todes”, mientras que Ricardo Mejía, del PT, apenas lograba colocar algunos lances y jabs declarativos contra el priista Jiménez, a quien acusaba de representar al “moreirato” y su continuidad, pero también contra el morenista Guadiana, de quien decía no representa a la transformación, sino a sus negocios. Y casi marginado y tratando de decir que él sí representaba a la opción del lopezobradorismo, apareció el candidato del PVEM, Lenin Moreno. En fin, que así de aburrido y soso fue el primer debate de la elección coahuilense… Por cierto que en el caso del Estado de México, cuyo primer debate se llevará a cabo el próximo 20 de abril, del equipo de la morenista Delfina Gómez confirman que su candidata sí participará en este primer encuentro con su adversaria Alejandra del Moral. “100% va la maestra al debate. Se solicitó recorrerlo por temas de agenda, pero se mantiene el 20 y ahí estará”, nos dijo un colaborador de la candidata morenista. El jueves en sesión de su consejo, el Instituto Electoral Mexiquense, que preside Amalia Pulido Gómez, acordó que el próximo jueves tenga lugar el primer debate y que hoy lunes 17 se definan los temas que abordarán las dos candidatas a través de una tómbola. Será interesante ver cómo se conduce Delfina en su calidad de puntera y favorita en las encuestas y si Alejandra del Moral, que se niega al ataque y a la descalificación de su contrincante por un tema de “sororidad” entre mujeres, es capaz de aprovechar esta primera oportunidad para tratar reducir la amplia ventaja que aún le lleva la morenista… Y hablando de morenistas, las tres corcholatas presidenciales anduvieron muy activas el fin de semana. Claudia Sheinbaum, que está metiendo el acelerador a fondo, fue arropada por la nomenclatura de su partido en Veracruz, encabezada por el polémico gobernador Cuitláhuac García y la no menos controversial secretaria de Energía, Rocío Nahle. Fue curioso que mientras la jefa de Gobierno era vitoreada por acarreados del gobernador, el secretario Adán Augusto, en un evento más discreto, era apoyado por cañeros en Acayucan, mientras Marcelo Ebrard se fue a Puebla a inaugurar una nueva oficina de pasaportes acompañado del gobernador Jorge Salomón. Y el domingo en Monterrey, Sheinbaum sorprendió al ser recibida afectuosamente por el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, que la invitaron a desayunar a su casa y compartieron ambos los videos del encuentro en sus redes sociales. No cabe duda que cuando se trata de buscar votos hasta se olvidan las diferencias polarizantes entre “transformadores” y “conservadores”, cualquier cosa que eso signifique… Los dados vuelven recargados y mandan una Serpiente Doble. La semana empieza agitada.
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La Corte, bajo fuego por GN, y sus protagonistas/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la decisión del gobierno federal para que la Secretaría de la Defensa Nacional asumiera un control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) ha provocado que desde Palacio Nacional se ordene uno de los cabildeos más impetuosos que se recuerden contra los ministros.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es quien encabeza ese cabildeo para evitar que la propuesta prospere, aunque también cuenta con la intervención activa de los militares con sus acostumbrados métodos y formas.
El escenario resulta extraño por los orígenes del ministro que impulsa esa sentencia: Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien llegara al máximo órgano de justicia de la mano del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, con quien, según nos confirman fuentes de la Corte, mantiene una cercana relación.
Más extraño aún es que Scherer y sus abogados son también muy cercanos a los altos mandos militares, quienes defienden ante la Fiscalía General de la República a efectivos del Ejército involucrados en el caso Ayotzinapa, de manera que no se alcanza a entender que el ministro que los representa en la Corte pretenda ir, además de contra las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, también contra los intereses del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de los generales que se encuentran complacidos con administrar plenamente el presupuesto de la seguridad ciudadana.
Con todos estos ingredientes, el mensaje que se envía con el proyecto va desde un posible descontento de ciertos mandos militares con las tareas extraordinarias que se les han asignado en este gobierno. Las manifestaciones de los últimos meses y las protestas de la tropa y de sus familiares así lo confirman.
