Más poder,
más dinero,
más crímen
Ricardo Ravelo, reportero.
Analistas y legisladores consultados por Proceso advierten que con su propuesta de fortalecer las instituciones de seguridad -las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional- el presidente Felipe Calderón se equivoca, pues con ello sólo naturalizará la militarización. No deja de ser contradictorio que, dicen, a pesar de que no hay resultados en el combate al crimen organizado, en la propuesta de presupuesto para 2009 intente destinar más dinero a seguridad, en detrimento de los rubros de educación, salud y combate a la pobreza.
Distante de la prevención, educación y desarrollo social, medidas básicas para abatir la inseguridad y a la delincuencia a largo plazo, el presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 muestra que el presidente Felipe Calderón proyecta hacer frente a los embates del crimen organizado mediante el reforzamiento del aparato represor del Estado.
A juicio de legisladores y analistas, con esta estrategia el país sólo terminará envuelto en una crisis de violencia.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que esta política de fuerza y represión significa que el régimen calderonista "naturalizará la militarización como política de gobierno", pues desde ahora se empiezan a cerrar los espacios a la participación civil dentro del esquema de seguridad.
El proyecto de unificar a las policías del país bajo un solo mando, uno de los temas de la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, está prácticamente desechado por los legisladores "por inviable y peligroso", dice; además, los gobernadores se oponen a que la federación los despoje de ese instrumento, pues consideran que esa medida viola la soberanía de los estados.
Pero a pesar de ello y de la ineficacia de su gobierno para frenar el crimen, el presidente Calderón privilegia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna y convertida hoy en una extensión del Ejército, pues la mayoría de sus miembros son militares. De hecho, la dotó de mayores recursos y la convirtió en la segunda dependencia con mayor concentración de poder y dinero, después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el proyecto presupuestal.
Pese a que en los últimos 20 meses mostró sus fallas y desatinos frente al avasallante poder del crimen organizado, el presidente insiste en darle prioridad al aparato militar y policiaco.
Dice Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y coordinador del diplomado de seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana: "Con un presupuesto sin precedente en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón conduce al país a momentos que nos hacen recordar la peor crisis sudamericana que se vivió con las dictaduras".
Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, secunda: "Nos parece excesivo que se aumente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, cuando a nivel federal sólo se atienden 8% de los delitos que se cometen en el país".
Claudia Cruz Santiago, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Equidad y Género, dice, a su vez: "Calderón apuesta al combate de la criminalidad con más armas, más policías, más penas y mayor represión. ¿Y la prevención? ¿Y la educación? ¿Y la atención social?", cuestiona.
Y añade: "Creo que el presidente y los funcionarios responsables de la seguridad ven el combate al narcotráfico como una gran industria. El proyecto de presupuesto está desbalanceado, tenemos que equilibrarlo; así como está no será aprobado".
Los aumentos más cuestionados en la propuesta presidencial por "excesivos" y "poco justificados" son: un incremento de 16.1% a la Sedena, que equivale a 42 mil 423.3 millones de pesos; así como de 49.8% a la SSP, equivalente a 30 mil 955.9 millones.
Lo más sorprendente es la pretensión de incluir en el reparto de los incrementos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que de mil 270 millones de pesos ejercido, este año pasará a 2 mil 439 millones para 2009.
Legisladores consultados por Proceso aseguran que el plan presupuestal de Calderón tiene un grave desajuste entre los incrementos destinados a la seguridad y los que se otorgan a la salud y a la atención social, rubros importantes para combatir la pobreza.
La diputada Cruz Santiago y el investigador Erubiel Tirado coinciden en que la visión presidencial es equivocada cuando se propone un presupuesto que tiende a resolver el problema de la seguridad con más dinero. Lo que el país necesita, dicen, es que se refuerce la educación y se promuevan programas preventivos, por ejemplo, para revertir en el mediano y largo plazos el avance del narcotráfico en municipios y comunidades urbanas y rurales precarias.
Los números hablan: para la Procuraduría General de la República (PGR) el Ejecutivo propone un aumento de 29.2%, es decir, pasaría de 9 mil 307 millones a 12 mil 605 millones de pesos; la Sedena, que actualmente ejerce un presupuesto de 34 mil 861 millones, contará con 42 mil 423.3 millones de pesos para 2009.
