Las columnas políticas, hoy sábado 16 de mayo de 2019

Triste papel de Luisa María Alcalde

De la cúspide partidista a la trinchera de la Infodemia.., extendida.

"Como diría Juan Gabriel —con una pequeña pero necesaria actualización de partido—: 'Te pareces tanto al PRI que ya no puedes engañarme'."

En la liturgia de la política mexicana, año y medio puede ser un suspiro o una eternidad. En septiembre de 2024, las imágenes no dejaban resquicio a la duda: más de 3 mil congresistas de Morena, con las tarjetas en alto y el entusiasmo desbordado, ungían a Luisa María Alcalde junto a Andrés López Beltrán para conducir los destinos del partido gobernante. Se le veía pletórica, cobijada por el peso de las siglas y el aplauso unánime de las huestes que gritaban "¡Presidenta, Presidenta!" bajo la mirada complaciente del poder saliente. Parecía un mandato de hierro, una herencia bendecida y blindada para el futuro.

Sin embargo, el tablero de la llamada continuidad gubernamental se reconfigura hoy con un pragmatismo frío. Aquella proyección de liderazgo partidista e influencia nacional se ha visto bruscamente interrumpida por un repliegue institucional que adquiere tintes de paradoja.

De la Constitución al "Detector" extendido

La reciente asignación de Luisa María Alcalde —hoy al frente de la Consejería Jurídica— para coordinar una versión extendida del programa vespertino "Detector de mentiras" abre un debate profundo sobre el perfil, el rigor y la dignidad de las instituciones.

Al ser cuestionada sobre este nombramiento, la presidenta Sheinbaum argumentó con una lógica que busca normalizar lo excepcional:

"Pues porque es la consejera jurídica y el derecho a la información es parte de lo más importante que se tiene que resguardar, y es la información del gobierno"., le respondió a Vicente Serrano.

¿Solo será un día a la semana?—., le reviró el periodista de casa.

-: Un día a la semana, sí. Ya lo vamos a presentar pronto, dijo CSP.

¡Caray!...

Desde una perspectiva técnica y constitucional, la justificación resulta sumamente frágil. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es el órgano estratégico encargado de revisar los decretos presidenciales, defender la legalidad de los actos del gobierno ante la Suprema Corte y brindar asesoría legal al más alto nivel. Supone el rigor técnico de la abogacía del Estado, no la producción de contenidos televisivos ni el combate retórico contra la prensa y los críticos del régimen.

Abogada del gobierno y Vilchis 2.0, columna Bajo Rerserva/ El Universal

Con el estallido de casos judiciales y la cascada de informaciones provenientes de Estados Unidos sobre los planes del gobierno de Donald Trump contra la narcopolítica en México, nos cuentan que el equipo de comunicación de Presidencia se vio abrumado hasta el punto de que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso hacer un “programa especial” para tratar de desmentir a los medios de comunicación. La sorpresa fue que la encomienda recayó en la recién nombrada consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, quien encabezará una conferencia semanal al estilo de la sección que encabezó durante el sexenio pasado Elizabeth García Vilchis, que llevaba el nombre de “Quién es quién en las mentiras”. ¿Será que la presencia de la abogada del gobierno indica que el plan es acompañar los presuntos desmentidos de acciones legales contra periodistas y medios incómodos?

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Las columnas políticas, hoy sábado 16 de mayo de 2019

¡Con las visas, no!

Bajo Reserva

Bajo Reserva/EL UNIVERSAL;

Nos cuentan que tras la entrega en Estados Unidos de los exfuncionarios de Sinaloa Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida, acusados en el caso de Rubén Rocha, hay preocupación en la bancada de Morena en el Senado, sobre todo entre varios que piensan acudir hoy a la marcha en Chihuahua convocada por su partido para exigir juicio político a la gobernadora panista Maru Campos. Nos dicen que hay temor real de que algunos de ellos estén en la mira de Washington y su presencia en la marcha enoje a los vecinos. No vaya a ser que empiecen por cancelar visas a los senadores morenistas, no pocos de ellos buenos viajeros. Al parecer, el llamado que hizo el jueves el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a todos los liderazgos del partido no está cobrando tanta fuerza: “Por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia, porque puede afectar a cualquiera”, dijo. La presunción de inocencia es una cosa, pero las visas son las visas.