El presidente López Obrador, además de pedirle a su secretario de Gobernación su operación y cabildeo, dijo la semana pasada en dos ocasiones que acompañar la propuesta del ministro González Alcántara sería un “error garrafal” y que de pasarse se regresaría “al modelo García Luna de la Policía Federal.”
Tampoco se descarta que la postura de González Alcántara sea realmente una muestra de independencia y sobre todo de apoyo a la cruzada de legitimación de la ministra presidenta Norma Piña. Se sabe que entre ambos integrantes de la Corte hay una muy buena relación. El ministro fue determinante para que su compañera asumiera la posición que hoy mismo ostenta, no sólo por el voto otorgado, sino porque él fue uno de los que la convenció para que se lanzara a buscar la presidencia del Poder Judicial. También fue quien ayudó a coordinar un desayuno de relacionamiento entre Piña y Sheinbaum a finales de febrero.
Sea cual sea la razón por la que el ministro llevará al pleno la propuesta para regresar la Guardia Nacional al sector civil, el tema se ha convertido en la principal preocupación del presidente y de los militares que diseñaron a su lado este esquema para que el Ejército asuma el control de la seguridad pública o ciudadana.
Como lo expuso el viernes Alejandro Hope en estas páginas, la preocupación de que se declare inconstitucional el mando militar de la GN no es por temas de seguridad realmente, sino por asuntos de presupuesto y administración.
En una revisión a los contratos, desde septiembre de 2022, cuando la 4T consiguió aprobar en el Congreso el traspaso operativo y administrativo de la GN a la Sedena, a la fecha, se han comprado para los elementos de seguridad ciudadana unos 6 mil millones de pesos en equipo y materiales. Esto, mediante licitaciones en las que se justificó que las compras eran para la Policía Militar, algunas convocadas antes de que se hiciera oficial que los militares podrían hacer uso del presupuesto civil.
Ahí está el quid del asunto.
Posdata
La reforma administrativa del gobierno federal que trae muy preocupados a los empresarios, porque consideran que vulnera el Estado de Derecho y genera incertidumbre jurídica para las inversiones, fue ideada e impulsada por la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, de quien desde su toma de protesta en septiembre del 2021 no se ha sabido mucho.
Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para modificar 23 leyes en materia administrativa, la cual tiene como propósito que el gobierno pueda decidir, unilateralmente, “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”, entre otras cosas.
Las asociaciones del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin, Coparmex y otras que representan a empresas extranjeras han encendido las alertas por lo nocivo que puede resultar para la confianza empresarial, para el TMEC y otros acuerdos comerciales que tiene México y para el llamado nearshoring.
El presidente López Obrador no parece tenerla muy presente, pues no ha hablado de ella en sus conferencias matutinas. Sin embargo, los empresarios aseguran que es de las iniciativas más perjudiciales que se hayan propuesto.
@MarioMal
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La masacre del balneario/Héctor de Mauléon
el Universal
“Llegaron sicarios, como 20”, dijo uno de los sobrevivientes de la masacre de La Palma, un balneario ubicado en Cortazar, Guanajuato, en el que un comando asesinó el sábado pasado a siete personas, entre ellas, un niño de siete de años, cuyo cuerpo atravesado por las balas despertó en el país oleadas de indignación.
A las 4:30 de la tarde del sábado, en La Palma departían decenas de familias que aprovechaban el último fin de semana del periodo vacacional. “No cuchillos”, “no armas de fuego”, se leía en un cartel colocado en la entrada.
A esa hora se desató el infierno. De acuerdo con los testigos, más de 10 de sicarios ingresaron en el centro recreativo, buscando a una persona en específico. Según fuentes ligadas a la investigación, se trataba de un hombre apodado El Quique.
La intención era hacer el mayor daño posible. “Fueron directamente hacia el sitio donde esa persona se hallaba con su familia”, relatan.
Por los casquillos hallados en el lugar, se revela que los atacantes emplearon armas largas y cortas. El estruendo de las balas duró cosa de dos minutos. Antes de huir en tres camionetas –descritas como una Jeep Cherokee, una Nissan doble cabina y una Ford Ranger–, los sicarios fueron por las cámaras de seguridad de lugar y se llevaron el monitor.
