¿Son de la computadora?
El rector de la UNAM José Narro Robles calificó de "imprudentes e irresponsables, sin fundamento, llenas de rencor y superficiales" las declaraciones del presidente colombiano Álvaro Uribe respecto de la participación de estudiantes de esa casa de estudios en el campamento de las FARC. Emitió el siguiente comunicado:
Boletín UNAM-DGCS-244 (18:45 horas)
Ciudad Universitaria
RECHAZA LA UNAM LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE COLOMBIANO ÁLVARO URIBE
· Son superficiales, atentan contra la dignidad de los mexicanos, lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto
· La UNAM lamenta la torpeza en la actuación del mandatario
· Uribe anticipa conclusiones condenatorias cuando hay una investigación en curso
Con relación a las declaraciones a un medio televisivo mexicano por parte del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, la Universidad Nacional Autónoma de México rechaza las afirmaciones superficiales del mandatario, que atentan contra la dignidad de los mexicanos, lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto, y lamenta la torpeza en la actuación del Ejecutivo colombiano.
Respecto a las aseveraciones de Uribe, que hizo en torno a los sucesos registrados en territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo, la UNAM establece que esas afirmaciones anticipan conclusiones condenatorias, cuando él mismo señaló que hay una investigación en curso, y exige respeto a la memoria de los estudiantes mexicanos fallecidos y a la estudiante herida. Se trata de expresiones sin fundamento, imprudentes e irresponsables, que violentan los principios fundamentales del derecho.
Los señalamientos de Álvaro Uribe incurren en amenazas implícitas y hacen generalizaciones sobre los universitarios. Pero además, faltan a la verdad y carecen del mínimo sentido de solidaridad, están llenas de rencor y se expresan sin pudor alguno, acerca de un bombardeo que mereció la condena internacional, y que, entre sus consecuencias, causó la muerte de cuatro mexicanos y lesiones graves a una más.
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Ciudad Universitaria
RECHAZA LA UNAM LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE COLOMBIANO ÁLVARO URIBE
· Son superficiales, atentan contra la dignidad de los mexicanos, lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto
· La UNAM lamenta la torpeza en la actuación del mandatario
· Uribe anticipa conclusiones condenatorias cuando hay una investigación en curso
Con relación a las declaraciones a un medio televisivo mexicano por parte del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, la Universidad Nacional Autónoma de México rechaza las afirmaciones superficiales del mandatario, que atentan contra la dignidad de los mexicanos, lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto, y lamenta la torpeza en la actuación del Ejecutivo colombiano.
Respecto a las aseveraciones de Uribe, que hizo en torno a los sucesos registrados en territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo, la UNAM establece que esas afirmaciones anticipan conclusiones condenatorias, cuando él mismo señaló que hay una investigación en curso, y exige respeto a la memoria de los estudiantes mexicanos fallecidos y a la estudiante herida. Se trata de expresiones sin fundamento, imprudentes e irresponsables, que violentan los principios fundamentales del derecho.
Los señalamientos de Álvaro Uribe incurren en amenazas implícitas y hacen generalizaciones sobre los universitarios. Pero además, faltan a la verdad y carecen del mínimo sentido de solidaridad, están llenas de rencor y se expresan sin pudor alguno, acerca de un bombardeo que mereció la condena internacional, y que, entre sus consecuencias, causó la muerte de cuatro mexicanos y lesiones graves a una más.
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Dos editoriales: El Universal y La Jornada:
Condena sin pruebas/Editorial
Condena sin pruebas/Editorial
EL UNIVERSAL, 17 de abril de 2008;
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, calificó de “terroristas” a los mexicanos muertos o presentes la noche del primero de marzo de este año en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador.
Y aunque nadie puede negar ni el valor personal del mandatario colombiano ni sus altos índices de popularidad interna, que lo respaldan en sus tratos con el exterior, su forma de expresarse no es correcta.
No es correcta porque a pesar de todos los pesares y todas las coincidencias, los mexicanos que estaban en el campamento guerrillero en Ecuador no habían cometido delito otro que estar vinculados por simpatía ideológica con la guerrilla.
En la jurisprudencia mundial, en el muy respetable sistema judicial colombiano y hasta en el muy deteriorado sistema judicial mexicano, el acusado es inocente hasta que se prueba lo contrario.
Que si sabían o no de las ligas de las FARC con el narcotráfico, que si estaban o no para entrenarse, que si iban con una ingenuidad difícil de creer, está por verse y por probarse. Por eso, señor presidente Uribe, sus declaraciones son desafortunadas y hasta fuera de lugar.