Por lo que atañe a la SSP, cuestionada por sus fallas y la concentración de poder de su titular, Genaro García Luna, tendrá más dinero para el próximo año: de 19 mil 711. 6 millones que manejó en 2008 pasará a 30 mil 955.9 millones de pesos. Un incremento de 49.8%; la Secretaría de Marina de 13 mil 382.7 millones pasará a 15 mil 757 millones de pesos.
Y el Cisen, criticado por sus fallas y porque sus altos mandos presuntamente se abocan a tareas de espionaje político, manejará 2 mil 439 millones de pesos, según los cálculo de Tirado.
En contraste, dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que en el presente ejercicio presupuestal contó con 64 mil 447.3 millones de pesos, ejercerá 61 mil 264 millones para 2009, es decir, 3 mil 233 millones menos.
El rubro educativo, base del nuevo modelo cultural, es uno de los más castigados en el programa presupuestal 2009: sólo le incrementaron 11 mil millones de pesos (6.9%), en tanto que a la Secretaría de Desarrollo Social le subieron 16 mil millones de pesos (2.3%).
De acuerdo con un análisis de la diputada perredista Claudia Cruz Santiago, un vacío preocupante en el proyecto presupuestal, a pesar de la concentración de dinero que tendrán varias dependencias, es que no se apuntala a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para supervisar a funcionarios y el manejo financiero.
"Por el contrario, a esa dependencia se le desmantela cada días más, como si quisieran dejarla sin capacidad de reacción", dice Cruz Santiago. Según ella, en varios estados la SFP dispone de menos empleados, dos o tres a lo mucho por estado, lo que acrecienta la posibilidad de que los altos funcionarios gubernamentales incurran en actos de corrupción sin ser castigados.
Y añade: "De hecho, las sanciones que impone la SFP frecuentemente se derrumban en el Tribunal Fiscal y Administrativo por falta de motivación o fallas graves, como la falta de notificación en tiempo y forma, lo que a menudo deriva en que muchos funcionarios corruptos fácilmente obtienen la nulidad de los juicios".
Para 2009, la SFP tendrá menos capacidad de acción. En la propuesta de presupuesto la dependencia responsable de combatir la corrupción administrativa no registra incremento en su presupuesto. El 75% que está incluido en el proyecto, según Cruz Santiago, es una ampliación del que dicha dependencia gastó en el ejercicio de 2008.
-Esto quiere decir que para 2009, que será el año más boyante en presupuesto contra el crimen organizado, ¿no habrá agresividad en vigilar la conducta de los funcionarios y el manejo financiero?
-Todo parece indicar que no. Ahí están los números: cero aumento a la Secretaría de la Función Pública. Es claro que lo que quieren los hombres del poder es una dependencia atrofiada, sin presupuesto y sin personal.
Represión y miedo
Desde el inicio de su gestión, Calderón determinó que el Ejército supliera a los cuerpos de policía de Michoacán, Tijuana, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa; y de agosto a la fecha se posicionó en Tabasco y se reforzó las acciones de seguridad en Torreón, Coahuila.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que la tendencia a militarizar el país seguirá en el actual régimen, de ahí que se le otorgue más poder económico en el presupuesto.
Explica: "Bajo esta perspectiva, tal y como se plasma en el programa sectorial de defensa, la militarización se naturaliza como política de gobierno con todas las consecuencias inherentes sobre el costo de seguir confundiendo las relaciones civiles militares con las cívico-políticas donde el eje de actuación castrense pasa por el Ejecutivo".
Asegura que, después de la firma de los 74 puntos del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad y frente al desafiante poder del narcotráfico, para sacar adelante su proyecto presupuestal y afianzar su política militarista, el presidente Calderón pretende utilizar políticamente esta crisis de inseguridad para "chantajear a legisladores y sectores sociales" para que éstos aprueben su propuesta argumentando la urgencia de combatir al crimen.
De aprobarse, dice, "estaríamos reforzando un aparato no necesariamente de seguridad, sino toda una instrumentación represiva que es clara a partir del endurecimiento del marco legal, cuyas iniciativas ya están en el Congreso".
Y agrega: "Estamos ante un riesgo muy grave, pues en el gobierno no hay una visión de cómo reestructurar los instrumentos de la seguridad; peor aún, ni siquiera sabemos por qué están fallando. Además, tenemos una representación usurpada e inflada del interés social a través de un solo órgano, México Unido contra la Delincuencia, que es un interlocutor que está validando las acciones de gobierno.
-¿Tiene razón el presidente cuando pide más dinero para atacar a la delincuencia? -se le pregunta al experto en temas militares.