De los siete muertos, seis formaban parte de la misma familia. En La Palma quedaron los cadáveres de tres hombres, tres mujeres… y del niño.
Muchos de los paseantes se habían encerrado en el baño. Otros echaron a correr “sin rumbo”. En su mayor parte oriundos de Cortazar, los sobrevivientes se negaron a hablar con las autoridades.
Cortazar es uno de los bastiones del Cártel de Santa Rosa de Lima desde hace al menos 9 años. Por el municipio han desfilado el PRI, el PRD y el PAN. Nada ha alterado la presencia criminal del cártel fundado por José Antonio Yépez, El Marro.
Según expertos en seguridad, Cortazar, al lado de Juventino Rosas, Villagrán y Tarimoro, forma parte de una especie de anillo de seguridad que envuelve el municipio de Celaya. Ese escudo ha impedido que el Cártel Jalisco Nueva Generación tome posesión del municipio de Celaya.
Desde la captura de El Marro, en agosto de 2020, el Cártel de Santa Rosa entró en un proceso de reacomodo, entre los cuales figura como el más importante la ruptura que tuvo con la organización el líder criminal Emmanuel Rodríguez Zermeño, conocido como El Zermeño.
Comenzaron las matanzas entre los integrantes de ese grupo, que El Marro continúa operando desde la prisión. El Zermeño entró en tratos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En mayo de 2022 ordenó la masacre de Valle Hermoso, en Celaya, en la que perdieron la vida 11 personas y dos bares fueron incendiados.
El Zermeño fue abatido en noviembre pasado, al resistirse a su detención durante un operativo efectuado en la colonia Ciudad del Sol, en Querétaro. Según un narcomensaje supuestamente enviado por El Marro, se informó a los integrantes del Cártel de Santa Rosa que “Zermeño ya fue” y que para lograr que fuera abatido El Marro había tenido que invertir “por todos lados”. Según ese mensaje, las autoridades se habían echado “un cambio a la bolsa y nosotros nos quitamos de andar sobres del vato”.
En la madrugada que precedió a la masacre del balneario La Palma, un hombre fue asesinado en el estacionamiento del bar El Mezcalito, situado en Querétaro. Testigos refirieron que fue alcanzado por dos personas, quienes lo acribillaron. Fue identificado como Rey Mauricio Flores Escamilla, al que apodaban El Rey. Según las autoridades, era el principal lugarteniente de El Zermeño.
Una de las líneas de investigación más fuertes indaga si la masacre del balneario La Palma fue una respuesta a la ejecución de El Rey.
Sobre Cortazar ha caído en los últimos meses una lluvia de sangre. En esa zona, el Cártel de Santa Rosa controla todas las actividades relacionadas con el huachicol, el cobro de piso, la extorsión y el narcomenudeo.
Hace apenas medio año, dos policías municipales fueron vinculados a proceso por haber sacado de su domicilio a un hombre, para luego entregarlo a los criminales que lo asesinaron. En Cortazar fue asesinado un comandante municipal, un domingo en la mañana, dentro de su propia vivienda. Ahí mismo fueron ultimados en los primeros días de enero dos agentes más –entre estos, una mujer–, a quienes los sicarios cazaron en las calles durante sus días francos, lo que provocó que algunos elementos de la corporación desertaran.
En ese municipio, dos sicarios irrumpieron hace unos meses en un centro de rehabilitación para asesinar a sangre fría a dos de los internos.
Una última línea indaga si el Cártel Jalisco Nueva Generación pudo perpetrar la masacre, a fin de “calentarle la plaza” a sus enemigos.
La imagen del niño asesinado en Las Palmas es brutal. Aparece ante nuestros ojos, con toda su barbarie, una vida rota. No podemos normalizar la imagen del pequeño envuelto en sangre.
Debe haber una exigencia para que quienes hicieron esto no queden impunes.
Quienes crean que en este país se acabaron las masacres, quienes crean que este gobierno ha contenido la violencia del crimen organizado, que volteen a ver lo que pasó en Cortazar y las ocho masacres que este año van en Guanajuato.