Abogada del gobierno y Vilchis 2.0

Con el estallido de casos judiciales y la cascada de informaciones provenientes de Estados Unidos sobre los planes del gobierno de Donald Trump contra la narcopolítica en México, nos cuentan que el equipo de comunicación de Presidencia se vio abrumado hasta el punto de que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso hacer un “programa especial” para tratar de desmentir a los medios de comunicación. La sorpresa fue que la encomienda recayó en la recién nombrada consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, quien encabezará una conferencia semanal al estilo de la sección que encabezó durante el sexenio pasado Elizabeth García Vilchis, que llevaba el nombre de “Quién es quién en las mentiras”. ¿Será que la presencia de la abogada del gobierno indica que el plan es acompañar los presuntos desmentidos de acciones legales contra periodistas y medios incómodos?

No hubo músculo marxiano

La primera marcha de Marx Arriaga en la Ciudad de México, nos cuentan, terminó exhibiendo el tamaño real de su músculo político. El exfuncionario de la SEP apenas logró reunir a unas decenas de maestros, con los que quiso mostrar el tamaño de la rebelión que encabeza contra la dependencia, a cuyo titular, Mario Delgado, acusa de ser representante de la “traición neoliberal al lopezobradorismo”. Para un personaje que busca convertirse en referente del magisterio disidente y que ya hasta levantó la mano para dirigir la secretaría, la convocatoria quedó muy lejos del ruido que suele hacer en redes y conferencias.

¿Denuncias fantasma en el INE?

Los nuevos consejeros electorales no tienen ni un mes en el cargo y ya están en medio de escándalos. Ahora fue el caso de la consejera Frida Gómez Puga, quien se deslindó de una denuncia en contra del todavía director ejecutivo de Administración del INE, Jesús Octavio García González, supuestamente interpuesta por ella ante la FGR por las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación durante su gestión, relacionadas con contratos otorgados a empresas que no cumplieron y con las cuales presuntamente tenía conflicto de intereses. Doña Frida dijo que ni ella ni su oficina habían iniciado el proceso y que presentará una denuncia por usurpación de identidad y falsificación de documentos. Así el ambiente en el equipo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

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El hombre de la CIA en Ciudad de México /Juan Pablo Becerra-Acosta M.

El Universal, | 16/05/2026 |

En este ensayo de la ceguera en el que se ha convertido la relación México-Estados Unidos no hay más que de dos: o la crisis del lado mexicano es producto de la ignorancia absoluta, lo cual sería muy-muy grave (pienso en el canciller Roberto Velasco Álvarez y en el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch), o peor, proviene del conocimiento absoluto que desemboca en cobardía diplomática y en imprudencia política (pienso de nuevo en Velasco y García Harfuch). Subrayo: o de verdad en el caso Sinaloa García Harfuch no sabía nada de nada desde hace un año tal como dice y Velasco no tenía ni remota idea de lo que se aproximaba desde Estados Unidos, y entonces ambos deberían renunciar por ineficientes, o sabían todo y deberían marcharse por sus negligencias.

Para ponerle fecha y nombres al inicio de la crisis, digamos que todo se empezó a salir de control hace poco más de un año, el 13 de mayo de 2025, cuando el embajador mexicano en Washington D.C., Esteban Moctezuma Barragán, inexplicablemente se mostró eufórico y tuiteó:

“¡Bienvenido a México, Ron Johnson!”.

Una línea más abajo, como en carnaval, colocó una banderita de México junto a la de Estados Unidos. En una ceremonia celebrada en la capital gringa, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, recién había tomado juramento a Johnson como nuevo embajador en nuestro país y el futuro hombre de Donald Trump en Ciudad de México, faltaba más, gustosamente posó para una foto con el embajador mexicano.

Qué padre, pensé, el neodiplomático y la SRE no se enteran de nada. Y no: orondo, el personaje, cuyo origen político se remonta a la cuna del inefable Ernesto Zedillo y después al baúl de Ricardo Salinas Pliego (ese bonito fan de Hernán Cortés), agregó: “Acudí a la protesta del embajador designado a México (sic), quien reiteró apertura y disposición para fortalecer nuestra relación bilateral”.

Ajá. Ya va a ver su apertura y disposición en qué consiste, me dije. Dos líneas después, Moctezuma Barragán remató: “¡Enhorabuena!”. Enhorabuena. Vaya, pero si no era el momento de parabienes sino de darnos el pésame a los mexicanos. ¿Realmente el expriista no tenía la menor idea de quién era Ronald Douglas Johnson? Parecía que no sabía nada del personaje oriundo de una pequeña ciudad de Alabama que se le paraba enfrente. ¿En la Cancillería mexicana estaban tan ocupados esquivando o disimulando cachetadas de Trump que no pusieron atención a la trayectoria de Johnson? ¿Creyeron que simplemente era el exembajador de Estados Unidos en El Salvador de Nayib Bukele entre 2019 y 2021 y ya?

