La oficina de DH de la SDN

Creciente número de denuncias por abusos de militares operativos contra el hampa
PAN y PRI dejan sin fondos para 2009 la oficina de derechos humanos de Sedena
Enrique Méndez, reportero.

La Jornada, 17/11/2008;

Constituida el 1º de enero de este año para atender quejas de abusos de militares y consolidar entre éstos “una cultura de respeto”, la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no contará con recursos para 2009, debido a que la mayoría del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados se opuso a reorientar 20 millones 561 mil 845 pesos de otras partidas del Ejército para destinarlos a esa área.
En aquella fecha, la Defensa informó que entre las funciones de esa dirección está fortalecer la estructura jurídica de la secretaría, asesorarla en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como garantizar que las misiones y actividades de las fuerzas armadas de tierra y aire tengan ese fundamento.
Además, que colaboraría con las dependencias del Ejecutivo para el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en derechos humanos, y hasta se informó que su sede se ubica en avenida Industria Militar número 1083, colonia Lomas de Sotelo, en la ciudad de México.
Empero, la madrugada del jueves pasado, en la discusión de los artículos reservados al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, priístas y panistas se negaron a discutir una propuesta de la perredista Alma Lilia Luna Munguía para reasignar esos recursos a la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena.
Decisión preocupante: PRD
La decisión de ambos grupos legislativos fue calificada de preocupante por el PRD, debido a que el gobierno de Felipe Calderón ha incrementado el número de militares en las calles del país, con el argumento del combate al narcotráfico, pero que también han cometido abusos a derechos humanos de la población civil, y hasta disparado contra personas que consideraron sospechosas y murieron.
El 17 de febrero pasado, por ejemplo, militares dispararon contra dos personas que viajaban en un vehículo en Reynosa, Tamaulipas, cuando cuatro tanquetas las interceptaron. Cuando los civiles trataron de evadirlos, los soldados dispararon y mataron a Sergio Meza Varela, en tanto su acompañante, José Antonio Barbosa, ciudadano estadunidense, resultó herido.
También, por ejemplo, el 26 de marzo en Badiraguato, Sinaloa, militares dieron muerte a cuatro civiles que supuestamente no habían acatado una orden de detenerse, debido a que no existía un retén, y el caso fue asumido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual concluyó que no hubo un enfrentamiento –como aseguraron los soldados–, sino una agresión directa a los tripulantes de una camioneta. En esos hechos también murieron dos militares.
Apenas el 24 de septiembre pasado, un joven murió en Matamoros al volcarse su camioneta cuando era perseguido por militares que le disparaban y que, tras el percance, huyeron.
El principal argumento para destinar una partida específica a dicha dirección se debe a que, explicó el PRD, durante 2007 y 2008 la Sedena ha recibido 35 recomendaciones de la CNDH por hechos en que militares han violado los derechos humanos de ciudadanos, la mayoría durante operativos de combate a la delincuencia organizada.
La reserva al dictamen consideró disminuir 16 millones 319 mil 543 pesos, de los excedentes de diversas unidades responsables del gasto correspondiente a la partida 1102, Haberes, que en total suman 7 mil 934 millones 50 mil 774 pesos; y 4 millones 242 mil 332 pesos de la partida 3,300, Asesorías, consultorías, servicios informativos, estudios e investigaciones y otros servicios de la unidad responsable. Dicha partida está asignada a su vez a la 1101, Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que cuenta con 221 millones 301 mil pesos.
En su argumentación, la diputada Munguía recordó que el PRD ha denunciado que la movilización militar en las calles, en conjunto con la Armada de México, ha provocado una “constante violación al marco constitucional en materia de las fuerzas armadas, pero también la de garantías individuales, y ha establecido un estado de excepción de facto”.