Mentimex/Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
Excelsior,
Se puede y se vale debatir si el dinero de los contribuyentes está bien gastado en financiar a una agencia de noticias del Estado mexicano.
Lo ideal hubiera sido, en estos tiempos de sobreabundancia de información, que Notimex –fundada en 1968, en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos– encontrara su propio nicho informativo, evitando redundancias respecto de lo que informa una gran cantidad de medios privados.
Pero ésa es ya una discusión estéril porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido extinguir la agencia, que ha estado en huelga la mayor parte de este sexenio. “La verdad, nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa; ya no hay eso”, expresó el mandatario el viernes pasado en su conferencia, luego de hacer público que se liquidará a los trabajadores de Notimex. “No es algo que nos haga falta como gobierno –abundó–, (pues) tenemos la mañanera”.
Como digo arriba, la existencia de Notimex puede no ser una necesidad, pero el razonamiento del Presidente está plagado de mentiras y medias verdades. Para comenzar, la agencia nunca había vivido una experiencia semejante y si llegó a la huelga –y, ahora, al cierre de su existencia de más de medio siglo– es por la persecución interna que desató la directora designada por esta administración.
Segundo, Notimex no es la agencia “del gobierno”, sino del Estado mexicano y éste es mucho más que la Presidencia de la República.
Tercero, si al mandatario le parece que Notimex era una suerte de reliquia del control gubernamental sobre los medios de comunicación, ¿por qué la mantuvo viva durante cuatro años, y no terminó con ella desde que se inició su periodo, como hizo con tantas cosas, incluido un proyecto de aeropuerto? Y si ése es el problema, pues que pongan sus barbas a remojar el resto de los medios estatales, pues a todos queda muy bien la etiqueta de oficiosos.
Cuarto, el mandatario no es el mejor posicionado para hablar de la libertad de prensa, pues se ha dedicado a combatirla desde que inició su gobierno. Que la mayoría de los medios y periodistas no se haya plegado es otra cosa –de ahí su molestia y las descalificaciones diarias contra reporteros y opinadores–, pero consta públicamente que, para él, periodismo es el que toma partido (por su “transformación”, claro está).
Quinto, se equivoca (por no usar otro verbo) al sostener que la necesidad de información oficial se agota con la mañanera. Para comenzar, porque en esa conferencia es más lo que se pontifica que lo que se informa. Es un espacio –no un medio de comunicación– en el que dice lo que se le antoja y se le ocurre en el momento, lo cual no equivale a lo que la gente necesita saber.
La mañanera es, además, el acto quintaesencial del gobierno. Si se prohibiera, como han exigido algunos –cosa que no va a ocurrir–, el Presidente tendría que buscar con qué llenar ese tiempo. Y, a juzgar, por las pocas actividades públicas que tiene su agenda vespertina, eso quizá no sea tan fácil.
E incluso si se quiere ver a la conferencia como un acto meramente comunicativo, es más una fuente de desinformación que registro de datos duros.
Hay quien lleva mucho mejor la cuenta que yo, pero la cantidad de dichos no comprobables que se difunden de lunes a viernes desde el Salón Tesorería bien podría llenar una biblioteca. Repetiré uno del que ya me he ocupado: el Presidente dijo, hace dos años y medio (21 de octubre de 2020), que daría las pruebas de que los fondos y fideicomisos de los que se apropió su gobierno habían sido un terreno de malversaciones y corrupción, y que “en diez días” presentaría las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la República. Eso no ha sucedido.
López Obrador es un comunicador político hábil, pero no por ello debe pretender que la única voz que se escuche en el país sea la suya o que puede actuar como el gran jefe de redacción de la República, con derecho a establecer qué se conoce y qué se opina.