El caballero es un exmilitar estadounidense, formó parte del cuerpo de Boinas Verdes y mucho antes de que Bukele fuera adulto estuvo en El Salvador cuando su país se entrometió en la guerra civil (claro, del lado de los militares y la oligarquía). Ha participado en operaciones en zonas conflictivas como Afganistán, Irak y los Balcanes, y salvo que varios medios internacionales y yo nos equivoquemos, fue ni más ni menos que agente de la CIA en calidad de Paramilitary Operations Officer. Sí, esos PMOOs que se especializan en Covert Action programs, es decir, la élite en operaciones encubiertas para combatir (o regular) globalmente el tráfico de estupefacientes, atacar o no a cárteles, detener o no el tráfico de armas, estabilizar o desestabilizar regímenes, y presuntamente concebir, planear y ejecutar asesinatos de narcos, criminales, terroristas u opositores a Washington, entre otras chuladas.

En términos del Hollywood que tanto les encanta, Johnson es Bruce Willis, pues. O Jack Ryan. O Rambo. O Bourne. O todos juntos. O el soldado y espía que usted quiera de la Inteligencia estadounidense. ¿A qué creía Moctezuma que venía un personaje con semejante carrera militar y con una muy destacada trayectoria en inteligencia y operaciones en la CIA? ¿A visitar ajolotes? ¿No se le ocurrió que un super especialista en inteligencia, narcotráfico, cárteles y terroristas tendría una agenda específica? ¿No pensaron en Palacio Nacional que tenían que vetar su designación a pesar de que eso provocara un estruendoso berrinche de Trump?

El hombre de la CIA en Ciudad de México vino a preparar el camino para que, si su presidente así lo requería, orquestara cuanta operación encubierta contra cárteles y políticos presuntamente corruptos se les ocurriera en el Pentágono, Langley, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Encubierta o abierta. Simple: basta acusar y capturar a los políticos o militares mexicanos que se les antoje, alegando siempre presuntos nexos con los cárteles.

Y en el caso sinaloense algo habrá de cierto en las imputaciones (¡pruebas, pruebas!) porque de otra manera no se entiende que un general en retiro, exsecretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se haya entregado a Estados Unidos hace unas horas. Imagine usted todo lo que podría narrar el general si los fiscales gringos lo convencen de cooperar en el caso abierto contra Rubén Rocha Moya, el morenista gober precioso de Sinaloa que quién sabe dónde ande en estas horas… ya que le congelaron sus cuentas.

Tercera llamada. Tercera. Ahora sí comenzamos el teatral vals compuesto y orquestado por la CIA en México, mientras García Harfuch y Velasco (el gobierno mexicano, pues) ni idea qué hacían a lo largo de estos meses. Quizá congelarse, sonreír y tuitear, como Moctezuma hace un año, mientras rezaban para que nada sucediera.

Lástima, ya sucedió. En política la inacción es igual a omisión e indolencia.

Por cierto, felicidades a Ron D. Johnson, que el martes cumple un año de poder en México.

(Qué cosa).

BAJO FONDO

“El embajador Johnson se desempeñó como Enlace de Ciencia y Tecnología de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ante el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, en Tampa, Florida. Previamente, fue Asesor Especial del Comando Sur de EE.UU. en Miami, donde gestionó la colaboración entre el Comando y la Comunidad de Inteligencia. Trabajó en una amplia gama de temas regionales, como refugiados, combate al narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos y el control de las enfermedades virales tropicales.

“El embajador Johnson ha desempeñado diversas funciones, entre ellas la de Asesor Especial Adjunto del Comandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (2006-2008) así como la de oficial superior de operaciones en la CIA. El embajador Johnson sirvió en el ejército estadounidense de 1984 a 1998 y se retiró como Coronel. También formó parte de la Guardia Nacional del Ejército de Alabama, alistándose como soldado raso en 1971 y alcanzando el rango de capitán antes de incorporarse al servicio activo en el Ejército en 1984”.

Ahí estaba todo a la vista, en las páginas oficiales, pero no, el coronel y oficial de las Fuerzas Especiales venía a ver el Mundial, ¿sí?

jp.becerra.acosta.m@gmail.com

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Sheinbaum los protege y ellos se entregan/Salvador García Soto

El Universal, | 15/05/2026 |

El discurso legaloide de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que lleva más de dos semanas negándose a cumplir la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos contra 10 políticos de Sinaloa porque según ella “no hay pruebas” sobre la culpabilidad de los funcionarios morenistas, se derrumbó este viernes por completo. Dos de los sinaloenses acusados de asociación con el narcotráfico por el Departamento de Justicia se entregaron al gobierno estadounidense tras ser detenidos, uno en Arizona y otro en Europa.

