Ley de Justicia penal

Columna Serpientes y Escaleras/por Salvador García Soto

Publicado en El Universal, 26 de febrero de 2008;

Un pequeño error, ¿un enorme retroceso?
La polémica iniciativa de reforma judicial hoy será votada y, todo indica, aprobada. No habrá oídos que escuchen las preocupaciones de quienes la cuestionan. A partir de que entre en vigor, todos estaremos más vulnerables
Sordos antes las voces que les gritan y les piden esperar antes de aprobar una reforma judicial que afectará garantías fundamentales de los mexicanos y legalizará abusos policiacos, los diputados se aprestan hoy a aprobar cambios a varios artículos de la Constitución.
Con las modificaciones que hoy votará a favor una mayoría de legisladores de PRI, PAN, PVEM y Panal, se ampliarán las facultades de los cuerpos de seguridad del Estado para combatir al crimen organizado; pero también, en ese afán, se dejará a criterio de las ineficaces y cuestionadas policías del país una serie de decisiones y facultades discrecionales que podrían generar un estado de excepción y volver constitucionales las violaciones graves a las garantías de los ciudadanos.
Juristas, constitucionalistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado el contenido de las llamadas “reformas judiciales”. Los críticos más duros la han llamado Ley Gestapo, porque dicen que, junto con el clamor social de dar más instrumentos al Estado para frenar a la delincuencia organizada, se está abriendo la puerta para que luchadores sociales, grupos subversivos, críticos y disidentes del sistema puedan ser catalogados como “delincuentes organizados” y se les apliquen los criterios policiacos que permiten detenciones sin orden de aprehensión, allanamientos domiciliarios sin orden de un juez, intervenciones telefónicas o arraigos por hasta 80 días sin comunicación.
El argumento de los diputados en defensa de su ley es que los supuestos para darles a los cuerpos policiacos facultades sin órdenes de un juez sólo se aplican a situaciones de flagrancia o de riesgo de la vida para el allanamiento de moradas; en descargo, dicen, las reformas introducen los juicios orales, tema largamente reclamado por especialistas para simplificar y eficientar el funcionamiento del sistema judicial y abatir el enorme rezago acumulado en los juzgados, colegiados y tribunales.
Lo cierto es que hoy, si no sucede otra cosa, una mayoría parlamentaria aprobará la cuestionada reforma judicial. Lo hará tres semanas después de lo que habían previsto los diputados, que originalmente habían pensado llevar al pleno esta iniciativa desde finales del pasado mes de enero.
El retraso de casi un mes en la votación de las reformas se debió a un “pequeño error” cometido por los diputados en la redacción de los cambios a la Carta Magna. Resulta que cuando ya la iniciativa había sido aprobada por los diputados y por los senadores, que le hicieron modificaciones menores, en San Lázaro se dieron cuenta de que en el segundo artículo transitorio que contienen las reformas, donde se establece que varios de los cambios al sistema penal procesal entrarán en vigor hasta dentro de ocho años, se incluyó el artículo 21 en su párrafo cuarto, que a la letra dice:
“Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley”.
El problema es que ese párrafo del 21 constitucional no fue objeto de reforma alguna, y en él se establece el derecho de los acusadores a impugnar o apelar una decisión del Ministerio Público que deseche sus acusaciones por supuesta falta de elementos. Ese derecho fundamental del sistema procesal y de justicia se posponía hasta dentro de ocho años, según la redacción que contiene el segundo transitorio, cuando en realidad ese párrafo nunca se modificó.
Al darse cuenta de su error y ante el temor de una impugnación que tirara la reforma, los diputados decidieron posponer la votación que ya se había previsto para la primera semana de febrero. Preocupados, entraron en un análisis para ver cómo remendaban la iniciativa. Hubo una serie de jaloneos entre los partidos y diversas consultas entre diputados y senadores.
Primero pensaron corregirlo con una “fe de erratas”, pero los expertos les dijeron que eso no era posible en la técnica legislativa; luego los diputados propusieron que ellos corregían el segundo transitorio y reenviaban la iniciativa al Senado para que allá aprobaran la corrección; pero otra vez los expertos les advirtieron que eso no era posible porque violaría el procedimiento parlamentario del artículo 72 constitucional y haría que la reforma judicial se tuviera que ir hasta otro periodo de sesiones al agotarse el proceso.
El riesgo de devolverla al Senado, les dijeron sus asesores, era que se abría la puerta para que alguien impugnara la reforma y pudiera buscar tirarla ante la Corte, no por su contenido, sino por violaciones en el proceso legislativo. En un amparo no se puede reclamar el contendido de una reforma constitucional, según criterios de la Corte, pero lo que sí se puede es reclamar ante los ministros la anulación de una reforma a la Carta Magna si no se siguió el procedimiento que la propia Constitución marca para hacerle cambios.
Al final, tras un mes de sesudos análisis, los diputados decidieron publicar en la introducción (exposición de motivos) de la iniciativa que hoy se publica en la Gaceta Parlamentaria y que será votada en el pleno, una aclaración en la que explican que la redacción de sus artículos transitorios (incluido el del error) no afecta principios del sistema procesal penal que ya están en vigencia, es decir, que no hagan caso de su error y que el párrafo cuarto del 21 constitucional está vigente.
Al final, con todo y errores, la polémica iniciativa hoy será votada y, todo indica, aprobada. No habrá oídos que escuchen las preocupaciones de quienes la cuestionan. Y a partir de que entre en vigor, todos estaremos mucho más vulnerables, expuestos a que un buen día un jefe policiaco o un simple oficial de esos qué no se sabe bien a bien de qué lado están decida que somos sospechosos y nos detenga sin más ni más, o entre en nuestro domicilio pretextando las nuevas facultades supraconstitucionales que los diputados y senadores les otorgaron.
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