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Desinstitucionalizar/Jesús Silva-Herzog Márquez
en REFORMA, 17 Abr. 2023
Los juicios son tajantes, como los de un niño. No hay matiz. Solo el arranque de tirar a la basura el juguete que no le gusta al Presidente. El INAI no merece una reforma: es un estorbo que debe ser arrojado al basurero. La gran transformación que se presume es un basurero retacado de instituciones. El INAI, dice el Presidente, "no sirve para nada". No ha hecho nada valioso, no ha contribuido a la transparencia, no ha aportado material para el trabajo de los periodistas. Gracias a ese instituto pudo documentarse la corrupción de antes y se documenta la de hoy. Gracias a ese instituto conocimos el gigantesco fraude de la estafa maestra, la multiplicación de las empresas fantasmas que enriquecieron a tantos gobernadores, el conflicto de interés que existía en la casa del presidente Peña Nieto. Es el INAI quien ha ordenado transparentar las escandalosas compras que hizo Segalmex en esta administración. Tendrá defectos, como toda institución, pero es absurdo desconocer la contribución de ese órgano a la vida democrática del país.
Al instituto de la transparencia y la privacidad toca en turno la invectiva a la que ya nos hemos habituado. Todo órgano que tenga una fuente propia de legitimidad, cualquier institución que se atreva a levantar la voz por mandato constitucional, toda dependencia que no lo reconozca como padre es enemigo. El Presidente anuló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un nombramiento que la hace inservible como espacio autónomo. Contra el Instituto Nacional Electoral ha desplegado una estrategia compleja que lo ha debilitado, pero no lo deja muerto, como hubiera querido. Esa estrategia tuvo un frente retórico que pretendía minar la legitimidad del árbitro. Implicó también un golpe presupuestal significativo y dos intentos de reformas que buscaban el sometimiento y la debilidad del árbitro electoral. El destructor es tenaz.
Con el INAI se tantea otra vía para la anulación institucional: el abandono. El Presidente no asume plenamente su función como Ejecutivo. Se imagina personaje de la historia, recreador de la nación, evangelizador, líder en campaña. No jefe de Gobierno ni de Estado. Por eso alienta que el INAI quede inhabilitado, objetando los nombramientos hechos por el Senado y enviando el mensaje de que convendría mantenerlo en la parálisis. El Presidente, su gobierno y sus aliados pretenden sofocar las instituciones de la República. Puede el Presidente desconfiar de los órganos autónomos. Provocar su parálisis es una cínica, más bien, otra cínica violación del orden constitucional. A través de su ministro del interior, el Presidente convocó a la inhabilitación de un órgano previsto en la Constitución. El secretario de Gobernación actúa abiertamente como conducto de la inconstitucionalidad presidencial.
Dice bien Fernando Escalante que el proyecto político lopezobradorista se caracteriza por la "renuncia a la ambición estatal". Lo expone Escalante en un agudo ensayo que publica Nexos de este mes. La personalización de la política imposibilita el asentamiento del mando en reglas, en instituciones. Lo que hemos vivido estos años es un intenso proceso de desinstitucionalización que dejará su marca durante muchos años. Eliminar, destruir, asfixiar, someter, violentar instituciones. A pesar de haber ganado el gobierno, a pesar de ejercer la mayoría, las instituciones siguen siendo el demonio. Son el gran estorbo. Más que el intento de transformarlas, el régimen se ha propuesto anularlas.
La política social se reemplaza por el reparto de dinero en efectivo. El Ejército absorbe amplísimas funciones administrativas. El gobierno pierde cuadros capacitados, recursos técnicos, presupuesto, apostando a la lealtad y al voluntarismo. La clase política sigue Escalante en el adelanto de un libro que publicará en coautoría con Antonio Azuela, tiene la función ornamental de una corte: solo miran al hombre del poder para aplaudirlo y reírse de sus chistes. Lo que atisba el sociólogo no es muy esperanzador. No es solamente el Presidente quien se beneficia de la desinstitucionalización. A la clase política le conviene un clima de opacidad, árbitros débiles, burocracias incompetentes pero fieles y militares agradecidos. Caminamos, dice Fernando Escalante, hacia el orden de la mafia.