Fue la administración de Donald Trump la que anunció ayer la entrega-detención del general Gerardo Mérida Sánchez, quien cruzó la frontera con Estados Unidos por la garita de Nogales desde el pasado 11 de mayo y se entregó voluntariamente a las autoridades de aquel país para responder a las acusaciones de vínculos con “Los Chapitos”, por lo que de inmediato fue detenido y enviado al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde este viernes se realizaría su primera audiencia en el juicio por los delitos que le imputa la Corte federal del sur de Nueva York.

El general en retiro del Ejército mexicano, quien fungió como titular de la seguridad estatal con el gobernador Rubén Rocha Moya, es una pieza clave en el entramado de corrupción y protección a la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa. Su actuación servía para proteger a Ovidio, Ivan Archivaldo y Jeús Alfredo de los operativos y redadas federales del Ejército o la Guardia Nacional. Según la petición de extradición hecha en su contra, Mérida Sánchez recibía 100 mil dólares mensuales para dar aviso de cualquier movimiento u operativo federal en contra de Los Chapitos, a los que llegó a alertar hasta de 10 operativos militares en un año, además de controlar a la Policía Estatal y nombrar directores de seguridad afines a ese grupo del cártel sinaloense.

El segundo en entregarse fue el exsecretario de Finanzas y Administración de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, quien según el portal La Silla Rota había sido detenido en Europa este viernes y también se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses que lo acusan de “conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. Díaz Vega es considerado un “amigo cercano” del gobernador Rocha y conoce bien los manejos financieros de su gobierno. Durante los tres últimos años que estuvo en el gobierno del morenista su patrimonio creció significativamente y se le documentaron hasta 10 nuevas propiedades en ese lapso y un crecimiento patrimonial en bienes inmuebles de hasta 18 millones de pesos.

La entrega de estos dos funcionarios sinaloenses rompe completamente con el discurso y los argumentos del gobierno mexicano, tanto de la presidenta Sheinbaum como de la Fiscalía General de la República y hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que no había pruebas contundentes de las acusaciones que les hace el gobierno de Estados Unidos a ellos y a otros ocho acusados por vinculación con Los Chapitos.

El que los dos exsecretarios de Rocha Moya hayan preferido entregarse a continuar bajo la protección del gobierno de México confirma, primero, que ellos saben que sí hay pruebas e información que los involucra en los delitos mencionados y que no confiaron en la defensa que pretendía hacer de ellos la administración de la presidenta Sheinbaum. Porque al decidir entregarse a la justicia estadounidense, es claro que ambos buscarán algún tipo de beneficio o acuerdo para entregar información de sus superiores, a cambio de obtener algún trato con el Departamento de Justicia.

Y el jefe de ambos era el gobernador Rocha Moya a quien los testimonios del general Mérida y del administrador y financiero de su gobierno Enrique Díaz, terminarán por hundirlo en las imputaciones que le hace el gobierno norteamericano. Es muy probable que tanto el exsecretario de seguridad como el de finanzas desconfiaran del gobierno de Sheinbaum porque intuían que en algún momento, por la presión de Washington, la doctora iba a tener que entregar a algunos de los acusados y lo más probable es que fueran ellos dos, pues el interés político del gobierno es más bien proteger a Rocha Moya.

A diferencia de la presidenta, ninguno de estos dos acusados cuestionó la existencia de pruebas en la acusación estadounidense y con su decisión de entregarse, no sólo ponen en entredicho el discurso y la estrategia de Sheinbaum frente a estas acusaciones, sino que además confirman que confían más en la justicia de Estados Unidos que en la propia justicia de México, algo que también acaba de ocurrir hace unas semanas con el contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, quien prefirió entregarse al gobierno de Argentina y casi seguramente al de Estados Unidos en fecha próxima, antes que ser juzgado en su propio país.

La pregunta ahora es qué va a decir la presidenta después de estas entregas y cuánta información más podría obtener el gobierno de Trump a partir de lo que declaren y ofrezcan informar el general Mérida y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa. Difícilmente podrá justificar la retención de los otros ocho acusados y la negativa de entregarlos en extradición. Ayer la propia doctora informó que sostuvo otra llamada telefónica con el presidente Trump, la número 18, y es muy probable que el tema abordado en este diálogo haya sido justo el tema de los extraditables sinaloenses.

