Espionaje gringo/John M. Ackerman
El Tío Sam te escucha…
El Congreso de Estados Unidos aprobó el pasado 9 de julio una serie de reformas legales que permitirán la vigilancia indiscriminada y sin autorización judicial de cualquier comunicación internacional de los residentes del vecino del norte. Una vez que los cambios avalados entren en vigor, el gobierno estadunidense podrá armar una masiva operación de intervención de líneas telefónicas, correos electrónicos, chats y cualquier intercambio por internet para espiar a todos los mexicanos que cuenten con algún familiar o amigo al otro lado de la frontera norte.
Pero lo cierto es que las reformas a la Ley de Inteligencia y Vigilancia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) legalizan prácticas de espionaje que el gobierno de George W. Bush ya realizaba de manera extraoficial desde el 11 de septiembre de 2001 y que, por tanto, son a todas luces violatorias tanto de la cuarta enmienda de la Constitución estadunidense como del artículo 16 de nuestra Carta Magna. Ambos ordenamientos obligan a las autoridades gubernamentales a conseguir autorización judicial para cualquier intervención de las comunicaciones privadas. Ya en Estados Unidos abogados y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se apresuran a impugnar las reformas en los tribunales. En México, por el contrario, el gobierno federal actúa como cómplice al guardar un cómodo silencio ante esta grave intromisión en nuestras vidas privadas.
La aprobación de esta iniciativa es un inmerecido regalo a la administración de George W. Bush y sus continuas políticas de atropello a los derechos humanos y de violación del debido proceso. En un procedimiento muy similar al de la aprobación de la Ley Televisa en México, el presidente estadunidense se ha montado en la actual coyuntura política, donde sus adversarios están obligados a parecer “duros” en contra del “terrorismo” a fin de no perder electores en los comicios de noviembre próximo, para lograr un amplio apoyo a sus reformas. Las iniciativas fueron aprobadas no solamente por los legisladores del Partido Republicano, sino también por una gran cantidad de sus opositores del Partido Demócrata. Incluso el todavía hoy senador Barack Obama se vio obligado a tomar una pausa en su campaña electoral para ir personalmente al Capitolio a votar a favor de la iniciativa.
El propósito de las reformas es supuestamente facilitar el trabajo del FBI y la CIA en sus esfuerzos por combatir el terrorismo. Sin embargo, la nueva redacción de la ley es tan general y abstracta que las nuevas facultades podrán ser utilizadas para vigilar o supervisar cualquier tipo de actividad en México, o en cualquier otra parte del mundo, que supuestamente pudiera afectar los intereses de Estados Unidos. Antes de las reformas, cada caso de intervención de comunicaciones privadas tenía que ser explícitamente autorizado por un juez y únicamente se justificaba en caso de que hubiera evidencia contundente de que la persona intervenida fuera un “agente de algún Estado extranjero” (agent of a foreign power) y que su actuación pusiera en riesgo “la seguridad nacional”.
Con las nuevas reformas, para justificar el espionaje, el gobierno estadunidense únicamente tiene que demostrar de manera general que las investigaciones correspondientes permiten allegarse de “inteligencia extranjera” (foreign intelligence information). Ya no será necesario conseguir una orden judicial para cada caso específico ni demostrar que hubiera una relación directa con el terrorismo. En consecuencia, asuntos tan delicados como los secretos comerciales de las empresas mexicanas, la actuación en materia de seguridad pública del Poder Ejecutivo, las negociaciones en el Poder Legislativo sobre la reforma energética o las actividades del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador podrían ser “investigados” libremente. Sin duda, las nuevas facultades con las que ahora cuenta el gobierno estadunidense para inmiscuirse en la vida interna del país son mucho más graves que las condiciones que se quisieron imponer con el Plan Mérida o el espionaje que ha realizado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Poder Legislativo.
Otro elemento de la reciente reforma es que otorga una impunidad generalizada a las empresas de telecomunicaciones que desde hace ya varios años habían venido colaborando de manera ilegal con Bush en la intervención de comunicaciones privadas. En lugar de investigar, esclarecer y castigar las conductas indebidas, el Congreso accedió al deseo del mandatario de simplemente archivar y olvidar el asunto. Tal como ocurrió en México con las violaciones a la ley electoral cometidas en los comicios presidenciales de 2006, nunca sabremos qué tan extendida fue en Estados Unidos la masiva intervención ilegal de las comunicaciones que sufrieron los estadunidenses, y sus amigos y familiares en el extranjero, y desde luego que nadie será castigado por los delitos cometidos.
Desafortunadamente, en México ya contamos con varias prácticas y normas que emulan las estrategias de defensa de la “seguridad nacional” que operan en el vecino del norte. Apenas el año pasado el gobierno estadunidense regaló un aparato con un costo de 3 millones de dólares al gobierno mexicano para intervenir comunicaciones privadas.
Lamentablemente, nuestra Ley de Seguridad Nacional establece que debe mantenerse en secresía absolutamente toda la información sobre las solicitudes de intervención de comunicaciones, así como las resoluciones de los jueces sobre el tema. Tal opacidad se presta al abuso de parte del Cisen, ya que nunca sabremos cómo, cuándo y dónde el gobierno nos vigila. Así mismo, la maleable definición de “delincuencia organizada” y la posibilidad del “arraigo preventivo” de hasta 80 días, ahora consagrados en el texto del artículo 16 de la Constitución con la reforma penal, también merecen ser revaluados.