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Saqueo 4.0/Denise Dresser
en REFORMA
López Obrador tiene razón: a lo largo de su historia, México ha sido un país saqueado. Un país exprimido por intereses particulares que sacrifican el interés público, gobierno tras gobierno, contrato tras contrato, adjudicación directa tras adjudicación directa. Un país paralizado por una red imbricada de políticos y oligarcas, de corruptos y cleptócratas, de líderes sindicales y líderes empresariales, coludidos para robar. Si México quiere crear riqueza y repartirla mejor será necesario acabar con la expoliación y defender lo público. Nadie de buena fe argumentaría lo contrario. Y esa transformación es lo que supuestamente anima el ambicioso paquete de reformas que AMLO ha enviado al Congreso: colocar al sector público por encima del sector privado. Devolverle al Estado la primacía que el neoliberalismo le había quitado. Pero en realidad, lo que promoverá sólo es permiso para que el pillaje pase de manos.
Ahora el saqueo estatal viene disfrazado de buenas intenciones y pulcras motivaciones como "revertir actos de corrupción", "prevenir actos lesivos al interés público", y "fortalecer a la administración pública federal". Enaltecer al Estado y limitar a los privados. Terminar con los contratos leoninos y revocar los dañinos. Invocar el criterio de "confianza en el sector público" para que el Poder Ejecutivo pueda decidir qué le toca a quién, cuándo y cómo. De aprobarse la modificación a 23 leyes secundarias, el gobierno federal podrá iniciar obras sin permisos, terminar contratos de forma anticipada, reducir el monto de las indemnizaciones obligadas, y revocar permisos y concesiones en nombre del "bien público". Se trata, en esencia, de fortalecer a un Estado "debilitado por el neoliberalismo" y rescatar a un país saqueado por la rapacidad empresarial.
En apariencia, parecen objetivos loables. Es difícil criticar un cambio en las reglas que se hace invocando el interés de la población, y en contra de quienes la han exprimido. Pero como ha sido una constante durante los últimos cuatro años de gobierno, el diagnóstico correcto deriva en políticas públicas contraproducentes. Terminar de manera anticipada los contratos con proveedores privados abrirá la ventanilla a la extorsión y a la negociación oculta entre funcionarios y contratistas, aumentando la corrupción en vez de combatirla. Acabar de forma arbitraria una relación jurídica entre el Estado y los empresarios debilitará el precario Estado de Derecho, en vez de fortalecerlo en la era del "nearshoring". Crear la nueva figura de "revocación" para terminar con concesiones, permisos o licencias -en sectores como minería, radio y televisión, aeropuertos y autopistas- aumentará la discrecionalidad política en vez de contenerla.
AMLO se equivoca al pensar que la solución a la corrupción, la desigualdad y la rapacidad es regresar el control de la economía a sus manos o a las de su sucesor. AMLO se equivoca al creer que los errores del neoliberalismo se componen con el regreso al estatismo. Las soluciones verdaderas a los problemas perennes de México se encuentran en otra parte. En la seguridad jurídica que nos exige el T-MEC. En la regulación robusta de los monopolios privados y públicos vía la COFECE. En la transparencia total de compras y contratos que haga el gobierno y su principal constructor, el Ejército. En el acceso a la información a todo lo público, empujado por el INAI. En el desmantelamiento del capitalismo de cuates, que sobrevive pujante en la 4T. En todo eso que AMLO no ha querido hacer o ha buscado destruir.
La reforma planteada huele a viejo, evoca un sentimiento de deja vu. Echeverría denunció a los saqueadores, estatizó, nacionalizó y así nos fue. López Portillo hizo lo mismo y así nos fue. Salinas tomó decisiones unipersonales, transfirió monopolios públicos a manos privadas, revigorizó el capitalismo de cuates, y así nos fue. Ahí están las lecciones históricas, dolorosas e ignoradas. La solución a un Estado discapacitado no es un Estado discrecional. La solución a un Estado débil no es un Presidente autoritario. La solución a los privilegios privados no es el empoderamiento de plutócratas públicos, al estilo Bartlett. Si la reforma prospera, el Estado tendrá más poder para chantajear, presionar, partidizar, coercionar. Y, otra vez, el gobierno obtendrá permiso transexenal para robar, pero ahora en nombre del "pueblo".