-El problema de la criminalidad no se va a resolver con más dinero. Ante la gravedad de violencia, se nos olvida exigir cuentas y ahora se piden mayores recursos cuando no ha habido una reestructuración del aparato de seguridad del Estado.
Explica que en los últimos 10 años el Sistema Nacional de Seguridad Pública se gastó 300 mil millones de pesos, "y no tenemos resultados".
Lo peor, dice, es que la economía de defensa en nuestro país es una disciplina ignorada o deficiente que ha permitido que más de 85% de los recursos castrenses se destinen a salarios y prerrogativas diferenciadas entre el personal militar.
"En ese sentido -añade-, como lo muestra la experiencia comparada de los ejercicios modernos, la estructura de la institución no está definida para el desarrollo de sus capacidades operativas, sino para el beneficio de una pléyade de mandos sin tropa."
En su opinión, lo cuestionable no es el fin de procurar la mejora de los niveles de vida de la mayoría de "nuestros soldados", sino la afirmación acrítica de que la solución es sólo destinar mayores recursos, pero sin una reestructuración real de las Fuerzas Armadas. Así seguiremos hipotecando la defensa nacional, esa que se anuncia en cuarto sitio en el discurso castrense.
Para Erubiel Tirado, otro punto cuestionable es que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se la pasa ensayando campañas mediáticas como si acabara de llegar a la administración pública. Se nos olvida que siguen sin aclararse los fraudes con aviones de los que fue acusado (durante el sexenio de Vicente Fox) ni se despejan las dudas que envuelven la licitación de la llamada Plataforma México.
-¿Desde cuándo observa usted la tendencia al endurecimiento de los cuerpos de seguridad? -se le pregunta.
-Desde finales del sexenio de Vicente Fox es clara la inclinación hacia el autoritarismo, similar al de las dictaduras sudamericanas de los setenta. Hoy no se trata de tener más y mejores policías e infraestructura para operar en las calles; lo fundamental es cambiar una visión de cómo se ha ido desintegrando el tejido social.
"Si no hay una visión integral para reforzar todo lo que está relacionado son la salud, la educación y el desarrollo social; cuando se le quita dinero a estos rubros se cae en una visión evidentemente punitiva."
Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señala: "No estamos en contra del aumento solicitado, pero es necesario que el Ejecutivo aclare los rubros en los que se va a aplicar, por ejemplo, casi 50% de aumento a la SSP".
Explica que este incremento, en parte, es excesivo porque sólo 8% de los delitos son del orden federal y el resto es un problema mucho más preocupante en los estados, que son desatendidos.
Rivera Bedoya, quien confiaba en que el proyecto de unificar a todas las policías del país en un solo mando fructificara, ahora dice que la iniciativa fracasó en el Congreso: "Ha sido descartada por los legisladores".
-¿Por qué?
-No están de acuerdo en entregarle toda la policía a la Federación.
-¿El obstáculo es político por la oposición de los gobernadores?
-Así es. Los estados y municipios aducen que se viola su soberanía. Además, es complicado por la carencia de bases de coor-dinación. En Oaxaca, por ejemplo, hay más de 500 municipios.
-¿Habrá modificaciones al presupuesto por la concentración de recursos en pocas dependencias?
-La habrá, en el sentido de que no debe haber áreas abandonadas. Creo que, en materia de seguridad, debemos reforzar la prevención para abatir al crimen. El gobierno gasta mucho en pago por spots triunfalistas que no se reflejan en la realidad, y se han eliminado mensajes de valores a favor de la sociedad y en contra de las drogas.
Tanto la diputada Cruz Santiago como Rivera Bedoya afirman por separado que el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Justicia, firmado por los sectores políticos y sociales el pasado 21 de agosto, "es una lluvia de ideas sin instrumentación".
En un análisis de los 74 puntos planteados, ambos legisladores aseguran que no ven "nada nuevo", ya que la mayoría de los planteamientos forman parte de los proyectos trazados al inicio del sexenio, pero que por desgracia no se han cumplido.
Dentro de los puntos del acuerdo existen propuestas cuyas soluciones se presentaron desde el sexenio de Vicente Fox, como la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Otro acuerdo planteado como novedad el 21 de agosto y que ya fue tratado por el Poder Legislativo es la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como el establecimiento de un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.
Lo mismo ocurre con el fortalecimiento y consolidación de las redes de atención a las víctimas del delito a nivel nacional. Al respecto, el análisis de la legisladora Cruz Santiago señala que tal proyecto "se elaboró cuando se discutió una iniciativa para aprobar la Ley de Acceso Igualitario a la Justicia".