¿Cuánto tiempo más aguantará la presidenta sin entregar a Rocha Moya, al senador Inzunza y a los otros seis funcionarios solicitados en extradición? Porque si ella no se decide a entregarlos por motivos políticos y de protección a su partido y a su mentor López Obrador, el peligro, como ya se había advertido, es que los propios acusados decidan aceptar la colaboración con Estados Unidos y también se entreguen en busca de beneficios y a cambio de dar más información sobre la narcopolítica morenista. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué espera Sheinbaum para sentarse cara a cara con Trump y negociar lo que tenga que negociar para salvar al país de la intervención abierta de Estados Unidos?

NOTAS INDISCRETAS… Dicen que hay maderas que no agarran el barniz y lo mismo aplica para algunas ministras de la Corte en materia jurídica y de principios fundamentales del derecho. Porque el pasado miércoles la ministra Lenia Batres, por enésima ocasión y a pesar de que ya se lo han dicho en público, en privado y hasta se lo han explicado con palitos y bolitas sus propios compañeros ministros, volvió a plantear la reapertura de un caso juzgado relativo a una empresa privada mexicana que evidentemente se inconformó con la intención de que se vuelva a judicializar y a revisar una sentencia favorable que ya había obtenido hace algunos años tanto de un Tribunal Colegiado, como de la Segunda Sala de la antigua Corte que había revisado su caso y había validado el fallo judicial favorable que obtuvo dicha empresa. En la sesión del jueves pasado, al discutir un proyecto en el que se analizaba la calidad de cosa juzgada de una determinación previa, la mayoría de ministros decidió dejar atrás lo resuelto por la integración anterior de la Corte, y lo hizo con base en una solicitud planteada por Lenia Batres Guadarrama a la anterior integración de la Suprema Corte para que ejerciera su facultad de atracción en un asunto en materia fiscal promovido en contra de una empresa. Dicha petición fue rechazada por la Corte anterior al estimarse que el Alto Tribunal carecía de competencia para conocer del caso. No obstante, una vez integrada la Nueva Corte, Batres volvió a solicitar la atracción del asunto y, en esta ocasión, Hugo Aguilar dio trámite a la petición para que el juicio fuera conocido por el Tribunal Constitucional. La parte afectada promovió un recurso al considerar que se vulneraba el principio de cosa juzgada, pues existía una determinación previa que impedía volver a plantear el mismo tema. Del recurso correspondió conocer a Loretta Ortiz, quien sostuvo que no existía afectación alguna para la empresa y propuso desecharlo, lo que finalmente fue aprobado por la mayoría. Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel argumentó en contra de la mayoría que la propia Nueva Corte ya había sostenido previamente que las cuestiones competenciales causan estado y adquieren la calidad de cosa juzgada. A pesar de ello, la mayoría de sus pares optó por dejar atrás dicho criterio y desconocer la decisión anterior, en perjuicio de la empresa privada involucrada. Esta discusión vuelve a abrir el debate sobre la manera en que la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación parece mostrarse cada vez menos dispuesta a respetar las determinaciones adoptadas por la integración anterior, particularmente cuando ello implica flexibilizar principios básicos de seguridad jurídica en perjuicio de los gobernados. Más allá del caso concreto, la decisión genera inquietud respecto de los límites institucionales del propio Tribunal Constitucional. La cosa juzgada no constituye una formalidad menor, sino una garantía indispensable para asegurar estabilidad, certeza y confianza en las decisiones judiciales. Permitir que resoluciones previamente firmes puedan ser replanteadas por razones de coyuntura o de integración amenaza con debilitar la predictibilidad del sistema jurídico y erosionar la seguridad jurídica de los particulares. Si así el país no tiene en este momento nuevas inversiones extranjeras por el temor e incertidumbre que genera el nuevo Poder Judicial federal electo por votos, y con este tipo de fallos, menos invertirán ni los extranjeros ni los mexicanos cuando saben que los ministros violentan de manera tan flagrante principios básicos como el de la cosa juzgada… Con todo y aumento del 9% al magisterio, anunciado ayer en Palacio Nacional, la CNTE tomó ayer las calles de la Ciudad de México y, tras calificar el incremento salarial como “una burla”, reiteró su amenaza de venir a protestar y sabotear los eventos del Mundial de futbol que comienza el 11 de junio. Y eso que la presidenta Sheinbaum recibió a los principales líderes de la Coordinadora el pasado lunes en Palacio Nacional, con el objetivo de negociar con ellos que no haya sabotajes ni manifestaciones durante el Mundial. La reunión ocurrió después de que los maestros de la CNTE amenazaran con boicotear el acto de la presidenta en Palenque, Chiapas, el pasado 30 de abril cuando la mandataria tenía un evento para anunciar la unión de los trenes Interoceánico y Maya. Para evitar el boicot de los maestros en Palenque, la presidenta les ofreció recibirlos después en Palacio, lo cual ocurrió el pasado lunes 11 de mayo. Pero al parecer ni hablando directamente con la presidenta los de la CNTE bajarán la guardia ni dejarán de mantener al vilo al gobierno y a los organizadores mundialistas… Giran los dados. Escalera Doble. Buen fin de semana a los amables lectores.

