UIF vs. red Rocha

La insostenible distancia técnica

El rumor cobró fuerza: cuentas congeladas por la UIF al gobernador con licencia Rubén Rocha y al senador Enrique Inzunza. Al ser cuestionada por Ximena Mejía, la presidenta Sheinbaum intentó matizar la gravedad calificando a la dependencia como una simple "área técnica". Con un titubeo visible, argumentó: “No tengo conocimiento, hoy no lo pregunté”.

Sin embargo, resulta inverosímil que la titular del Ejecutivo ignore un golpe de este calibre. La UIF depende de la Presidencia y una acción de tal envergadura jamás se ejecutaría a sus espaldas, menos aún bajo los acuerdos de cooperación con el Tesoro norteamericano. En la crisis de Sinaloa, el silencio estratégico pesa demasiado.

Hoy Peniley nos da más detalles…

UIF vs. red Rocha

LINOTIPIA / Peniley Ramírez 

REFORMA, 16 mayo 2026

Hace casi dos años, después de que "El Mayo" Zambada llegó en avión a EU, en México se alistaba una investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese momento, me dijeron fuentes federales, ya había en la Fiscalía federal un expediente sobre Rocha, varios de sus funcionarios, sus hijos y los nexos de estos con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. En Palacio conocían la existencia de ese expediente, pero se consideró que "no era el momento" para actuar. Ahora, tras la investigación en Nueva York contra la red Rocha, algunas fichas han comenzado a moverse en México.

Hace dos semanas, Rocha pidió licencia de su cargo de gobernador. Fue una petición directa de Palacio Nacional, me confirmaron fuentes federales. Mientras tanto, algo más se movía en la indagatoria mexicana.

El 6 de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a todas las instituciones de crédito y los bancos oficios relacionados con Rocha y con varias personas y empresas. Tuve acceso a ellos. Allí se establece que las instituciones deben identificar si son clientes o usuarios, suspenderles cualquier operación o servicio, no abrirles nuevas cuentas, cancelar las cuentas que tengan y no entregarles el dinero depositado en dichas instituciones. Es decir, los incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esto sucedió apenas unos días después de que se publicó la acusación ampliada contra el gobernador, ahora con licencia, de Sinaloa y nueve personas de su gobierno y del gobierno de Culiacán. Pero esta acción de la UIF en México tiene elementos importantes que no figuran en la acusación de NY: presume lavado de dinero e incluye a los hijos de Rocha y a empresas que han tenido contratos con el gobierno.

En los últimos días, el gobierno mexicano ha dicho que no hay pruebas suficientes en el caso de NY. Mientras, estos bloqueos de la UIF constituyen las primeras acciones legales en torno a la red Rocha en México.

En 2003, Rubén Rocha, hijo del gobernador con licencia, fundó Construcciones Suaqui. Según el registro público de comercio, su único socio desde entonces ha sido Luis Manuel Mercado, quien luego fue gerente de construcciones del municipio de Mazatlán.

Seis años después, Rubén creó otra empresa con su hermano Ricardo y la nombró Constructora Chocosa. En 2014, Ricardo y Rubén fundaron A&R Inyecta Soluciones, una Sofom. Allí tienen otro socio: Eduardo Aguirre Medina. Un año más tarde, Ricardo y Eduardo fundaron otra compañía dedicada a realizar estudios de mercado y a medir campañas políticas. La nombraron A&R Soluciones Estadísticas.

Una década después, José Jesús Rocha, otro hijo de Rocha, constituyó Chocosa Ranch, una sociedad agropecuaria. Su socio fue Moisés Aguilar Medina.

Ahora, estas empresas fueron incluidas en los oficios de la UIF del 6 de mayo para bloquear sus cuentas. Allí figuran otros imputados del caso Rocha, como Gerardo Mérida, exsecretario estatal de Seguridad Pública, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quienes ya se entregaron a las autoridades de EU, según se conoció este viernes.

Algunos de estos nombres ya habían sido publicados por el reportero Jorge García Orozco y el abogado Salvador Mejía, así como en otras investigaciones periodísticas sobre las empresas de la red Rocha, que mostraron cómo estas recibieron contratos millonarios del gobierno y realizaron negocios con factureras. "Varios directivos antilavado de bancos me confirmaron que están listos para bloquear más cuentas y que han recibido solicitudes de información del SAT", me dijo Mejía.

Además, en los oficios figuran el senador de Morena y exsecretario general de Rocha, Enrique Inzunza; Juan de Dios Gámez, expresidente municipal de Culiacán; Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza, exjefe de la policía estatal de investigación; Alberto Jorge Contreras, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía; José Antonio Dionisio, exsubdirector de la policía estatal, y Juan Valenzuela, excomandante de la policía municipal de Culiacán.

Nos falta mucho por conocer del caso Rocha y sus ramificaciones, más allá de Sinaloa. Por ahora, el gobierno federal parece estar explorando una salida política a este embrollo: seguir sus propias investigaciones y procesar a sus propios militantes en México, más por la vía de la corrupción y el lavado que por la del narcotráfico.

@peniley_ramirez