-¿Cuál es la novedad del llamado Acuerdo por la Legalidad y la Justicia? -se le pregunta a Rivera Bedoya.
-No hay nada nuevo, todo es una lluvia de ideas, pero que no tienen instrumentación; muchos puntos ya están tratados, pero lo preo-cupante es que no hay resultados y ahora nos piden más dinero para la seguridad.
A juicio de legisladores y analistas, con esta estrategia el país sólo terminará envuelto en una crisis de violencia.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que esta política de fuerza y represión significa que el régimen calderonista "naturalizará la militarización como política de gobierno", pues desde ahora se empiezan a cerrar los espacios a la participación civil dentro del esquema de seguridad.
El proyecto de unificar a las policías del país bajo un solo mando, uno de los temas de la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, está prácticamente desechado por los legisladores "por inviable y peligroso", dice; además, los gobernadores se oponen a que la federación los despoje de ese instrumento, pues consideran que esa medida viola la soberanía de los estados.
Pero a pesar de ello y de la ineficacia de su gobierno para frenar el crimen, el presidente Calderón privilegia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna y convertida hoy en una extensión del Ejército, pues la mayoría de sus miembros son militares. De hecho, la dotó de mayores recursos y la convirtió en la segunda dependencia con mayor concentración de poder y dinero, después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el proyecto presupuestal.
Pese a que en los últimos 20 meses mostró sus fallas y desatinos frente al avasallante poder del crimen organizado, el presidente insiste en darle prioridad al aparato militar y policiaco.
Dice Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y coordinador del diplomado de seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana: "Con un presupuesto sin precedente en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón conduce al país a momentos que nos hacen recordar la peor crisis sudamericana que se vivió con las dictaduras".
Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, secunda: "Nos parece excesivo que se aumente el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, cuando a nivel federal sólo se atienden 8% de los delitos que se cometen en el país".
Claudia Cruz Santiago, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Equidad y Género, dice, a su vez: "Calderón apuesta al combate de la criminalidad con más armas, más policías, más penas y mayor represión. ¿Y la prevención? ¿Y la educación? ¿Y la atención social?", cuestiona.
Y añade: "Creo que el presidente y los funcionarios responsables de la seguridad ven el combate al narcotráfico como una gran industria. El proyecto de presupuesto está desbalanceado, tenemos que equilibrarlo; así como está no será aprobado".
Los aumentos más cuestionados en la propuesta presidencial por "excesivos" y "poco justificados" son: un incremento de 16.1% a la Sedena, que equivale a 42 mil 423.3 millones de pesos; así como de 49.8% a la SSP, equivalente a 30 mil 955.9 millones.
Lo más sorprendente es la pretensión de incluir en el reparto de los incrementos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que de mil 270 millones de pesos ejercido, este año pasará a 2 mil 439 millones para 2009.
Legisladores consultados por Proceso aseguran que el plan presupuestal de Calderón tiene un grave desajuste entre los incrementos destinados a la seguridad y los que se otorgan a la salud y a la atención social, rubros importantes para combatir la pobreza.
La diputada Cruz Santiago y el investigador Erubiel Tirado coinciden en que la visión presidencial es equivocada cuando se propone un presupuesto que tiende a resolver el problema de la seguridad con más dinero. Lo que el país necesita, dicen, es que se refuerce la educación y se promuevan programas preventivos, por ejemplo, para revertir en el mediano y largo plazos el avance del narcotráfico en municipios y comunidades urbanas y rurales precarias.
Los números hablan: para la Procuraduría General de la República (PGR) el Ejecutivo propone un aumento de 29.2%, es decir, pasaría de 9 mil 307 millones a 12 mil 605 millones de pesos; la Sedena, que actualmente ejerce un presupuesto de 34 mil 861 millones, contará con 42 mil 423.3 millones de pesos para 2009.
Por lo que atañe a la SSP, cuestionada por sus fallas y la concentración de poder de su titular, Genaro García Luna, tendrá más dinero para el próximo año: de 19 mil 711. 6 millones que manejó en 2008 pasará a 30 mil 955.9 millones de pesos. Un incremento de 49.8%; la Secretaría de Marina de 13 mil 382.7 millones pasará a 15 mil 757 millones de pesos.
Y el Cisen, criticado por sus fallas y porque sus altos mandos presuntamente se abocan a tareas de espionaje político, manejará 2 mil 439 millones de pesos, según los cálculo de Tirado.
