El eco de la mañanera: entre la academia y el poder

El eco de la mañanera: entre la academia y el poder

Sin que nadie lo sembrara en la agenda, la mañanera de este viernes  se convirtió de pronto en un foro de crítica literaria y política. De manera espontánea, la presidenta Sheinbaum interrumpió el ritmo habitual de la conferencia para lanzar un elogio:

—Por cierto, Violeta escribió un muy buen artículo para contestarle a Krauze. Violeta… ¿cómo se apellida? —preguntó al aire.

—Vázquez-Rojas —le soplaron desde las primeras filas.

—Vázquez-Rojas. En Milenio escribió un muy buen artículo para contestarle a Krauze de “que nosotros estamos enalteciendo a los pueblos originarios y que eso es solamente una parte de México, y que, además, ya es del pasado”. Es muy buen artículo el de Violeta. Pero, bueno, ¿ya quién los lee? ¿Quién lee un Riva Palacio? ¿Cuántos de ustedes ven Tercer Grado? ¿Cuántos ven —ósea, ¿cómo se llama?— La Hora de Opinar? Ya muy pocos.

El texto encomiado por la mandataria se titula De la “demagogia indigenista” a la demagogia de élite. En él, la autora parte de una premisa tan histórica como gramatical: el persistente hábito de hablar de las comunidades indígenas en tercera persona, una distancia retórica que las condena a ser siempre el "otro". Desde esa trinchera, la autora desmenuza la crítica reciente de Krauze, quien tildó en Reforma la política oficial de "indigenismo demagógico", acusando al gobierno de usar la imaginería prehispánica como mera propaganda sin defender al indígena de carne y hueso.

Vázquez-Rojas revira con agudeza: sostiene que la acusación de Krauze es, en realidad, un ejercicio de "demagogia de élite"; un discurso ilustrado que disfraza de opinión experta los prejuicios que añoran el viejo orden institucional. Para sostener su argumento, la autora despliega cuatro pilares de evidencia factual que, a su juicio, demuestran un cambio de paradigma en la relación del Estado con los pueblos originarios:

1. La Reforma al Artículo 2º Constitucional (Septiembre, 2024)

Una modificación construida tras una consulta en 54 foros con más de 27 mil autoridades indígenas. Esta reforma —cuya raíz se remonta a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996— reconoce finalmente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dejan de ser entes tutelados por el Estado para convertirse en agentes de sus propias decisiones, capaces de administrar recursos y aplicar sus sistemas normativos.

2. El Fondo Faispiam

Instaurado en la actual administración, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos entrega los recursos de manera directa a las comunidades. En su primer año, dispersó más de 12 mil millones de pesos para obras decididas en asambleas comunitarias, demostrando que la reforma legal tiene un correlato presupuestal de tierra.

3. Los Planes de Justicia.

Un modelo de diálogo horizontal, de "gobierno a gobierno", entre las autoridades comunitarias y las dependencias federales y estatales. Actualmente operan 21 planes activos en el país (como los de los pueblos Yaqui y Comca'ac en Sonora), enfocados en la restitución de tierras, el desarrollo y la reparación del daño histórico, rompiendo con el viejo indigenismo centralista que dictaba políticas desde los escritorios de la capital.

4. Reducción medible de la pobreza

Los cambios de estrategia arrojan saldos estadísticos. Según los datos de pobreza multidimensional del Inegi, entre 2016 y 2024, el porcentaje de población hablante de lenguas indígenas en situación de pobreza descendió del 78.6% al 66.3%. Si bien la brecha del despojo histórico persiste, la tendencia a la baja —de más de 12 puntos porcentuales— es un dato duro.

La tesis de Vázquez-Rojas es clara: aunque el gobierno emplea símbolos que exaltan la estética y la ética de los pueblos originarios —reemplazando los viejos moldes aspiracionales eurocéntricos—, la política de fondo tiene un sello profundamente factual y no meramente discursivo. Frente a la nostalgia de Krauze por un marco legal abstracto, la agencia política de estos pueblos responde al resarcimiento de una deuda histórica. El Estado, concluye, ha dejado de hablar de los pueblos indígenas para comenzar a hablar con ellos.

El quid de la cuestión

El argumento parece impecable en el papel. Sin embargo, el análisis político exige mirar también el lugar desde donde se escribe. Violeta Vázquez-Rojas posee una indiscutible solvencia académica, pero ya no arrastra la pluma desde la neutralidad del aula o la investigación pura. El 23 de enero de 2025 fue nombrada por la propia presidenta Sheinbaum como Subsecretaria de Ciencia y Humanidades.

Este detalle de la biografía burócrata cambia la naturaleza del debate. Al asumir la función pública, su brillante réplica deja de ser el libre examen de una intelectual independiente y se convierte en el posicionamiento de una funcionaria que defiende la obra del gobierno al que sirve. Esa militancia institucional es el matiz que, inevitablemente, acota el alcance de su respuesta a Krauze; una frontera fina donde la academia se diluye en la narrativa del poder.

 Habrá que estar atentos a las páginas de Reforma, donde es muy probable que el historiador prepare ya su contrarréplica.