@SGarciaSoto

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UIF vs. red Rocha

La insostenible distancia técnica

El rumor cobró fuerza: cuentas congeladas por la UIF al gobernador con licencia Rubén Rocha y al senador Enrique Inzunza. Al ser cuestionada por Ximena Mejía, la presidenta Sheinbaum intentó matizar la gravedad calificando a la dependencia como una simple "área técnica". Con un titubeo visible, argumentó: “No tengo conocimiento, hoy no lo pregunté”.

Sin embargo, resulta inverosímil que la titular del Ejecutivo ignore un golpe de este calibre. La UIF depende de la Presidencia y una acción de tal envergadura jamás se ejecutaría a sus espaldas, menos aún bajo los acuerdos de cooperación con el Tesoro norteamericano. En la crisis de Sinaloa, el silencio estratégico pesa demasiado.

Hoy Peniley nos da más detalles…

UIF vs. red Rocha

LINOTIPIA / Peniley Ramírez 

REFORMA, 16 mayo 2026

Hace casi dos años, después de que "El Mayo" Zambada llegó en avión a EU, en México se alistaba una investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En ese momento, me dijeron fuentes federales, ya había en la Fiscalía federal un expediente sobre Rocha, varios de sus funcionarios, sus hijos y los nexos de estos con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. En Palacio conocían la existencia de ese expediente, pero se consideró que "no era el momento" para actuar. Ahora, tras la investigación en Nueva York contra la red Rocha, algunas fichas han comenzado a moverse en México.

Hace dos semanas, Rocha pidió licencia de su cargo de gobernador. Fue una petición directa de Palacio Nacional, me confirmaron fuentes federales. Mientras tanto, algo más se movía en la indagatoria mexicana.

El 6 de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) envió a todas las instituciones de crédito y los bancos oficios relacionados con Rocha y con varias personas y empresas. Tuve acceso a ellos. Allí se establece que las instituciones deben identificar si son clientes o usuarios, suspenderles cualquier operación o servicio, no abrirles nuevas cuentas, cancelar las cuentas que tengan y no entregarles el dinero depositado en dichas instituciones. Es decir, los incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esto sucedió apenas unos días después de que se publicó la acusación ampliada contra el gobernador, ahora con licencia, de Sinaloa y nueve personas de su gobierno y del gobierno de Culiacán. Pero esta acción de la UIF en México tiene elementos importantes que no figuran en la acusación de NY: presume lavado de dinero e incluye a los hijos de Rocha y a empresas que han tenido contratos con el gobierno.

En los últimos días, el gobierno mexicano ha dicho que no hay pruebas suficientes en el caso de NY. Mientras, estos bloqueos de la UIF constituyen las primeras acciones legales en torno a la red Rocha en México.

En 2003, Rubén Rocha, hijo del gobernador con licencia, fundó Construcciones Suaqui. Según el registro público de comercio, su único socio desde entonces ha sido Luis Manuel Mercado, quien luego fue gerente de construcciones del municipio de Mazatlán.

Seis años después, Rubén creó otra empresa con su hermano Ricardo y la nombró Constructora Chocosa. En 2014, Ricardo y Rubén fundaron A&R Inyecta Soluciones, una Sofom. Allí tienen otro socio: Eduardo Aguirre Medina. Un año más tarde, Ricardo y Eduardo fundaron otra compañía dedicada a realizar estudios de mercado y a medir campañas políticas. La nombraron A&R Soluciones Estadísticas.

Una década después, José Jesús Rocha, otro hijo de Rocha, constituyó Chocosa Ranch, una sociedad agropecuaria. Su socio fue Moisés Aguilar Medina.

Ahora, estas empresas fueron incluidas en los oficios de la UIF del 6 de mayo para bloquear sus cuentas. Allí figuran otros imputados del caso Rocha, como Gerardo Mérida, exsecretario estatal de Seguridad Pública, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, quienes ya se entregaron a las autoridades de EU, según se conoció este viernes.

Algunos de estos nombres ya habían sido publicados por el reportero Jorge García Orozco y el abogado Salvador Mejía, así como en otras investigaciones periodísticas sobre las empresas de la red Rocha, que mostraron cómo estas recibieron contratos millonarios del gobierno y realizaron negocios con factureras. "Varios directivos antilavado de bancos me confirmaron que están listos para bloquear más cuentas y que han recibido solicitudes de información del SAT", me dijo Mejía.