En contraste, dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que en el presente ejercicio presupuestal contó con 64 mil 447.3 millones de pesos, ejercerá 61 mil 264 millones para 2009, es decir, 3 mil 233 millones menos.
El rubro educativo, base del nuevo modelo cultural, es uno de los más castigados en el programa presupuestal 2009: sólo le incrementaron 11 mil millones de pesos (6.9%), en tanto que a la Secretaría de Desarrollo Social le subieron 16 mil millones de pesos (2.3%).
De acuerdo con un análisis de la diputada perredista Claudia Cruz Santiago, un vacío preocupante en el proyecto presupuestal, a pesar de la concentración de dinero que tendrán varias dependencias, es que no se apuntala a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para supervisar a funcionarios y el manejo financiero.
"Por el contrario, a esa dependencia se le desmantela cada días más, como si quisieran dejarla sin capacidad de reacción", dice Cruz Santiago. Según ella, en varios estados la SFP dispone de menos empleados, dos o tres a lo mucho por estado, lo que acrecienta la posibilidad de que los altos funcionarios gubernamentales incurran en actos de corrupción sin ser castigados.
Y añade: "De hecho, las sanciones que impone la SFP frecuentemente se derrumban en el Tribunal Fiscal y Administrativo por falta de motivación o fallas graves, como la falta de notificación en tiempo y forma, lo que a menudo deriva en que muchos funcionarios corruptos fácilmente obtienen la nulidad de los juicios".
Para 2009, la SFP tendrá menos capacidad de acción. En la propuesta de presupuesto la dependencia responsable de combatir la corrupción administrativa no registra incremento en su presupuesto. El 75% que está incluido en el proyecto, según Cruz Santiago, es una ampliación del que dicha dependencia gastó en el ejercicio de 2008.
-Esto quiere decir que para 2009, que será el año más boyante en presupuesto contra el crimen organizado, ¿no habrá agresividad en vigilar la conducta de los funcionarios y el manejo financiero?
-Todo parece indicar que no. Ahí están los números: cero aumento a la Secretaría de la Función Pública. Es claro que lo que quieren los hombres del poder es una dependencia atrofiada, sin presupuesto y sin personal.
Represión y miedo
Desde el inicio de su gestión, Calderón determinó que el Ejército supliera a los cuerpos de policía de Michoacán, Tijuana, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa; y de agosto a la fecha se posicionó en Tabasco y se reforzó las acciones de seguridad en Torreón, Coahuila.
El investigador Erubiel Tirado sostiene que la tendencia a militarizar el país seguirá en el actual régimen, de ahí que se le otorgue más poder económico en el presupuesto.
Explica: "Bajo esta perspectiva, tal y como se plasma en el programa sectorial de defensa, la militarización se naturaliza como política de gobierno con todas las consecuencias inherentes sobre el costo de seguir confundiendo las relaciones civiles militares con las cívico-políticas donde el eje de actuación castrense pasa por el Ejecutivo".
Asegura que, después de la firma de los 74 puntos del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad y frente al desafiante poder del narcotráfico, para sacar adelante su proyecto presupuestal y afianzar su política militarista, el presidente Calderón pretende utilizar políticamente esta crisis de inseguridad para "chantajear a legisladores y sectores sociales" para que éstos aprueben su propuesta argumentando la urgencia de combatir al crimen.
De aprobarse, dice, "estaríamos reforzando un aparato no necesariamente de seguridad, sino toda una instrumentación represiva que es clara a partir del endurecimiento del marco legal, cuyas iniciativas ya están en el Congreso".
Y agrega: "Estamos ante un riesgo muy grave, pues en el gobierno no hay una visión de cómo reestructurar los instrumentos de la seguridad; peor aún, ni siquiera sabemos por qué están fallando. Además, tenemos una representación usurpada e inflada del interés social a través de un solo órgano, México Unido contra la Delincuencia, que es un interlocutor que está validando las acciones de gobierno.
-¿Tiene razón el presidente cuando pide más dinero para atacar a la delincuencia? -se le pregunta al experto en temas militares.
-El problema de la criminalidad no se va a resolver con más dinero. Ante la gravedad de violencia, se nos olvida exigir cuentas y ahora se piden mayores recursos cuando no ha habido una reestructuración del aparato de seguridad del Estado.
Explica que en los últimos 10 años el Sistema Nacional de Seguridad Pública se gastó 300 mil millones de pesos, "y no tenemos resultados".