Por un lado, la opinión pública mexicana está muy dividida. Hay muchos que no creen en la inocencia de los estudiantes presentes en el campamento ni en que el gobierno ecuatoriano haya estado tan ignorante como dice de la existencia del sitio, que a juzgar por toda la información era casi un establecimiento permanente.
Pero pocos, si acaso, ni aun los más fuertes adversarios y críticos de las FARC o los estudiantes en México, creen que el gobierno de Colombia tenía el derecho de violar la soberanía ecuatoriana para lanzar el ataque.
Muchos en México no están al corriente de la profundidad de las heridas que más de medio siglo de guerra civil han dejado en Colombia, ni de la dureza de los sentimientos despertados por crímenes cometidos bajo el disfraz de lucha política.
Pero si la ignorancia no es excusa, señor presidente Uribe, usted llegó al poder en Colombia con la promesa de hacer cumplir la ley en todo el territorio de su país y eso incluye también respetar el derecho internacional.
Y si bien es cierto que la inmensa mayoría de los mexicanos no saben que su padre fue asesinado por las FARC, tampoco están completamente ajenos a las acusaciones en su contra sobre vínculos con grupos paramilitares y procederes que en principio parecen antidemocráticos, como sería la modificación constitucional para permitir su reelección.
Todo eso, sin embargo, queda en manos de la historia y la capacidad del pueblo colombiano, que hoy por hoy parece respaldarlo de forma abrumadora.
Pero otra vez, el mismo derecho internacional que establece el respeto a las soberanías nacionales, algo tan caro para los latinoamericanos, establece la necesidad de probar la culpabilidad de acusados.
Y tan ingenuos o malintencionados como hayan sido, los mexicanos presentes en el famoso campamento no habían de hecho actuado contra su gobierno más que en un sentido político, tan ingenuamente como se quiera, pero con sincero afecto a Colombia.
De cualquier manera, señor presidente, sea bienvenido a México, un país que quiere al suyo.
Y aunque nadie puede negar ni el valor personal del mandatario colombiano ni sus altos índices de popularidad interna, que lo respaldan en sus tratos con el exterior, su forma de expresarse no es correcta.
No es correcta porque a pesar de todos los pesares y todas las coincidencias, los mexicanos que estaban en el campamento guerrillero en Ecuador no habían cometido delito otro que estar vinculados por simpatía ideológica con la guerrilla.
En la jurisprudencia mundial, en el muy respetable sistema judicial colombiano y hasta en el muy deteriorado sistema judicial mexicano, el acusado es inocente hasta que se prueba lo contrario.
Que si sabían o no de las ligas de las FARC con el narcotráfico, que si estaban o no para entrenarse, que si iban con una ingenuidad difícil de creer, está por verse y por probarse. Por eso, señor presidente Uribe, sus declaraciones son desafortunadas y hasta fuera de lugar.
Por un lado, la opinión pública mexicana está muy dividida. Hay muchos que no creen en la inocencia de los estudiantes presentes en el campamento ni en que el gobierno ecuatoriano haya estado tan ignorante como dice de la existencia del sitio, que a juzgar por toda la información era casi un establecimiento permanente.
Pero pocos, si acaso, ni aun los más fuertes adversarios y críticos de las FARC o los estudiantes en México, creen que el gobierno de Colombia tenía el derecho de violar la soberanía ecuatoriana para lanzar el ataque.
Muchos en México no están al corriente de la profundidad de las heridas que más de medio siglo de guerra civil han dejado en Colombia, ni de la dureza de los sentimientos despertados por crímenes cometidos bajo el disfraz de lucha política.
Pero si la ignorancia no es excusa, señor presidente Uribe, usted llegó al poder en Colombia con la promesa de hacer cumplir la ley en todo el territorio de su país y eso incluye también respetar el derecho internacional.
Y si bien es cierto que la inmensa mayoría de los mexicanos no saben que su padre fue asesinado por las FARC, tampoco están completamente ajenos a las acusaciones en su contra sobre vínculos con grupos paramilitares y procederes que en principio parecen antidemocráticos, como sería la modificación constitucional para permitir su reelección.
Todo eso, sin embargo, queda en manos de la historia y la capacidad del pueblo colombiano, que hoy por hoy parece respaldarlo de forma abrumadora.
Pero otra vez, el mismo derecho internacional que establece el respeto a las soberanías nacionales, algo tan caro para los latinoamericanos, establece la necesidad de probar la culpabilidad de acusados.
Y tan ingenuos o malintencionados como hayan sido, los mexicanos presentes en el famoso campamento no habían de hecho actuado contra su gobierno más que en un sentido político, tan ingenuamente como se quiera, pero con sincero afecto a Colombia.
De cualquier manera, señor presidente, sea bienvenido a México, un país que quiere al suyo.