El “gran hermano” está de regreso. Si no actuamos, pronto podríamos encontrarnos ante un escenario de represión y control verdaderamente escalofriante tanto desde nuestro propio gobierno como desde el extranjero.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el pasado 9 de julio una serie de reformas legales que permitirán la vigilancia indiscriminada y sin autorización judicial de cualquier comunicación internacional de los residentes del vecino del norte. Una vez que los cambios avalados entren en vigor, el gobierno estadunidense podrá armar una masiva operación de intervención de líneas telefónicas, correos electrónicos, chats y cualquier intercambio por internet para espiar a todos los mexicanos que cuenten con algún familiar o amigo al otro lado de la frontera norte.
Pero lo cierto es que las reformas a la Ley de Inteligencia y Vigilancia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) legalizan prácticas de espionaje que el gobierno de George W. Bush ya realizaba de manera extraoficial desde el 11 de septiembre de 2001 y que, por tanto, son a todas luces violatorias tanto de la cuarta enmienda de la Constitución estadunidense como del artículo 16 de nuestra Carta Magna. Ambos ordenamientos obligan a las autoridades gubernamentales a conseguir autorización judicial para cualquier intervención de las comunicaciones privadas. Ya en Estados Unidos abogados y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos se apresuran a impugnar las reformas en los tribunales. En México, por el contrario, el gobierno federal actúa como cómplice al guardar un cómodo silencio ante esta grave intromisión en nuestras vidas privadas.
La aprobación de esta iniciativa es un inmerecido regalo a la administración de George W. Bush y sus continuas políticas de atropello a los derechos humanos y de violación del debido proceso. En un procedimiento muy similar al de la aprobación de la Ley Televisa en México, el presidente estadunidense se ha montado en la actual coyuntura política, donde sus adversarios están obligados a parecer “duros” en contra del “terrorismo” a fin de no perder electores en los comicios de noviembre próximo, para lograr un amplio apoyo a sus reformas. Las iniciativas fueron aprobadas no solamente por los legisladores del Partido Republicano, sino también por una gran cantidad de sus opositores del Partido Demócrata. Incluso el todavía hoy senador Barack Obama se vio obligado a tomar una pausa en su campaña electoral para ir personalmente al Capitolio a votar a favor de la iniciativa.
El propósito de las reformas es supuestamente facilitar el trabajo del FBI y la CIA en sus esfuerzos por combatir el terrorismo. Sin embargo, la nueva redacción de la ley es tan general y abstracta que las nuevas facultades podrán ser utilizadas para vigilar o supervisar cualquier tipo de actividad en México, o en cualquier otra parte del mundo, que supuestamente pudiera afectar los intereses de Estados Unidos. Antes de las reformas, cada caso de intervención de comunicaciones privadas tenía que ser explícitamente autorizado por un juez y únicamente se justificaba en caso de que hubiera evidencia contundente de que la persona intervenida fuera un “agente de algún Estado extranjero” (agent of a foreign power) y que su actuación pusiera en riesgo “la seguridad nacional”.
Con las nuevas reformas, para justificar el espionaje, el gobierno estadunidense únicamente tiene que demostrar de manera general que las investigaciones correspondientes permiten allegarse de “inteligencia extranjera” (foreign intelligence information). Ya no será necesario conseguir una orden judicial para cada caso específico ni demostrar que hubiera una relación directa con el terrorismo. En consecuencia, asuntos tan delicados como los secretos comerciales de las empresas mexicanas, la actuación en materia de seguridad pública del Poder Ejecutivo, las negociaciones en el Poder Legislativo sobre la reforma energética o las actividades del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador podrían ser “investigados” libremente. Sin duda, las nuevas facultades con las que ahora cuenta el gobierno estadunidense para inmiscuirse en la vida interna del país son mucho más graves que las condiciones que se quisieron imponer con el Plan Mérida o el espionaje que ha realizado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Poder Legislativo.
Otro elemento de la reciente reforma es que otorga una impunidad generalizada a las empresas de telecomunicaciones que desde hace ya varios años habían venido colaborando de manera ilegal con Bush en la intervención de comunicaciones privadas. En lugar de investigar, esclarecer y castigar las conductas indebidas, el Congreso accedió al deseo del mandatario de simplemente archivar y olvidar el asunto. Tal como ocurrió en México con las violaciones a la ley electoral cometidas en los comicios presidenciales de 2006, nunca sabremos qué tan extendida fue en Estados Unidos la masiva intervención ilegal de las comunicaciones que sufrieron los estadunidenses, y sus amigos y familiares en el extranjero, y desde luego que nadie será castigado por los delitos cometidos.
Desafortunadamente, en México ya contamos con varias prácticas y normas que emulan las estrategias de defensa de la “seguridad nacional” que operan en el vecino del norte. Apenas el año pasado el gobierno estadunidense regaló un aparato con un costo de 3 millones de dólares al gobierno mexicano para intervenir comunicaciones privadas.
Lamentablemente, nuestra Ley de Seguridad Nacional establece que debe mantenerse en secresía absolutamente toda la información sobre las solicitudes de intervención de comunicaciones, así como las resoluciones de los jueces sobre el tema. Tal opacidad se presta al abuso de parte del Cisen, ya que nunca sabremos cómo, cuándo y dónde el gobierno nos vigila. Así mismo, la maleable definición de “delincuencia organizada” y la posibilidad del “arraigo preventivo” de hasta 80 días, ahora consagrados en el texto del artículo 16 de la Constitución con la reforma penal, también merecen ser revaluados.
El “gran hermano” está de regreso. Si no actuamos, pronto podríamos encontrarnos ante un escenario de represión y control verdaderamente escalofriante tanto desde nuestro propio gobierno como desde el extranjero.
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