Lo peor, dice, es que la economía de defensa en nuestro país es una disciplina ignorada o deficiente que ha permitido que más de 85% de los recursos castrenses se destinen a salarios y prerrogativas diferenciadas entre el personal militar.
"En ese sentido -añade-, como lo muestra la experiencia comparada de los ejercicios modernos, la estructura de la institución no está definida para el desarrollo de sus capacidades operativas, sino para el beneficio de una pléyade de mandos sin tropa."
En su opinión, lo cuestionable no es el fin de procurar la mejora de los niveles de vida de la mayoría de "nuestros soldados", sino la afirmación acrítica de que la solución es sólo destinar mayores recursos, pero sin una reestructuración real de las Fuerzas Armadas. Así seguiremos hipotecando la defensa nacional, esa que se anuncia en cuarto sitio en el discurso castrense.
Para Erubiel Tirado, otro punto cuestionable es que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se la pasa ensayando campañas mediáticas como si acabara de llegar a la administración pública. Se nos olvida que siguen sin aclararse los fraudes con aviones de los que fue acusado (durante el sexenio de Vicente Fox) ni se despejan las dudas que envuelven la licitación de la llamada Plataforma México.
-¿Desde cuándo observa usted la tendencia al endurecimiento de los cuerpos de seguridad? -se le pregunta.
-Desde finales del sexenio de Vicente Fox es clara la inclinación hacia el autoritarismo, similar al de las dictaduras sudamericanas de los setenta. Hoy no se trata de tener más y mejores policías e infraestructura para operar en las calles; lo fundamental es cambiar una visión de cómo se ha ido desintegrando el tejido social.
"Si no hay una visión integral para reforzar todo lo que está relacionado son la salud, la educación y el desarrollo social; cuando se le quita dinero a estos rubros se cae en una visión evidentemente punitiva."
Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señala: "No estamos en contra del aumento solicitado, pero es necesario que el Ejecutivo aclare los rubros en los que se va a aplicar, por ejemplo, casi 50% de aumento a la SSP".
Explica que este incremento, en parte, es excesivo porque sólo 8% de los delitos son del orden federal y el resto es un problema mucho más preocupante en los estados, que son desatendidos.
Rivera Bedoya, quien confiaba en que el proyecto de unificar a todas las policías del país en un solo mando fructificara, ahora dice que la iniciativa fracasó en el Congreso: "Ha sido descartada por los legisladores".
-¿Por qué?
-No están de acuerdo en entregarle toda la policía a la Federación.
-¿El obstáculo es político por la oposición de los gobernadores?
-Así es. Los estados y municipios aducen que se viola su soberanía. Además, es complicado por la carencia de bases de coor-dinación. En Oaxaca, por ejemplo, hay más de 500 municipios.
-¿Habrá modificaciones al presupuesto por la concentración de recursos en pocas dependencias?
-La habrá, en el sentido de que no debe haber áreas abandonadas. Creo que, en materia de seguridad, debemos reforzar la prevención para abatir al crimen. El gobierno gasta mucho en pago por spots triunfalistas que no se reflejan en la realidad, y se han eliminado mensajes de valores a favor de la sociedad y en contra de las drogas.
Tanto la diputada Cruz Santiago como Rivera Bedoya afirman por separado que el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Justicia, firmado por los sectores políticos y sociales el pasado 21 de agosto, "es una lluvia de ideas sin instrumentación".
En un análisis de los 74 puntos planteados, ambos legisladores aseguran que no ven "nada nuevo", ya que la mayoría de los planteamientos forman parte de los proyectos trazados al inicio del sexenio, pero que por desgracia no se han cumplido.
Dentro de los puntos del acuerdo existen propuestas cuyas soluciones se presentaron desde el sexenio de Vicente Fox, como la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Otro acuerdo planteado como novedad el 21 de agosto y que ya fue tratado por el Poder Legislativo es la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como el establecimiento de un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.
Lo mismo ocurre con el fortalecimiento y consolidación de las redes de atención a las víctimas del delito a nivel nacional. Al respecto, el análisis de la legisladora Cruz Santiago señala que tal proyecto "se elaboró cuando se discutió una iniciativa para aprobar la Ley de Acceso Igualitario a la Justicia".
-¿Cuál es la novedad del llamado Acuerdo por la Legalidad y la Justicia? -se le pregunta a Rivera Bedoya.
-No hay nada nuevo, todo es una lluvia de ideas, pero que no tienen instrumentación; muchos puntos ya están tratados, pero lo preo-cupante es que no hay resultados y ahora nos piden más dinero para la seguridad.
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