Dignidad de la UNAM, descaro de Uribe/ Editorial; La Jornada
Ante las ofensivas y repudiables declaraciones formuladas ayer, en territorio nacional, por Álvaro Uribe, en el sentido de que los cuatro estudiantes mexicanos asesinados por tropas colombianas en territorio de Ecuador eran “terroristas, narcotraficantes y secuestradores”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado desusadamente enérgico, en el que rechazó “las afirmaciones superficiales del mandatario, que atentan contra la dignidad de los mexicanos y lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto”, y faltan el respeto “a la memoria de los estudiantes fallecidos y a la estudiante herida”. Lo dicho por el presidente colombiano, señala la máxima casa de estudios, carece de fundamentos, es imprudente, irresponsable, falaz, rencoroso e impúdico, y violatorio de los principios fundamentales del derecho.
Es reconfortante que la UNAM llame a las cosas por su nombre y reivindique una dignidad nacional vapuleada no sólo por Uribe, sino por las autoridades mexicanas, las cuales, ante los homicidios de cuatro connacionales y las graves heridas a una mexicana más, se han refugiado en actitudes ambiguas y hasta encubridoras de los delitos perpetrados por el régimen uribista en su ataque armado contra el territorio ecuatoriano.
Es preciso reiterarlo: la agresión colombiana del pasado primero de marzo no fue una legítima acción de guerra de un gobierno democrático acosado por el terrorismo, sino una masacre injustificable y criminal y, esa sí, terrorista. Algunos de los guerrilleros y de los civiles que se encontraban en el campamento cercano a Lago Agrio, Ecuador, fueron asesinados mientras dormían, en tanto que otros, heridos, fueron ejecutados por los soldados colombianos que, en la acción, violaron la integridad territorial y la soberanía ecuatorianas.
Lo que cabía exigir al gobierno mexicano desde el primer momento era una enérgica nota de protesta ante las autoridades de Bogotá por la agresión homicida y una condena inequívoca por el afán de Uribe de atropellar el derecho internacional. En cambio, el Ejecutivo federal ha tenido reacciones balbuceantes, equívocas, ambiguas y tardías. El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llegó al colmo de redactar, en un comunicado, que “el gobierno de México reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales mexicanos y el hecho de que una connacional haya resultado herida” en la incursión militar y policial colombiana en Ecuador, como si las muertes y las lesiones fueran sujetos posibles de reprobación. Luego, esa dependencia anunció que pediría al Palacio de Nariño “compensaciones económicas” para los deudos de las víctimas, en un intento por crear expectativas monetarias entre los familiares de los asesinados a fin de que depusieran sus acciones legales y de protesta. Asimismo, la administración calderonista ha venido insistiendo en pedir a los gobiernos de los dos países sudamericanos –el agresor y el agredido– que “investiguen” los hechos del primero de marzo, como si fuera procedente poner al asesino a investigar sus propios crímenes. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha llegado a un extremo grotesco: en obediencia a las autoridades uribistas, y cediendo a las presiones de membretes de la ultraderecha mexicana, ha hostigado a la sobreviviente mexicana de la masacre, Lucía Morett, mediante interrogatorios intimidantes, realizados a distancia, y plagados de amenazas penales. Mientras el titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, especula en público con la posibilidad de iniciar un proceso penal contra la víctima del delito, la SRE le extiende garantías poco verosímiles y asegura que sus “garantías constitucionales se encuentran cabalmente salvaguardadas”.
El propio titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, alimenta las inconsecuencias al eludir la inequívoca condena que procede contra el que ha reclamado la responsabilidad de la agresión y de los homicidios y pedirle, en cambio, que “no prejuzgue” y que “espere a que terminen las investigaciones”. Uribe, por su parte, quien se hizo presente ayer en el Foro Económico Mundial, que se realizó en Cancún, dijo que visitaba nuestro país “por pudor personal” cuando, en realidad, sus declaraciones dejaron entrever la característica opuesta: la impudicia. Y es que, en efecto, se requiere de una gran dosis de descaro y de cinismo para que el delincuente –Uribe sí que merece el calificativo, no sólo por haber ordenado la agresión armada a territorio ecuatoriano, sino también por sus viejos y documentados vínculos con el narcotráfico y los paramilitares– acuda al país de sus víctimas a formular nuevos denuestos contra ellas.
En la ocasión, la UNAM ha rescatado el decoro, la capacidad de indignación y el elemental sentido de solidaridad que merece cualquier mexicano agredido en el extranjero, y cabe felicitarla por ello. Pero resulta desolador, al mismo tiempo, que nadie en el gobierno sea capaz de hacer otro tanto.
