6 sept 2015

Exonerado en EU, Ye Gon teme llegar a México

Revista Proceso # 2027, 6 de septiembre de 2015.. 
Exonerado en EU, Ye Gon teme llegar a México/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
México y Estados Unidos están a punto de firmar un intercambio de extraditables, lo que preocupa al chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien actualmente se encuentra en una prisión de aquel país aunque ya fue absuelto de los ilícitos que se le imputaban allá. Y tiene sus razones, pues en el sexenio calderonista todos se le echaron encima –sobre todo Javier Lozano Alarcón y Eduardo Medina Mora, titular de la Secretaría del Trabajo y procurador general de la República, respectivamente– y le imputaron delitos que nunca se le comprobaron. Pese a ello, aquí se le acusa de delincuencia organizada, narcotráfico, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lavado de dinero.
Desde que en junio pasado la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó atraer el caso de Zhenli Ye Gon, el gobierno de Enrique Peña Nieto está a la espera de que el Departamento de Estado decida extraditar al empresario chino naturalizado mexicano.
México y el país vecino están por concretar un intercambio de extraditables. Y aunque el exempresario farmacéutico podrá regresar libre de culpas en Estados Unidos, puesto que desde hace seis años allá la justicia lo absolvió del delito de narcotráfico por falta de pruebas, aquí se mantienen las acusaciones de delincuencia organizada y narcotráfico fincadas desde hace ocho años.
El gobierno de Felipe Calderón, su acusador, no pudo sostener sus señalamientos ante las autoridades estadunidenses. Ye Gon, a su vez, tampoco logró convencerlas de que era un perseguido político.

El Ejército, un poder más allá del presidencia

Revista Proceso # 2027, 6 de septiembre de 2015…
El Ejército, un poder más allá del presidencial/GLORIA LETICIA DÍAZ
Apocos días de que se cumpla un año de los ataques a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y previamente al sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, el abogado Vidulfo Rosales Sierra considera que en México “hay un poder que va más allá del presidencial de Enrique Peña Nieto: es el del Ejército”.
Rosales Sierra es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que representa a los familiares de las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.
En entrevista con Proceso, a unas horas de que el GIEI rinda –este domingo 6– su sexto informe, Rosales advierte que en el gobierno de Peña Nieto se niegan a aceptar otra versión sobre el destino final de los estudiantes que no sea la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, en la cual no se incluyó la participación de las Fuerzas Armadas.
Consciente de que el Grupo Interdisciplinario no fue creado “para decirles a los padres: ‘Aquí están sus hijos’”, Rosales considera que a casi un año de los ataques “hay una disputa por la verdad, y el GIEI va a inclinar la balanza”.
El grupo fue creado el 12 de noviembre de 2014 por el Acuerdo de Incorporación de Asistencia Técnica Internacional desde la Perspectiva de los Derechos Humanos en la Investigación de la Desaparición Forzada de 43 Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, como parte de las medidas cautelares solicitadas tras los hechos de septiembre y en apego a las facultades “de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos de la región”.

Acerca de La historia según Soberón

Revista Proceso # 2027, 6 de septiembre de 2015...
Acerca de La historia según Soberón
PALABRA DE LECTOR
De Primo F. Reyes Pérez
Señor director:
Con mucho interés leí el artículo titulado La historia según Soberón (Proceso 2025), que difunde fragmentos de su libro El médico, el rector. Al respecto, es necesario hacer algunas precisiones, para que la historia sea referida de manera honesta y transparente.
Considero necesario asentar que Miguel Castro Bustos fue un universitario talentoso y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM tras derrotar a un profesor del grupo de Vicente Lombardo Toledano; el movimiento al que se refiere Soberón lo inició y lo terminó Castro Bustos como único líder, imponiéndose a la Liga 23 de Septiembre, a los Chuchos y a otros chacuacos que ya andaban buscando de qué gancho atorarse.
 Cuando fui presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la UNAM, en 1958-1959, Miguel Castro Bustos fue mi brazo derecho, y nunca se le acreditó ninguna deslealtad o traición.
 La ironía es que al doctor Soberón lo nombraron rector por sugerencia del ingeniero Rubén Figueroa, a raíz de que unas tías de Soberón y de Figueroa fueron “cristeras”, y se pensaba que si yo estaba presente siendo amigo de Castro Bustos, la masa universitaria estaría tranquila. Ignoraban que, pese a nuestra hermandad, Castro Bustos jamás hubiera aceptado que yo le impusiera mi criterio.

Contra los narcoplantíos la Sedena actúa a ciegas/Juan Veldíaz.

Revista Proceso # 2027, 6 de septiembre de 2015..
Contra los narcoplantíos la Sedena actúa a ciegas/Juan Veldíaz.
En 2007 la responsabilidad de destruir plantíos de mariguana y amapola se le quitó a la PGR y se le dio al Ejército. Y según datos de la Sedena, la destrucción de estos sembradíos se ha triplicado. Sin embargo, esos cálculos fueron obtenidos “al tanteo”, sin metodología ni supervisión. Exfuncionarios de la PGR, especialistas en seguridad y militares en activo confirman lo endeble de las cifras oficiales.
 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que desde 2007 –cuando el Ejército se hizo cargo de la destrucción de narcoplantíos– en promedio multiplicó por tres la destrucción de estos sembradíos. Pero no hay pruebas que respalden su dicho. Al contrario.
 Merced a una solicitud de acceso a la información, en julio pasado la Sedena entregó cifras que muestran que la superficie sembrada de droga en el país creció durante el sexenio de Felipe Calderón, y así se ha mantenido hasta mayo de 2015, tras dos años y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto.
 Ahora bien, los documentos refieren que la destrucción de plantíos de mariguana y amapola durante este lapso se triplicó desde 2007, cuando los militares se hicieron cargo de esta tarea, que antes correspondía a la Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Procuraduría General de la República (PGR).
 Informes de la PGR que abarcan del sexe­nio de Ernesto Zedillo (1994 a 2000) al de Vicente Fox (de 2000 a julio de 2006) muestran que el año en que se alcanzó el mayor número de hectáreas de amapola erradicadas por tierra y aire en todo el país fue 2001, con 5 mil 451; en lo que atañe a los campos de mariguana, fue 1999, con 7 mil 462. En general hubo un alza entre 1996 y 2005, cuando el promedio anual de destrucción de amapola se mantuvo por arriba de las 3 mil hectáreas, mientras que el correspondiente a la mariguana estuvo en más de 6 mil.

Inocultable, la participación militar/ Anabel Hernández y Steve Fishe

Revista Proceso # 2027, 6 de septiembre de 2015...
Inocultable, la participación militar/ Anabel Hernández y Steve Fisher (*Trabajo financiado con recursos del Fondo para Periodismo de Investigación y con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.)

Durante un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero esta versión se desmorona con pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Los soldados estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
 Integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.
 Así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidas ante la Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4 de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la Ley Federal de Transparencia.
 Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después.
 Los militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30. Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero.

Morena: 15 años no es nada...

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