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Predicamento/Manuel J. Jáuregui
en REFORMA
La decisión del Gobierno de Estados Unidos (el Procurador Merrick Garland) de acusar a "Los Chapitos" de fabricar y traficar fentanilo hacia y en ese país coloca en un tremendo aprieto al Gobierno mexicano, pero en especial al Presidente López, quien adoptó una actitud de desentendimiento desde que nuestros vecinos iniciaron la discusión del tema del tráfico de fentanilo hacia su país.
Estados Unidos solicita la extradición de Ovidio Guzmán, actualmente en prisión mexicana, y de su hermano y medios hermanos (Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo), así como de varios de sus lugartenientes.
Como ustedes recordarán, la actitud del señor López ha sido de "aquí no se fabrica fentanilo", lo cual de cierta manera es una declaración de absolución para "Los Chapitos".
Obviamente, a los vecinos esto no les debe haber caído nada en gracia, así que se encargaron, tras la reunión de alto nivel en Washington la semana pasada, de revelar que habían infiltrado la organización de "Los Chapitos" y que tienen pruebas de que SÍ FABRICAN este fentanilo en México, principalmente en laboratorios ubicados en Sinaloa, y que lo trafican hacia y en Estados Unidos en al menos seis Estados.
Adicionalmente a desmentir al Presidente López y evidenciar su intención de ocultar hechos para luego justificar su INACCIÓN, las órdenes de aprehensión y extradición emitidas contra "Los Chapitos" lo colocan en un predicamento.
Desde aquella gira por Sinaloa en la que el señor López visitó Badiraguato, y desde su camioneta saludó de mano a la mamá de "El Chapo" (abuelita de los acusados de hoy) y recibió de ella una carta-petición, seguido esto de la LIBERACIÓN por orden presidencial del hoy preso, Ovidio, en el culiacanazo, existe la presunción de una especie de acuerdo entre el Cártel de Sinaloa y la 4T, mismo que queda implícito en la política oficial de "abrazos, no balazos".
Obviamente, las órdenes gubernamentales de EU, en caso de darse, contrapondrían al Gobierno de la 4T contra la organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, algo que -a juzgar por los hechos- este Gobierno ha evitado desde el principio de su gestión.
Ahora que, de NO HACERLO, agarrará el señor López una mayor bronca con el Gobierno norteamericano, esto en perjuicio de nuestro País para el que es imprescindible una buena relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
Da la impresión, esto emanado de voceros de las autoridades norteamericanas, que ellos saben que nuestras Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, no sólo saben de las actividades del Cártel de Sinaloa, sino que están dispuestos a actuar para aplicarles la Ley.
Si no lo han hecho es muy probable que esto se deba a la ausencia de una ORDEN del Presidente mexicano, su "Jefe Supremo".
De cierta forma, pues la orden de aprehensión contra "Los Chapitos", llena de cargos específicos y muy detallados, es un mensaje directo al señor López, quien ya no puede negar los hechos ni seguir haciéndose el desentendido respecto a las actividades del Cártel de Sinaloa en relación a la crisis de salud que el fentanilo representa para nuestro vecino norteamericano.
Como ya lo habrán leído en este espacio, en el 2021 (último año para el que se tienen cifras precisas) más de 71 MIL personas murieron en Estados Unidos a causa de los opioides sintéticos, entre ellos el fentanilo.
De manera que, para el Gobierno norteamericano, el tráfico de esta sustancia en su territorio representa un grave peligro de salud, uno al que su Gobierno le otorga a su combate la mayor prioridad.
Obviamente, con sus actitudes y declaraciones vía su único vocero, el Señor de las Mañaneras, el Gobierno mexicano NO SE HA MOSTRADO SOLIDARIO ni ha ofrecido en el terreno de los hechos una COLABORACIÓN efectiva a su contraparte norteamericana.
Esto, obviamente, tendrá que cambiar.
Y si no lo hace, forzará un mayor distanciamiento entre ambos Gobiernos, lo cual se convertirá en un claro perjuicio no sólo para el (des)Gobierno de la 4T, sino para las relaciones entre ambas naciones que, hoy más que nunca, deben esforzarse JUNTAS para vencer los retos de las divisiones globales y las guerras comerciales, producto de las circunstancias actuales con CHINA Y RUSIA.