Además, en los oficios figuran el senador de Morena y exsecretario general de Rocha, Enrique Inzunza; Juan de Dios Gámez, expresidente municipal de Culiacán; Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza, exjefe de la policía estatal de investigación; Alberto Jorge Contreras, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía; José Antonio Dionisio, exsubdirector de la policía estatal, y Juan Valenzuela, excomandante de la policía municipal de Culiacán.

Nos falta mucho por conocer del caso Rocha y sus ramificaciones, más allá de Sinaloa. Por ahora, el gobierno federal parece estar explorando una salida política a este embrollo: seguir sus propias investigaciones y procesar a sus propios militantes en México, más por la vía de la corrupción y el lavado que por la del narcotráfico.

@peniley_ramirez

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Presión máxima/Jorge Volpi 

REFORMA, 16 mayo 2026

Un gobernador y un senador en funciones, más otros ocho funcionarios o exfuncionarios del estado de Sinaloa -todos ellos de Morena-, acusados de vínculos con el narcotráfico; un alto número de consulados mexicanos en Estados Unidos señalados de activismo político inconveniente; la detención, en Arizona, del exsecretario de Seguridad de Rocha Moya y la entrega de su exsecretario de Finanzas -dos de los acusados- y, al cabo, la nueva declaración de Trump, poco antes de embarcarse hacia China, de tomar medidas más drásticas si México no lo hace en la lucha contra el crimen organizado. Todo ello ha derivado, en las últimas horas, en una conversación telefónica entre el propio Trump -recién llegado de China- y la presidenta Claudia Sheinbaum, que esta calificó de "cordial y excelente".

(Resulta difícil imaginar, aun valiéndose del lenguaje diplomático, que tras estas semanas cualquier charla entre los dos mandatarios pudiera ser "excelente" en ningún sentido imaginable. Lo único cierto es que, a partir de ella, un grupo de funcionarios estadounidenses visitará pronto nuestro país para dar seguimiento a los temas de seguridad y comercio presentes en la llamada: temas que, en este momento, se centran en las acusaciones contra Rocha Moya y los demás imputados y en la próxima renegociación del T-MEC, asuntos que no debieran estar vinculados pero que, en el contexto actual, resultan indisolubles.

Apenas unos días antes, en una de las conferencias mañaneras de la Presidenta, Omar García Harfuch detalló que no había una investigación mexicana en contra del gobernador con licencia, en tanto se esperaban las pruebas en su contra por parte de las autoridades estadounidenses. Se trató, tal vez, de la primera señal en torno a la decisión final que la presidenta Sheinbaum -y nadie más que ella- deberá de tomar al respecto: una defensa que, sin embargo, deja entreabierta la posibilidad de cambiar de postura en caso indispensable.

Por más que trate de ocultarse, Morena se halla ante el peor escenario posible: un gobernador elegido ni más ni menos que por Andrés Manuel López Obrador que pone en duda todos los argumentos en torno a la limpieza y diferencia de las que se jacta este partido desde su fundación. Para colmo, la acusación no solo se dirige a la punta de la pirámide, sino que involucra a buena parte del aparato del estado en Sinaloa. El delito no sería solo la corrupción o el enriquecimiento ilícito, sino una operación electoral en la que los Chapitos, una de las facciones herederas del Cártel de Sinaloa, se habría volcado para lograr el triunfo de Rocha Moya y de Morena en las elecciones de 2021.

La detención de Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad, no hace sino complicar aún más las cosas. Aun no hay claridad sobre cómo se produjo esta: al parecer ocurrió el 11 de mayo, sin que sepamos con certeza si se trató de una detención por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses o de una entrega voluntaria. En cualquiera de los casos, el esquema para México no hace sino complicarse. Mérida era el secretario de Seguridad durante el periodo más violento de la lucha entre los Chapitos y los Mayitos, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que significaría que era el responsable de combatir al mismo grupo que, según la corte estadounidense, le pagaba. Y también significaría que era enlace directo ni más ni menos que con el propio García Harfuch, enviado por la Presidenta para tratar de controlar los inéditos niveles de violencia derivados de las batallas entre los dos grupos criminales.