Es reconfortante que la UNAM llame a las cosas por su nombre y reivindique una dignidad nacional vapuleada no sólo por Uribe, sino por las autoridades mexicanas, las cuales, ante los homicidios de cuatro connacionales y las graves heridas a una mexicana más, se han refugiado en actitudes ambiguas y hasta encubridoras de los delitos perpetrados por el régimen uribista en su ataque armado contra el territorio ecuatoriano.
Es preciso reiterarlo: la agresión colombiana del pasado primero de marzo no fue una legítima acción de guerra de un gobierno democrático acosado por el terrorismo, sino una masacre injustificable y criminal y, esa sí, terrorista. Algunos de los guerrilleros y de los civiles que se encontraban en el campamento cercano a Lago Agrio, Ecuador, fueron asesinados mientras dormían, en tanto que otros, heridos, fueron ejecutados por los soldados colombianos que, en la acción, violaron la integridad territorial y la soberanía ecuatorianas.
Lo que cabía exigir al gobierno mexicano desde el primer momento era una enérgica nota de protesta ante las autoridades de Bogotá por la agresión homicida y una condena inequívoca por el afán de Uribe de atropellar el derecho internacional. En cambio, el Ejecutivo federal ha tenido reacciones balbuceantes, equívocas, ambiguas y tardías. El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llegó al colmo de redactar, en un comunicado, que “el gobierno de México reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales mexicanos y el hecho de que una connacional haya resultado herida” en la incursión militar y policial colombiana en Ecuador, como si las muertes y las lesiones fueran sujetos posibles de reprobación. Luego, esa dependencia anunció que pediría al Palacio de Nariño “compensaciones económicas” para los deudos de las víctimas, en un intento por crear expectativas monetarias entre los familiares de los asesinados a fin de que depusieran sus acciones legales y de protesta. Asimismo, la administración calderonista ha venido insistiendo en pedir a los gobiernos de los dos países sudamericanos –el agresor y el agredido– que “investiguen” los hechos del primero de marzo, como si fuera procedente poner al asesino a investigar sus propios crímenes. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha llegado a un extremo grotesco: en obediencia a las autoridades uribistas, y cediendo a las presiones de membretes de la ultraderecha mexicana, ha hostigado a la sobreviviente mexicana de la masacre, Lucía Morett, mediante interrogatorios intimidantes, realizados a distancia, y plagados de amenazas penales. Mientras el titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, especula en público con la posibilidad de iniciar un proceso penal contra la víctima del delito, la SRE le extiende garantías poco verosímiles y asegura que sus “garantías constitucionales se encuentran cabalmente salvaguardadas”.
El propio titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, alimenta las inconsecuencias al eludir la inequívoca condena que procede contra el que ha reclamado la responsabilidad de la agresión y de los homicidios y pedirle, en cambio, que “no prejuzgue” y que “espere a que terminen las investigaciones”. Uribe, por su parte, quien se hizo presente ayer en el Foro Económico Mundial, que se realizó en Cancún, dijo que visitaba nuestro país “por pudor personal” cuando, en realidad, sus declaraciones dejaron entrever la característica opuesta: la impudicia. Y es que, en efecto, se requiere de una gran dosis de descaro y de cinismo para que el delincuente –Uribe sí que merece el calificativo, no sólo por haber ordenado la agresión armada a territorio ecuatoriano, sino también por sus viejos y documentados vínculos con el narcotráfico y los paramilitares– acuda al país de sus víctimas a formular nuevos denuestos contra ellas.
En la ocasión, la UNAM ha rescatado el decoro, la capacidad de indignación y el elemental sentido de solidaridad que merece cualquier mexicano agredido en el extranjero, y cabe felicitarla por ello. Pero resulta desolador, al mismo tiempo, que nadie en el gobierno sea capaz de hacer otro tanto.
1 comentario:
Veo que el universal hace una crítica muy buena sobre los acontecimientos en el muy mentado campamento y los comentarios alrededor de esto; lo hace con la altura de un informativo serio. La jornada es un informativo agresivo que solo ve el punto de vista endógeno, y no guarda adjetivo alguno a los que no piensen como ellos. Sin embargo en Colombia se sabe que en la UNAM hay grupos que apoyan a estos grupos irregulares y siguen su ideología, bueno eso está bien; lo que no esta bien es apoyar los métodos macabros de estos grupos. Hay que preguntarse ¿Qué hacían estos señores en un campamento con asesinos y narcotraficantes?, a sabiendas de que se pagaba una recompensa por ellos vivos o muertos!. Eso es como los padres que no conocen bien sus hijos, los defienden sin criterio solo con el corazón.
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