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Moronga azul
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
en REFORMA
"Que están cerrando las minas y que
están dejando sin trabajo a la gente". Andrés Manuel López Obrador, 15.6.19
Este 12 de abril el presidente López Obrador me atacó nuevamente en su programa mañanero de televisión. Su molestia esta vez la provocó mi artículo "Acabar con la minería" que se publicó en este espacio el 30 de marzo.
Por mí, bienvenido el debate, solo que el mandatario no presentó ningún argumento contra los que ofrecí en el artículo, únicamente descalificaciones personales: "Sarmiento siempre ha sido empleado de los potentados -dijo-. Tienen una característica todos ellos: no quieren al pueblo, son muy clasistas, racistas, se creen de la moronga azul. Miren, vamos a acabar con la minería, según él, acabar con la minería". Después de estas afirmaciones sin argumentos, apuntó que ya estaban esperándolo sus "invitados para el desayuno", los cuales, supongo, no eran de "moronga azul".
La verdad, señor Presidente, es que soy periodista y colaboro con varias empresas privadas de periódicos, radio y televisión. Algunos de los dueños son ricos, es cierto, otros no, pero mis puntos de vista son míos y con frecuencia difieren de los que tienen los dueños de los medios. Pero hasta ahí ese tema, porque no me interesa descalificarlo a usted, sino mantener abierto el debate sobre la minería.
Lo primero es tener información correcta. Ha dicho usted que los gobiernos liberales "entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, el 60 por ciento del territorio nacional". Ojalá fuera cierto, porque estaríamos viviendo una verdadera bonanza minera. Sin embargo, según una presentación de la Cámara de la Industria Minera, con datos de la Secretaría de Economía, México tiene 196 millones de hectáreas, de las cuales solo 16.8 millones están concesionadas, o sea, 8.6 por ciento. Por las dificultades de la actividad, ya que de cada mil terrenos con indicios de mineralización solo uno se convierte en mina, muchas hectáreas concesionadas no están en producción, solo 4 millones, 2 por ciento. Pero como el área productiva es siempre muy pequeña, únicamente 201,996 hectáreas tienen actividad productiva minera, o sea, 0.1 por ciento del territorio nacional.
El argumento de que debe prohibirse la minería "donde no hay agua, no hay agua para la gente", o sea, todo el norte de nuestro país, es también producto de una mala información. La Conagua señala que 76 por ciento del agua concesionada se emplea en la agricultura, 14 por ciento en el consumo humano, 5 por ciento en el sector energético y 5 por ciento en la industria. El sector minero formal, parte de la industria, consume solo 0.35 por ciento. También es falso que la minería no paga impuestos. La tasa efectiva de la minería es una de las más altas del país. Pregúntele al SAT.
La Ley Minera que usted está impulsando acabaría con una industria de importancia histórica para nuestra nación, la cual genera 417 mil empleos directos, 2.5 millones indirectos, y cuyos sueldos son 37 por ciento superiores al promedio. Esta actividad se concentra, además, en los municipios más pobres, donde no hay otras oportunidades. Por eso los mineros y los pueblos mineros protestan cuando los dueños cierran las minas.
Entiendo, señor Presidente, que sus desayunos con personalidades de sangre azul lo distraen a veces de su compromiso de gobernar primero para los pobres. Pero créame que lo que más necesitan los pobres que usted hizo prioridad de su gobierno son empleos bien remunerados, como los que solo la minería ofrece en las zonas marginadas.
· MINEROS
¿Se acuerda, señor Presidente, cuando el 15 de junio de 2019 le hizo un llamado a Carlos Slim, "porque sé que es un empresario con dimensión social", "para que no la cierren y no dejen sin trabajo a la gente, para que siga habiendo empleo en toda esa región"? Se refería usted a la mina de Santa Bárbara en Chihuahua. Defienda hoy, como ese día, los empleos de los mineros, pero de todo México.
www.sergiosarmiento.com
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