Mérida abandonó su puesto justo mientras García Harfuch se encontraba coordinando las acciones de seguridad del estado, sin que en su momento se hayan detallado las razones de su salida, la cual ocurrió justo antes de una visita de la propia presidenta Sheinbaum a Sinaloa. ¿Habría ya sospechas de su posible duplicidad? El que nada se haya explicado en su momento abona a esta posibilidad. Como fuere, Mérida no tardará en sumarse a los delincuentes que en teoría antes perseguía, acaso acogido a los mismos beneficios que se les han prometido a sus antiguos enemigos o socios. En medio de la presión extrema que atraviesa México, parecería que esta posible entrega voluntaria sería otra de las maneras de evitar una intervención directa de Trump en México. O acaso esta sería justo esta intervención directa. Imposible decir, por ahora, si los dos presidentes hablaron de ello y si la conclusión del entuerto puede calificarse de "excelente".

@jvolpi

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ICE no es 'nice'/Jorge Ramos Ávalos 

 REFORMA 16 mayo 2026

Veo a Wilfredo en la pantalla y parece un poco asustado, sin saber exactamente lo que está pasando. Tiene solo 10 años y el día que conversamos llevaba una camiseta negra con una pelota naranja de basquetbol en el centro. Hacía cuatro meses que no veía a su mamá.

La historia es típica en el clima de terror en el que viven millones de inmigrantes en Estados Unidos, pero para Wilfredo es una tragedia personal. A principios de año su mamá, Nexolí, fue detenida en una calle de Houston porque la placa de su coche estaba vencida. Ella tiene licencia y permiso de trabajo. Sin embargo, apareció en una lista que tiene la policía migratoria (ICE) y la detuvieron.

Poco les importó a los agentes que su hijo se quedara solo. Afortunadamente apareció Marifé, la jefa de Nexolí, y ella se ha convertido en la tutora legal de Wilfredo. Ella se encarga de todos sus gastos, de alojarlo, de llevarlo a la escuela y de lidiar con sus propios problemas migratorios. Cuando hablé con ellos me dijeron que habían recibido una carta del servicio de migración amenazando a Wilfredo con ser deportado a Ecuador.

Pero aquí hay un problema. Wilfredo es venezolano, estudia el cuarto año de primaria en Estados Unidos y nunca ha estado en Ecuador ni conoce a nadie ahí. El gobierno de Estados Unidos no solo separó a un niño de 10 años de su madre y lo dejó solo, sino que ahora lo quiere enviar a un país totalmente desconocido para él.

Marifé se ha asesorado bien y trabaja con una asistente legal para sacar a Nexolí del centro de detención y, al mismo tiempo, evitar que Wilfredo sea deportado a Ecuador, uno de los países que coopera con el gobierno de Donald Trump y que recibe a inmigrantes de terceros países. Me pregunto si el gobierno ecuatoriano sabe que le quieren enviar a un niño venezolano que está solo.

El caso de Wilfredo no es el único. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca su gobierno ha deportado a más de 3,600 niños según la investigación de The Marshall Project. Eso es absoluta crueldad.

Por eso brinca tanto la nueva campaña de publicidad del Departamento de Seguridad Interna en que se trata de cambiar la imagen de los agentes de ICE. El video comienza con un agente quitándose una máscara negra y luego aparecen otros más sonriendo, saludando de mano a gente en una fila, regalando una rosa, abrazando a un niño y ayudando a los más necesitados. La campaña termina con la frase "ICE is NICE".

Esto contrasta con la realidad.

Varios agentes de ICE se vieron involucrados en los violentos incidentes en Minneapolis en que murieron dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti. Además, hay una multitud de videos en que agentes de ICE separan a padres de sus hijos, rompen los vidrios de los autos de latinos, detienen a extranjeros que fueron a la corte para actualizar su situación migratoria y tratan brutalmente a sus detenidos, sin mostrar ninguna identificación u orden de aprehensión.

Ese es el ICE que todos conocemos y cuya imagen no va a cambiar con una mal hecha campaña de publicidad en redes sociales. Seis de cada 10 estadounidenses rechazan el trabajo que está haciendo ICE, según una encuesta de NPR/PBS.

En lugar de estar persiguiendo a inmigrantes, ICE podría seguir el ejemplo de España. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó hace unas semanas un decreto para regularizar a medio millón de inmigrantes. ¡Bravo!

"Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles, y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", explicó Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España. Eso sí es ser nice, no lo que hace todos los días ICE, sembrando el terror en las comunidades latinas de Estados Unidos.

No hay que ser un experto en migración ni en sicología para entender el enorme daño que ICE le está haciendo a Wilfredo al separarlo cuatro meses de su madre... y quizás muchos más. Y no quiero ni imaginarme lo que pasaría si deportan a ese niño a Ecuador, solo, sin su madre y sin familiares que lo apoyen. ¿De qué le sirve eso a Estados Unidos? Es, sencillamente, la crueldad como estrategia migratoria.

ICE no es NICE.

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