El texto recomendado por la presidenta….

De la “demagogia indigenista” a la demagogia de élite/ Diario de a bordo/ Violeta Vázquez-Rojas

Milenio, 11.05.2026 00

 De los pueblos indígenas casi siempre se habla en tercera persona. Incluso los discursos que salen en su defensa suelen hacerlo desde la distancia gramatical con que se habla de aquello que se concibe como “otro”, lo que durante siglos ha sido definido como distinto y que, crucialmente, no es “como uno”.

Este domingo, Enrique Krauze publica un texto en el que repasa diversas corrientes indigenistas a las que evalúa con respecto a la comprensión, el estudio o la defensa que hacen de “el indígena” o “el indio”, usando un término lastimosamente clásico. Krauze ubica la política del presente gobierno dentro de lo que llama “indigenismo demagógico”, una moda que utiliza la imaginería prehispánica con fines políticos y que, en sus palabras, “no comprende ni defiende al indígena actual”.

La acusación de Krauze, sin embargo, está basada ella misma en demagogia. El texto, con referencias históricas selectivas y pretendidamente cultas, es un ejemplo de demagogia de élite: ese discurso de los sectores ilustrados que, con un lenguaje sofisticado, hace pasar por opiniones especializadas lo que no son más que prejuicios en los que sustentan su defensa del antiguo orden institucional. Para sostener su dicho, el ingeniero Krauze tuvo que ignorar, deliberadamente, cuatro grandes piezas de evidencia que contradicen su aseveración:

1. La reforma al artículo 2

Propuesta por Andrés Manuel López Obrador, y aprobada en septiembre de 2024, esta reforma se consultó en 54 foros con la presencia de más de 27 mil autoridades y representantes indígenas. El nuevo artículo 2º reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esto implica que el Estado reconoce su capacidad de manejar recursos públicos y la legalidad de sus sistemas normativos. Por primera vez, los pueblos indígenas pasaron de ser entes tutelados por el Estado a constituirse en agentes de sus propias decisiones. Cuando Krauze afirma que “no somos ya un país de leyes ni de instituciones”, se permite el lujo de la ignorancia ilustrada: desconocer un cambio constitucional de esta magnitud como si se tratara de simple cosmética, y sin reconocer su génesis en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996.

2. El Fondo Faispiam

En el gobierno de la presidenta Sheinbaum se instauró el Fondo de  Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), que entrega recursos directamente a las comunidades. Sólo durante su primer año, el Fondo entregó más de 12 mil millones de pesos para obras acordadas por las propias comunidades. El Faispiam es la prueba de que la reforma constitucional no es meramente declarativa sino que se implementa en políticas públicas concretas.

3. Los planes de justicia

Irónicamente, mientras Krauze pulía su columna, la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba en Sonora con las autoridades de los pueblos Yaqui y Comca'ac, revisando los avances de sus respectivos Planes de Justicia. Estos consisten en un diálogo “de gobierno a gobierno”, entre autoridades comunitarias y dependencias federales y estatales, para establecer agendas de desarrollo, restitución de tierras y marcos integrales de reparación que parten del reconocimiento de la deuda histórica que mantiene con estas comunidades el Estado Mexicano. A la fecha hay 21 planes activos en el país. Esta dinámica dista mucho del viejo indigenismo que dictaba medidas desde los escritorios sin tomar en cuenta los diagnósticos y las propuestas de los pueblos mismos.

4. Reducción de la pobreza

El cambio de paradigma ha tenido resultados medibles. Según datos de pobreza multidimensional del Inegi 2024, en 2016 el porcentaje de población hablante de lenguas indígenas en pobreza era de 78.6 por ciento. Para 2024, esta cifra bajó a 66.3 por ciento, una reducción de más de 12 puntos. Aunque la pobreza sigue afectando proporcionalmente más a esta población —fruto de siglos de despojo—, la tendencia a la baja es indiscutible.

En suma, nadie niega que el “indigenismo demagógico” caracterizó a los discursos del poder en varias etapas de la historia. Sin embargo, ni remotamente se puede calificar con ese mote al gobierno actual. La política reciente, instaurada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada y reforzada por la presidenta Sheinbaum, ha tenido un sello completamente distinto, factual y no meramente discursivo.

Hay ciertamente en el actual gobierno un uso de símbolos que exaltan la ética y la estética de los diversos pueblos indígenas del país, en sustitución de los viejos modelos de aspiración que consideraban que seríamos un país más moderno y más desarrollado en tanto más nos pareciéramos a Estados Unidos o a Europa.

Es a esos modelos que Krauze dedica un suspiro nostálgico cuando dice que “en un país de leyes la pertenencia no se define por una raíz étnica y que sólo una mínima parte de la población actual podría reclamar”. Olvida con ello que la agencia política de los pueblos indígenas no depende de su conformación numérica, sino del resarcimiento de una deuda histórica. El gobierno actual ha establecido un diálogo que implica no hablar de los pueblos indígenas, sino con los pueblos y comunidades, de igual a igual, reconociendo con hechos y no sólo con discursos su contribución fundamental a la riqueza de la nación mexicana.